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Técnicos del CSN alertan sobre una posible rebaja «encubierta» de los requisitos de seguridad para la central nuclear de Garoña

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Europa Press / EFE.- La Asociación Profesional de Técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (ASTECSN) denuncia que los propietarios de la central nuclear de Garoña, ubicada en Burgos, no han adoptado las medidas necesarias para «mejorar la seguridad» de la planta, por lo que ha advertido de que el CSN ha dado su visto bueno a la reapertura de la central sin que previamente se lleven a cabo dichas mejoras, lo que a su juicio es una «exención encubierta» del cumplimiento de dichos requisitos.

Los técnicos de seguridad nuclear adscritos a la ASTECSN recuerdan que el CSN ya reclamó a los propietarios de la central nuclear una revisión del diseño de la planta, así como la implantación de determinadas modificaciones para actualizar su nivel de seguridad. Entre las medidas que pidió que adoptaran se encuentra la creación de nuevo sistema de tratamiento de gases, la separación física de cables eléctricos, la protección contra la caída del techo del edificio de la turbina, y el aislamiento de la contención primaria.

La ASTECSN asegura que el CSN advirtió de que dichas modificaciones deberían estar implantadas «como condición previa» para la emisión del preceptivo informe favorable a la renovación del permiso de actividad para la central, según se indicó a los propietarios de Garoña en abril de 2015. Estos técnicos denuncian que «esta instalación no ha realizado estas modificaciones necesarias requeridas para mejorar su nivel de seguridad». En estas circunstancias consideran que el dictamen favorable a la explotación «supone un cambio de criterio del que se desconocen sus fundamentos y supone de facto una exención encubierta al cumplimiento de los requisitos previos».

Los técnicos han advertido de que el dictamen sobre la continuidad de explotación de una central nuclear «debe necesariamente tener en cuenta el resultado final de la implantación de unas mejoras de naturaleza compleja y que, por tanto, pueden conllevar desviaciones respecto a lo inicialmente previsto». La ASTECSN considera que dictaminar sobre el nivel de seguridad de Garoña en las condiciones actuales «supone hacerlo sin disponer de la información necesaria».

Por otra parte, ha recordado que en la actualidad todas las centrales españolas «están obligadas» a realizar cada 10 años una ‘Revisión Periódica de Seguridad’ (RPS), siguiendo las pautas establecidas en la Guía de Seguridad 1.10 (GS-1.10) del CSN. Esta guía contiene normativa compartida a nivel europeo y avalada por el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA). En ella, se asocia la RPS con las solicitudes de renovación de las licencias de explotación, como garantía previa para la emisión de informe favorable sobre la renovación, para que el diseño de las plantas nucleares se actualice a la «mejor tecnología disponible», adecuándose a los avances de conocimiento, tecnológicos y normativos.

Por todo ello, la ASTECSN esgrime que la aplicación de la GS-1.10 «supone una salvaguarda de que las inversiones económicas para actualizar las plantas nucleares son acordes al nivel de riesgo que se considera aceptable en cada momento». Esta asociación denuncia que el CSN está preparando una revisión de la GS-1.10 a petición de UNESA, la patronal de las eléctricas, desvinculando los plazos de la RPS con los del propio permiso, «eliminando así la condición previa» de realizar una RPS para el informe favorable a un permiso de explotación, que forzaba a concederlos por un máximo de 10 años, y que con la modificación podrán ser establecido por el Gobierno.

Los técnicos han indicado que esta revisión de la GS-1.10 no está aprobada todavía, pero han advertido de que «podría ser aplicada por el CSN para la emisión de su informe favorable sobre Garoña, sin conocerse los fundamentos de este cambio de criterio». La ASTECSN ha asegurado que emitir un dictamen técnico sin aplicar la mencionada Guía de Seguridad, ni conocer el resultado de la implantación de las modificaciones de diseño requeridas, «supone asumir unos riesgos de forma no justificada y sin el conocimiento ni la aceptación de la sociedad».

Frente a esta «falta de transparencia», ha reclamado un debate en el que «el regulador explique públicamente su posición y justifique, en su caso, la necesidad de modificar estos requisitos». La asociación ha lamentado que el trabajo realizado en el CSN se ha desarrollado internamente a través de un expediente de evaluación «de acceso restringido incluso para los propios evaluadores, que impide la discusión necesaria para alcanzar el mejor resultado».

Además, han destacado la «gran incertidumbre» causada por los mensajes «contradictorios» de los sucesivos gobiernos y de la empresa propietaria de la central sobre su continuidad. «Antes de evaluar con escenarios inciertos, dedicando recursos que se detraen de otras actividades de supervisión, debería producirse un muy necesario debate técnico público sobre la extensión de vida de nuestras plantas nucleares», han manifestado. La asociación ha denunciado que «la toma de decisiones precipitadas, sin haber implantado todas las modificaciones solicitadas, sin un debate previo sobre la extensión de vida de las centrales nucleares, pone en entredicho la credibilidad del CSN como institución responsable de la defensa de los principios de la seguridad nuclear y la protección radiológica».

