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La deuda acumulada del sistema eléctrico se ha reducido en 8.000 millones y el saldo pendiente asciende a 21.000 millones

EFE / Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha destacado que España haya sido capaz de reducir en cerca de 8.000 millones la deuda acumulada del sistema eléctrico, que llegó a alcanzar los 28.700 millones y que actualmente es de 21.000 millones. Navia, que intervino en la presentación del Balance Energético de 2017 y Perspectivas para 2018, del Club Español de la Energía, subrayó que España está siendo capaz de reducir los desequilibrios acumulados por sus sistemas eléctrico y gasista.

De esta manera, la deuda del sistema eléctrico, que después de 14 años consecutivos de generación de déficit en 2014 registró su primer ejercicio con superávit, se redujo en torno a otros 2.000 millones de euros el año pasado, desde los niveles de los 23.070 millones de euros en que cerró en 2016. Navia destacó la política de «contención de costes y rigurosidad» aplicada por el Gobierno y subrayó que la sostenibilidad financiera sigue siendo «el elemento fundamental» para que las decisiones que se adopten en materia energética en el corto plazo sean «coherentes con los objetivo a largo plazo«.

Ha manifestado que, aunque no están cerrados los datos de 2017, los dos sistemas mantendrán el equilibrio financiero que les ha caracterizado desde la reforma que se hizo en la legislatura pasada. Navia ha dicho que la postura del Ministerio será mantener el rigor a la hora de asignar nuevos costes al sistema, porque esto se puede convertir en un problema macroeconómico, al afectar a la competitividad. Ha subrayado que el equilibrio alcanzado en los sistemas ha permitido mantener sus costes (peajes) congelados, 5 años en el caso de la electricidad y 4 en gas, con el consiguiente beneficio para los consumidores domésticos e industriales.

En cuanto a los precios, ha indicado que, pese a las dificultades habidas en 2017, con fuertes tensiones en los mercados de electricidad y gas, y unas condiciones climáticas excepcionales, marcadas por la sequía y olas de frío en Europa, el año se superó con «cierto éxito«. Daniel Navia explicó que en 2017 la factura para un hogar medio fue de 835 euros, más alta que la de 2016, por la escasez de lluvias y unos precios de las materias primas algo más altos, aunque 16 euros más barata (un 1,8%) respecto a un año más normalizado como fue 2015.

Por eso, considera que España está en una fase de estabilización de precios de la energía y con tendencia a la baja, como prueba que se mantiene entre 21 y 22 céntimos el kilovatio hora (KWh) para un consumidor doméstico, similar a 2012, y de 11 céntimos/KWh para un consumidor industrial, un céntimo menos que el que había en 2012.

Ha señalado que para mitigar el elemento que puntualmente rompe la tendencia, la volatilidad de los precios en el mercado, el Ministerio ha introducido medidas, como las reformas que ha hecho de la interrumpibilidad (pagos que se dan por la disposición de empresas a desconectarse cuando sea necesario para el sistema, que ahora se podrá utilizar también para estabilizar precios) y del mercado del gas. Además, destacó que en el inicio de 2018 se está viendo una reducción de la factura de electricidad en los hogares, que ha bajado un 8% en los dos primeros meses del año con respecto al mismo periodo de 2017.

Por otra parte, ha destacado que España está en una posición favorable para cumplir sus objetivos medioambientales, al haber reducido de 2005 a 2015 las emisiones un 22%, más que Alemania, que lo ha hecho en un 9% o Francia, donde han disminuido un 17%. De cara a 2018, asegura que en breve se contará con el informe de la Comisión de Expertos sobre la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y, respecto a los planes nacionales de Energía y Clima, ha indicado que la intención es tenerlos elaborados, aunque no aprobados, y disponibles para consulta pública a lo largo de este año. Por último, ha reiterado la postura del Ministerio favorable a una neutralidad entre las diferentes tecnologías.

