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APPA pide «seguridad jurídica» en el sector fotovoltaico frente a la «incertidumbre» que existe ahora

EFE.- El presidente de APPA Fotovoltaica, Xabier Albistur, ha reclamado «seguridad jurídica y económica» para el sector fotovoltaico, frente a la «incertidumbre» que existe actualmente tras la reforma energética del Gobierno. En este sentido, Albistur señaló que el sector no pide «volver atrás», sino una reforma que impulse la renovación del sistema «con orden, claridad y reconocimiento de las energías eficientes».

Así, pidió al Gobierno que se conforme tras las pasadas elecciones generales del 26-J que plantee «una salida de avance» y que mejore la actual regulación para solucionar el problema de incertidumbre y seguridad económica que existe. Además, Albistur consideró necesario «un consenso político general» para afrontar los problemas del sector de las renovables, por lo que se mostró a favor de un pacto de Estado energético que incluya un acuerdo entre todas las partes.

Albistur subrayó que la regulación «limitadora» ha puesto las cosas difíciles para una industria «incipiente«, cuando «el futuro es la fotovoltaica, «aunque a muchos les dé todavía miedo hablar de ello», dijo. Por ello, consideró que incluso en los partidos progresistas se ha encontrado «confusión» ante el desarrollo de las energías renovables, lo que ha derivado en una regulación «restrictiva, limitadora y desincentivadora». «Necesitamos políticos independientes y estudiosos», añadió el presidente de APPA Fotovoltaica, quien subrayó también que el sector está «condicionado por la judicialización», ante lo que demandó «jueces que actúen con independencia de criterio respecto a la Administración».

El PSOE se compromete a que un 70% de la electricidad sea renovable en 2030 y a cerrar Garoña definitivamente

EFE / Europa Press.- El candidato del PSOE al Congreso de los Diputados por Murcia, Pedro Saura, reafirmó el compromiso del PSOE hacia una transición energética de tal manera que en 2030 el 70% de la producción de electricidad proceda de las energías renovables.

«Quiero mostrar nuestro compromiso con este sector, porque no sólo estamos contribuyendo al ahorro de las empresas y las familias, sino también a construir toda una industria muy necesaria en España, y particularmente, en Murcia, para equilibrar el conjunto de la economía e ir cambiando el modelo de crecimiento», explicó Saura, que recordó que el PSOE siempre ha garantizado las inversiones de este sector. «Pero ahora más que nunca, decimos alto y claro que Pedro Sánchez garantizará esta inversión y la transición energética hacia otro modelo económico», afirmó. Finalmente, ha recordado que el PSOE y Pedro Sánchez se comprometen a derogar el impuesto al sol, «un impuesto contra las familias, contra las rentas más humildes y contra el sector energético».

Un plan para cerrar Garoña

Por su parte, el presidente del Congreso, el socialista Patxi López, reiteró que el PSOE se compromete a cerrar la central nuclear de Garoña, parada desde diciembre de 2012 pero pendiente de una solicitud de renovación que estudia el Consejo de Seguridad Nuclear. No obstante, López precisó que «como históricamente ha hecho el PSOE» en otros casos de reconversión industrial, es necesario acompañar el cierre con «planes para invertir en el futuro de la zona«; puso el ejemplo de Euskadi, donde con una reconversión brutal con miles de empleos desaparecidos el gobierno socialista hizo una inversión para diversificar el modelo económico mediante la puesta en marcha de centros tecnológicos y empresas ligadas a la innovación.

De diciembre a junio: continuidad del PP, concreción socialista, baño de realismo al catálogo de Podemos y pragmatismo en Ciudadanos

A pesar de que los partidos acuden a las urnas de este domingo sabiendo que necesitarán a otro de los contendientes para formar Gobierno, pocos cambios se atisban en sus propuestas, incluidas las energéticas. Al margen de lo estético, tan sólo Ciudadanos ha buscado dar otro enfoque a su programa electoral pensando en el panorama que llegará tras las elecciones:

PP: La noticia sobre el programa electoral es… que no hay noticia más allá de la marcha de José Manuel Soria. Ni un solo punto de su programa electoral se ha modificado cuando ya el anterior programa apostaba por una línea continuista de la gestión realizada al frente del Ministerio de Industria. Únicamente ha cambiado el lema, que ahora es A favor, mientras han retirado la tonalidad azul que servía de fondo a las medidas contempladas, ya repasadas en materia energética en diciembre. Un ejercicio de coherencia en el que se reitera que reducirán los impuestos a la generación eléctrica, impulsarán las interconexiones y la eficiencia energética, y seguirán apostando por las subastas competitivas como medio para introducir más renovables.

