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Nuclenor niega que tenga tomada una decisión sobre Garoña y Ecologistas en Acción cree que el PP presiona para reabrirla

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EFE / Europa Press.- El portavoz de Ecologistas en Acción para temas nucleares, Francisco Castejón, considera que el PP ha tomado la reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos) como un “asunto personal” y presiona para su reapertura. En este sentido, la vicepresidenta y portavoz de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, indicó que la empresa Nuclenor, propietaria de la planta burgalesa, les ha comunicado que «no hay una decisión tomada» sobre un posible cierre de las instalaciones por razones económicas.

Valdeón reconoció que a raíz de lo señalado por el sindicato vasco ELA, que apuntaba a que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se había tomado la decisión de cerrar Garoña “por motivos económicos”, la Junta de Castilla y León se puso en contacto con los propietarios de la planta nuclear para recabar información. «Nos ratificaron que no hay una decisión tomada al respecto», resumió la portavoz, convencida de que la viabilidad de la central nuclear ubicada en el norte de la provincia burgalesa «está condicionada al informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)», tanto para retomar su actividad como para que cese definitivamente.

Valdeón aseguró que «nunca nos han hablado de causas económicas» para justificar un posible cierre, que en su opinión es un problema que tiene el «nudo gordiano» en el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear, pero que tiene en vilo a las cerca de 1.000 personas que están vinculadas laboralmente a la actividad de Garoña. La Junta de Castilla y León ha pedido a la empresa propietaria de la central nuclear que en caso de que tome se alguna decisión sobre el futuro de las instalaciones se la comunique con antelación y reiteró que defiende el mantenimiento de la planta siempre que se cuente con el respaldo del regulador CSN.

Los ecologistas apuntan al PP

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción para temas nucleares, Francisco Castejón, señaló que la votación de la proposición no de ley para exigir el cierre de Garoña en el Congreso de los Diputados ha demostrado que el PP «ha tomado Garoña como un asunto personal pese al perjuicio para la sociedad, al CSN, al que obliga a realizar inspecciones innecesarias, y la propietaria de la planta». Castejón critica que el PP se ha quedado solo apoyando la reapertura de Garoña porque «fue su buque insignia en la campaña electoral en materia energética» y están dispuestos a «todo tipo de cesiones» para evitar el cierre definitivo, incluso en contra del criterio de Nuclenor.

Según su opinión, Nuclenor no tiene interés en la reapertura de Garoña porque, además del coste de las actuaciones y mejoras que exige el CSN, hay una «situación de incertidumbre» porque la planta podría volver a tener problemas técnicos en los próximos años cuyo coste no fuera asumible. Para Castejón, la reapertura de Garoña «es más un deseo que una posibilidad real». Sin embargo, fuentes de Nuclenor mantienen que en Garoña se sigue trabajando en el «doble escenario» de un posible desmantelamiento o de la reapertura y que no se ha aprobado ni dado trámite a ninguna solicitud de cierre definitivo de la planta nuclear.

Marcha el 11 de junio

Por otro lado, el colectivo Araba sin Garoña ha convocado el sábado 11 de junio en Vitoria una nueva manifestación para exigir el cierre definitivo de Garoña, situada a unos 40 kilómetros de Vitoria. La fecha se ha escogido así porque en junio se reúne el consejo de administración de Nuclenor, propietaria de Iberdrola, y «es más que probable» que haya unas nuevas elecciones generales y por tanto el «otro actor llamado a cerrar la central», el Gobierno, podría cambiar su composición. Araba sin Garoña confía en que no se les impida la celebración de la manifestación, como ya ocurrió en diciembre, cuando la Junta Electoral prohibió la marcha que este colectivo había convocado para la víspera de las elecciones.

Así lo indicó el portavoz de la plataforma, Alberto Frías, que restó importancia a las «magnificadas» declaraciones del presidente de Iberdrola y apuntó que cada vez que algún responsable de la central «ha hecho alguna alusión a su cierre» el Gobierno central «aprobó cambios en la legislación favorables» a su continuidad. Dado estos «precedentes», Araba sin Garoña entiende las palabras de Galán como «un aviso a navegantes: ‘No os paséis con las exigencias de seguridad o se cierra Garoña'» y, por ello, considera necesario convocar una nueva manifestación para reiterar el rechazo a la central.

Asimismo Foro contra Garoña ha advertido que «si Galán hablase en serio» habría hecho el anuncio en la Junta de Accionistas, en un medio de comunicación o «retirando directamente la solicitud al CSN para renovar el permiso de funcionamiento de Garoña hasta 2031«. Sin embargo lo dijo «en una reunión privada», lo que «pone en duda la veracidad de sus intenciones» y apunta, según este Foro, a «un aviso a navegantes dirigido al Gobierno en funciones». Por ello ha llamado a la ciudadanía a seguir movilizándose contra la central burgalesa.

