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El Gobierno escuchará las propuestas de los diferentes partidos políticos antes de tomar su decisión sobre Garoña

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Europa Press.- El Gobierno está dispuesto a escuchar la posición de los distintos grupo políticos acerca de la central nuclear de Santa María de Garoña antes de tomar su decisión sobre la reapertura de esta instalación, para lo que dispone de un plazo de seis meses desde la publicación del informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), según fuentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Energía considera que en el caso de Garoña se plantea el debate de establecer si la decisión ha de restringirse al caso particular de la central y tener un contenido técnico o si debe contemplarse de forma más amplia y tener en cuenta las posiciones políticas. «Garoña es el primer peldaño de un debate en el que se debe ver si se tomará una decisión singular, central a central, o general», indican las fuentes, antes de considerar que la resolución la ha de emitir un Gobierno en minoría y que «no es bueno» tomar decisiones sobre política energética que no tengan continuidad en el tiempo.

En todo caso, desde Energía niegan que el Gobierno quiera usar el posible cierre de Garoña como moneda de cambio para lograr el apoyo del PNV a los Presupuestos del Estado y se muestran expectantes ante la posible presentación por parte del PSOE de una proposición de ley sobre el cierre de la central. Una ley sobre un caso único, advierten, no se puede realizar.

En el caso de Garoña, ven «interesante ver las alegaciones para encuadrar el debate» acerca del futuro del parque nuclear español. La posición del Ejecutivo al respecto pasa por defender la importancia de todas las tecnologías del mix y parte de la premisa de que cerrar las nucleares puede encarecer un 25% la electricidad. Para Energía, Garoña será el «telonero» de las decisiones sobre la continuidad de las nucleares, que se podrían plantear en la actual legislatura, indican las fuentes. La decisión sobre la renovación de la licencia de Almaraz ha de tomarse en 2020.

Los técnicos críticos del CSN piden aumentar los debates públicos y la transparencia para una mayor confianza en el regulador

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Europa Press.- La presidenta de la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad y Protección Radiológica (ASTECSN), Nieves Sánchez Guitián, pidió en el Congreso más debates públicos y más transparencia en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para «avanzar hacia un regulador que funcione y que genere confianza». «No se trata de repartir cuotas entre partidos. Se trata de cambiar completamente el esquema de trabajo, contaminado de clientelismo, y fortalecerlo desterrando la politización, y apoyando realmente los méritos y capacidades», señaló Sánchez Guitián.

Sánchez Guitián criticó el nombramiento de consejeros del CSN como Javier Dies (PP), del que destacó que fue «impuesto» por el Gobierno «sin haber recibido el respaldo del Parlamento». A su juicio, hay que «aplicar correctamente la ley evitando interpretaciones perversas que permitan que un consejero sea nombrado sin contar con el apoyo de la mayoría cualificada requerida». Además, reclama un pleno con autocrítica y en permanente revisión interna. Para la presidenta de ASTECSN, el hecho de que en 2013 se celebrasen 42 reuniones del pleno y en 2016 esta cifra haya disminuido a 29 no parece indicar que se vaya en la dirección correcta.

En este sentido, ha denunciado un «ambiente interno de represalias y donde se promueve un concepto erróneo de lealtad» en el CSN, lo que, a su juicio, lleva a tener «técnicos sin motivación que no buscan mejorar sus prácticas de trabajo, sus debates y su formación». También en este aspecto, Sánchez Guitián denuncia falta de transparencia, una situación que, según ha apuntado, genera una «cultura del miedo» hacia los técnicos y especialistas, con el fin de promover una «desregulación encubierta» que facilite la reapertura de Garoña o el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares.

El CSN avaló la reapertura de la central de Garoña, ubicada en Burgos pero muy próxima a Euskadi, si sus propietarios (Endesa e Iberdrola) realizaban algunas mejoras en la seguridad de las instalaciones. Tras el respaldo del CSN, la decisión definitiva de permitir o no la reapertura de la planta corresponde al Gobierno central. Sánchez Guitián advirtió de que «nunca las evaluaciones técnicas deben plantearse como excusa de decisiones políticas». Por ese motivo, afirmó que «nunca se debería emitir un informe favorable para una autorización de explotación cuando se incluyen condiciones imprescindibles para poner en marcha el reactor». El permiso para la reapertura «solo debería darse si ya se han realizado las modificaciones exigibles«, señaló.