A este respecto, indicó que el input que dará el informe de la comisión de expertos creada por el Gobierno para abordar esta transición energética, que se conocerá «en breve», va ser «una orientación fundamental». Así, consideró que debe existir un debate «muy intenso» respecto a cómo abordar la transición energética entre todas las fuerzas políticas y todos los actores del sectores, aunque subrayó que es «factible» lograr acompasar el cumplimiento de los objetivos medioambientales con la competitividad de la economía. «Partimos de una posición razonable para tomar medidas razonables. Habrá gente que quiera avanzar más rápido y otros más lentos, pero lo importante es buscar el punto común«, concluyó.

La interrumpibilidad por motivos económicos se ha utilizado 27 veces este año con el recibo de luz bajando un 8%

EFE / Europa Press.- La factura eléctrica se ha reducido en un 8% en lo que va de año para un consumidor medio acogido al PVPC, lo que supone que el recibo de la luz bajó 12 euros aproximadamente. La interrumpibilidad, que permite cortar el suministro eléctrico a las empresas en caso de necesidad a cambio de un incentivo económico, se ha utilizado en 27 ocasiones por motivos económicos en lo que va de año, desveló el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia.

El pasado mes de noviembre, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital aprobó una orden que posibilitaba el uso de la interrumpibilidad para cuadrar la oferta y la demanda de energía eléctrica cuando sea más barato que recurrir a otros medios. Una reacción a la sustancial subida del precio de la electricidad para los consumidores acogidos a la tarifa regulada registrada el pasado octubre por el encarecimiento de los servicios de ajuste, cuya finalidad es adaptar la oferta a la demanda en cada momento.

De este modo, Navia ha explicado que la interrumpibilidad se ha utilizado «de forma sustancial» durante los meses de enero y febrero y ha recalcado que es una de las medidas aplicadas por el Ministerio para contribuir a mejorar la competitividad de los precios energéticos. Además, recientemente se activó la liberación de parte de las reservas de gas natural acumuladas en el marco del Plan de Actuación Invernal ante la ola de frío que afecta a gran parte de España. Este plan, aprobado en noviembre, eleva de 2 días a 3,5 días el volumen de reservas de gas que deben almacenar los operadores para garantizar el suministro de gas ante un eventual aumento del consumo.

Baja un 8% este año

Por otro lado, la factura eléctrica se ha reducido en un 8% en lo que va de año. Ante estos datos, Navia ha destacado que en enero hubo una situación de precios «sustancialmente» mejor que la que se registró en dicho mes de 2017, mientras que en febrero los niveles fueron casi similares. «Hay cierto encarecimiento entre enero y febrero que se deriva de cuestiones habituales en el mercado energético, como la menor participación de renovables y la situación de ola de frío generalizada, tanto en España como en el resto de Europa, que ha hecho que la demanda suba un 5% en febrero respecto al mes de enero», añadió.

Energía destaca que esta reducción en lo que va de año se produce pese a la ligera subida observada en febrero, mes en el que la factura se incrementó respecto a enero en un 2,22%, según los datos del simulador de la factura eléctrica de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). No obstante, señala que si se comparan los precios de febrero de este año (64,34 euros) respecto a febrero de 2017 (64,15 euros), se ha producido una subida de apenas el 0,3%, debido fundamentalmente a la ola de frío que se está produciendo en el centro de Europa y, aunque en menor medida, en España.

Según Energía, esta ola de frío ha provocado un incremento de la demanda eléctrica en España del 5% respecto a enero y ha supuesto un aumento generalizado de los precios de la electricidad en todos los países de Europa. En todo caso, explica que, como es habitual, las puntas de precios máximos en España en febrero, que alcanzaron los 74 euros por megavatio/hora fueron inferiores a las de los países del entorno de España, y pone como ejemplo que han sido unos 85 euros inferiores que en Francia y 5 euros menos que en Alemania.

«En conjunto, más allá de la volatilidad asociada a factores climáticos en febrero, el inicio del año confirma una reducción importante de la factura eléctrica gracias a la mejor situación comparativa con el mismo período del año 2017», subraya el Gobierno. Asimismo, recuerda que, en su ámbito de actuación, el Gobierno ha implementado recientemente diversas medidas para contribuir a mejorar la competitividad de los precios energéticos, como mantener constantes la parte regulada de la factura (peajes) por quinto año consecutivo.

