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La Fiscalía General de Venezuela dicta 9 órdenes de detención por corrupción en la petrolera estatal PDVSA

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EFE.– La Fiscalía General de Venezuela ha dictado 9 órdenes de detención contra antiguos empleados de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), entre ellos 2 altos cargos, por delitos de corrupción en la compra de 400 camiones cisterna para transportar diésel. El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, cifró el perjuicio económico al Estado en 18 millones de dólares.

El fiscal, designado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), explicó que se ha solicitado orden de detención de 2 expresidentes y gerentes de la llamada «Empresa Nacional de Transporte», Pedro José Jiménez Yusti y Carlos Brett, y de otros 7 funcionarios. A todos ellos se les imputó los delitos de malversación de fondos públicos, asociación para delinquir, concierto de funcionario con contratista y evasión en el proceso de contratación.

Pagos sin recibir la mercancía

Las compras de cisternas se hicieron a las empresas mexicanas Trailers y Tanques de Aluminio S.A. (Tytal) y Armadora Carrocera CABAN S.A. «por adjudicación directa». A la primera empresa se le solicitaron 300 cisternas, PDVSA pagó 234 «por 18.626.400 dólares» y solo recibió 168 vehículos que no cumplían con las especificaciones técnicas exigidas por la petrolera «por lo que hubo que realizar una nueva contratación para adecuarlas«. A la segunda se le pidieron 100 cisternas y nunca llegaron al país.

«Respecto a esa contratación se ha podido verificar que la empresa Caban ni siquiera existe físicamente, es decir, es una empresa fantasma, es una empresa de maletín» y «se está estableciendo si efectivamente aquí se realizó algún pago». Concluyó que este es el decimoséptimo caso de corrupción que se vincula con PDVSA y que gracias a esas investigaciones han sido procesados 90 funcionarios «entre ellos 23 altos gerentes de PDVSA».

Detenidas 6 personas en Orihuela dedicadas al robo de cobre en instalaciones eléctricas

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EFE.- 6 personas han sido detenidas en Orihuela como presuntos miembros de un grupo criminal dedicado al robo de cobre en diversas instalaciones eléctricas. Según la Policía Nacional, para cometer los robos forzaban las puertas de acceso y se apropiaban de los transformadores eléctricos, de los que extraían las bobinas de cobre que luego daban salida a través de una chatarrería de Cox. Estas actividades delictivas repercutían directamente en los habitantes de Orihuela dado que, al manipular estaciones eléctricas e hidráulicas, interrumpían el abastecimiento de servicios públicos esenciales.

El modus operandi utilizado por el entramado consistía, en un primer momento, en localizar los transformadores eléctricos de la ciudad, los cuales marcaban como objetivos para la extracción del cobre, y posteriormente coordinarse para asaltar las estaciones. La mayoría de las veces accedían a estas forzando la valla perimetral, fracturando las rejas y violentando las puertas, para culminar el robo apoderándose de las bobinas de cobre. Una vez se hacían con el botín, acudían a una chatarrería que recibía el material sustraído. La operación se ha llevado a cabo por la brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Orihuela.