La asociación también critica que el pleno del CSN, constituido por tres consejeros designados a instancias del PP y dos propuestos por el PSOE, «no entra en materia técnica» a la hora de adoptar sus decisiones, y que a los inspectores residentes «se les ha impedido hablar directamente con los técnicos especialistas». Además, censura que el pleno del CSN «no establece líneas estratégicas y no marca hojas de ruta en cuestiones relevantes»; y que «no debate siempre sobre los criterios a aplicar», ni «resuelve discrepancias».

El PSOE propone en el Congreso una ley para evitar la reapertura de centrales nucleares que hayan cesado su actividad

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Europa Press.- La portavoz socialista de Energía en el Congreso, Pilar Lucio, ha registrado una proposición de ley para impedir la reapertura de centrales nucleares cuando haya sido acordado su cese definitivo, tal y como podría ocurrir con la central nuclear de Garoña (Burgos), tras el informe favorable a su reapertura del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

«El objetivo de esta iniciativa es impedir que pueda acordarse la autorización de explotación, o su renovación, de una central nuclear, cuando previamente ha sido acordado su cese definitivo, con independencia de las razones que hubieran motivado dicho cese«, explicó Lucio. Para ello, los socialistas plantean declarar nulas, también, las autorizaciones que pudieran haber sido acordadas antes de la entrada en vigor de esta ley.

Lucio recuerda que Garoña se convirtió en 2006 en la central nuclear en activo «más antigua de España». También ha explicado que es una planta de primera generación, de tecnología similar a la de los reactores de Doel en Bélgica y de Fukushima en Japón, y «ha quedado obsoleta por su tecnología y por la duración de su ciclo de vida, lo que la convertiría en una central de alto riesgo si volviera a operar».

Por ello, Lucio cree que «esta central ha cumplido su ciclo de vida útil y ya está amortizada». «En el momento actual, no tiene ninguna lógica su reapertura desde el punto de vista de la garantía del suministro y de los posibles riesgos para la seguridad. Por el contrario, es necesario que la empresa propietaria de la central ponga en marcha los trabajos de desmantelamiento de la misma», ha concluido.

Podemos presentó otra proposición de ley para que las plantas nucleares se vayan cerrando a medida que expiren sus licencias de actividad y que no se concedan más. De ahí que el texto de la formación morada exija al Gobierno la elaboración, en un plazo de seis meses desde la aprobación de la ley, de un plan nacional para la clausura de las centrales nucleares.

El presidente del CSN destaca la «profesionalidad», «independencia» y «neutralidad» en el proceso de evaluación de la reapertura de Garoña

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Europa Press.- El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Marti Scharfhausen, ha dejado «constancia» del «agradecimiento» al cuerpo técnico por el desempeño de su trabajo y la «profesionalidad con la que ha tratado todo el proceso«, desde 2006, con las solicitudes de renovación de la licencia de explotación de la central nuclear de Garoña (Burgos).

Martí también quiso «dejar constancia» de la «independencia» del proceso de evaluación y de la «neutralidad» en las conclusiones alcanzadas, que han debatido «todos los aspectos evaluados» y según el presidente, «como consta en la propuesta de dictamen técnico elevada a pleno, sin discrepancias internas». Así consta en el acta del pleno en el que se emitió un dictamen favorable, por 4 votos a favor y 1 en contra, a la renovación de la explotación de la central burgalesa que su titular, Nuclenor, pidió hasta 2031, cuando la planta llegue a sus 60 años. Además, ha insistido en expresar que el pleno compartió el «sentido y el posicionamiento» de las propuestas de las Direcciones Técnicas.

Asimismo, insiste en «resaltar» que, en todo el proceso, cuando el cuerpo técnico ha modificado criterios lo hizo «para elevar las exigencias a la central«. Martí ha puesto de ejemplo cuando en 2015 el pleno consideró conveniente que Nuclenor efectuara la inspección del 100% de las penetraciones de los accionadores de las barras de control, mientras que la propuesta del titular, revisada al alza por la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear proponía un porcentaje inferior.