Energía acuerda abordar el futuro del carbón con los sindicatos en grupos de trabajo a partir del 12 de marzo

Europa Press / EFE.- El Ministerio de Energía ha acordado con los sindicatos CC.OO. y UGT el establecimiento de un grupo de trabajo para abordar el futuro de la minería del carbón y cuyos detalles se concretarán la semana del próximo 12 de marzo, según anunció el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, tras una reunión con los representantes mineros de sendas organizaciones sindicales en una situación de incertidumbre por la intención de algunas compañías eléctricas de cerrar sus centrales térmicas de carbón.

En lo que ha calificado como un «año importante» para la minería y el carbón, Navia ha reiterado que «es importante trabajar con agentes sociales para lograr una transición ordenada y lógica«. Por ello, subrayó que las reuniones del grupo de trabajo tendrán una frecuencia más elevada y tendrán un carácter eminentemente «técnico» para «tratar cuestiones más concretas que puedan suscitar Administración y sindicatos». El Ministerio concretó que las reuniones técnicas estarán a cargo del gerente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, Joaquín Fernández Dapena, que se sentará con la patronal Carbunión y sindicatos en dos mesas separadas para abordar la cuestión «desde un formato técnico y no político».

El coordinador de Industria de CC.OO., Jesús Crespo, recordó que, si bien «hay que hablar del futuro», primero hay que «resolver el presente». Del mismo modo, destacó la intención de los sindicatos de incorporarse a la plataforma europea de regiones con minería del carbón que se presentó recientemente en España. Desde CC.OO. han resaltado que el grupo en el que participarán los sindicatos se reunirá cada tres semanas y en junio se convocará a los representantes de la comisión de seguimiento para informar de los avances logrados. Además, la organización sindical creará un equipo de trabajo que se reunirá de forma paralela y que dará soporte a las reuniones que se celebrarán en el Ministerio.

El secretario del sector minero de UGT, Víctor Fernández, explicó que el grupo de trabajo contará con 5 representantes de los sindicatos y que el objetivo es reunirse con el ministerio «3 veces cada 2 meses». También ha expresado, por su parte, que las próximas reuniones «deberían ser más ágiles» para llegar a junio «con el tema prácticamente resuelto». Fernández añadió que «para cuando finalice el año» habrán de realizarse «las gestiones oportunas». También ha mostrado disposición a que «nadie se quede en la calle» hasta ese momento. Ambos sindicatos han subrayado la necesidad de involucrar a las propietarias de las centrales térmicas de carbón para que realicen las inversiones medioambientales pertinentes para seguir operando.

Estos encuentros urgen, según los sindicatos, porque este año se acaba el Marco de Actuación de la Minería del Carbón y de las Comarcas Mineras (2013-2018) y se necesita un nuevo marco de actuación para activarse en enero de 2019 que no pase por el cierre de las centrales y la pérdida del empleo de los trabajadores. El sindicato UGT destacó que dicho marco debería llevar implícito el desarrollo de un plan social que incorpore medidas como bajas incentivadas y planes de prejubilación para que ningún empleado sea despedido. “Tenemos que ver los sindicatos como lo presentamos», ha apuntado Fernández.

Energía reivindica que el coste anual de indemnizar a Castor es la mitad de lo que suponía el almacén funcionando

Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha defendido que el mecanismo de financiación para afrontar la compensación de 1.350 millones de euros por la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas Castor recogido en el real decreto ley aprobado en 2014, algunos de cuyos artículos han sido anulados por el Tribunal Constitucional, permitió una «reducción sustancial» en la factura de los consumidores de gas al recortar su coste anual de 214 millones de euros a 94 millones de euros.

Navia reconoció que lo deseable hubiera sido evitar el pago de esa compensación a Escal UGS, empresa promotora de Castor y participada por ACS, pero indicó que, a pesar de que la vía judicial fue lo primero que se intentó, el Tribunal Supremo «no atendió a las reclamaciones» del Gobierno. «Lo primero que hizo el Gobierno fue solicitar la lesividad de las cláusulas que obligaban a estas indemnizaciones, y lamentablemente no fue posible anularlas«, añadió el secretario de Estado de Energía, quien destacó que «asumir las sentencias» es una obligación.