Podemos-Equo, PSOE y Ciudadanos exigen el «cierre definitivo» de la central de Garoña con el voto en contra del PP

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Europa Press / EFE.- La Comisión de Industria del Congreso de los Diputados ha respaldado una proposición no de ley impulsada por Podemos-Equo, con el apoyo de PSOE y Ciudadanos, que «aboga por el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña (Burgos) y que se elabore un plan de reactivación económica de la zona, así como una comisión de seguimiento de su desmantelamiento».

Así lo anunció el impulsor de la iniciativa, el diputado de Podemos-Equo, Juan López de Uralde, quien también subrayó que la propuesta promueve un pacto de Estado entre las distintas fuerzas políticas para transitar hacia un nuevo modelo energético, basado en las renovables y en la eficiencia y el ahorro energético. La propuesta también contó con el apoyo de Democracia y Libertad, PNV, y EH Bildu. Precisamente, existe un pacto parlamentario desde diciembre de 2014, sellado por PSOE, Izquierda Plural, PNV, ERC, Coalición Canaria-Nueva Canarias, Amaiur, BNG, Geroa Bai y el propio Equo, en el que se comprometían a clausurar la planta atómica burgalesa en cuanto cambiase la mayoría parlamentaria.

La práctica totalidad de los diputados aludieron a los rumores de que la planta no reabriría por motivos económicos. Uralde también señaló que Garoña es la planta más antigua del parque nuclear español, que en 2011 cumplió 40 años, y que lleva cerrada 3 años «sin que haya habido ningún tipo de problema de abastecimiento energético» porque es «prescindible«, un aspecto que a su juicio «hace dudar de si todo lo que hay detrás de este proceso es reclamar el lucro cesante» de la misma.

Entre otros puntos, ha recordado que la planta atómica es «peligrosa», «está recalentando el Ebro», carece de espacio para almacenar sus residuos radiactivos, y avisa de que su reactor es gemelo al del accidente nuclear de Fukushima. «La industria nuclear experimenta con Garoña para alargar la vida útil de las centrales hasta los 60 años de funcionamiento. Sólo Soria quiere mantenerla abierta, no la quieren tener abierta ni sus propietarios», indicó el parlamentario, señalando también que los municipios de la zona también han reclamado su cierre definitivo, así como los parlamentos vasco, navarro y aragonés.

«Garoña ya cumplió y lleva 4 años sin actividad sin perjuicio para el suministro eléctrico», resaltó también Enrique Bueno, diputado de Ciudadanos, quien apostó por un Pacto de Estado de energía con la participación de todas las fuerzas políticas y agentes económicos. Ese pacto debe apostar por una transición hacia un modelo energético basado en las renovables, en el autoabastecimiento, el ahorro y la eficiencia, añadió el diputado de Ciudadanos, que también recordó las recientes palabras del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, señalando que las centrales nucleares «se cerraban por motivos económicos y no por políticos». Tampoco se mostró partidario de prolongar la vida útil de las instalaciones atómicas más allá de 40 años.

En la misma línea se pronunció la diputada del PSOE, Adriana Lastra, quien subrayó que la energía nuclear de Garoña no es «ni necesaria, ni barata ni garantiza la seguridad«. Esther Peña, diputada del PSOE por Burgos, espera que sea la última vez que se habla de Garoña y que la energía nuclear se vaya sustituyendo por otras energías sostenibles en el futuro modelo energético.

Desde el PNV, Pedro Azpiazu repasó las numerosas iniciativas que se han defendido en la Cámara Baja en favor del cierre de la planta atómica, una central «pequeña», que «está obsoleta» y que es «innecesaria para la generación eléctrica». «Su cierre, aparte de mejorar la seguridad y preservar el medio ambiente, evitaría peligros innecesarios«, apostilló, indicando que el PP vasco también aboga por el cierre de Garoña, pero no el PP en el Gobierno central.

Por parte del PP, el diputado Juan Bravo, ha defendido que sí es necesario un pacto de Estado por la energía, pero no el cierre de Garoña, como solicita la iniciativa. «Somos los únicos” que no apoyan su cierre», reivindicó. Según argumentó, es necesaria la continuidad de la energía nuclear en España dadas las circunstancias económicas actuales y teniendo en cuenta que el país mantiene una dependencia energética exterior del 76%. Además resaltó que la industria nuclear da 30.000 puestos de trabajo en la actualidad y subrayó la importancia de Garoña para la comarca burgalesa en la que se ubica.

«Mientras una nuclear cumpla con los criterios de seguridad, que les sean impuestos por el CSN, no se puede, ni se debe prescindir de ninguna fuente energética, y la nuclear debe continuar con la optimización de los costes energéticos, y favorecer en la emisión cero de gases de efecto invernadero«, añadió. Además, Bravo preguntó a los diputados cómo se va a compensar la pérdida de producción de Garoña, tras su cierre, a pesar de que en su día aportaba el 1,6% de la producción energética.