Más allá de las consideraciones del presidente del regulador nuclear, el acta refleja las deliberaciones del pleno. Por ejemplo, señala que la Revisión Periódica de la Seguridad (RPS) 2008-2012 va acompañada de revisiones aplicables de documentos oficiales de explotación; la revisión del análisis probabilista de seguridad (APS); un análisis de envejecimiento de la central; un análisis de la experiencia de explotación durante la autorización de explotación que se pretende renovar; un análisis del cumplimiento de los límites y condiciones establecidos en el Anexo de la Orden ITC/1785/2009 y del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas Complementarias asociadas y, finalmente, el programa de inversiones y modificaciones de diseño asociadas a las mejoras derivadas de las lecciones aprendidas del accidente de Fukushima Dai-Chii.

El acta recuerda también que el pleno acordó emitir una instrucción técnica complementaria sobre documentación y requisitos adicionales en relación a la solicitud de renovación. Así, señala que en cumplimiento de los planes derivados de la revisión periódica de seguridad, de la normativa de aplicación condicionada y de la citada ITC-14.01, y afirma que Nuclenor ya realizó las mejoras en la central que «deberán completarse de acuerdo con los establecido en los límites y condiciones anexos”. El acta expone que el CSN votó a favor de informar favorablemente al Gobierno sobre la renovación de la autorización de explotación y establece 10 límites y condiciones, 8 generales y 2 especiales, así como 15 Instrucciones Técnicas Complementarias.

Foro Nuclear alerta en el Congreso del futuro incierto que supondría el cierre prematuro de las centrales nucleares

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Europa Press.- Foro Nuclear ha alertado en el Congreso del futuro incierto que supondría, para ciudadanos y empresas, el cierre prematuro de las centrales nucleares. A su juicio, esta decisión llevaría al país a un escenario «lleno de interrogantes e incertidumbres» que va «en contra de las prioridades y de los intereses» de la sociedad. Así se pronunció el presidente de la entidad, Antonio Cornadó, ante la ponencia encargada del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en la Cámara Baja.

Cornadó ha defendido la necesidad de la energía nuclear dentro del mix eléctrico actual. «Durante el año 2016, la energía eléctrica neta producida por el parque nuclear español fue de 56.095 GWh, lo que representó el 21,38% del total de la producción eléctrica del país, convirtiéndose, por sexto año consecutivo, en la primera fuente de producción de electricidad», ha señalado. A su juicio, las centrales nucleares son seguras y están adecuadamente supervisadas por el organismo regulador, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Así, Cornadó ha señalado que la industria de este sector está «capacitada» y es «tecnológica» y está «preparada para contribuir y afrontar los retos del futuro» como puede ser la transición energética hacia una economía baja en carbono.

«Todo este proceso, en el que ya estamos inmersos, tiene mayores garantías de éxito con la continuidad del parque nuclear, siempre en condiciones de seguridad», insistió el presidente de Foro Nuclear, para quien es importante un acuerdo entre los actores implicados «que dé certidumbre y estabilidad a un sector clave» para España. Así, llamó a «dejar de lado los posicionamientos ideológicos y despejar de incógnitas» un horizonte que, en su opinión, es favorable a las inversiones necesarias y a la continuidad de los proyectos empresariales.

Rajoy y Nadal aseguran que no se tomarán «decisiones políticas» sobre Garoña y defienden la profesionalidad del CSN

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Europa Press.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no se ha pronunciado sobre si reabrirá o no la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), alegando que tiene 6 meses antes de tomar la decisión. En este sentido, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha asegurado que el Gobierno no tomará «decisiones irresponsables» ni «políticas» sobre Garoña y ha defendido la profesionalidad de los miembros del consejo y técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en la elaboración del informe sobre la planta.

La diputada socialista burgalesa, Esther Peña, acusó al PP de «no decir la verdad» sobre este tema «jugando» con los trabajadores de Garoña y con la comarca a la que, según ha recordado, les prometieron un plan de recuperación de empleo que siguen esperando «desde hace 5 años». Del mismo modo, señaló que la planta «no es segura» tal y como, a su juicio, demuestra el informe del CSN en el que se piden inversiones de seguridad a la empresa que gestiona Garoña, Nuclenor, y apunta que el PP busca con esta reapertura lanzar un «globo sonda» para mantener las centrales nucleares en España y favorecer a las compañías eléctricas.