PSOE: Los socialistas han añadido un preámbulo de 47 páginas al mismo programa de las pasadas elecciones, del que ya repasamos sus medidas energéticas, para reforzar el compromiso en realizar una transición energética “en toda regla”, en la que la apuesta por las energías renovables “será clave”. Más novedades ofrece en Compromisos para un SÍ por un Medio Ambiente Sostenible: dentro de la aprobación de una ley de transición energética y cambio climático, el PSOE se atreve a concretar objetivos del peso renovable en el sector eléctrico: (40% en 2025, 70% en 2030 y 100% en 2050), “incentivando un equilibrio entre generación distribuida y centralizada”, añaden sobre el autoconsumo y con un suministro 100% para los edificios públicos en 2025.

Asimismo, se comprometen a “facilitar el uso de energía limpia para el transporte y los consumos térmicos”, con un compromiso de “eliminar paulatinamente” el diésel mediante la fijación de un calendario que también marcará una “mejora progresiva” de los estándares de emisión exigidos a los vehículos a motor. Otro calendario planteado es el del cierre paulatino de las centrales nucleares; pero el PSOE sigue sin pronunciarse sobre qué hará para almacenar los residuos, con el ATC cuestionado desde Castilla-La Mancha. Otros puntos importantes del programa ya los presentó en la XI legislatura en el Congreso, como la derogación del decreto de autoconsumo o el apoyo al carbón nacional. No hay referencias ni a Elcogas ni a la indemnización de Castor.

Unidos Podemos: Las novedades en la coalición de izquierdas llegan en la memoria económica que acompaña al programa electoral, que hasta entonces repite las mismas propuestas de diciembre. Al igual que su propuesta de incremento del gasto público se reduce de 96.100 millones de euros a 60.000 millones en el conjunto de la legislatura, ahora disminuye de 10.000 a 4.000 millones de euros la inversión anual en el plan de transición energética, a pesar de que mantiene íntegramente las mismas propuestas que en diciembre. Además, lo que añade Unidos Podemos es que “una parte relevante de la financiación provendrá de la reforma del sector eléctrico; en particular, dela eliminación de las sobrerretribuciones a las compañías eléctricas por diversos conceptos”.

Por otra parte, el acuerdo con Izquierda Unida hace que Podemos incorpore propuestas como el cierre definitivo e inmediato de la central nuclear de Garoña así como de todas las centrales nucleares en 2024, medida que ya presentó en el Congreso después de que el PSOE fijara el cierre del parque nuclear en 2028. También son más contundentes al anunciar que prohibirán el fracking. Asimismo, el acuerdo añade las instalaciones compartidas como una modalidad permitida de autoconsumo energético y se asegura que se adoptarán medidas para la reducción del precio de la energía para la industria, especialmente las electrointensivas, y un mínimo vital básico de suministro eléctrico garantizado al consumidor vulnerable cuya tarifa se fijará en función de la renta.

Al igual que el PSOE, Unidos Podemos marca el objetivo de alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable en 2050. Para ello traza una senda con 2030 como hito intermedio en el camino en la que se superan los objetivos propuestos por la Comisión Europea para ese año. De este modo, Unidos Podemos propone “objetivos ambiciosos” como una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 55% como mínimo, una generación con energías renovables al menos del 45% (por debajo del 70% marcado por el PSOE) y de reducción en el consumo de energía del 40% respecto al año 1990.