A su vez, advirtió que favorecer el cierre de las centrales nucleares a sus 40 años de vida útil conllevaría el cierre en 8 años de 5 plantas atómicas, que actualmente aportan el 13% de la producción energética en España, que no se puede obtener de otra forma. También cuestionó de qué manera los otros partidos van a defender si se cierran las nucleares una rebaja de la tarifa eléctrica, un 33% más alta que en Europa según indicó, al tratarse de la fuente de energía con menor coste y que además no realiza emisiones de gases de efecto invernadero.

CCOO pide un plan B

Por su parte, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) llamó a recuperar el Plan de Dinamización de la Economía y el Empleo en la comarca burgalesa de Garoña ante las noticias de posible cierre de la central nuclear, así como la convocatoria del Consejo creado para su seguimiento y que «también fue desactivado«. El sindicato pide el cierre de Garoña por haber sobrepasado «con creces» su período de vida útil y representar «un riesgo para el entorno» y defiende que «debe aprobarse un plan ordenado de cierre de todas las centrales nucleares al cumplir los 40 años de su vida útil».

Para CCOO, los sucesivos cambios de posición respecto a la continuidad de la central nuclear de Garoña «han perjudicado» las perspectivas de empleo para la comarca norteña burgalesa. Según recordó el sindicato, el Plan establecía ayudas para la creación de empresas y la activación económica de unos 100 millones de euros para el periodo 2010-2013 (25 millones por año, 6 en subvenciones directas y 19 en anticipos reembolsables sin interés). El Plan funcionó en 2010, poniendo en marcha 37 proyectos, y en 2011, con otros 17 proyectos, pero el nuevo Gobierno paralizó los fondos para 2012 e interrumpió las inversiones.

El emplazamiento del ATC es “apto” según los informes del CSN, que contemplan soluciones de ingeniería para sortear algunas dificultades

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Europa Press / EFE.- Los informes entregados por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a Transparencia Internacional reflejan dudas sobre la bondad de la ubicación del almacén de residuos nucleares de Villar de Cañas, y proponen una panoplia de soluciones para sortear las dificultades detectadas por el organismo regulador. La difusión de los documentos, enviados a dicha ONG y publicados en la web del CSN en la pestaña «transparencia», se deriva de una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (organismo público independiente).

De hecho, en su respuesta, el CSN considera «fundamental que reciba el conjunto de documentos técnicos que justifican la propuesta de dictamen técnico» que fue aprobada por el pleno del CSN en su reunión de 27 de julio de 2015. Por ello entrega 4 informes más de los exigidos para una correcta comprensión del dictamen técnico. Dicha decisión técnica recoge limitaciones del terreno del ATC de Villar de Cañas y las condiciones y soluciones de ingeniería que se tendrían que imponer a la construcción de dicha instalación para que los requisitos de seguridad nuclear y protección radiológica se cumpliesen según los mejores estándares de seguridad.

En estos informes se concluye con carácter general que los terrenos son aptos para albergar el futuro ATC de residuos atómicos español, pese a que se plantean algunas dudas existentes en materia de la composición profunda de los terrenos o la posible existencia de fallas tectónicas desconocidas porque faltan datos de geología y geomorfología. Esta falta de datos en los estudios que dan lugar a «incertidumbres en aspectos relevantes que sirven de base a otras áreas de conocimiento, como geoquímica, sismicidad, hidrogeología y geotecnia». Así consta en dos informes, uno de la Universidad de Cantabria y otro de la empresa estadounidense URS, que han sido tenidos en cuenta por el CSN en la evaluación del emplazamiento de Villar de Cañas.

Así, un informe de la Universidad de Cantabria subraya que «la capacidad portante del terreno es elevada y su deformabilidad ante la aplicación de cargas es reducida», por lo que la ubicación es «idónea» para construir el ATC. El informe añade que hay que prestar «especial atención» a los detalles constructivos: no hacer sondeos excesivamente profundos si no son indispensables; cementar los sondeos en cuanto sea posible, no recurrir a voladuras para la excavación y cuidar el control del flujo de agua. En todo caso, los ingenieros no han detectado huecos de disolución de yesos y valoran ese hecho como «factor positivo», por lo que ve la solución de diseño envolvente como una precaución adicional.

Asimismo, se concluye que los ensayos realizados sobre el potencial expansivo del terreno son correctos y adecuados y que los ensayos de inundación bajo carga son «especialmente representativos del proceso». Los expertos de la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos valoran como un aspecto «muy positivo» la no presencia de anhidrita. En cambio, reconoce que los terrenos plantean «problemas derivados de la expansividad o de la disolución de yesos», aunque propone como la solución «más eficaz» la elección de soluciones estructurales, geotécnicas y constructivas para reducir el riesgo de modificación de los regímenes existentes de tensiones y de flujo de agua. «Las soluciones de cimentación superficial mediante losas rígidas son muy adecuadas», aconseja.