En este sentido, el ministro acusó al PSOE de «querer sacrificar a los trabajadores y a la comarca» para «hacer política y llevarse votos» y ha indicado que su departamento no tomará decisiones «por motivos ideológicos» ni se precipitará en la toma de decisiones sobre un tema de seguridad. «Todas las decisiones las vamos a tomar de manera sosegada«, insistió. Nadal valoró positivamente que el PP esté «abriendo un proceso de audiencia pública» antes de tomar una decisión «para que todo el mundo opine» y rechazó las declaraciones del coportavoz de Equo, Juan López de Uralde asegurando que toda la comunidad social y política está en contra de la reapertura.

«No es igual la opinión de los trabajadores, de las empresas, de la Junta de Castilla y León y del Gobierno vasco, de las diputaciones», ha apuntado el titular de Energía, que también ha señalado que se escuchará a las asociaciones ecologistas. «Es de recibo que todo el mundo reciba la información», afirmó. Uralde reprochó a Nadal que el trámite que va a llevar a cabo el Ejecutivo se inicie pidiendo su opinión a la empresa dueña de Garoña cuando «se está jugando la seguridad de las personas y con el medio ambiente» al reabrir una central «obsoleta» y que «no aporta ni un kilovatio a la red», por lo que «no tiene impacto en el precio de la luz«.

Del mismo modo, ha dudado de la imparcialidad del CSN al hacer el informe sobre la reapertura. Uralde denunció que hace años se le impusieron a la central unas inversiones para poder renovar su actividad, y ahora, sin que se hayan llevado a cabo las reformas, se pronuncie a favor de la reapertura. En este sentido, recordó que la mayoría de los miembros del CSN fueron propuestos por el PP. «Me preocupa que dude de la independencia del CSN», ha reconocido Nadal. ¿Piensa que los técnicos no son profesionales y no cuidan la seguridad nuclear del país?, cuestionó el ministro, que reivindicó que éstos son «los más reputados de Europa».

Rajoy escuchará “a los interesados”

Por su parte, el presidente del Gobierno señaló que antes de tomar una decisión deben cumplirse algunos trámites, entre ellos, que el Ejecutivo escuche «a todos los que tengan interés» en este tema. Así respondió Rajoy a la pregunta formulada por el portavoz del PNV, Aitor Esteban, acerca de las intenciones del presidente sobre la reapertura de Garoña. Esteban le recordó que «la posición mayoritaria», tanto social como política, es favorable al cierre y mostró su temor de que el PP ponga en marcha la central y que luego sea apagada por una decisión posterior, teniendo que pagar los costes que eso conlleva los ciudadanos.

El portavoz nacionalista ha destacado que Garoña es la planta más antigua de España, que su reactor es del mismo tipo del de la central de Fukushima (Japón)y supone «simplemente el 0,4% de la potencia instalada en España» y no llega al 6% de la potencia nuclear en el país. «Esto no va a abaratar el precio de la electricidad, ni mucho menos, es una central vieja y tiene riesgos, no le vemos ningún sentido», ha destacado en su discurso.

«Entiendo sus argumentos y sus razonamientos pero soy el presidente y tengo que cumplir los trámites que dice la ley», ha insistido Rajoy, quien ha apuntado que primero es Nuclenor, la empresa gestora de la planta, quien debe pronunciarse y después el Gobierno comenzará la ronda de contactos. Además, ha precisado, después de que el Ejecutivo tome una decisión, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) también tendrá algo que decir.

«En todo caso les escucharemos a ustedes y todas las instituciones que han manifestado su intereses» sobre este tema, ha asegurado el presidente que ha destacado que sí hay instituciones favorables a la reapertura de Garoña, como la Junta de Castilla y León. Del mismo modo, Rajoy ha defendido su actitud, que ha calificado como las «más prudente, razonable y sensata», de «estudiar a fondo» los razonamientos de unos y de otros» antes de tomar una decisión. «Intentaremos tomar la mejor decisión en defensa de los intereses de todos», concluyó.