Así, aseguró que si el Gobierno hubiera tenido «un grado de arbitrariedad» se hubiera suspendido este pago de 1.350 millones de euros, pero consideró que «no es posible». «Este tipo de situaciones no son agradables, pero al cumplimiento de las leyes nos tenemos que atener», apuntó. Además, Navia afirmó que si el Gobierno no hubiera pagado las indemnizaciones por Castor «en tiempo y en forma» se hubiera generado una situación «muy seria» con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que respaldó el proyecto. «Ahora es fácil abstraerse del ámbito financiero, pero en aquella época había presiones financieras muy importantes«, señaló.

El secretario de Estado de Energía también apuntó que el Tribunal Constitucional «en ningún momento» cuestiona el pago de la indemnización ya que, si hubiera sido así, el Gobierno «habría actuado en consecuencia», y sí que reconoce que corresponde la extinción de la concesión. «Y el real decreto dice que si hay extinción, en ese caso hay que pagar», destacó.

Por otra parte, el secretario de Estado de Energía insistió en que el almacenamiento de Castor «no va a volver a entrar en funcionamiento» y afirmó que se procederá a su desmantelamiento cuando «se pueda producir en condiciones de seguridad«. A este respecto, afirmó que «lo lógico» es atender al criterio de los expertos para ver de qué forma se podrá realizar este desmantelamiento del almacenamiento. «No puedo dar una fecha de desmantelamiento sin saber cuál es el momento óptimo en que la seguridad de las personas no se comprometa. Es una decisión que se sale del ámbito económico», concluyó.

Jorge Fabra destaca la neutralidad, la transparencia y el rigor técnico del CSN en su toma de posesión como consejero

Europa Press.- Jorge Fabra Utray ha destacado la neutralidad, la transparencia y el rigor técnico como los tres aspectos «fundamentales» que deben estar en su opinión en la labor diaria del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), donde tomó posesión de su cargo como consejero de pleno, en sustitución de Cristina Narbona, quien cesó el pasado verano para asumir la presidencia del PSOE.

En su toma de posesión, ha manifestado que la neutralidad e independencia en la toma de decisiones, la transparencia para generar confianza, dentro y fuera del CSN, y rigor técnico en el desempeño de las funciones de supervisión y regulación, son aspectos fundamentales en ese cargo. Fabra Utray fue nombrado consejero el 7 de diciembre pasado por el Consejo de Ministros. Al acto asistieron el resto de miembros del pleno, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, representantes del Congreso de los Diputados y del sector eléctrico nacional, así como numerosos técnicos del CSN.

El presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhaussen ha leído el real decreto de nombramiento del nuevo consejero y, a continuación, el secretario de Estado ha destacado la «importante» labor del CSN en materia de seguridad nuclear y protección radiológica y, en ese contexto, ha destacado que la trayectoria profesional de Fabra refuerza la capacidad técnica y la independencia del CSN.

Fabra, en su intervención, ha subrayado la responsabilidad que supone velar por el uso adecuado de las radiaciones ionizantes y los retos ante los que se enfrenta el CSN como son la gestión del parque nuclear español y sus residuos radiactivos. Asimismo, ha hecho una mención especial al personal técnico y administrativo del CSN así como a su predecesora, Cristina Narbona, quien ha asistido también a la toma de posesión. Según el Estatuto del CSN, el pleno del CSN está formado por un presidente y por 4 consejeros. En este momento, los consejeros son Rosario Velasco (PSOE), que ocupa a su vez la vicepresidencia; Fernando Castelló (PP) y Javier Dies.

Fabra es licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid; doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, fue presidente del Colegio de Economistas de Madrid (1980-1983) y ha ocupado diversos cargos vinculados al sector de la energía. En la actualidad es presidente de Economistas Frente a la Crisis y patrono de la Fundación Estudio. Entre ellos, fue delegado del Gobierno en la explotación del sistema eléctrico de 1983 a 1988; consejero de Babcock, Wilcox y Endesa entre 1984 y 1988; ocupó la presidencia de Red Eléctrica de España (REE) desde 1988 a 1997 y desde 2005 a 2011 fue consejero de la Comisión Nacional de Energía.