Ciudadanos: El partido presidido por Albert Rivera ha optado por la vía práctica. Dejando a un lado las 338 páginas que contenía su presentación en diciembre, el programa electoral para estas elecciones se ciñe en 350 medidas contenidas en 46 páginas. Una síntesis que le proporciona mayor flexibilidad a la hora de negociar pactos. En materia energética, Ciudadanos propone reformar la regulación de los mercados para que tengan el mismo nivel de competencia que en el resto de países de Europa. No concreta más pero precisa que ahorrarán a los consumidores españoles 411 euros anuales para no pagar el sobrecoste del “capitalismo de amiguetes”. También ratifica su compromiso con los objetivos pactados en Europa en 2020, sin ir más allá.

El programa mantiene la separación de las empresas de generación, distribución (con la propiedad de las redes) y comercialización, “evitando que dichas empresas continúen formando parte de un mismo grupo empresarial”. Al igual que PSOE y Podemos, Ciudadanos anuncia una auditoría y liquidación definitiva de los costes de transición a la competencia aplicados a las centrales de generación. Asegura que “se garantizarán las inversiones, ya que los plazos de amortización han finalizado y ha existido una tendencia alcista de los precios de la energía en los últimos años”. El programa también incluye medidas para luchar contra la pobreza energética reformando el bono social para asegurar que se ofrece “a todas aquellas familias con dificultades”, así como promoviendo la eficiencia energética.

Por otro lado, al mismo tiempo que se apuesta por dinamizar la economía asociada a la movilidad eléctrica, se anuncia un Plan de Reducción de la Dependencia Energética Exterior, para reducir la factura anual de importación de combustibles fósiles. Los cambios más drásticos llegarían en un Plan Estratégico de Transición Energética (PETE) 2030-2050 para impulsar las energías renovables y el autoconsumo energético, aunque desde un primer momento proponen reformar la regulación del autoconsumo que ha hecho el Gobierno del PP.

Parlamento asambleario, Gobierno ayuno

En días pasados hacíamos una revisión de lo que ha sido esta legislatura en lo energético, que ha tenido tres características: en primer lugar, ha sido una sucesión de reclamaciones al Ejecutivo fruto del carácter permanentemente deliberativo del Parlamento elegido, muestra de la no vinculación con Gobierno alguno. Se ha pasado de la mayoría absoluta del Partido Popular, en la que la mayoría parlamentaria  garantizaba al Gobierno que el Congreso y Senado eran la voz de su amo, a una configuración por la vía de las mayorías volubles frontalmente opuesta y disidente al Ejecutivo en funciones.

En segundo lugar, el Ejecutivo ha permanecido ayuno de ideas y de modelo de política energética, salvo el ajuste contable de la denominada reforma eléctrica, con una posición entre pasiva y reactiva en este período. Una situación extremadamente maniquea, cuyas consecuencias es una agudización preocupante de un modelo de no política energética que contemple los tres vectores en su equilibrio: economía, medioambiente y garantía de suministro en un mundo globalizado.

Es por ello por lo que cuestiones como la pobreza energética, cuya definición legal ya existe en la Unión Europea, se someten a la mediática para ofrecer versiones diferentes como la de la propia Generalitat de Cataluña o en la trasposición al argumentario de cada partido político. O cuestiones como el autoconsumo eléctrico, de dudoso efecto en el conjunto de nuestro sistema de suministro eléctrico según nuestra demografía, se han convertido en banderas demagógicas al calor de sus propias presiones.

Asimismo, este Parlamento no se ha pronunciado sobre cuestiones capitales como la vaporosa definición de “transición energética” para nuestro país, de acuerdo a los compromisos adquiridos, evitando el oportunismo maximalista dirigido a promover una transformación renovable del 100% de la estructura de suministro sin reflexionar sobre su impacto económico. Otras cuestiones sobre las que no se han pronunciado son las referentes a sectores como el transporte o los hidrocarburos, dentro de una postura global de política energética y de política energética general integrada y coherente, más que declaracional. O sobre el modelo de tarifa y sus componentes, el modelo de gobernanza, los operadores de transporte y sistema, o la forma de “financiar” esa transición energética.