El aval a la reapertura de Garoña, punta de lanza para operar las nucleares hasta los 60 años de funcionamiento

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EFE.- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) avaló la reapertura de la central de Garoña (Burgos) si cumple con ciertas condiciones, dando vía libre al Gobierno para que pueda autorizar a la planta a operar hasta los 60 años, hecho sin precedentes hasta ahora en España.

Garoña es una planta nuclear sin clausurar, actualmente en situación de parada segura, y es la más antigua de España. Opera desde 1970 con un reactor de agua en ebullición fabricado por la compañía estadounidense General Electric, similar al de la central de Fukushima, accidentada tras el tsunami que devastó la costa de Japón, y está operada por la empresa Nuclenor (participada por las compañías eléctricas Endesa e Iberdrola). El accidente ocurrido en Fukushima en 2011 motivó una exhaustiva revisión de las medidas de seguridad en las plantas europeas que concluyó con exigentes requerimientos para Garoña por parte del máximo órgano regulador de la seguridad nuclear en España, el CSN.

Ante la fiscalidad introducida por el Gobierno, Nuclenor decidió parar la central en diciembre de 2012, para a continuación solicitar poder operarla hasta el año 2031, de manera que le compensase la inversión requerida en seguridad, que cifran en varios cientos de millones de euros varios expertos consultados. A raíz de esa petición para conectar Garoña a la red hasta 2031, el Ministerio de Industria encargó al CSN que dictaminara si la central estaba en condiciones de abrir, y en caso afirmativo qué inversiones en medidas adicionales de seguridad tendría que ejecutar para hacerlo. 167 informes técnicos mediante, el dictamen del CSN avaló la reapertura de Garoña siempre y cuando Nuclenor lleve a cabo las inversiones que se le exigen.

No obstante, la resolución favorable del CSN es preceptiva, pero no vinculante y, por tanto, no supone la autorización, que es un trámite que corresponderá al Ministerio de Energía. De producirse esa autorización la decisión final sobre la reapertura de Garoña estará en manos de Endesa e Iberdrola, pero el Ejecutivo habría sentado precedente, ya que sería la primera vez que se diera el visto bueno para que un reactor nuclear siga conectado a la red hasta los 60 años. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha mostrado sus dudas respecto a la continuidad de las operaciones de Garoña mientras que los responsables de Endesa serían favorables a reabrirla.

Hasta ahora, el tiempo máximo que había permanecido conectada a la red una planta nuclear en España eran los 37 años de la ya clausurada Zorita (Guadalajara), que funcionó entre 1969, siendo la primera que funcionó en España, y 2006. Una autorización para Garoña implicaría, también por primera vez, desligar las revisiones integrales de seguridad que ejecuta el CSN cada 10 años de las autorizaciones, lo cual supone que la autorización no está condicionada a ella, como ocurría hasta ahora.

El dictamen favorable a la reapertura de Garoña ha abierto un debate político a varios frentes. Por un lado entre comunidades autónomas, ya que mientras el Gobierno de Castilla y León está a favor de reabrir, el del País Vasco ha reclamado al Gobierno que no dé la autorización. Una mayoría parlamentaria, entre la que se encuentran PSOE, Podemos y Ciudadanos pidió por carta al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que no autorizara la reanudación de operaciones de Garoña hasta que no hubiera un debate de fondo sobre el alargamiento de la vida de las nucleares hasta los 60 años.

Las organizaciones Greenpeace y Ecologistas en Acción exigen a esos partidos que hagan valer su compromiso y no permitan la reapertura de Garoña. Atentos a la resolución definitiva sobre Garoña  aguardan atentamente otras cinco centrales nucleares que en los próximos cinco años deberán pedir autorización si quieren seguir operando más allá de los 40 años. La siguiente en hacerlo sería la de Almaraz, en Cáceres.

El Gobierno propone al Congreso nombrar a Manuel Rodríguez Martí como secretario general del CSN

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Europa Press.- El Consejo de Ministros acordó proponer al Congreso de los Diputados el nombramiento de Manuel Rodríguez Martí como secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), una propuesta que fue aprobada en el pleno del regulador. Manuel Rodríguez Martí es ingeniero industrial nacido en febrero de 1959 y es funcionario de la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica. Rodríguez se incorporó al CSN en 1985, donde ha ocupado diversos puestos técnicos y desde 2013 es subdirector de Instalaciones Nucleares del organismo.

El CSN volverá a abordar este miércoles la decisión sobre la reapertura de Garoña tras el aplazamiento pedido por Narbona

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Europa Press / EFE.- El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) acordó aplazar a este miércoles la «toma de decisión» respecto a la viabilidad de que la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) pudiera volver a conectarse a la red eléctrica y su licencia se renueve hasta el año 2031, cuando cumpla 60 años de funcionamiento, según solicitó su titular, Nuclenor (empresa participada por Endesa e Iberdrola). El aplazamiento fue pedido por la consejera Cristina Narbona, según fuentes del regulador atómico.