Durante su comparecencia para defender su propuesta como candidato ante la Comisión de Energía del Congreso de los Diputados, Fabra expresó su preocupación por la posibilidad de que la seguridad nuclear en España se relaje ante intereses económicos y, en este sentido, precisó que estos intereses pueden ir tanto a favor como en contra del cierre de las centrales nucleares.

Fabra señaló que uno de sus objetivos será conseguir un regulador «blindado frente a las presiones exteriores» que, según ha indicado, «son muchas«. «En la Comisión Nacional de la Energía un estornudo o un guiño movía 100 millones de un sitio a otro», bromeó para insistir en que «los intereses económicos que se juegan» en este sector son «enormes» y que de ellos «tienen que prescindir los dictámenes del CSN».

Junto con este objetivo, Fabra se marcó también el propósito de lograr la transparencia en las actividades y decisiones del CSN. «Transparencia toda la del mundo, me parece fundamental«, declaró en su intervención, en la que manifestó su opinión de que «con la opacidad se produce un cierto sentimiento de impunidad» que es «la peor de las situaciones para cualquiera que desarrolle una representación pública».

Energía ajustará la retribución al sistema gasista para que sea «coherente» mientras Sedigas pide al Gobierno que reconsidere su decisión

Europa Press.- La Asociación Española del Gas (Sedigas) ha reclamado al Gobierno que reconsidere su propuesta de modificar el cálculo de la retribución de la actividad de distribución y transporte de gas,que afectaría negativamente al mercado energético y al de las inversiones en España. Al respecto, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, apuntó que el objetivo de la revisión es ver dónde los incentivos son excesivos o insuficientes y «ajustarlos para que sean coherentes».

Asimismo, Navia se mostró sorprendido por las cifras publicadas respecto a cuánto podría ascender este posible recorte para el sector y consideró que son estimaciones «de lo máximo que se podría hacer en escenarios muy extremos», añadiendo que, en ningún caso, el Ministerio maneja «cifras de ese calibre». «Se han dado cifras de 700 millones de euros en un sistema que son 3.000, es algo que no cabe. Aunque quieras hacer el ajuste al máximo sería imposible esa cifra», indicó.

El secretario de Estado subrayó que esas cifras no se han facilitado ni a los grupos parlamentarios en las discusiones que se han mantenido con ellos ya que «el Ministerio tiene que hacer el análisis interno». Además, señaló que a este respecto será «clave» lo que diga la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ya que estos ajustes responden a aspectos que «la CNMC ha suscitado en el pasado y tendrá un papel muy relevante para estimar cuál es el montante final».

Respecto al real decreto para endurecer el cierre de centrales de generación eléctrica, Navia insistió en que es necesaria una regulación al respecto, aunque añadió que se tendrán en cuenta las sugerencias realizadas en su informe por la CNMC, especialmente en materia de hibernaciones o cuestiones que se pueden simplificar de las subastas, y se harán los ajustes necesarios. «En la parte del apoyo legal, seguimos pensando que con lo que tenemos es suficiente», añadió, subrayando que se mantiene la idea de regular por la vía del real decreto, ya que con la actual legislación solo se puede aplicar el criterio de la seguridad de suministro para evitar un cierre.

En lo que respecta a la minería, Navia aseguró que 2018 será un año «muy importante» para el sector, por lo que se comprometió a mantener ahora un calendario de reuniones «mucho más intensivo». A este respecto, el Ministerio, que se ha reunido con los sindicatos mineros, emplazó a tener una nueva reunión a finales de febrero o principios de marzo para mantener un seguimiento del sector y ver «las perspectivas que se abren ahora».

Sedigás pide reconsiderar la decisión

Según ha advertido la patronal gasista, una modificación del cálculo de la retribución de las actividades reguladas ahora tendría «un impacto negativo en el mercado inversor», al interpretarse como «una señal de inseguridad jurídica». Sedigas ha apuntado que este cambio conculcaría los principios de estabilidad y predictibilidad que rigen los marcos jurídicos de las actividades reguladas, con el consiguiente impacto negativo en el mercado inversor.