Finalmente, ha proseguido el deterioro político del gobierno popular con la actuación del Consejo de Seguridad Nuclear en el caso de la central de Garoña, cuyo pronunciamiento se requiere de forma ideológica desde los partidos políticos; complejidad en la que no ha ayudado el presidente Marti Scharfhausen, hombre poco sofisticado en su ejecutoria. En resumen, un parlamento asambleario y populista, buscando posicionamientos para la prensa a las redes, frente a un Ejecutivo ayuno de política energética. Preludio de la campaña. Preludio de la siguiente legislatura.

PP, Podemos e Izquierda Unida no firman el acuerdo en defensa del carbón nacional de PSOE, Ciudadanos, patronal y sindicatos

Redacción / Agencias.- Partido Popular, Podemos e Izquierda Unida no han firmado el Acuerdo en Defensa de la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras, al que sí se han unido el PSOE, Ciudadanos, partidos de las zonas mineras como Foro Asturias o el Partido Aragonesista. El acuerdo fue promovido por la patronal del Carbón (Carbunión), la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (FICA-UGT), y la Federación de Industria de Comisiones Obreras para salvar al carbón nacional.

Izquierda Unida sí que acudió al acto: «Es más un acto electoral que un compromiso serio», aseguró la integrante de la formación, Sol Sánchez, quien indicó que la decisión del partido «es lo más coherente» al acudir junto a Podemos a las elecciones y que a partir del próximo 27 de junio Izquierda Unida «va a seguir estando con los mineros». El frente común sí que tuvo el respaldo y rúbrica de las comunidades autónomas de Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León, y de las asociaciones de las comarcas mineras (ACOM y Euracom).

El secretario general de Industria de CCOO, José Luis Villares, señaló que este acuerdo es «necesario e imprescindible» para mantener la viabilidad del carbón en un futuro inmediato. Además, lamentó la «situación crítica» que vive el sector y las empresas mineras, que «están al borde del desahucio». Por lo tanto, exigió al próximo gobierno que tenga en cuenta lo que ahora se ha visualizado y firmado y pidió que cumplan «sí o sí con el marco de actuación» firmado el 1 de octubre de 2013.

Respecto a la ausencia de algunos partidos, Villares comentó que mantuvieron una ronda de contactos con distintas formaciones y con todas las comunidades autónomas afectadas. «Todos estuvieron de acuerdo en que había que defender las comarcas mineras, todos estuvieron de acuerdo en el incumplimiento de actuación para la mina y el carbón», apuntó. Pero, «si no vienen a firmar, lo que está claro es que querían la foto, querían lo fácil, pero lo que hacen es rehusar el compromiso de apoyar a la minería», concluyó. Por ello lamentó “la inquina” del PP al carbón y la negativa a sumarse al acuerdo de los «nuevos partidos», en alusión a Podemos, que «con discursos vacíos y huecos no saben lo que dicen».

Por su parte, el secretario sectorial minero de FICA-UGT, Víctor Fernández, apuntó que las ausencias las tendrán que valorar los propios partidos políticos que «no han cumplido su palabra». «Aseguran que querían que la minería de carbón siguiera adelante», aseveró. Fernández comentó que Podemos «no solo quiere cerrar el carbón, sino que tampoco quieren el carbón de importación, con lo cual tendrán que decirle a los trabajadores de las centrales térmicas que usan carbón de importación dónde les vamos a meter porque dependen más trabajadores que en el carbón nacional». «No saben lo que dicen, usan la demagogia, porque eso significaría subir el precio de la electricidad y apartar el carbón, lo que nos haría depender del gas natural«, señaló.

Futuro para después de 2018

Fernández quiso agradecer la presencia de empresarios, sindicatos, consejeros de las comunidades autónomas y a los partidos políticos «que han cumplido con su palabra» y mostró su confianza en que este acuerdo sirva para que «entre todos se empuje para que el carbón nacional tenga el reconocimiento que merece». «Los demás tendrán el resultado que merezcan en las comarcas mineras a las que han engañado», auguró. Por último, tildó de «cobardes» a alguno de esos partidos, que «esperaron a última hora para anunciar que no venían», y denunció que «el PP presiona a través de sus diputados a los empresarios».