El asunto estaba en el orden del día para «toma de decisión» pero, según el artículo 34 del Estatuto del CSN, cualquier consejero podrá solicitar aplazar la deliberación sobre algún asunto concreto hasta la próxima sesión. El presidente puede denegar la petición cuando el asunto haya sido tratado ya en dos sesiones anteriores por lo que, como mucho, la decisión definitiva puede darse esta semana o la próxima, pues el pleno puede pedir un máximo de dos aplazamientos. Así, el CSN indicó que aún «no ha adoptado decisión alguna» respecto a estos expedientes pues se aplazó «el debate y toma de decisión», de modo que el pleno proseguirá este miércoles con el estudio y toma en consideración de estos expedientes.

La petición de Nuclenor es de operar la central hasta 2031 y, por tanto, no lo condiciona a que la planta supere la revisión correspondiente cada 10 años, hecho hasta ahora sin precedentes. No obstante, el visto bueno del CSN no implicará la autorización para operar, que tendrá que determinar el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital una vez reciba la resolución del CSN. De conseguir esa autorización, Endesa e Iberdrola deberán decidir si les compensa ejecutar las inversiones requeridas para reabrir la planta.

Los consejeros han «analizado en detalle» los «diferentes» expedientes administrativos asociados al proceso de renovación de la autorización de explotación de la central nuclear de Garoña. La renovación de la central nuclear de Garoña comenzó a ser debatida el 25 de enero en el pleno del CSN. Si bien, los consejeros tenían ya a su disposición para estudiar la documentación relativa al expediente de la central desde el pasado diciembre.

Se trata de 167 informes realizados por técnicos de 16 áreas del regulador en los que se han empleado 30.000 horas. Todo indica que la conclusión será favorable a la reapertura siempre y cuando Nuclenor ejecute un buen número de costosas inversiones para que la planta burgalesa funcione de manera segura. La documentación incluye también 20 actas de inspección y 23 actas de reunión que soportan las evaluaciones realizadas en el expediente administrativo que corresponde a la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la planta burgalesa, que dejó de producir electricidad en diciembre de 2012, algo más de siete meses antes de que expirase su licencia, el 6 de julio de 2013.

En concreto, el trabajo de los técnicos a lo largo de 30.000 horas ha incluido el análisis de la Revisión Periódica de la Seguridad (RPS), relativa al intervalo de tiempo comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2012. En ella se revisó la experiencia operativa propia y ajena, la experiencia relativa al impacto radiológico, los cambios en reglamentación y normativa, el análisis del comportamiento de equipos, las modificaciones de la instalación, el análisis Probabilista de la Seguridad (APS), los programas de evaluación y mejora de la seguridad, el control de la configuración de la central y el programa de vigilancia y control hidrogeológico.

De acuerdo con la nueva normativa, el CSN tiene que analizar el cumplimiento del titular en la RPS y la que esté condicionada a una selección previa por parte del regulador. También apunta que Nuclenor debe realizar un estudio de las mejoras que podría tener que realizar, lo que se conoce como Normativa de Aplicación Condicionada (NAC), para actualizar el conjunto de normas que constituyen la base de licencia de Garoña. En ese contexto, el CSN identificó en el proceso de evaluación varios ejemplos en la normativa internacional en materia de guías de seguimiento para evaluar interferencias en evaluaciones electromagnéticas y de radiofrecuencia relacionadas con la seguridad; la cualificación de la seguridad del cableado o los residuos radiactivos, entre otras.

El 2 de junio de 2014, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo solicitó un informe preceptivo al CSN según lo previsto en el artículo 28.1 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, que había sido modificado el año anterior. El 30 de julio de 2014, el CSN acordó remitir al titular de la central la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) de referencia CSN/ITC/SG/SMG/14/01, sobre la documentación y requisitos adicionales para la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear Santa María de Garoña.

Asimismo, el regulador destaca que en la evaluación se han analizado las propuestas de los Documentos Oficiales de Explotación, que acompañan a la solicitud de la renovación de la Autorización de explotación y las posteriores revisiones remitidas por el titular, como resultado del proceso evaluador realizado. En concreto se trata del Estudio de Seguridad, las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas, el Plan de Emergencia Interior, el Manual de Garantía de Calidad, el Manual de Protección Radiológica, el Plan de Gestión de Residuos Radiactivos y Combustible Gastado, y el Plan de Protección Física de la central.

Respecto a la autorización de protección física, el CSN señala que la autorización se otorgará «en su caso, por el mismo plazo de validez» por el que se conceda la autorización de explotación. En cuanto a la evaluación de la revisión del Plan de Protección Física, se presentó como soporte a la solicitud de renovación de la autorización de protección física e incluye la incorporación del Almacén Temporal Individualizado (ATI).