Asimismo, ha destacado que el sector de la distribución es el que asume el riesgo más elevado de todas las actividades energéticas reguladas ya que, en caso de una posible evolución negativa de la actividad, la retribución «disminuiría por si sola». Por todo ello, ha solicitado al Ministerio de Energía que «reconsidere» su propuesta de presentar una enmienda que, de aprobarse, «repercutiría en el clima inversor español, tan necesario para mantener el buen crecimiento de la economía conseguido con las medidas implantadas estos últimos años».

Los sindicatos respaldan al Gobierno frente al informe de la CNMC sobre el cierre de las centrales de generación eléctrica

Europa Press.- Mientras los sindicatos y el Ministerio de Energía han acordado fijar una agenda «más intensiva» para conseguir el cierre «social» de las centrales de carbón, los representantes de los trabajadores han respaldado la regulación del Gobierno sobre el cierre de las centrales de generación eléctrica ante el informe emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que, según el secretario de minería de UGT, Víctor Fernández, «permite no dar pie» a los cierres de las térmicas.

«La CNMC se tiene que dedicar a hablar de los mercados y la competencia, no de sistemas productivos», ha apuntado Fernández, sosteniendo que a la hora de «pedir el cierre de una central hay legislación vigente actual para impedirlo». Esta legislación, subrayó, «dice cómo no se debe cerrar una central». Por su parte, el coordinador industrial de CCOO, Jesús Ignacio Crespo, ha subrayado que el Gobierno tiene una ley que «define que para el cierre de centrales eléctricas hacen falta unos dictámenes y, a partir de ahí, tienen que desarrollar un escrito para esa central». También dice que “si es necesaria para el suministro, no se puede cerrar», ha zanjado.

El Gobierno activó el procedimiento para aprobar el real decreto para endurecer las condiciones para el cierre de centrales en noviembre, después de que Iberdrola solicitara la clausura para sus plantas de carbón de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). En su informe, la CNMC considera que el decreto introduce «una excesiva discrecionalidad y crea inseguridad jurídica para las nuevas inversiones, pudiendo resultar contraproducente para la competencia en el sector eléctrico». El organismo estima que el decreto introduce nuevos criterios para denegar el cierre de las centrales adicionales al de seguridad de suministro, como son que no afecte negativamente a los precios o a la competencia.

El Ministerio de Energía plantea que en el caso de que se deniegue la autorización al propietario de la central, éste podrá transferir la central a terceros o adherirse a un procedimiento de subasta reglado, solución que, en última instancia, podría llevar a que, si no hay interesados en la subasta, se adjudique a un tercero a cambio de una compensación. La CNMC considera que estos criterios adicionales no están incluidos en la Ley del Sector Eléctrico y podrían ir en contra de la normativa europea recogida en la propuesta de la Comisión Europea de Reglamento relativo al Mercado Interior.

Cierre «social» de las térmicas

Por otro lado, la sesión de seguimiento sobre el Plan del Carbón ha finalizado con la disposición por parte de CCOO, UGT y el Ministerio de Energía, de reunirse «con mucha más frecuencia» a partir del próximo 28 de febrero. «La idea es juntarnos con mucha más frecuencia y, cuando sea, plantear las cuestiones a la Unión Europea o a las fuerzas parlamentarias, donde corresponda», ha destacado el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia.

Desde CCOO, Jesús Crespo ha destacado que «los incumplimientos» del plan «están provocando un cierre totalmente desordenado» de las centrales de carbón, por lo que «los primeros afectados han sido los trabajadores». «Con reuniones cada 6 meses no se soluciona el problema que tenemos», ha destacado, por lo que ha expuesto la intención por parte de los sindicatos de crear un grupo de trabajo «para explorar mecanismos y sinergias» de cara a los próximos meses. Desde UGT, Víctor Fernández ha apostado por hablar con Bruselas al tiempo que tienen lugar las reuniones «para que esto que pedimos no nos lo pongan difícil», según ha apostillado.

El Gobierno no ve riesgo de multa de Bruselas por el conflicto por los peajes eléctricos con la CNMC

Europa Press.- El Gobierno no ve un «riesgo de multa» por parte de la Comisión Europea por el conflicto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la fijación de los peajes de acceso a las redes de electricidad ya que considera que la propuesta presentada por España, por la que el regulador los fijará aunque bajo su orientación, está siendo valorada por Bruselas.