Por su parte, el presidente de la patronal minera Carbunion, Óscar Lapastora, indicó que han querido «poner el broche» a la rueda de contactos que han mantenido los últimos meses y tener un documento que les sirva para que en cuanto se forme un nuevo Gobierno después de las elecciones «podamos ir con este acuerdo para urgirles a que tomen medidas para revitalizar este sector que ahora mismo está agonizando». Asimismo subrayó que el acto «no se planteó en contra de nada ni de nadie» y pidió a todas las partes «buscar no solo los puntos de discrepancia, sino los puntos de acuerdo» para ser capaces de «en la mayor brevedad posible» darle «un futuro a la minería del carbón».

En concreto, el acuerdo trata de reivindicar el papel del carbón nacional, como “único combustible autóctono capaz de reducir la dependencia energética exterior y de garantizar la seguridad de suministro en momentos críticos”, en el periodo de transición hacia un modelo bajo en emisiones. Así, el documento, que cuenta con 5 puntos, recoge el compromiso de los firmantes con la defensa de la minería del carbón hasta y después de 2018, abogando por el cumplimiento de lo acordado en el Plan del Carbón de 2013-2018.

Además, cuenta con otras propuestas para dotar de viabilidad al sector y fortalecer el tejido industrial de los territorios, entre ellas, la puesta en marcha de un mecanismo que asegure un hueco térmico medio anual del 7,5% para el carbón de origen autóctono y/o una bonificación del 85% en el impuesto especial sobre el carbón. Asimismo, se reclama la tramitación urgente de la orden por la que se regula el incentivo a la inversión para la mejora medioambiental en instalaciones de producción de electricidad a partir de carbón autóctono y apoyo a las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2.

El acuerdo también estipula la agilización del cumplimiento del plan social, así como la puesta en marcha de los mecanismos acordados para el impulso económico (reactivación y desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras) y “la promoción ante la Unión Europea de las condiciones para facilitar la participación de carbón procedente de explotaciones competitivas más allá de 2019”, plazo límite establecido por la Unión Europea para las ayudas a la producción.

El PSOE quiere acabar con el diésel y con las centrales nucleares a través de un calendario de eliminación paulatina

Europa Press / Servimedia.- El PSOE recoge en su documento Compromisos para un SÍ por un Medio Ambiente Sostenible un calendario de eliminación paulatina del diésel que estaría contemplado dentro de una Ley de transición energética y cambio climático. El documento, presentado por su candidato Pedro Sánchez, enumera las promesas para concurrir a las elecciones del próximo 26 de junio en materia de sostenibilidad.

Muchas medidas ya aparecían en el programa electoral para concurrir a las elecciones del 20 de diciembre, aunque más desarrolladas entonces, como la aprobación de la mencionada ley de transición energética y cambio climático que, eso sí, ahora especifica el compromiso para eliminar paulatinamente el diésel. Junto con ello, el calendario marcará también una mejora progresiva de los estándares de emisión exigidos a los vehículos a motor. Otro calendario planteado es el del cierre paulatino de las centrales nucleares, junto con la determinación del sistema de almacenamiento temporal de residuos. Asimismo, plantea nuevamente la prohibición de nuevas explotaciones de hidrocarburos.

El texto socialista recoge también medidas en materia de biodiversidad que ya contemplaba anteriormente, como la prohibición absoluta del cambio del uso del suelo en zonas forestales incendiadas, así como la creación de un estatuto básico para agentes y bomberos forestales, o la consolidación de ciudades sostenibles. Los socialistas plantean asimismo una fiscalidad ambiental que atienda a las emisiones de CO2, óxidos nitrosos, emisiones de vehículos a motor, residuos industriales y peligrosos o tóxicos y los derivados de envases, embalajes y bolsas. Además, quieren introducir progresivamente los sistemas de gestión de Depósito, devolución y retorno, allí donde sea más eficaz.

Abastecer de electricidad con renovables

Asimismo, el PSOE aboga por que todos los edificios públicos se abastezcan con energías renovables en 2025 y por un peso creciente de las mismas para que alcancen el 70% del suministro eléctrico en 2030 y el 100% en 2050. De hecho, una de sus propuestas es incluir altos estándares medioambientales en los criterios de contratación pública o prohibir nuevas explotaciones de hidrocarburos en España.