El pleno ha examinado también las evaluaciones realizadas sobre modificaciones de diseño de la central para las que se ha establecido un proceso de licencia específico, como un nuevo Sistema de Tratamiento de Gases de Reserva (SBGTS), que fue requerida como una condición derivada del proceso de la revisión de la normativa de aplicación condicionada (NAC) en el informe que emitió el CSN en 2009 y que figura en el punto 20 de la ITC/14.01.

En este expediente, el CSN evaluó también las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas (ETFM) y del Estudio de Seguridad (ES) asociadas a esta modificación de diseño. En concreto, Garoña deberá construir un nuevo edificio con muros de hormigón armado de clase sísmica 1 que alberga este sistema de tratamiento de gases y un montaje del sistema de reserva de tratamiento de gases. Del mismo modo, Nuclenor tendrá que instalar un sistema de ventilación clasificado como «no relacionado con la seguridad» e instalar los servicios auxiliares.

También se abordó «como expediente específico», la sustitución del cableado eléctrico y la reubicación en un nuevo edifico de un centro de control de motores y panel de control del sistema de inyección al reactor de agua a alta presión (HPCI). Entre otros asuntos relativos a Garoña figuraba también la apreciación favorable a la puesta en servicio parcial de las modificaciones de diseño sobre la división eléctrica y del programa favorable de las modificaciones post-Fukushima, que incluye implantar el Centro Alternativo de Gestión de Emergencias (CAGE), de un Sistema de Venteo Filtrado de Contención (SVFC) y la implantación de los Recombinadores pasivos autocatalíticos de Hidrógeno (PAR). El CSN requirió que este programa deberá completarse “antes de la carga de combustible».

Los técnicos del CSN dedican 30.000 horas y 167 informes para evaluar la reapertura de la central nuclear de Garoña

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Europa Press.- Ecologistas en Acción considera que sería una «acción insensata» reabrir la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) que es una «antigualla» y cuya solicitud para renovar su licencia de explotación hasta 2031 ha comenzado a estudiar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), cuyos consejeros han recibido «todos» los documentos técnicos elaborados durante 30.000 horas por 16 áreas del organismo regulador para que decidan sobre la renovación de la licencia de operación solicitada por Nuclenor, su titular, en 2014.

En total, el material que tendrán que estudiar se compone por 167 informes de evaluación, 20 actas de inspección y 23 actas de reunión que soportan las evaluaciones realizadas en el expediente administrativo que corresponde a la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la planta burgalesa, que dejó de producir electricidad en diciembre de 2012, algo más de 7 meses antes de que expirase su licencia, el 6 de julio de 2013. El informe del CSN es preceptivo, vinculante en caso de ser desfavorable, y en caso de ser favorable correspondería decidir al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (Minetad). Fuentes del CSN estiman que el estudio y análisis de la documentación se prolongará algunas semanas.

Además, añade que los miembros del pleno han recibido información «detallada» sobre el proceso de evaluación que se ha realizado en el marco del expediente de renovación de la autorización de explotación, así como del estado actual de la central. En concreto, esto incluye las evaluaciones realizadas para la prórroga de la autorización de protección física y la correspondiente revisión del Plan de Protección Física; la autorización de modificación de diseño correspondiente al funcionamiento de un nuevo sistema de reserva de tratamiento de gases y la aprobación de las propuestas de revisión, de los documentos oficiales de la licencia, el Estudio de Seguridad (ES) y las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas (ETFM) de la central.

También incluye las evaluaciones relativas a las modificaciones de diseño sobre independencia de sistemas eléctricos; los programas de implantación de los requisitos de las Instrucciones Técnicas Complementarias emitidas por el CSN. Estos requisitos no se incluyeron en la instrucción técnica complementaria (ITC) que se emitió para la adaptación de la central a su actual situación de cese de explotación. El 30 de julio de 2014, pocos meses después de la solicitud presentada por Nuclenor para que la central nuclear vuelva a operar hasta 2031, 17 años más, el pleno del CSN acordó emitir una ITC complementaria, la documentación y los requisitos adicionales respecto a la solicitud de renovar Garoña hasta los 60 años de edad.

«Acción insensata» reabrir esa «antigualla»

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, señaló que «previsiblemente» el organismo regulador emitirá un informe «favorable» sobre la reapertura de la central, algo que para la ONG muestra la «falta de rigor» en el CSN que, en su opinión, «nunca debió aceptar» una solicitud de reapertura por 17 años, hasta que la planta llegue a los 60 años de edad. Además, indicó que se calcula que el periodo antes de que tomen una decisión puede pasar «ampliamente de un mes o incluso más del doble».

Garoña comenzó a funcionar en 1971 y dejó de producir electricidad en diciembre de 2012, cuando descargó su combustible por motivos económicos. Para Ecologistas en Acción, la central tiene un «largo historial de incidentes graves para la seguridad», entre los que ha destacado la corrosión de elementos clave del circuito primario, como el barrilete o las penetraciones de las barras de control. Asimismo, advierte de las «condiciones de seguridad deplorables» que presenta la central pero denuncia que el Gobierno del PP junto con la «falta de rigor» del CSN han convertido la continuidad de la central en una «cuestión política», más allá de las intenciones de Endesa e Iberdrola, accionistas al 50% de Nuclenor, la propietaria de la central nuclear.