En comparecencia en la Comisión de Energía del Congreso, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, señaló que se están trabajando con Bruselas «con textos concretos» al respecto y que existe con la Comisión Europea un «diálogo constructivo». Así, subrayó que España siempre ha defendido que la transposición de la directiva europea sobre esta materia que se llevó a cabo «era correcta», aunque consideró que actualmente existe «una discusión a nivel europeo» respecto a si la competencia debe estar en manos de los reguladores independientes, lo que ha llevado a este cambio de posición para adaptarse a la normativa vigente y a la futura.

Se sigue el modelo francés

En concreto, Navia indicó que el conflicto se refiere a los peajes de acceso a las redes, los costes regulados para sufragar las inversiones en redes, que ascienden a unos 7.000 millones de euros del total de 19.000 millones de euros que representan los costes regulados del sistema eléctrico. Por ello, adelantó que se ha presentado un modelo análogo al de otros países europeos, como Francia, por el que la CNMC sería quien fijara los peajes, aunque siguiendo las orientaciones de política energética del Gobierno.

Por otra parte, el secretario de Estado de Energía señaló que actualmente no existe ninguna «notificación oficial» por parte de Endesa para cerrar sus centrales de Andorra (Teruel) y Compostilla (León), y destacó que ambas plantas «están realizando una aportación positiva» al sistema eléctrico español en un contexto de sequía y de tensión en Europa. Navia insistió en que el objetivo del Gobierno con el real decreto para el cierre de centrales es que exista «una regulación específica» al respecto y subrayó que esta normativa no está dirigida solamente a las plantas de carbón sino «a cualquier tipo de tecnología».

De esta manera, recordó que la intención del Gobierno es trabajar en la tramitación de este proyecto, para el que quiere contar con «el mayor apoyo», a pesar de que determinados pronunciamientos que se realizan por distintas formaciones políticas «no contribuyen a ello». «Exigen el cierre de las centrales de carbón y creo que eso genera una situación de incertidumbre que no facilita la continuidad de estas centrales», concluyó Navia.

Bruselas analiza la compatibilidad del decreto del Gobierno contra el cierre de centrales de generación eléctrica con las normas europeas

Europa Press.- El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, ha confirmado que Bruselas está analizando la compatibilidad del real decreto que el Gobierno quiere aprobar para evitar el cierre de centrales eléctricas con las normas europeas en materia energética.

Así lo aseguró el comisario español, que ha anunciado que mantuvieron una reunión sobre este asunto el director general de Energía del Ejecutivo comunitario, Dominique Ristori, y el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, en la que también abordaron otros temas como la independencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). «El mensaje es que cualquier norma de cualquier Estado miembro tiene que adaptarse a la legislación comunitaria y se están viendo los términos en que se puede producir el decreto definitivo para analizar su compatibilidad o no cuando el Gobierno lo notifique», ha señalado.

Arias Cañete ha explicado que la reunión entre Ristori y Navia fue un «intercambio preliminar de posiciones» que «va a continuar en el tiempo«. No obstante, el comisario ha insistido en que por ahora se trata únicamente de «la fase previa de un borrador» y no de un real decreto que deba ser analizado en su totalidad. «Estamos hablando de un borrador muy preliminar, lo que pasa es que la Comisión anticipa muchas veces el trabajo para entender lo que está ocurriendo en los Estados miembros», ha argumentado Arias Cañete.

«Seguirá el análisis técnico y cuando la Comisión Europea tenga una postura la trasladará al Gobierno español y esperamos que el Gobierno español sea sensible a los planteamientos de la Comisión y se adapte a las normas del derecho comunitario», ha manifestado el comisario, para después añadir que intervendrá «a nivel político» si fuese necesario. Sin embargo, el comisario ha señalado que en estos momentos no tiene previsto ningún contacto sobre este asunto ni con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ni con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.