Las soluciones contrarrestan los inconvenientes

Otro de los documentos, firmado por técnicos del área de ciencias de la tierra del CSN, concluye que no se puede afirmar que el terreno sea idóneo debido a características «desfavorables» como la presencia de materiales yesíferos y arcillas en contacto con el agua. Para autorizar la obra, cree necesario medidas compensatorias que minimicen la posibilidad de acceso de agua al subsuelo, limitando la activación de fenómenos de disolución y expansividad durante la excavación, construcción y operación. También exige, entre otras cuestiones, un plan de vigilancia del terreno con finalidad geotécnica e hidrogeológica, que verifique la eficacia de estas medidas.

Otro informe de evaluación del área de ingeniería mecánica del CSN determina que es aceptable la solución estructural de Enresa para afrontar los posibles riesgos (carácter expansivo de las arcillas y la activación de disolución de yesos). No obstante, pide a Enresa un análisis en detalle de todas sus actividades y un constante control para poder identificar la aparición de procesos de hinchamientos del terreno o de disolución de yesos.

Otro de los informes entregados, elaborado por la ingeniería URS España, con fecha de 29 de julio de 2015, afirma que en los trabajos de Enresa faltan datos o se minusvaloran riesgos. Se dispone de información «insuficiente» sobre la red de fracturación del subsuelo o la posible presencia de rellenos kársticos en profundidad y bajo el río Záncara. En todo caso, URS valora que hay ausencia de tectónica reciente tanto en el emplazamiento como en el entorno, pero subraya que no se puede afirmar que no hay fallas activas en el entorno inmediato y se muestra en desacuerdo con Enresa sobre el riesgo de un seísmo, ya que en su opinión «no es descartable» un terremoto de 5,5 de magnitud.

Tampoco comparte los impactos que Enresa prevé en cuanto a la disolución de minerales en el subsuelo por las aguas subterráneas. Según la estatal, el agua subterránea está en equilibrio con el medio rocoso por lo que los procesos de disolución derivados de la interacción agua roca no pueden generar riesgo de «subsidiencia apreciable», afirmación que la consultora no comparte.

En cuanto a la inundabilidad, este informe de evaluación no plantea problemas relevantes y coincide en que los cálculos de Enresa son adecuados y «suficientes para asegurar la idoneidad del emplazamiento frente al riesgo de inundación». La conclusión es que los terrenos seleccionados están «claramente considerados a salvo de inundaciones«. Respecto al estudio hidrogeológico presentado por Enresa en 2012 estima que «carece del nivel de detalle necesario para dar respuesta a un esquema conceptual de funcionamiento hidrogeológico lo suficientemente sólido que permita elaborar un modelo matemático que simule adecuadamente flujo subterráneo en el medio y pueda emplearse como herramienta predictiva».

De hecho, en materia de hidroquímica, la evaluación de URS advierte de que aunque las aguas saturadas en yeso no tienen en principio capacidad de disolución de este mineral, es probable que en el subsuelo se produzcan, de acuerdo con las simulaciones presentadas, la disolución de otros minerales, con «potenciales efectos sobre las características geotécnicas». Los extensos informes difundidos han formado parte del proceso de decisión en la evaluación del CSN sobre el emplazamiento elegido por el Gobierno el 30 de diciembre de 2011 para albergar el ATC en España.

Transparencia Internacional celebra la publicación de los informes del CSN sobre el ATC aunque denuncia que están «cercenados»

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Europa Press / EFE.- El presidente de Transparencia Internacional, Jesús Lizcano, valoró de forma «positiva» que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) haya entregado los informes sobre la ubicación del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), reclamados por la ONG a través del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, pero lamenta que estos documentos estén «cercenados» con “páginas tachadas en negro» en algunos de ellos.

«Teníamos ciertas dudas de que nos fueran a dar los informes, así que la valoración es positiva», indicó Lizcano, que explicó que el presidente del CSN y la secretaria general se reunieron con ellos para informarles de que los iban a entregar y a publicar algunos más de los solicitados. De este modo, señaló que el regulador ha publicado 4 informes más además de los 2 que, a su juicio, «cuestionaban» el emplazamiento de Villar de Cañas (Cuenca) como lugar adecuado para albergar el ATC, donde se conservarán durante un siglo los residuos de alta actividad y el combustible gastado de las centrales nucleares españolas.

En concreto, ha explicado que han recibido los dos informes que mostraban una «opinión desfavorable» y «para contrarrestar», otros cuatro estudios con soluciones técnicas para solventar los problemas que podría tener la instalación, aunque no estiman el coste económico de estas medidas. «Lo principal es que se ha conseguido que se publiquen estos informes porque tienen un interés social», subrayó. Transparencia Internacional publicará en su página web los informes técnicos sobre el emplazamiento del ATC.

