EFE.- El Ministerio de Petróleo egipcio advirtió de que está tomando «todas las medidas necesarias para preservar los derechos» de Egipto después de que este país haya sido condenado a pagar más de 1.700 millones de euros a Unión Fenosa Gas por la paralización de la planta de licuefacción de Damietta.

En este sentido, el Ministerio no especificó qué medidas está tomando pero señaló que estas responden a «los intereses generales» de Egipto, que suspendió el suministro de gas natural a las instalaciones de Unión Fenosa Gas en la localidad de Damietta en 2011 tras el estallido de la revuelta popular en contra del entonces presidente Hosni Mubarak. El Ministerio destacó que «la falta de suministro de gas se produjo por los acontecimientos y las crisis que acompañaron a la revolución del 25 de enero de 2011″, que afectó a la mayoría de los sectores económicos, algunos de los cuales se vieron paralizados por semanas durante y después de las protestas que sacudieron Egipto en el marco de la Primavera Árabe.

El Ministerio agrega que «la disminución de las cantidades suministradas y el parón del suministro se debió a causas totalmente fuera de la voluntad de la empresa Egas», la compañía estatal que gestiona el gas natural de Egipto. Se trata de la respuesta al laudo de la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), que consideró que no se concedió al inversor el trato justo exigido por el Tratado bilateral España-Egipto de protección de inversiones, por lo que exige a la República Árabe de Egipto pagar 2.013 millones de dólares a Unión Fenosa Gas, participada al 50% por Naturgy, la antigua Gas Natural, y la Italiana ENI.