Europa Press.- La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), en la que participan Repsol, Cepsa, BP, Saras y Galp, advierte de la «lacra» que sufre el sector relacionada con el fraude fiscal en la distribución de carburantes, ilegalidad ejercida por «verdaderas tramas criminales» y cuyo importe puede alcanzar los 540 millones de euros al año.
La asociación realiza estas consideraciones en su Memoria de 2016, en la que advierte de que algunos desarrollos legislativos «han abierto la puerta al fraude», sobre todo desde que en 2009 se eliminó la autorización administrativa para ejercer la actividad de distribución al por mayor y se sustituyó por una declaración responsable. El valor de lo defraudado puede alcanzar los 270 euros por metro cúbico y su importe puede oscilar entre 270 millones y 540 millones de euros, en función de si la práctica alcanza al 3% o al 6% del mercado. Solo el fraude del IVA asciende a 300 millones, según la Agencia Tributaria.
Ante esta circunstancia, AOP propone establecer una garantía financiera que desincentive el fraude y cubra el incumplimiento de las obligaciones, reportar a diario las existencias mínimas de seguridad y acortar el plazo en la imposición de expedientes sancionadores. Los operadores también alertan de fraudes concretos, para los que piden medidas específicas. Entre ellos figuran los relacionados con los incumplimientos del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, de la incorporación de biocarburantes o del IVA o del tipo autonómico del impuesto de hidrocarburos. El efecto frontera provocado por las diferencias de precios entre comunidades autónomas con distintas tramos fiscales también está contribuyendo al fraude de la distribución.
El presidente de AOP, Federico Molina, y el director general de la asociación, Álvaro Mazarrasa, aseguran que el sector vive una «lacra» que «distorsiona gravemente el mercado» puesto que «permite ofrecer grandes descuentos a los operadores deshonestos frente a compañías que cumplen regularmente con la normativa y que no pueden competir en las mismas condiciones«. «AOP siempre ha defendido la libre competencia pero, a la luz de la realidad descrita, creemos que es urgente tomar medidas concretas para que el fraude se detecte lo antes posible y, con ello, se minoren sus efectos para la Hacienda Pública, el mercado y los consumidores», señaló la patronal.
AOP también advierte de que los vehículos con tecnologías alternativas «hoy por hoy no están en paridad de coste» y su incorporación ha de realizarse «mediante subsidios en diferentes formas». AOP considera que «los recursos públicos son finitos y no se puede favorecer una tecnología frente a sus alternativas sin tener en cuenta el coste beneficio». «Elegir una tecnología determinada como la solución del futuro sería un gran error, ya que cada tecnología tiene que ser capaz de penetrar en el mercado por sí misma y por sus méritos», afirma, antes de advertir de que «los vehículos de emisiones cero de CO2 no existen», sino que son «puro marketing medioambiental».