Sin embargo, Lizcano lamenta que en los informes están «tachados todos los documentos que han servido de base» a los autores para llegar a sus conclusiones. «Ese es el mayor inconveniente que hemos visto, porque se ha cercenado la información. En el informe de la ingeniería URS España, uno de los más importantes, hay 8 páginas finales en las que debían aparecer las conclusiones, que han sido tachadas en negro, por lo que creemos que esas circunstancias faltan a la transparencia que se esperaba «, señalaron desde la ONG. También lamenta Lizcano que se haya procedido de la misma forma en el documento de los técnicos del área de Ciencias de la Tierra del CSN.

«Nosotros advertimos que ciertos informes encontraban riesgos para la instalación del ATC en Villar de Cañas», relató Lizcano, que señaló que por este motivo acudieron al CSN «para que nos diera las informaciones al respecto sobre cómo se había elegido Villar de Cañas frente a 8 candidaturas, cuando éste lugar, según informes técnicos hidrológicos aparecía en último lugar«. «En los informes que se habían realizado, y que hasta ahora no teníamos, se desaconsejaba que se ubicara en esa zona porque podía haber elementos radiactivos que perjudicaran a la población», ha señalado. Si había otros criterios, Lizcano argumenta que «queríamos saber cuáles eran, por lo que pedimos al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (organismo público independiente) que nos los remitiera».

España acogerá en mayo la segunda Conferencia Internacional de Reguladores de seguridad nuclear

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Europa Press.- España acogerá del 11 al 13 de mayo la segunda Conferencia Internacional de Reguladores de Seguridad Nuclear, organizada por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA). La conferencia se centrará en la importancia de un organismo regulador independiente y fuerte, los retos nuevos de los reguladores; los eventos de seguridad nuclear; la protección de la información y la confidencialidad; la efectividad de la seguridad; la investigación en seguridad de los reactores; transporte seguro y la cultura de seguridad nuclear.

En diciembre de 2012, la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos acordó realizar la primera conferencia de reguladores nucleares de todo el mundo para analizar el amplio rango de las actividades relevantes para reforzar la aproximación a la seguridad de los reguladores. Cuatro años después, en coordinación con el regulador estadounidense, el regulador español CSN será el encargado de promover la cooperación internacional para avanzar en la cultura de seguridad nuclear. En esta ocasión, el objetivo será reforzar la capacidad de construcción de la seguridad nuclear en todo el mundo y apoyar la implantación de buenas prácticas en este ámbito.

Podemos / Equo exige de nuevo en el Congreso que «nunca más» vuelva a reabrirse la central nuclear de Garoña

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Europa Press.- El portavoz de Equo y diputado de Podemos, Juan López de Uralde, volverá a solicitar el miércoles de esta semana en el Congreso de los Diputados que no se reabra «nunca más» la central nuclear de Garoña. «Consideramos que nunca debe volver a ponerse en marcha», sostiene en la proposición no de ley que defenderá en la Comisión de Industria.

«Ha sido bastante indignante conocer que de repente el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) pone en marcha el proceso de reapertura. Es inaceptable para un Gobierno en funciones», señaló en su día el diputado de Equo. En este sentido, recordó el acuerdo parlamentario sellado en 2014 por PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV, ERC, Coalición Canaria-Nueva Canarias, Amaiur, BNG, Geroa Bai y el propio Equo, en el que se comprometían a clausurar la planta burgalesa en cuanto cambiase la mayoría parlamentaria.

En la iniciativa, Podemos recuerda que Garoña es en la actualidad la central «más antigua» del parque nuclear español, que ha cumplido ya los 40 años de vida, por lo que insiste en que ya es el momento de ser desmantelada. Desde el punto de vista energético, López de Uralde avisa de que la instalación atómica «es innecesaria», tal y como demuestra el hecho de que durante su cierre no ha habido ningún problema de abastecimiento energético. De hecho, alerta de que «presenta graves déficits de seguridad», y es “gemela” al reactor ‘número 1’ de la central japonesa de Fukushima.

«A pesar de llevar cerrada más de dos años, el Gobierno y la empresa propietaria, Nuclenor, están dando pasos para ponerla en marcha nuevamente, anteponiendo con ello el interés económico en el corto plazo a la seguridad de la ciudadanía y del medio ambiente», critica. Es más, defiende que el Ejecutivo está utilizando el caso de la nuclear de Garoña para avanzar en su agenda de alargar la vida de las centrales nucleares hasta 60 años, y por ello plantea alargar 17 años más la vida de la central burgalesa, hasta completar esos 60 años.

«El actual proceso puesto en marcha por el gobierno del PP para reabrir Garoña podría suponer la adopción de decisiones irreversibles desde el punto de vista económico, que supondrían posteriormente un coste a los ciudadanos en el futuro, si la central no se reabre«, sostiene el diputado verde en su iniciativa en relación a las posibles indemnizaciones que podría reclamar la empresa si se decreta el cierre de la planta una vez autorizada su reapertura.