La ONG denuncia que para «facilitar» la cuestión, primero el CSN abrió un periodo de prórroga que Nuclenor dejó pasar y que después modificó el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) «a la medida de Garoña». Por otro lado, Ecologistas calcula que para poner a punto la central se necesitarán inversiones que pueden pasar de 150 millones, sin que supongan garantizar la seguridad y recuerda que el presidente de Iberdrola manifestó su «nulo interés» en reabrirla. «El Gobierno del PP y el CSN quedarían en evidencia por haber retorcido los reglamentos para reabrir una central en la que sus propietarios no están interesados», advierte.

Permiso hasta los 60 años

Castejón da por hecho que el informe del CSN sobre la renovación de la licencia de operación de Garoña será favorable pero con numerosas condiciones y esto sentará «dos graves precedentes válidos» para el resto del parque nuclear español. Se trata de un permiso de 17 años, el más largo concedido a una central nuclear en España y supondrá una autorización para operar hasta los 60 años y considera que el actual mercado eléctrico español las centrales nucleares son un enorme negocio para sus explotadores, que cobran el kWh tres y cuatro veces más de lo que les cuesta producirlo, obteniendo unos beneficios de miles de millones de euros anuales.

«El riesgo de mantener Garoña en funcionamiento es inaceptable. Se trata de una peligrosa antigualla situada en la cabecera del río Ebro y un accidente con fuga al río afectaría a numerosos ecosistemas, huertas, industrias y poblaciones de las comunidades de Castilla y León, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña. Además, la nube radiactiva llegaría con toda probabilidad al País Vasco. Lo más sensato es proceder al cese de explotación definitivo«, ha sentenciado. En este contexto, ha apuntado también a la falta de transparencia del organismo regulador tanto en este expediente como en otras cuestiones, como por ejemplo en la decisión del ATC. «Tendremos que pedirlos a través del portal de la Transparencia», señaló Castejón.

El Gobierno vasco rechaza reabrir Garoña mientras que Equo pide a PSOE y Ciudadanos que impidan su reapertura

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EFE.- El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, reiteró la postura «claramente contraria» de las instituciones vascas a la reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos), ante la posibilidad de que el Consejo de Seguridad Nuclear avale que la planta vuelva a estar operativa con la incorporación de algunas mejoras de seguridad. Por su parte, el partido ecologista Equo, integrado en Unidos Podemos, emplazó al PSOE y a Ciudadanos a que «cumplan su compromiso» e impidan la «aberrante» reapertura de la nuclear.

El coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, criticó duramente el informe del Consejo de Seguridad Nuclear que a su juicio «avala» la reapertura de esta central ubicada a 40 kilómetros de Vitoria. Según López de Uralde, ese informe es «una decisión 100% política, impulsada por el PP, que controla el pleno del CSN y que lleva años rebajando los requerimientos de las centrales nucleares para poder permitir alargar su funcionamiento a costa de la seguridad y del medio ambiente».

Además, ha alertado de que con Garoña se quiere sentar un precedente y abrir el camino «para alargar la vida del resto de las centrales nucleares» ya que «ni siquiera se establecen plazos para su cierre», algo que nunca había ocurrido. «¿Hasta cuándo van a mantenerla abierta, hasta que explote? Es aberrante», ha declarado López de Uralde. Por ello, ha pedido al PSOE y a Ciudadanos que cumplan su compromiso y «hagan valer su condición de socios» para exigir al PP el cierre de Garoña «como reclama la mayoría parlamentaria».

Ha destacado que el PP está poniendo en manos de Nuclenor un «herramienta muy poderosa», el lucro cesante, que obligará a toda la ciudadanía a pagar a Nuclenor, participada al 50% por Iberdrola y Endesa, en caso de que Garoña no se abra. «Las nucleares están en la fase final de su vida y las eléctricas quieren exprimir los beneficios», algo que está siendo facilitado por el PP, según Uralde.

Para evitarlo, el diputado ha presentado en el Congreso una Proposición de No Ley que plantea el cierre progresivo de las centrales nucleares a medida que sus permisos de explotación caduquen. El calendario de cierre que plantea es que Garoña no se reabra, que se cierre Almaraz en 2020, Vandellós en 2020, Ascó en 2021, Cofrentes también en 2021 y por último Trillo en 2024. Por su parte, la asociación ecologista Eguzki ha alertado de que reabrir Garoña supondría «un riesgo inasumible dadas la graves deficiencias, accidentes y catástrofes que se han producido en supuestos similares», como en Fukushima (Japón), que albergaba una central «gemela».

Bildu reclama una respuesta «contundente»

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu, Mikel Otero, ha reclamado una «respuesta clara, contundente y eficaz» a nivel político, institucional y social ante la posible reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña en Burgos.Otero se ha pronunciado de este modo ante el último informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, al parecer, avala la reapertura de la planta a condición de que se realicen algunas mejoras de seguridad.

