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El Gobierno convoca ayudas por 80 millones para impulsar la instalación de más energía eólica en las Islas Canarias

Europa Press.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha aprobado una convocatoria de ayudas por un total de 80 millones de euros para la inversión en instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología eólica situadas en Canarias. Según el Ministerio, con esta convocatoria, que será cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), se posibilitará la entrada de al menos 180 megavatios (MW) de potencia renovable en la comunidad autónoma.

Las singularidades de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares respecto del sistema peninsular, derivadas fundamentalmente de su carácter aislado y su reducido tamaño, suponen mayores dificultades para la integración de la producción eléctrica a partir de fuentes de energía renovables. Con todo, el gabinete dirigido por Teresa Ribera valora que en Canarias se han venido realizando esfuerzos en los últimos años que han dado como resultado, por ejemplo, que la isla de El Hierro haya logrado autoabastecerse al 100% con energías renovables de forma puntual. Sin embargo, en 2016, el porcentaje de producción renovable se situó en las Islas Canarias en torno al 8%, frente al 40,2% de penetración renovable registrado en el sistema peninsular ese mismo año.

Por ello, con el objeto de avanzar en el cumplimiento de los objetivos comunitarios de uso de energías renovables, el Ministerio considera que resulta «imprescindible» la puesta en marcha de nuevas instalaciones en el archipiélago. «De esta manera, se contribuirá a la diversificación de las fuentes de energía primaria, a la reducción de la dependencia energética y a la reducción de emisiones de CO2», añade.

En concreto, la convocatoria ofrecerá subvenciones con cargo a FEDER que serán percibidas por el beneficiario, con carácter definitivo, una vez se verifique la ejecución del proyecto, se certifique la inversión y la solicitud de pago sea aceptada por la Autoridad de Gestión FEDER. Al objeto de facilitar la financiación de los proyectos, el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) podrá anticipar la totalidad de la ayuda.

El Gobierno aprueba ayudas por 12,9 millones de euros para proyectos que presenten una alternativa en zonas mineras del carbón

Europa Press.- El Gobierno, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha autorizado al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IMRC) la convocatoria de ayudas por un importe de 12,9 millones de euros dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras para 2018.

El fin de las ayudas es paliar las consecuencias sociales y económicas del cierre de las minas en las comarcas mineras del carbón, incentivando el empleo e impulsando la ampliación y la diversificación de las actividades de las empresas existentes. En concreto, se trata de ayudas de apoyo a la inversión, su ámbito es regional y su régimen es el de concurrencia competitiva. Además, permite priorizar los proyectos en función del interés para la zona en la que se vayan a desarrollar y sus necesidades específicas. El Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el período 2013-2018 fue suscrito en 2013 por el entonces Ministerio de Industria, con los sindicatos y la patronal Carbunión.

El PSOE reclama un plan de transición energética con alternativas económicas para Cofrentes ante el posible cierre de la nuclear

Europa Press.- El grupo socialista en Les Corts ha presentado una Proposición No de Ley en la que insta al Consell y al Gobierno de España a diseñar y aprobar «un programa plurianual de actuaciones de transición energética en el área de influencia de la central nuclear de Cofrentes» que tenga como objetivo «anticiparse y evitar los posibles efectos negativos» que podrían conllevar el cierre de la misma previsto para 2021, cuando finaliza su permiso de explotación.

Así, el PSOE ha pedido que este plan sirva para «dotar de alternativas industriales y económicas en una zona cuyo empleo y actividad económica depende en gran medida de la central».

La diputada socialista Noelia Hernández ha señalado que «ni España ni la Comunidad Valenciana cuentan con un programa que garantice una transición justa en los territorios más vulnerables» por lo que «sería conveniente alcanzar un acuerdo que implicase a todos los organismos y administraciones implicados para conseguir anticiparse y evitar cualquier efecto no deseable de la transición energética».

En esta línea ha recordado que el área de influencia de esta central tiene una alta dependencia económica de la misma, ya que la zona carece de alternativas industriales y gran parte de los empleos están ligados de forma directa o indirecta a la central.

«Es muy importante que las administraciones se pongan en marcha para que de forma coordinada aborden desde ya y se anticipen al cierre fomentando alternativas para la diversificación de la economía en la zona«, ha señalado Hernández.

Por todo ello la iniciativa presentada desde el grupo socialista recoge establecer incentivos para «favorecer la inversión privada en este área» así como medidas específicas de I+D+i «tanto ligadas al cambio climático o que fomenten la diversificación a la transición energética». También se señala la «aplicación de fondos europeos y programas de financiación del Banco Europeo de Inversión para fomento del emprendedurismo como alternativa a la transición energética».

Otra de las políticas que se reclama en la PNL es establecer «una planificación energética sustitutiva que sea equiparable a la capacidad de producción eléctrica de la central nuclear», que 2017 produjo el 3% de la producción eléctrica nacional y el 13’19% de la producción eléctrica de origen nuclear, «así como implantar las medidas que faciliten y agilicen las instalaciones renovables».

Por último, desde el grupo socialista proponen «solicitar al Gobierno de España su participación financiera y estratégica» y «derogar normas que dificulten la transición energética hacia un modelo más sostenible».

En este sentido, la diputada socialista ha recordado que la Ley del Sector Eléctrico que aprobó el Gobierno del PP en 2013 «no supuso ningún avance en materia de cambio climático y tuvo consecuencias nefastas» como fue la pérdida de unos 70.000 empleos en el sector de las energías renovables así como las pérdidas cuantiosas de muchos pequeños inversores.