Por ello, Podemos insta al Gobierno al «cierre definitivo» de la nuclear burgalesa, y a continuar con el proceso de desmantelamiento de la planta, en condiciones de seguridad para el medio ambiente y las personas, bajo la supervisión del CSN. Al mismo tiempo, considera que debe elaborarse un plan de reactivación económica de la zona para dinamizar la actividad de la comarca, y con alternativas «productivas, sostenibles, limpias y seguras».

La Comisión Europea aún no ha recibido información sobre la instalación de un almacén ATI de residuos nucleares en Garoña

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Europa Press / EFE.- La Comisión Europea espera recibir información sobre la posible instalación de un almacén temporal individualizado (ATI) de residuos en las instalaciones de la central nuclear de Garoña (Burgos), aunque ha señalado que por el momento no ha recibido ninguna comunicación al respecto. El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, respondió así a la pregunta planteada por la eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao.

La parlamentaria vasca se dirigió al Ejecutivo comunitario para saber si «vistas las deficiencias encontradas en la central», algunas «vinculadas al medio físico donde se encuentra», Bruselas había recibido algún dato en relación a la instalación de un almacén de residuos nucleares. En este sentido, la Comisión ha expresado que espera recibir esta información en virtud del Tratado Euratom, que dispone que deben ser comunicados a Bruselas los proyectos de inversión en el ámbito nuclear.

Asimismo, la eurodiputada preguntó en la cuestión remitida en diciembre si Bruselas considera que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) puede embargar la información referida a la reapertura de esta central, tras declarar “confidenciales” los informes relacionados. Con respecto a este punto, Arias Cañete expone que, tal y como dispone la directiva de Seguridad Nuclear de 2009, los Estados miembros “deben garantizar que la información sobre la seguridad de las instalaciones nucleares sea accesible al público de acuerdo con la legislación nacional y con las disposiciones internacionales, siempre que ello no ponga en peligro otros intereses que, como la protección, estén reconocidos en esas normativas«.

En la misma línea, Cañete ha recordado que esa obligación de información ha sido reforzada con la modificación de la misma directiva, que debe ser transpuesta por España «no después de agosto de 2017». En su pregunta, Bilbao señala que la declaración de confidencialidad impedía a las autoridades locales saber si la resolución de un informe favorable de impacto ambiental para ubicar el almacén de residuos o si el informe favorable sobre la revisión de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas (ETFM) de la actualización de las curvas límite de presión-temperatura de la vasija del reactor «se corresponden con los epígrafes de acción incorporados a las nuevas Instrucciones Técnicas Complementarias que deben completarse para una eventual reapertura de la instalación».

Respecto al plan de acción para Garoña establecido en las Instrucciones Técnicas Complementarias impartidas por el regulador CSN, que es competencia de Bruselas supervisar, la Comisión Europea también ha señalado que espera recibir más información sobre la ejecución de esas Instrucciones «en el informe de situación referente a la aplicación en España de su plan de acción nacional«. De la misma manera, el comisario se remite a una comunicación anterior para recordar que las nuevas Instrucciones Técnicas Complementarias requieren «la plena realización de los epígrafes del plan de acción» como requisito previo «para volver a poner en marcha la instalación».

El 3 de febrero todos los grupos parlamentarios del Congreso, salvo el Partido Popular, registraron en el CSN una carta para pedir al presidente del organismo regulador, Fernando Martí, una moratoria en el proceso de renovación de la licencia de la central nuclear de Garoña, que está parada desde finales de 2012 por decisión de su propietario (Nuclenor, participada al 50% por Endesa e Iberdrola).

La central nuclear de Almaraz trabaja en renovar su licencia tras su «récord absoluto» de producción de electricidad en 2015

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Europa Press / EFE.- El director de la central nuclear de Almaraz, José María Bernaldo de Quirós, señaló que la central trabaja ya en su petición de renovación de la licencia de explotación más allá del año 2020, cuando finaliza la actual. Estas intenciones llegan trasel «récord absoluto» de producción eléctrica registrado en 2015, con 16.705 millones de kilowatios hora generados por las dos unidades de la planta.

De hecho, la producción de la central de Almaraz durante 2015 es la «equivalente al consumo anual de más de 4 millones de hogares», por lo que la instalación cacereña mantiene «un lugar de privilegio en lo que es la generación eléctrica del país, en el primer lugar». Con estas cifras, Almaraz tiene una producción de energía eléctrica bruta acumulada desde mayo de 1981, fecha de la puesta en marcha de la Unidad I, de casi 480.000 millones de kWh,

Bernaldo de Quirós señaló que tras las últimas inversiones realizadas, que cifró en 600 millones de euros en los últimos 10 años, la planta tiene «los deberes cumplidos» y está «adaptada» a la normativa actual. A partir de ahí, la «estrategia» de la central «está orientada en obtener el permiso más allá de los 40 años» de explotación, que se cumplen en 2020, «para ir a los 50 o 60», al igual que 75 centrales nucleares de la misma generación «ahora mismo en Estados Unidos tienen permisos de explotación a 60 años«, apuntó el dirigente.

