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Días de ocurrencias y propuestas respecto a la electricidad

La fuerte agitación mediática en torno a la evolución del precio de la electricidad en el mercado mayorista durante las primeras tres semanas de enero ha devenido en lo que era previsible: un ataque frontal al mercado eléctrico, verdadero objetivo de esta búsqueda de tormenta perfecta por parte de sus contrarios.

El mercado español, se ha demostrado, funciona correctamente y lanza señales de precio coherentes con las circunstancias de demanda y oferta en cada momento. Ahora también. Y resulta coherente con lo que está pasando en toda Europa en los mercados mayoristas, fruto de la ola de frío y de las circunstancias climatológicas. Ahora también. Lo único que nos hace diferentes es la tradición falangista/franquista de intervenir en los mercados de la electricidad para no asumir las consecuencias de sus resultados.

Por eso asistimos a la propuesta continua de medidas para laminar su funcionamiento. El Confidencial, volviendo al proteccionismo tan de moda con Trump, planteaba, para bajar el precio de la electricidad, prohibir la exportación de energía tal y como plantea Alemania en estos momentos hacia Francia. Cerrar las interconexiones que desde España tanto se reclamaron, siendo todavía manifiestamente mejorables en sus posibilidades. Lo que se supone que, sin infantilismos, podría acabar en la prohibición del comercio exterior energético en ambos sentidos (importación y exportación de energía), para evitar el simplismo y comprender que las balanzas tienen dos brazos. La medida se sugiere  y ofrece al Gobierno ante circunstancias especiales de mercado y de forma temporal.

Los retroprogresivos (partidarios de la intervención, contrarios al mercado, tendentes a la empresa única monopolista pública) siempre han sido partidarios de un modelo autárquico energético. En este sentido, estas pintorescas propuestas han encontrado su momento, aunque sea excepcional, y están poniendo a prueba el sistema (que emite señales correctas).  En este tipo de medidas, además, aún se puede llegar más lejos, como no aplicar las directivas comunitarias, abandonar el mercado ibérico, o incluso, dejar la Unión Europea o cuestiones semejantes, coherentes con ese modelo intelectual.

Por otra parte, el diario El País, no se sabe si por conocer los planes del Gobierno por ejercer esa ascendencia que tiene con Soraya Sáenz de Santamaría, proponía cambiar el método de fijación de los precios. Eso sí, artillería gruesa en la adjetivación de las frases (“explosiva”), despilfarro en la prosodia en los titulares (“luz de alarma”). Todo ello sin esperar a las conclusiones de la CNMC sobre la situación actual del mercado español y centrando su argumentación en las condiciones de volatilidad que supuso la eliminación, sin justificación, de las subastas CESUR, abolidas por el ministro Soria en otra crisis de este tipo.

Eso sí, la propuesta que efectúa el medio, un sistema de fijación de precios trimestrales públicos intervenidos al consumidor (tarifa) con un fondo de compensación de las diferencias a los agentes (una especie de déficit de tarifa), desencantará a los más conspicuos editorialistas del medio, más proclives a la intervención. También desde las redes sugieren que el Gobierno ejercitase la interrumpibilidad: es decir que se apagasen y cesasen en su funcionamiento las grandes fábricas e instalaciones que perciben este incentivo (siderurgia, acerías, cementeras, etc…) para bajar el precio de la electricidad. Opciones varias. Mientras tanto, el modelo de la posverdad arraiga en el suministro eléctrico.

Industria prepara una nueva subasta de energías renovables para finales de año

EFE.- El Ministerio de Industria trabaja en el lanzamiento de una nueva convocatoria de potencia renovable para finales de año, con características similares a la celebrada en enero, según confirmaron fuentes del departamento, que señalaron que previsiblemente se realizará tras la constitución del futuro Gobierno. En cuanto al diseño, será similar a la última convocatoria realizada, que utilizó un sistema de subasta mediante el cual se adjudicaba la potencia a quienes menos ayudas reclamaran.

De hecho, los 500 megavatios (MW) eólicos y 200 MW de biomasa se adjudicaron con un descuento del 100% en ambos casos, es decir, que las instalaciones adjudicadas no recibirán ayudas y solo tendrán derecho a cobrar el precio de mercado. Industria no ha desvelado la capacidad que se subastará en esta convocatoria, que el diario El País cifra entre 1.500 y 2.000 megavatios (MW).