Greenpeace pide al Congreso que asegure la independencia del CSN mientras AMAC defiende alargar el funcionamiento de las centrales nucleares

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Europa Press.- La Asociación de Municipios en Áreas con Centrales nucleares (AMAC) ha defendido en el Congreso de los Diputados el alargamiento de la vida de las centrales nucleares y ha criticado que «todo el mundo tome decisiones y opine» sobre el futuro de estas plantas «sin tener en cuenta a la población que hay detrás». Por su parte, Greenpeace pidió en el Congreso que se asegure la independencia y transparencia del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

La portavoz de la organización sobre temas nucleares, Raquel Montón, reivindicó en su comparecencia, ante la ponencia encargada de las relaciones con el CSN en la Cámara Baja, la misión del regulador, así como la necesidad de que sea independiente y transparente para garantizar la seguridad nuclear del país. Además, ha reclamado el poder legislativo como garante del buen funcionamiento del organismo. La organización ecologista considera que la independencia del regulador nuclear está en riesgo debido a las dudas sobre la imparcialidad de su presidente, Fernando Martí, que era secretario de Estado de Energía cuando fue elegido, un cargo directamente relacionado con las instalaciones nucleares, y en concreto con Garoña.

Asimismo, la organización ecologista reivindicó que los partidos políticos exijan responsabilidades ante lo que consideran «una nefasta gestión» de este organismo y del Gobierno en relación a la central nuclear de Garoña. Para Greenpeace ha quedado demostrado el tratamiento «escandaloso» que se está llevando con esta central nuclear ya que el CSN «pone en riesgo la seguridad nuclear con el informe emitido» para la reapertura. Greenpeace considera que para 2017, el CSN tendrá que afrontar el desmantelamiento de Garoña, así como la actualización del Plan de Gestión de Residuos Radiactivos, y el proceso de Almaraz (Cáceres), “cuyo cierre progresivo deberá ser planificado próximamente para evitar un nuevo fiasco como el que está sucediendo con Garoña”.

Los municipios sí quieren nuclear

Sin embargo, desde AMAC lo tienen claro. «Para nosotros es nuestra fábrica, de kilovatios, pero una fábrica, nos da trabajo», reivindicó el gerente de AMAC, Mariano Vila D’Adabal, que denunció que el cierre de estas plantas dejan «pueblos abandonados sin ningún plan de desarrollo alternativo de actividad económica», un reto para las corporaciones municipales porque «el Estado no asume» esta nueva situación. «Si nadie hace nada puede convertirse en una depresión económica importante» señaló el también alcalde de Vic (Tarragona).

Durante la comparecencia, el gerente también abordó la construcción de los Almacenes Temporales Individuales (ATI) de residuos nucleares y que, según ha indicado, suponen «una política de hechos consumados que no es pactada con los municipios y que éstos están asumiendo» sin que así constara en el Plan General de Residuos. «Esto ha ocurrido por el retraso en la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC)», prevista en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca), apuntó el gerente de AMAC, quien representa a las más de 70.000 personas que pueblan áreas próximas a las centrales nucleares.

La Diputación de Álava pide una reunión con el ministro de Energía para trasladarle su postura contraria a reabrir Garoña

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Europa Press.- La Diputación de Álava solicitó una reunión con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, para trasladarle la postura del territorio alavés en relación a la posible reapertura de la central nuclear de Garoña, según anunció el diputado foral, Ramiro González. Ya tuvo lugar una conversación de gabinetes para encontrar una manera para poder encajar las agendas y que la reunión sea «lo más próxima posible».

Este anuncio se conoce después de la moción aprobada por el Ayuntamiento de Vitoria en la que todos los grupos políticos, excepto el PP, rechazaron la reapertura de la central, que se suma a las ya realizadas por la Diputación Foral, Juntas Generales de Álava y ayuntamientos del territorio. González considera que en este asunto Álava debía formar parte del procedimiento administrativo y dar su opinión técnica con datos, «pero se nos ha impedido». Por ello, espera que esta reunión sirva para poder trasladar la postura acordada por las instituciones.

Comparecencias en Castilla y León

Por su parte, el portavoz de Medio Ambiente del grupo parlamentario socialista en las Cortes de Castilla y León, Luis Aceves, y la procuradora por Burgos, Virginia Jiménez, han presentado la solicitud de comparecencias del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Fermando Martí, del ministro de Energía, Álvaro Nadal, y, posteriormente, de la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, para explicar la posible prórroga de la vida útil de Garoña.

Para Aceves la decisión de reabrir la nuclear es un asunto «de capital importancia» para esta comunidad autónoma y, más en concreto, para los vecinos de Burgos, por lo que ha considerado necesario conocer de primera mano las causas que han motivado las decisiones sobre la prórroga de la central para que los grupos manifiesten su posición.Así, el procurador socialista ha dejado claro que la postura del PSOE es contraria a la reapertura de Garoña, por lo que ha abogado por abrir un debate «social, económico y político» en torno a este asunto, ya que «se abre la puerta a permitir a todas las centrales 60 años de vida».

