La evolución de los precios de la electricidad en el mercado mayorista durante la primera quincena de diciembre ha desatado un proceso comunicativo que suele ser bastante virulento, intenso y previsible cuando su resultado anticipa una posible evolución al alza de los mismos (por las circunstancias que sean y que en el caso que nos ocupa, esbozaremos) y que podemos describir de acuerdo al histórico anterior de procesos semejantes, cumpliendo los siguientes pasos, con los matices lógicos.
En primer lugar, este proceso comunicativo, como se puede apreciar, se produce con mucha mayor intensidad en el ámbito del suministro eléctrico con respecto a otras energías finales, sea al suministro gasista o incluso los hidrocarburos, dónde los consumidores parece que son más precio aceptantes. Por una parte, existen más agentes opinando, con un grado más grueso en su expresión así como en sus demandas y pretensiones (pueden llegar a solicitar la estatalización del suministro). Por otra parte, existe una maquinaria muy engrasada y entrenada al respecto que lo ceba.
En segundo lugar, se produce en términos catastrofistas de forma que se extrapolan las posibles variaciones de precios por la mayor que resulte de las comparaciones que se barajen o sea posible realizar con la calculadora. Por tanto, se emiten comparaciones con el mes anterior, en un sistema que sólo admite comparaciones homogéneas respecto al año anterior. Aún así, no dudan en aislar la evolución del mercado o incluir los peajes, según convenga para que el porcentaje resultante resulte mayor. El objetivo, lógicamente, es amplificar sus posibles resultados para que los efectos comunicativos sean mayores.
En segundo lugar, se produce de forma adánica, omitiendo los períodos en que por razones concretas se producen abaratamientos o descensos del precio de la electricidad: por razones meteorológicas, de estacionalidad o de circunstancias de mercado. También se produce de forma adánica respecto a las decisiones en torno al modelo de fijación de precios horarios o de los costes de acceso. En consecuencia, la electricidad, en este desarrollo discursivo que disimula las evoluciones negativas, ha de ser un suministro cuyo precio sólo podría descender y los más condescendientes, otorgándole el título de precio político, admitirían una evolución ajustada al IPC.
Seguidamente, se involucra a la CNMC, para que valore si la evolución de los precios al por mayor es «mucha o poca», haya razones meteorológicas o incluso, como ocurre actualmente, porque se esté exportando energía (a mercados que por circunstancias de producción de la electricidad nuclear tienen la energía más cara en generación, como es actualmente el caso francés). La CNMC, organismo cuyo supuesto correlato en otros países debe ser el de regulador independiente, supervisión y control de los mercados en su conjunto, se convierte en una especie de Junta Superior de Precios. Las declaraciones de los portavoces del organismo en las que responden a las preguntas de la evolución del precio del mercado mayorista supone la asunción del marco.
Sea como fuere, una vez caldeado el ambiente de forma suficiente, el proceso enfrenta dos alternativas. Si se conocen los resultados definitivos y no coinciden con las previsiones alarmistas preventivas, se produce un decoroso mutis por el foro de estas voces. Y si coinciden, la presión ejercida sobre el Gobierno puede llevar a hacer ajustes contables, tocar magnitudes de costes de acceso, dependiendo del escenario político y electoral del momento. En todo caso, se renuncia a la revisión de los componentes de los costes de acceso y a una reflexión seria de dónde se producen las variaciones en los precios de la electricidad, según su proceso de formación y componentes. Nada nuevo, esta vez tampoco.