La hora de Jesús Mota

El pasado domingo se publicaba una columna de Jesús Mota en el diario El País, en la que ponía el acento (ése es el nombre de la sección del diario dónde se ubican estos comentarios de opinión) en que la elevación de las cuotas de acceso de la factura eléctrica perjudica a los consumidores más eficientes o, mejor dicho, que dicha fórmula, contiene un incentivo que penaliza el ahorro energético.

Las columnas sobre el sector electricidad de Jesús Mota siempre contienen una indisimulada destilación de intencionalidad contra los sectores respecto de los que escribe, derivados de la orientación de los propios comentarios que el autor adiciona a sus formulaciones. Históricamente, esto se puede advertir en la trayectoria de este periodista respecto de sus posiciones en relación al sector empresarial de la entonces siderurgia española hasta que pasó a manos del magnate hindú del acero Lakshmi Mittal. Un tratamiento opinático éste, hacia los sectores y empresas del país, que era muy frecuente en los años 80 en ciertos sectores políticos izquierdistas, que eran particularmente beligerantes hacia las empresas de esos sectores, hasta que cambiaban de propiedad.

En el caso de los artículos de Mota referidos al sector eléctrico y, en éste en particular, el autor viene a atribuir la situación de la estructura tarifaria actual a lo que son sus temas ideológicos recurrentes: achacando su efecto a la recurrente causa de presiones del sector empresarial eléctrico, enunciado de forma ambigua. Sólo así se puede entender, el uso más o menos confuso combinado de la denominación “empresas eléctricas” o “sector eléctrico” cuando se alude a los costes regulados, cuyo cobro sí que efectúan las empresas distribuidoras del sector eléctrico, pero cuyos destinatarios o agentes retribuidos por las distintas actividades incluidas, son otros, que no se entienden comprendidos en las invectivas en virtud de su participación en el coste del suministro (primas, transporte, etc…) o cuya función es otra (el equilibrio tarifario interterritorial).

Con el fin de ser constructivos, en realidad, existirían tres teóricas formas de abordar el problema de los costes regulados en España a día de hoy. La primera es, de forma historicista, determinar cómo se ha llegado a esta situación, describir cuáles son los componentes que lo engrosan y, en todo caso, analizar la bondad o el ajuste de cada uno de los elementos a sus mecanismos retributivos.

La segunda, tiene que ver con las alternativas para la resolución del problema y sus impactos, es decir, el abordaje de los mecanismos regulatorios y financieros, para resolver su impacto en la tarifa para los consumidores domésticos y empresariales. Y, la tercera, sería el hecho de hacer hincapié en los efectos perversos que tiene sobre el consumidor esta fórmula, al penalizar los posibles esfuerzos de ahorro, dado que supone un término fijo en la factura, creciente en el tiempo, con independencia de su consumo (cuyo efecto no aumenta cuanto menos se consume, contrariamente al titular de Mota, pero que si es cierto que tiene un efecto desincentivador). En todo caso, cabe preguntarse de cuáles son las alternativas existentes en este esquema tarifario, si no intervienen los Presupuestos Generales del Estado en el mismo.

Dado que el artículo de Jesús Mota se limita a su labor de opinión periodística, no se aborda la resolución del problema abultado de los costes regulados, de cómo se han ido formando (sobreinversión, burbujas renovables, etc…), tampoco de las posibles vías de resolución del mismo (separación de la tarifa de aquellos elementos impropios al suministro: primas, coste de los sistemas extrapeninsulares, etc…) como se viene reclamando desde el propio sector eléctrico. La única explicación de la intención del artículo, en este momento, sería la de apoyar al Gobierno en lo que ha sido su política de contención o reducción discrecional de los costes regulados mediante intervenciones directas (cuya resolución o conflicto jurídico puede que vuelva), abolición de las subastas o implantación de los impuestos a la generación. Y, más, coincidiendo con las recientes advertencias del propio Ministro de Industria, como vigilante de la evolución de precios en el mercado mayorista toda vez que, la pretensión de utilización electoral de la tarifa eléctrica, podría verse aguada. Lo que es cierto, es que este es el problema mollar de la tarifa, aunque la lógica evolución del mercado mayorista en momentos de mayor demanda y de peor meteorología lo puedan distorsionar.

En todo caso, es importante advertir de esta visión del problema tarifario en España y de lo que supone la existencia de esta percepción distorsionada como condicionante en el enfoque de opinión y de contenidos del primer diario español respecto al sector eléctrico, incluyendo cómo el devenir ideológico hace extraños compañeros de cama. Es la hora de Jesús Mota.