La planta nuclear cacereña presentará en junio de 2017 el informe con la solicitud de «extensión de la renovación de la autorización de explotación», en el que se hace un «repaso completo» del funcionamiento y actualización de la planta en la última década. A partir de ahí, un año antes de la renovación de la licencia se amplía el informe con los dos últimos años, y «es el que sirve de base para la evaluación técnica» que realiza el Consejo de Seguridad Nuclear, cuya decisión es «vinculante» en el caso de que sea negativa mientras que, si es positiva, será el Ministerio de Industria el que decida a partir de ahí si concede la renovación de la licencia o no.

Por todo ello, y dado que «el próximo gran paso de nuestro futuro es la renovación», Bernaldo de Quirós ha querido «poner en valor lo mucho que aporta la central» que, según los datos que ha aportado, genera 2.900 empleos en Extremadura entre directos, indirectos e inducidos, y ha cifrado en 45 millones de euros la contribución de Almaraz a su entorno. Así, el director de la Central Nuclear de Almaraz calcula que el «impacto negativo» en la economía extremeña del posible cese de la actividad de esta planta sería de 91 millones de euros.

Respecto al funcionamiento de la central nuclear de Almaraz durante el segundo semestre de 2015, Bernaldo de Quirós señaló que la Unidad I generó una producción de energía eléctrica bruta de 8.777 millones de kilowatios hora, mientras que la de la Unidad II ha sido de 7.928 millones de kilowatios hora. La menor producción de la Unidad II se debe a que entre el 1 de junio y el 11 de julio estuvo parada por tareas de recarga, y a partir de ahí, estuvo operando al 100% de potencia hasta el 16 de octubre, cuando se llevó a cabo una parada programada de 3 días para realizar una prueba de operabilidad de un generador diesel.

Por su parte, la Unidad I operó durante todo el semestre, excepto en una parada programa de 5 días que se realizó en octubre para sustituir una válvula de seguridad del presionador, y a finales de noviembre se realizó una reducción de potencia hasta el 10% para reparación de una pérdida de vapor. Respecto a la protección radiológica, el director de la planta señaló que 2015 ha sido «un año muy normal», ya que «la central está en unos niveles de los mejores de su generación», con una dosis total e 572,48 miliSievert por persona. Durante 2015 se registraron dos incidencias técnicas de carácter menor que fueron notificadas al CSN.

Por su parte, el responsable de Relaciones Institucionales de la central nuclear de Almaraz, Aniceto González, explicó que responsables de la planta se han reunido con los alcaldes de la «zona de influencia», quienes se mostraron «tremendamente preocupados» porque se esté cuestionando la «perdurabilidad» de la planta «más allá de 2020». En ese sentido Bernaldo de Quirós señaló que los alcaldes «apoyan como uno solo la continuidad de Almaraz», ya que es «un clamor entre todos ellos que la instalación debe seguir y están unidos en eso», por lo que éste es «el mejor apoyo» que la planta puede tener.

Ecologistas en Acción critica que España “no ha aprendido la lección del accidente nuclear de Fukushima” un lustro después

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Europa Press / Servimedia.- Ecologistas en Acción cree que España no ha aprendido las lecciones del accidente de Fukushima Daiichi, cuando se cumplen 5 años de la tragedia de un terremoto al que siguió un tsunami que provocó la «catástrofe» en la central nuclear japonesa. Con motivo del aniversario, la ONG ha anunciado que plantará un cerezo, un árbol sagrado japonés, por cada año transcurrido desde el accidente en varios puntos de España para mostrar su solidaridad con los afectados y las víctimas del accidente.

El portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, ha recordado que el tsunami destrozó los sistemas de refrigeración y de alimentación eléctrica de las centrales: se produjeron tres grandes explosiones de hidrógeno en los reactores 1, 2 y 3, y un incendio en la piscina del reactor número 4. Además asegura que la situación «sigue sin controlarse» y de hecho no se puede entrar en los reactores que están fundidos total o parcialmente por la alta radiactividad. Además, Castejón añade que «lo más probable» es que se tendrán que construir sarcófagos para cubrir los reactores e impedir las emisiones.

Igualmente, denuncia que la descontaminación que el Gobierno de Japón realiza para permitir que la población pueda volver a sus casas resulta «insuficiente» porque el nivel de tasa de dosis radiactiva permitida es de 20 milisievert al año (mSv/año) que es «un nivel demasiado alto». En concreto, expone que los límites para el personal profesionalmente expuesto son 50 mSv/año, con un máximo de 100 mSv en cinco años pero advierte de que la población general no cobra peligrosidad ni está sometida a controles médicos, así como de las dosis recibidas, a diferencia de las personas trabajadoras de la industria nuclear.