El representante de la coalición soberanista ha explicado que el próximo jueves Bildu pondrá sobre la mesa en el Parlamento del País Vasco varias propuestas para «pasar de los hechos a la acción» en esta cuestión.Otero ha recordado que en la Cámara vasca se va debatir en el pleno una propuesta del PSOE que Bildu ha enmendado con el objetivo de que lo que se apruebe «no sea la enésima declaración institucional que se quede en un papel mojado«.

«Es momento para pasar de las palabras a los hechos y tomar medidas desde diferentes ámbitos», ha recalcado el parlamentario de EH Bildu que ha añadido que su grupo defenderá en el pleno algunas medidas que podrían tomarse para impedir legalmente la reapertura de Garoña y rechazar la energía nuclear como fuente.Así ha dicho que van a solicitar la despolitización del CSN, que su director, Fernando Marti, sea cesado y que se retiren del comité asesor de este organismo los miembros que tiene el Gobierno Vasco, entre otras cuestiones.

Castilla y León considera que el sistema eléctrico necesita de Garoña, central nuclear cuya reapertura empieza a evaluarse este miércoles

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EFE / Europa Press.- El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) comenzará este miércoles a estudiar el informe técnico sobre la renovación de la licencia de explotación de la central nuclear de Garoña (Burgos) hasta los 60 años de su vida útil. Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, considera que Garoña es una planta «necesaria para la producción energética» y cree que si el CSN renueva la licencia de explotación sería una buena noticia.

Pero lo primero, según ha insistido Herrera, es la seguridad de las instalaciones, las personas y el medio ambiente, por lo que ha recordado que la Junta considera «imprescindible» el visto bueno del CSN. En este sentido, Herrera ha indicado que con la actual situación energética, «España no puede permitirse ningún tipo de frivolidad entorno a la garantía de los suministros energéticos. Herrera ha insistido en que «España debe blindar su suministro energético» y ha criticado la falta de planificación del Gobierno central respecto al consumo de carbón autóctono en las centrales térmicas. Por último, Herrera ha destacado que una posible continuidad de Garoña, tendría una buena repercusión en el empleo del entorno de la zona de Miranda de Ebro.

Arranca debate en el CSN

El pleno de este miércoles tiene uncarácter meramente «informativo» y de momento no se tomarán decisiones al respecto debido a que el informe remitido a los técnicos es «voluminoso», hay mucho material que estudiar y el resultado puede demorarse semanas. El CSN, máximo responsable en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, debe elaborar un informe con los requisitos necesarios para la reanudación de Garoña, en parada desde diciembre de 2012 por decisión de sus propietarios (Nuclenor, participada al 50% por Iberdrola y Endesa). El informe tiene carácter preceptivo y vinculante; si es negativo obligaría al cierre de la planta, y si es positivo dejaría la decisión última en manos del Ministerio de Energía.

Según fuentes del Consejo, la decisión sobre Garoña «no se prevé fácil y requerirá semanas para su resolución». Se trata de una cuestión de gran densidad con muchos condicionantes asociados para Nuclenor, la empresa propietaria de la central, y, en cualquier caso, se tratará de un dictamen técnico, tras el cual el Gobierno tendrá la última decisión sobre la reapertura o no de la planta. Según diversas fuentes, la decisión técnica sería finalmente favorable, si bien con un elevado número y muy exigentes de condicionantes técnicos e inversiones para los propietarios en materia de seguridad. Aún con ese dictamen y la eventual aprobación de Energía, la empresa podría finalmente declinar la reapertura de la planta.

Paco Castejón, ingeniero nuclear y miembro de Ecologistas en Acción, recuerda que los miembros del pleno tienen la facultad de pedir un aplazamiento de la decisión por lo que ésta posiblemente no podría adoptarse este miércoles. El proceso podría llevar «varias semanas o meses», ya que tanto el presidente como los consejeros pueden solicitar hasta dos aplazamientos. A su juicio, el informe resultante del pleno será «positivo condicionado», es decir, el CSN autorizará el funcionamiento de la central de Garoña con una serie de condiciones que Nuclenor deberá aceptar para que se ponga en funcionamiento.

Entre las condiciones, Castejón matizó que existen una batería de cambios a introducir en la central antes de su puesta en marcha, entre las que resaltó el cambio de cientos de kilómetros de cables o la torre de enfriamiento que la Confederación Hidrográfica del Ebro impone para la reapertura de Garoña así como aspectos como la autorización de explotación, las medidas de seguridad física o medidas a raíz de las pruebas de resistencia post-Fukushima. Además destacó los precedentes que sentaría en el parque nuclear español la puesta en funcionamiento de una central, que actualmente se encuentra en unas condiciones «deleznables».