Unidos Podemos entrega al Ministerio de Industria una moción contra la reapertura de Garoña mientras Bildu también prepara sus movilizaciones

Europa Press / EFE.- La formación abertzale reivindicará durante la campaña electoral el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña con una marcha en bicicleta que se celebrará el próximo día 12 entre las instalaciones nucleares burgalesas y Vitoria. Por su parte, el cabeza de lista de Unidos Podemos por Álava para el Congreso de los Diputados, Juan López de Uralde, registró en el Ministerio de Industria una moción aprobada el pasado enero por el Ayuntamiento de Vitoria contra la reapertura de Garoña.

La entrega de esta resolución se enmarca en una campaña para exigir el cierre definitivo de Garoña, en la que participaron diferentes municipios próximos a la central. Uralde criticó que el PP «sigue empeñado en reabrir» esta central, que permanece inactiva desde 2011, y que continúa «dando pasos» para que Garoña vuelva a funcionar. Todo ello, pese a la «oposición» de la ciudadanía, reflejada en la «mayoría» de los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. El candidato de Unidos Podemos asevera que el PP pretende establecer una política nuclear «que alargue la vida de las centrales hasta los 60 años», algo que considera «absolutamente incompatible con la transición hacia un nuevo modelo energético que demanda la sociedad».

Además, Uralde también acusó al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear de estar «al servicio del oligopolio eléctrico», de tomar decisiones «sin pensar en las consecuencias» que pueden acarrear para la ciudadanía, y de «ignorar» la voluntad política del Congreso. El candidato de Unidos Podemos, coalición en la que está integrada Equo, aseguró que su partido seguirá trabajando «firmemente» para lograr el cierre y desmantelamiento de Garoña, y para que los habitantes de la zona «tengan una salida basada en el fomento del empleo verde» y se cierre una planta «obsoleta y peligrosa«, según calificó el coportavoz federal de Equo.

El propietario de la planta, Nuclenor (participada al 50% por Endesa e Iberdrola), ha pedido una autorización de explotación para funcionar hasta el año 2031. Uralde recordó que la decisión definitiva sobre el futuro de Garoña «sufrió un parón» tras los comicios del 20 de diciembre y ahora «habrá que ver qué pasa con las elecciones del 26 de junio», al tiempo que ha reiterado que seguirá trabajando para evitar la reapertura. En su demanda no estuvo solo ya que representantes de Unidos Podemos en los principales municipios de la cuenca del Ebro, como Burgos, Miranda de Ebro, Logroño, Tudela, Tortosa, Valle de Sedano y Zaragoza registraron las mociones aprobadas en sus respectivos municipios contra la reapertura de la nuclear.

A juicio de estos políticos, la puesta en funcionamiento de Garoña representa «un riesgo inaceptable». Por este motivo instan al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a paralizar el proceso y advierten al Gobierno en funciones que están dispuestos a continuar con las movilizaciones. «No vamos a parar, esto es un movimiento en contra de la reapertura y vamos a continuar», insistió Uralde. En este sentido recordó la movilización convocada en Vitoria para el próximo sábado el 11 de junio. «Vamos a continuar movilizándonos hasta conseguir definitivamente su cierre», apuntó Uralde, que recordó que el presidente del CSN se negó a comparecer en el Congreso para informar sobre un proceso que «continúa adelante pese a las reclamaciones de la mayoría parlamentaria».

EH Bildu también se moviliza

Por su parte, EH Bildu reivindicará durante la campaña electoral el cierre definitivo de la central de Garoña con una marcha en bicicleta que se celebrará el próximo día 12 entre las instalaciones nucleares burgalesas y Vitoria. Durante ese recorrido la coalición abertzale también ha organizado una parada en Subijana de Álava donde, según el cabeza de lista de EH Bildu por Álava al Congreso de los Diputados, Mikel Otero, hay un proyecto para la extracción de gas mediante la fracturación hidráulica (fracking), a lo que se opone EH Bildu. La marcha en bicicleta del primer domingo de la campaña electoral comenzará frente a las instalaciones de la central nuclear de Santa María de Garoña.