José Luis Aceves ha insistido en que desde el PSOE se apuesta por las «renovables» y ha avanzado que con la decisión de Garoña está «en juego» el «futuro del sistema energético español». No obstante, criticó que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no citara a Castilla y León cuando habló del pulsar las opiniones para determinar una solución final sobre la central, por lo que ha recomendado al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que le regale un mapa de la Comunidad para que sepa «dónde está Garoña».

Por su parte, la procuradora socialista Virginia Jiménez ha asegurado, sin olvidar la relevancia que ha tenido la central en la zona, que la presencia de la nuclear ha sido un «freno constante» a la puesta en marcha de otras actividades económicas en la zona, tras lo que lamenta que se hayan perdido «cinco años» desde su cierre en 2012 para impulsar el norte de Burgos.Jiménez ha acusado al PP de poner «palos en las ruedas» en cuanto a la implantación de energías renovables, tras lo que ha exigido que se inicie el proceso de desmantelamiento de la central.

Rajoy plantea escuchar a «todo aquel que quiera opinar» sobre Garoña y saber si Nuclenor quiere hacer efectiva la reapertura

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Europa Press / EFE.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está a la espera de conocer las opiniones de «todo aquel que quiera opinar» respecto a la solicitud de renovación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y cree que es “muy importante” saber «si las empresas propietarias están de acuerdo en abrir, o no», respecto a la solicitud de Nuclenor de renovar la licencia de explotación de Garoña hasta el año 2031, cuando la planta alcance 60 años de edad.

Nuclenor, el titular del reactor burgalés es una sociedad participada al 50% por Endesa e Iberdrola. Además, Rajoy aseguró que, antes de la decisión final, ya ha solicitado manifestar su opinión a la Diputación Foral de Álava, el Gobierno Vasco, Navarra, La Rioja «y algunos más». Finalmente, confirmó que el Gobierno no tiene aún «decisión tomada» y que aún tiene un plazo «de 6 meses para resolver” si da definitivamente o no luz verde a la reapertura de la central.

Decisión del Ministerio de Energía

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) decidió por 4 votos favorables y uno en contra avalar la operatividad de esta planta hasta 2031 siempre que Nuclenor cumpla un decálogo preciso de medidas de seguridad para garantizar su buen funcionamiento. El Ministerio de Energía es el encargado de decidir si concede o no esa autorización para que la central vuelva a conectarse a la red y por cuánto tiempo, según el presidente del CSN, Fernando Martí, una vez finalizado el pleno de su organismo.

Fuentes del departamento encabezado por Álvaro Nadal aseguraron que durante los próximos meses habrá «contacto y diálogo» con todos los agentes implicados en el futuro de Garoña y, especialmente, con empresas, comunidades autónomas y organizaciones ecologistas. Aún en el caso de que la central recibiera el permiso definitivo para recuperar su operatividad y volver a producir electricidad, no podría hacerlo de inmediato, ya que primero sería necesario garantizar los requerimientos de seguridad, cuyo coste dijeron desconocer los consejeros del CSN. El futuro de Garoña es especialmente importante para la gestión de la energía nuclear en España ya que sienta precedente para que una central de este tipo pueda operar más allá de los 40 años.

Exigen ceses en el CSN

Por otro lado, el pleno del Ayuntamiento de Vitoria aprobó una moción en la que se exige el cierre definitivo de Garoña y el cese del presidente del CSN, Fernando Martí, organismo regulador que considera necesario «despolitizar«. El texto ha salido adelante con los votos favorables del PNV (5) y PSOE (4), EH Bildu (6), Podemos (2) e Irabazi (1) y el rechazo del PP.

En la moción se reclama además que se inicien «de inmediato» los trámites para «desmantelar» Garoña y se pide al Gobierno Vasco que inste a sus dos representantes en el comité asesor del CSN a «defender» el criterio del Ayuntamiento de Vitoria. Asimismo, se solicita a los servicios jurídicos municipales que «estudien» la posibilidad de acudir «a cuantas instancias judiciales sea posible» si el gobierno central finalmente autoriza la reapertura de la planta. El PP ha intentado sin éxito la aprobación de una moción alternativa que los grupos han rechazado por «escasa» y «quedarse corta».