Podemos y el Foro Extremeño Antinuclear (FEAN) rechazan la construcción del ATI sin el compromiso de cerrar Almaraz

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EFE.- Al mismo tiempo que el Foro Extremeño Antinuclear (FEAN) mostró su «absoluto rechazo» a la decisión del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de dar luz verde al proyecto de construcción del Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central nuclear de Almaraz (CNA), en la provincia de Cáceres, el grupo parlamentario Podemos Extremadura rechaza que esta instalación no venga acompañada del compromiso de cerrar la central.

Pide el cierre en 2020

Podemos asegura acoger con inquietud la aprobación de la construcción del ATI en Almaraz, ya que la nueva instalación podría traer aparejada la decisión de prolongar la vida de esta planta. En esa misma línea, insiste en considerar perjudicial que la decisión de comenzar las obras de este almacén en enero no llegue acompañada del compromiso de cierre de la central nuclear de Almaraz. Por ello, el Grupo Parlamentario Podemos Extremadura insiste en pedir el cierre de la planta cacereña cuando expire la actual licencia de explotación, en 2020. Además, solicita al presidente del Gobierno regional, Guillermo Fernández Vara, y al Ejecutivo central más información.

Seguridad de instalaciones, “en riesgo”

FEAN ha denunciado que el único objetivo de este proyecto es «alargar la vida» de las centrales más allá de los 40 años que garantizan «una cierta seguridad«. El colectivo ha explicado que el proyecto prevé que el ATI entre en funcionamiento en 2018, a dos años del cierre definitivo de la Unidad 1 de la central nuclear cacereña, previsto para 2020. «Es por ello que desde FEAN vemos una clara intención de mantener la central nuclear en funcionamiento», aseveraron.

El Foro Extremeño Antinuclear ha recordado que ha denunciado en reiteradas ocasiones que Almaraz sufre «graves problemas técnicos, que de forma reiterada se ocultan a la ciudadanía». FEAN también asegura que la construcción del ATI «es una maniobra económica, ya que estas plantas están amortizadas y a partir de aquí todo son beneficios para sus propietarios». El foro ha criticado también la «connivencia» del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y ha asegurado que los cambios normativos introducidos «van a facilitar la flexibilización de los protocolos de seguridad». «Un accidente nuclear en Almaraz, pone en riesgo la vida en Extremadura y zonas limítrofes, también en Portugal, por lo que un gobierno responsable no puede olvidar el conflicto transfronterizo«, concluyó el FEAN.

La central nuclear de Vandellós II se mantiene estable tras una parada no programada de su reactor

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EFE / Europa Press.- La nuclear de Vandellós II (Tarragona) ha sufrido una parada no programada en el reactor durante el proceso de rodaje de la turbina y se mantiene en condiciones estables, según el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). La parada, que se produjo tras finalizar la recarga número 21, se ha debido a una señal de «alto flujo neutrónico» en el reactor, ocasionada por la pérdida de la alimentación eléctrica en uno de los armarios del sistema de protección «por la actuación de un fusible».

Los sistemas han actuado según lo previsto en el diseño y los procedimientos establecidos. El reactor se mantiene en condiciones estables, parado y con la temperatura y presión necesaria para volver a reanudar su conexión a la red y operar a plena potencia. El Consejo ha asegurado que se están investigando las posibles causas que han provocado el problema del fusible. El suceso no ha tenido ningún impacto en la seguridad de los trabajadores, ni en el público ni en el medio ambiente. La incidencia se ha clasificado provisionalmente con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).

Nuevo secretario general del CSN

Por otro lado, el CSN ha propuesto al Gobierno y al Congreso al subdirector de instalaciones radiactivas, Mariano Rodríguez, como secretario general del organismo regulador, una vez que María Luisa Rodríguez, solicitó su cese «por motivos personales», según lo previsto en el Estatuto del regulador, y aseguró que esta decisión es «en todo compatible con la satisfacción de haber podido contribuir, en la medida de las competencias del cargo, en la misión del CSN en defensa de la seguridad nuclear y la protección radiológica. En ese contexto, los miembros del pleno le agradecieron su dedicación y esfuerzo, de modo que una vez aceptado, el cese se elevará al Gobierno a través del Ministerio de Energía.

Además, en la reunión se convino la necesidad de abrir el debate para nombrar al sucesor de María Luisa Rodríguez y se plantearon diferentes alternativas, que según indicaron fuentes del CSN, fueron cuatro candidatos distintos entre los funcionarios del organismo. Tras un debate del pleno, finalmente se ha propuesto por unanimidad como candidato a ocupar la secretaría general a Manuel Rodríguez Martí, el actual subdirector de Instalaciones Nucleares en la dirección técnica de seguridad nuclear.

El nombramiento de Rodríguez Martí ha sido trasladado al Ministro de Energía, para su valoración y, si lo estima oportuno, elevar la propuesta al Consejo de Ministros. De ser aprobado el nombramiento, se dará traslado al Congreso de los Diputados para su visto bueno definitivo tras comprobar su idoneidad como alto cargo y la ausencia de conflicto de intereses, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley de 2015 reguladora del ejercicio de Alto Cargo de la Administración General del Estado, en el que de manera específica se establece el procedimiento en el caso de la Secretaría General de un organismo regulador estatal, como es el caso del CSN.