Galán reiteró recientemente el compromiso de la compañía de cerrar sus centrales de carbón de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). Por su parte, Nadal señaló que la intención del Gobierno con el decreto de cierre de centrales es que la clausura de estas instalaciones, de llevarse finalmente a cabo, se aborde de forma ordenada y con arreglo a criterios «lógicos».

Baleares subraya que la central térmica de Alcudia es la novena industria más contaminante de España e insiste en cerrarla

Europa Press.- El consejero de Territorio, Movilidad y Energía de Islas Baleares, Marc Pons, ha insistido en la necesidad de proceder al cierre progresivo de la central de carbón de Es Murterar, en Alcudia, puesto que, tal y como ha constatado, es una de las 10 industrias más contaminantes de España. En concreto ocupa el puesto número 9 en el ranking de industrias con mayor cantidad de emisiones de CO2, ha precisado.

En este sentido, el consejero considera una «gran equivocación» la decisión del Ministerio de Industria de negarse al cierre de las instalaciones de Es Murterar porque va en contra de las directivas europeas. Pons ha explicado que por ese motivo denunciarán ante la Unión Europea el incumplimiento de compromisos internacionales en materia ambiental por parte del Ministerio, con su negativa al cierre de Es Murterar. Con todo, el consejero ha explicado que el objetivo del Gobierno balear es «evitar mantener una central altamente contaminante que no necesitamos en la isla de Mallorca» ya que, tal y como ha asegurado, «el suministro energético está totalmente garantizado».

Con el secretario de Estado

La negativa llegó tras reunirse con el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, que rechazó la propuesta del Gobierno balear para el cierre progresivo de la central de Es Murterar, así como la sustitución del fuel y gasoil de la central de Mahón para gas natural. Tanto el cierre de los 2 primeros grupos de los 4 que tiene Es Murterar antes de 2020 como la reconversión de la central de Mahón son medidas incluidas en el Plan de Transición Energética de las Baleares.

Según ha indicado la Consejería, este plan se marca como objetivo la reducción de las emisiones de CO2 (emisiones cero en 2050) con el cierre de los centros de producción más contaminantes y la progresiva incorporación de las energías renovables. La reunión es la tercera que mantiene el consejero Marc Pons con el Ministerio sobre el cierre de las centrales contaminantes. En la reunión del pasado 7 de septiembre, la conclusión fue que el Ministerio veía con buenos ojos las propuestas planteadas desde Baleares si económicamente eran viables. El consejero ha insistido en que «no puede haber ningún impedimento si el Estado también asume el compromiso de la lucha contra el cambio climático en Baleares«.

El planteamiento del Gobierno balear contempla, además de cerrar los focos más contaminantes, la necesidad de avanzar «urgentemente» en producción de renovables para reducir emisiones y dependencia energética y para compensar los costes derivados del cierre de estos grupos contaminantes. Así, en la reunión con el Ministerio abordaron el coste del cierre y la reconversión de las centrales y también las alternativas para compensarlo, centradas esencialmente en el incremento de las renovables, con detalle de todos los parques que están en tramitación, y en otras iniciativas para incrementar la producción de renovables en Baleares. La puesta en marcha de los proyectos de renovables en trámite supondría la incorporación a la red de 175 megavatios de energía renovable en la red.

Según el planteamiento del Gobierno balear, el cierre «no implicará nunca una subida del precio de la electricidad para los ciudadanos de las Islas». «En primer lugar, no debe causar costes y, en caso de que los hubiera, se han asumir en el conjunto del sistema, al igual que ocurre con medidas que se toman en relación a otros lugares del Estado», recalcan desde el Ejecutivo. El Gobierno de Baleares también se compromete a implicarse en encontrar salida a los trabajadores, en el marco de del Pacto por la Competitividad.

Igualmente, en el caso de la reconversión de la central de Mahón, los costes se compensarán con los proyectos de renovables ya en trámite. Menorca es la isla que puede llegar al 20% de energías renovables antes de 2020, gracias al proyecto de Son Salomó. Respecto de Ibiza, el consejero preguntó también al Ministerio cuando estará aprobada la nueva planificación estatal, actualmente en previsión, y que incluye el proyecto alternativo planteado por el Gobierno balear al proyecto de Es Fornás y que ha permitido salvar esta zona del tendido eléctrico.