Asimismo, apunta que se ha renunciado a descontaminar las zonas boscosas en las que se encontraron puntos calientes con más actividad que ese límite radiactivo. Por ello, alerta de que las incidencias de la radiactividad sobre la mortalidad y la salud de los habitantes de la zona se verán en toda su intensidad en un par de décadas. Hasta el momento, el número de cánceres de tiroides en los 300.000 niños de la prefectura de Fukushima aumentó sustancialmente y se multiplicó por un número que oscila entre el 15 y el 50, según diferentes cálculos.

Entre los retos principales, Castejón señala que, en estos 5 años, el principal problema ha sido luchar contra la constante fuga de agua radiactiva al mar, un hecho traumático para un país como Japón que se vuelca en la pesca y donde es muy común el consumo de algas. Según datos de universidades niponas, el coste del accidente supera los 80.000 millones de euros y el protocolo de París, que regula las indemnizaciones a realizar por los propietarios de las centrales, ha fijado el techo de entre 750 y 1.200 millones de euros, lo que a su juicio «resulta irrisorio».

El portavoz de Ecologistas lamenta que en España no se han aprendido las lecciones de Fukushima ya que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) todavía se está planteando la reapertura de la central de Santa María de Garoña (Burgos) que «es idéntica» al reactor número 1 de Fukushima, que empezó a funcionar en 1971. «Los planes de emergencia nucleares no se han reformulado todavía para tener en cuenta las lecciones de aquel accidente y las llamadas pruebas de estrés no han sido suficientemente rigurosas», insiste.

Castejón destaca también que el accidente de Fukushima ha introducido una nueva variable, los sucesos externos a las plantas que no se pueden prever, por lo que la seguridad nuclear no se puede garantizar al 100%. Por ello, considera que dada la «incertidumbre y el riesgo, lo más sensato es proceder al cierre escalonado de las centrales nucleares, sobre todo teniendo en cuenta que existen alternativas más limpias y seguras».

El CSN tiene 15 días para entregar a Transparencia Internacional 2 informes que podrían cuestionar el emplazamiento del ATC

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Europa Press / EFE.- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tiene 15 días hábiles para entregar a la ONG Transparencia Internacional copia de 2 informes sobre la idoneidad y condiciones del emplazamiento elegido para albergar el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos radiactivos de alta actividad y combustible gastado en Villar de Cañas (Cuenca). Así consta en una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que estimó parcialmente las reclamaciones de esta ONG para acceder a una información que considera relevante para los ciudadanos.

Concretamente, la resolución, adelantada por el diario El País, insta al regulador nuclear a remitir en 15 días hábiles al presidente de Transparencia Internacional, Jesús Lizcano, varios informes. Se trata del informe del propio organismo regulador, de carácter geotécnico e hidrógeológico sobre la idoneidad y condiciones de seguridad del emplazamiento elegido para el ATC y que hayan servido para adoptar la propuesta de dictamen técnico. Además, le insta a remitir a la ONG copia del informe presentado por la consultora americana URS sobre las condiciones de terreno y emplazamiento del ATC en Villar de Cañas.

El Consejo de Transparencia desestima sin embargo otras peticiones al CSN, como el informe sobre la adjudicación del emplazamiento, una nota informativa de los técnicos de Ciencias de la Tierra del regulador sobre el sitio elegido, otro informe presentado por los geólogos sobre las condiciones de los terrenos, así como otro documento sobre la aprobación del emplazamiento, teniendo en cuenta el informe desfavorable de los geólogos del propio organismo. Igualmente, desestima la solicitud de Transparencia Internacional para que el regulador le entregue información sobre la cuantía del proyecto al entender que habrá un sobrecoste, pues entiende que el ámbito económico no es competencia del CSN.

No existe una obligación legal

Mientras, el presidente de Transparencia Internacional, Jesús Lizcano, explicó que hace meses pidieron información al regulador para conocer los criterios por los que se había elegido Villar de Cañas para albergar el ATC, a tenor de informaciones que apuntaban a la falta de idoneidad del sitio elegido para albergar los residuos radiactivos de las centrales por los riesgos de contaminación y afectación de la salud pública. Lizcano considera que esta información puede ser relevante y de interés para los ciudadanos por lo que ahora espera que en el plazo de 15 días el regulador le remita estos informes porque «aunque no hay una obligación legal, es un organismo oficial nombrado por el Parlamento», según subrayó.

Fuentes del Consejo de Transparencia indicaron que el portal estudia y responde todas las solicitudes al ser su cometido velar por la transparencia de las instituciones. Lizcano ha indicado que son informes que «desaconsejan este emplazamiento, tal y como veremos cuando se hagan públicos«. Aunque los informes todavía no obran en poder de Transparencia Internacional, Lizcano ha garantizado que en el momento que los tengan su asociación los hará públicos porque «consideramos que algo como esto es de interés social».