Facua ve «escandalosa» la decisión

Por otra parte, Facua considera «escandaloso» que el CSN «se vaya a saltar» los requisitos que ellos mismos habían exigido para la central de Garoña (Burgos) y que ahora autoricen o den luz verde a su reapertura. La asociación considera que la supuesta independencia del organismo «queda ahora en entredicho» y «lamentablemente, todo apunta a que el Gobierno va a proceder a saltarse la voz del Congreso, donde mayoritariamente los grupos de la oposición rechazan la reapertura de las nucleares».

A juicio de Facua, el CSN ha tomado esta decisión de permitir la reapertura de Garoña «saltándose sus propios requisitos», una decisión que a su juicio «pone por encima los intereses de las eléctricas de la seguridad de los ciudadanos» y ha recordado que el supervisor exigió a los dueños (Iberdrola y Endesa) unas obras y actuaciones previas que no han llevado a cabo. Asimismo, advirtió de que éste va a ser el punto de partida para la reapertura de otras centrales mucho más importantes, como puede ocurrir de forma inmediata con la de Almaraz.

Facua reitera que se opone a la reapertura de las centrales nucleares en España, forma de producción energética «que no es segura ni para las personas ni para el medioambiente y que por lo tanto debe dejar de utilizarse en el sistema eléctrico español». Por el contrario, considera que el Gobierno debe apostar por formas de generación más baratas «y sobre todo más seguras y menos perjudiciales para el medioambiente».

Cañete reitera que Bruselas valida ampliar la vida de las nucleares si hay condiciones de seguridad pero Urkullu ve “riesgos”

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Europa Press / EFE.- Mientras el lehendakari vasco Iñigo Urkullu ha asegurado que Garoña «está más que amortizada» y ha advertido de que constituye «un riesgo cierto» y «evitable», el comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, ha indicado que la política de la Comisión Europea acerca de la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares pasa por dejar la decisión en manos de los Estados, que deberán garantizar que se cumplen las condiciones de seguridad para la continuidad de la instalación.

Tendrá que notificarse a Bruselas

«Si la prorrogan», afirmó Cañete en alusión a la eventual decisión de un Estado de ampliar la vida útil de una central, la política de la Comisión es “que se pongan en marcha inversiones necesarias para garantizar la seguridad en el funcionamiento al máximo nivel» y que se disponga del visto bueno de «las autoridades regulatorias nacionales«. Por tanto, sin aludir de forma expresa a la central nuclear de Santa María de Garoña, sí señaló que la prórroga de una central requerirá su notificación para que la Comisión Europea «se exprese«, en virtud del artículo 41 de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom).

«En la Unión Europea tenemos 129 reactores nucleares en funcionamiento con una edad media que supera los 30 años, muchos de ellos al final de su vida útil», señaló el comisario, antes de indicar que los Estados deben tomar la decisión sobre si prorrogarán su funcionamiento. «Estamos en una fase en la que muchos países tienen que tomar decisiones sobre prorrogación de la vida útil dado que la edad media es de 30 años», añadió. Por tanto, el caso de la central burgalesa no es único en Europa, insistió Cañete.

Urkullu: “riesgo cierto y evitable»

Por su parte, el lehandakari Urkullu ha recordado que la sociedad alavesa y la vasca, además de las instituciones de Euskadi, y todos los partidos políticos, «también el PP del País Vasco» se han manifestado de manera unánime en contra de la reapertura de la central nuclear. Por ello, ha afirmado que «resulta incomprensible» que no se pudiera sacar adelante una declaración institucional conjunta en la Cámara vasca, «quizás porque ante la decisión del CSN parece que la responsabilidad recae ya en el Gobierno español» y se opusieron los populares.

Subrayó que hay «una interpretación, quizás», de la decisión del CSN en sentido de que la decisión relativa a Garoña «pudiera sentar un precedente» con respecto a otras centrales nucleares en el Estado. «La central de Garoña ha cubierto su función, desde el 1971 ya está más que amortizada, con unas instalaciones obsoletas, con unas empresas que participan de la central nuclear y que dicen que no es rentable las inversiones que se pudieran acometer», explicó. Urkullu apuntó que en la central «hay riesgos ciertos que hay que abordar» pero también «riesgos evitables». «Garoña es un riesgo cierto, pero evitable después de 40 años», sentenció.