Según indicaron fuentes del CSN, Manuel Rodríguez Martí es un ingeniero industrial nacido en 1959 que se incorporó al organismo regulador casi desde su fundación en 1980. Como técnico ha ocupado cargos en el ámbito de protección radiológica y seguridad nuclear; ha sido jefe de proyecto de la central nuclear de Trillo (Guadalajara); jefe de Gabinete del departamento que antiguamente aglutinaba seguridad nuclear y protección radiológica. Posteriormente y en la actualidad es el subdirector de Instalaciones Radiactivas. Desde el regulador han valorado su dilatada experiencia en todos los ámbitos relacionados con las tareas del CSN.

Discrepancias entre consejeros del CSN sobre las revisiones periódicas de la seguridad en las centrales nucleares

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Europa Press / EFE.- La revisión de la Guía de Seguridad del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha motivado discrepancias entre dos de los consejeros del órgano regulador, Cristina Narbona y Fernando Castelló, según consta en la explicación de su abstención y apoyo en las actas del último pleno de noviembre. Narbona justifica su abstención ya que no le parece bien que el CSN plantee «disociar» la revisión periódica de seguridad de las centrales, que se realiza cada diez años, del periodo de renovación de autorización para operar.

Narbona admite que la actualización responde «sin duda» a una mejora de la seguridad, de acuerdo con el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) pero considera que los «importantes» requerimientos deberían incorporarse a una instrucción de seguridad vinculante. Según manifiesta Narbona «en la memoria que acompaña el borrador no hay ningún argumento que justifique la disociación de las Revisiones del tiempo de explotación de la central», siendo el plazo de 10 años de máximo en ambos casos. Narbona considera que el hecho de que la evaluación de seguridad y concesión de autorización para operar vayan acompasadas es una práctica «consolidada» en España y está en consonancia con el OIEA.

Narbona señala que la asociación entre las revisiones y las autorizaciones de explotación fue resultado de numerosas y prolongadas deliberaciones del pleno durante 1999, tal y como se reflejó en las actas cuando por primera vez se concedió a Garoña una autorización de explotación por diez años. Por ello, cuestiona que «sin que haya mediado ningún debate en profundidad», la mayoría del pleno acepte disociar las revisiones del periodo de renovación de la autorización de explotación, «contraviniendo así una buena práctica consolidada en España» en materia de seguridad nuclear y radiológica sin que exista ningún argumento técnico que lo recomiende».

La consejera critica que «la única referencia» en la que se basa el CSN para disociar ambos periodos son los comentarios internos recibidos de una reunión mantenida entre altos técnicos de este órgano y Unesa, en la que la patronal eléctrica propone la eliminación de la referencia a los diez años «por no ser coherente con el proceso de renovación de la autorización a la central de Garoña». El CSN está ultimando el informe sobre la solicitud de la renovación de Garoña para 17 años, cerca del doble de lo habitual hasta ahora. De ser favorable, la central, en caso de que sea autorizada por el Gobierno, sería la primera planta en España que alcanza los 60 años (en 2031).

Por su parte, el consejero Castelló considera que «el análisis de la revisión periódica de seguridad es garantía razonable de que en el periodo siguiente de operación, las condiciones de seguridad se seguirán manteniendo». Castelló subraya que la guía sigue recogiendo que «conviene la realización de una revisión de seguridad de al menos cada 10 años, independientemente del periodo por el cual el Ministerio otorgue la renovación de la autorización de explotación». Agrega el consejero que en el caso de Garoña, «la aplicación de los requisitos a la instalación no se altera ya que la instrucción del CSN sobre requisitos de seguridad para la gestión del envejecimiento y la operación a largo plazo de las centrales nucleares está en vigor».

Ambos consejeros mantuvieron otro desencuentro en el pleno a raíz de la propuesta presentada por Narbona para que antes de decidir la prolongación de la vida útil de las centrales hasta los 60 años, se monte una comisión de expertos internacionales que analicen las implicaciones de esta medida en todos los ámbitos, especialmente en el económico por la mayor generación de residuos. Además, ha pedido una Comisión asesora ad hoc que asesore técnicamente sobre Garoña. Castelló responde a la propuesta que el CSN «no está para hacer política energética», ya que eso le corresponde al Ministerio de Energía. El CSN está actualmente integrado por cinco consejeros, tres de los cuales fueron propuestos por el PP y dos por el PSOE.

Una vez expuesta su propuesta, el consejero Javier Dies Llovera ha reprochado a Narbona que su propuesta es «similar» a la formulada por Ecologistas en Acción y Greenpeace en el Comité Asesor. En ese sentido, subrayó que al CSN «le toca» centrarse en la seguridad nuclear y la protección radiológica para incrementar su eficacia de gestión y recordó que en el pasado un ministro de Industria creó una mesa de debate sobre energía nuclear parecido al propuesto ahora por Narbona.