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El Gobierno aprueba nuevas medidas de seguridad en la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino

Europa Press.– El Gobierno ha aprobado el Real Decreto que completa la transposición al ordenamiento español de la Directiva Offshore sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro, que desarrolla el Real Decreto-ley 16/2017, por el que se establecen disposiciones de seguridad en la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino.

El nuevo texto completa la trasposición de la Directiva en dos aspectos. En primer lugar, en lo relativo a permisos de investigación y concesiones de explotación mar adentro, estableciendo los requisitos para el otorgamiento y la transmisión de permisos de investigación y concesiones de explotación en el medio marino y fijando las condiciones para la designación del operador en medio marino. En segundo lugar, en lo que se refiere a la autorización de trabajos mar adentro con el procedimiento para remisión de los Informes sobre los Riesgos de Accidentes Graves.

También sobre el contenido y la finalidad que ha de tener el plan interno de emergencia que los operadores y/o propietarios deben elaborar; sus obligaciones en relación a la figura del verificador independiente; el contenido del plan externo de emergencia y el órgano encargado de su elaboración así como la creación de un sitio web para la publicación de criterios de evaluación, plan de inspecciones, publicación de informes anuales, así como las disposiciones relativas a la Autoridad Competente para la Seguridad en las Operaciones Marinas.

El Gobierno aprobará el viernes, a través de un decreto ley, el nuevo bono social eléctrico, que incluirá a familias monoparentales

Europa Press. – El Gobierno aprobará probablemente el próximo viernes un decreto ley en materia energética que introduce cambios en el bono social eléctrico, como su ampliación a familias monopartentales y personas en situación de dependencia en grados 3 y 2, a la vez que crea el bono social térmico (calefacción), que correrá a cargo del Estado -no de las compañías- y se abonará en forma de cheque directo a los beneficiarios.

Así, según Europa Press, en el plazo de seis meses desde la promulgación del decreto se aprobará una estrategia nacional contra la pobreza energética, tras su pertinente debate con los sectores sociales afectados, que establecerá, con carácter «integral y coherente» todas las medidas y actuaciones para reducir y aliviar la pobreza energética.

Mientras se aprueba dicha estrategia, el Gobierno adoptará desde este viernes una serie de medidas sobre el bono social eléctrico vigente -el creado en 2017-, como la de ampliar los grupos sociales que tienen un mejor tratamiento en niveles de renta para que les pueda ser aplicado el beneficio.

En este sentido, entran como nuevos subsectores las familias monoparentales y personas en situación de dependencia, grados 3 y 2 (no las de grado 1). La discapacidad se mantiene como estaba, ya era considerada desde el 2017 en esta posición reforzada (igual o superior al 33%). Las familias numerosas se mantienen como hasta ahora, de modo que pueden acogerse todas con independencia de su nivel de renta.

En cambio, lo que sí se modificará al alza son las potencias eléctricas que entran en el bono social y los repartos de consumo entre meses.

 

Bono social térmico

Paralelamente, se crea un nuevo bono social térmico, que incluye los combustibles de calefacción (gas natural, gas butano, gasóleo, pellets, etc.), ampliándose así el bono social eléctrico a otras fuentes energéticas.

Este bono social térmico correrá a cargo del Estado, no de las compañías eléctricas como el bono social eléctrico, y se abonará a modo de cheque directo que se hará llegar a las familias beneficiarias. La cantidad no está aún fijada y dependerá, entre otros, de la zona climática de España en que esté situada la vivienda, de modo que habrá distintas intensidades de ayuda en función de si la zona climática es más fría o cálida o templada.

Del mismo modo, tendrán derecho al bono social térmico de forma automática todas las personas con derecho al bono social eléctrico. Son, por tanto, acumulables, y la vía para llegar al térmico es ser reconocido como beneficiario del eléctrico. La ayuda del bono social térmico se devengará a partir del 1 de enero de 2019, dado que se aplica en invierno.

En cuanto al calendario, sigue rigiendo la fecha del 8 de octubre como plazo máximo para que las personas y familias beneficiarias del bono social eléctrico en su configuración de 2009 soliciten en su compañía distribuidora de referencia el pasar al regulado en 2017. Se realiza este cambio para que no pierda el derecho quien ya lo tuviera.

En el mismo sentido, el real decreto otorgará un plazo extraordinario de regularización, hasta el 31 de diciembre de este año, para quien beneficiándose del bono social eléctrico no haya pedido solicitud completa, con aportación de todos los documentos acreditativos para el cambio al nuevo modelo antes del 8 de octubre de este año, como última oportunidad improrrogable.

En cuanto a las nuevas solicitudes de aquellas personas y familias que no tuvieran hasta ahora reconocido el bono social eléctrico, no hay plazo establecido para que puedan pedirlo y darse de alta ante su compañía distribuidora de referencia, de modo que podrán hacerlo en cualquier momento una vez entiendan que cumplen los requisitos sociales y de renta exigidos.

 

 

 

IU solicita al Gobierno que aclare qué pasará con el proyecto Castor y si reclamará los 1.350 millones de euros ya abonados

Europa Press. – Izquierda Unida ha reclamado al Gobierno que aclare qué piensa hacer ante el desmantelamiento del proyecto Castor y, específicamente, si contempla reclamar los 1.350 millones ya abonados a la concesionaria Escal UGS en concepto de indemnización.

Así, su diputado Ricardo Sixto, que preside la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso, ha registrado una batería de preguntas en la Cámara Baja, en la que también pregunta al Ejecutivo si contempla promover una auditoría con la que evaluar «posibles negligencias y responsabilidades» en este proyecto.

Sixto, diputado encuadrado en el grupo confederal de Unidos Podemos, recuerda además que el propio Tribunal Constitucional anuló a finales del pasado año varios de los artículos del decreto ley que cubrió esta indemnización a la mercantil Escal UGS, participada por ACS (66,7%) y la canadiense CLP (33,3%).

Una indemnización aprobada «a toda prisa» por el Gobierno del PP tras la paralización del almacén submarino Castor, critica el diputado de la coalición de izquierdas, y anulada porque el Constitucional consideró incorrecto la utilización de un decreto ley «al no existir justificación para no recurrir a una norma ordinaria».

En este sentido, Sixto señala que al anular toda la parte del decreto ley que calculaba la cuantía de la indemnización, fijaba el mecanismo de pago y lo concretaba, el Tribunal Constitucional «declara nulos los artículos que preveían la indemnización y también puede entenderse que deroga todos los efectos que pueda haber producido, en particular la propia indemnización».

Esto anularía no sólo los 1.350 millones, cifra ya entregada a las empresas y financiada por distintas entidades financieras, sino los casi 4.700 millones que, contabilizando los intereses, deberán devolver los usuarios de gas en España a través de sus recibos en los próximos 30 años, según concluye el diputado de IU.