Europa Press.- La Asociación de Productores Independientes de Energía Eléctrica (APRIE), que agrupa a empresas como Engie, Bizkaia Energia, Alpiq o Shell, ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica que rectifique la decisión de suprimir el servicio de disponibilidad, recogida en la propuesta de orden de peajes eléctricos para el año 2019, ya que «abocaría a los ciclos combinados a dar un salto al vacío».

El presidente de APRIE, Alfonso Pascual, mostró «la sorpresa y el malestar» de la asociación por la medida planteada en la orden y subrayó que, con ese escenario, «está sobre la mesa» la solicitud de los cierres de los ciclos ante la falta de viabilidad económica de las plantas. «Si se quiere que el gas natural sea esa energía que va a ayudar en la transición, el suprimir este servicio de disponibilidad es abocar a que los ciclos combinados den un salto al vacío», apuntó.

En su propuesta, Transición Ecológica suprime el servicio de disponibilidad actual, uno de los incentivos que forman parte de los pagos por capacidad y que las centrales cobran por estar listas para ser activadas por el operador del sistema en caso de necesidad, evitando unos costes de 170 millones de euros al sistema eléctrico, pero que suponen un recorte a las empresas del sector. La decisión del Ministerio se fundamenta en llevar a cabo un análisis en profundidad del modelo que adopte la Comisión Europea para los mecanismos de capacidad, que incluirá dentro del denominado Paquete de Invierno. Este hecho ya llevó este año a una revisión del plazo de aplicación, de anual a semestral, de los mecanismos de disponibilidad.

Pascual estimó que esta medida supone una merma de unos 20 millones de euros para los asociados de APRIE por los casi 4.000 megavatios (MW) de potencia que gestionan con sus ciclos combinados, lo que pone en peligro, si no hay alternativa, «sus obligaciones» de pagos de nóminas a empleados y de impuestos a municipios. La asociación subraya que ese importe por el servicio de disponibilidad no alcanza para cubrir todo el opex, pero sí que representa «un mínimo balón de oxigeno» para resistir a futuro antes unas perspectivas de salida del carbón y desarrollo de renovables, que deberían hacer a partir de 2022 que los ciclos combinados de gas «tuvieran una mínima rentabilidad razonable».

No obstante, tampoco descartan, en el caso de no producirse una marcha atrás en esta supresión del servicio de disponibilidad por el Gobierno, que sus asociados recurran la orden ministerial. «Nos reservamos todas las alternativas. Cada inversor tendrá que ver con sus accionistas y departamentos legales si se recurre la orden. La vía del recurso no es lo mejor, pero se abordará si no queda otra alternativa», apuntó Pascual, quien subrayó que las empresas están en la obligación de «defender a sus accionistas y las comarcas donde están sus activos».

Asimismo, advirtieron también de que la caducidad del incentivo a la inversión para el horizonte del año 2022 pone en riesgo la continuidad de más de la mitad de los 26 gigavatios (GW) existente de ciclos combinados de gas. «La demanda hay que cubrirla. Entendemos que esta no es la fórmula para transición», señaló Daniel Fernández, vocal de la asociación.