Otero considera que el CSN está esperando a que pasen las elecciones para emitir un informe para reabrir Garoña hasta 2031. El candidato aseguró que Bildu no va a permitir esta «afrenta» a los alaveses y que va a trabajar «donde haga falta» para detener «este ataque a la opinión, voluntad y salud de la ciudadanía vasca». También explicó que la coalición está llevando a cabo otras vías para «desenchufarse» de Iberdrola y Endesa, empresas propietarias de Garoña. En este sentido, destacó que en 25 ayuntamientos gobernados por Bildu y en sedes de la coalición rompieron sus contratos con dichas eléctricas en señal de protesta y se hicieron convenios con «cooperativas ciudadanas que solo comercializan con energía de origen renovable«.

Rivera (Ciudadanos) promete acabar con los cargos al autoconsumo mientras las renovables piden voluntad política para cumplir con la COP21

Redacción / Agencias.- Las principales asociaciones empresariales del sector de energías renovables, organizaciones medioambientales y entidades de la sociedad civil han reclamado a los candidatos en las próximas elecciones «voluntad política» para cumplir con los compromisos adquiridos en la última Cumbre del Clima celebrada en París (COP21) al tiempo que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, comprometía que su primera propuesta en materia energética si llega al Gobierno es «suprimir el Impuesto al sol» para «apostar por una transición a las energías limpias».

Rivera aseguró que Ciudadanos «suprimirá un impuesto injusto que nadie entendería ni en Alemania ni en ningún otro país europeo» ya que «no tiene sentido que pongan más impuestos y más dificultades a los que van a contaminar menos». En este sentido, el líder de Ciudadanos reiteró la apuesta de su formación por una transición a las energías renovables, como ocurre en otros países donde «ya son una realidad y una cuestión de país, no ideológica». Rivera insistió en que España «es un país con mucho recorrido en las renovables y en los puestos de trabajo que generan», por lo que Ciudadanos «aliviará la fiscalidad a los que lo hacen bien y proporcionan energía limpia».

Renovables piden compromiso con París

En un comunicado firmado por UNEF, Protermosolar, Anpier, Nuevo Modelo Energético, Greenpeace y Amigos de la Tierra, entre otras, las asociaciones consideran que «la única forma de crear un sistema eficiente, inteligente y basado totalmente en energía renovable es el abandono de las energías fósiles y nucleares para antes de 2050 y así frenar el calentamiento del planeta», de manera que toda la energía utilizada en España sea “limpia” en 2050. Además, recuerdan que las energías renovables y el autoconsumo desarrollan un papel «fundamental» no sólo en el cambio de modelo energético, sino en la democratización y descentralización del sistema.

Asimismo, ponen como ejemplo el reciente caso de Portugal, que se abasteció durante cuatro días solamente con energías renovables, «evidenciando la viabilidad de este sistema». El próximo 21 junio, UNEF, Anpier, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y otras organizaciones que representan al sector renovable y la sociedad, acudirán a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para defender las energías renovables, “denunciar su maltrato en España” y pedir la mediación de las autoridades europeas ante el Gobierno español.

El PSOE se compromete a impulsar una economía verde y un uso «inteligente» de la energía y los recursos naturales

Europa Press.- El candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, se compromete a impulsar la economía verde y circular, el uso «más inteligente posible» de la energía y de los recursos naturales, en caso de ganar las elecciones y gobernar.

Según el documento Compromisos del PSOE para lograr un sí al gobierno del cambio el 26J, Sánchez pretende impulsar la economía verde que, en su opinión, requiere una apuesta «decidida» por el uso «más inteligente posible de la energía«. También indicó que esto supone lograr la «máxima eficiencia, ahorro y un sistema energético de precios estables, predecibles y aceptables. Asimismo, esto requiere sentar las bases de una transición energética que se base en fuentes renovables.

Igualmente considera que este cambio implica impulsar un cambio en los modelos de movilidad y aprovechar estas demandas para generar industria e innovación y combinar las soluciones auxiliares que proporcionan las nuevas tecnologías y los nuevos materiales. En cuanto a los recursos naturales, el programa de Sánchez buscará la buena gestión y equidad en el acceso a los recursos naturales y los beneficios que generan.