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Px1NME explota la calculadora y cifra en hasta 76.680 millones de euros los “pagos ilegítimos” al sector eléctrico desde 1998

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Servimedia.- La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) y el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) cifran entre 66.097 millones y 76.680 millones de euros los “pagos ilegítimos” al sector eléctrico entre el inicio de la liberalización en 1998 y 2013. Estas cifras aparecen recogidas en un estudio realizado por Pablo Cotarelo, investigador en ODG, y presentado por la coordinadora estatal de PX1NME, Cote Romero, que explicó que actualizando el valor del dinero se llegaría a 103.899 millones.

Cotarelo explicó que a través de la tarifa eléctrica se han realizado pagos que, a su juicio, «van contra los intereses de la población«. En concreto, en el apartado del componente regulado, Cotarelo indicó que debido a la «opacidad y falta de racionalidad» en el pago de déficit de tarifa, los «pagos ilegítimos» ascenderían a 13.169 millones, así como en los pagos relacionados con el carbón (2.799 millones), los costes de transición a la competencia (9.479 millones) y la nuclear (6.100 millones). Respecto a otros pagos, el mayor montante se deriva de los pagos por capacidad y garantía de potencia (15.607 millones), seguido del alquiler de contadores (3.943 millones), la interrumpibilidad (2.804 millones) y el impuesto de electricidad (1.965 millones).

De igual forma, Cotarelo se refirió a los beneficios generados por un «comportamiento totalmente irregular en el mercado diario«, que en el estudio se recoge mediante una comparativa entre los ingresos reales obtenidos por instalaciones antiguas frente a lo que habrían recibido en caso de haber seguido vigente el marco normativo anterior. Así, los ingresos recibidos por las instalaciones nucleares e hidroeléctricas son más de 70.762 millones, mientras que con el marco anterior 48.573 millones, por lo que los beneficios «extraordinarios» conseguidos por este tipo de instalaciones ascienden a 22.190 millones. En cuanto a la subasta Cesur, el sistema anterior que determinaba los precios de la luz, los «pagos ilegítimos» habrían alcanzado los 1.605 millones.

De igual forma, las grandes eléctricas españolas representadas por la patronal eléctrica Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y E.ON) habrían percibido «más de 65.000 millones en pagos ilegítimos». En este sentido, Cotarelo indicó que estas empresas «no serían sostenibles económicamente sin estas ayudas» reconocidas por el Estado y realizada por los usuarios finales. De igual forma, desde PX1NME señalaron que «no se comprende» que con un sistema actual que presenta sobrecapacidad de generación los consumidores abonen pagos por capacidad, y pagos por interrumpibilidad.

«El sistema eléctrico encubre una transferencia de renta de los consumidores a las grandes eléctricas», apuntó Cote Romero, quien advirtió de que por este motivo el recibo de la luz es «muy complejo». Romero criticó también que se subvencione al carbón y en cambio se pongan «todas las trabas del mundo» a las energías renovables, al tiempo que reprobó la deuda millonaria contraída con las eléctricas cuando tienen «beneficios milmillonarios».

El estudio incide también en la «deuda ecológica», y propone como solución para la «opacidad y generación normalizada de pagos ilegítimos» comenzar por la realización de una auditoría con la «ineludible» participación ciudadana. Además, desde PX1NME y el ODG pide la cancelación de las normas que han permitido y generan estos «pagos ilegítimos», sustituir el mercado eléctrico actual por un sistema de fijación de precios basado en la «racionalidad» y un plan de recuperación y devolución de estos pagos. Al acto de presentación acudieron representantes de asociaciones de consumidores como Facua, que exigirá a los partidos políticos para que se comprometan en sus programas a efectuar una auditoría del sistema.

Plataformas energéticas, partidos políticos y asociaciones llevan a la Fiscalía el recorte a las renovables

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Europa Press.- La Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, junto a más de treinta organizaciones y partidos políticos, presentaron a la Fiscalía Especial contra la Corrupción una denuncia para que investigue si ha habido prevaricación en el comportamiento del Ministerio de Industria en la orden que estableció el cambio en la modalidad de retribución a las energías renovables.

En concreto, el escrito, avalado también por la firma de más de 100.000 ciudadanos, denuncia un recorte de 3.000 millones de euros anuales caracterizado por «la arbitrariedad y falta de respeto técnico», así como «la manipulación» del Gobierno a las consultoras Boston Consulting y Roland Berger, a las que se destinó más de 600.000 euros para elaborar unos informes con los que no se contó a la hora de redactar la normativa, indicó la coordinadora estatal de la Plataforma, Cote Romero.

Asimismo, Romero indicó que el conocido como hachazo a las renovables, que representó «un varapalo a la retribución que estaba pactada», es una «demostración palpable» de que el Gobierno tiene abierta «una guerra contra las tecnologías energéticas eficientes». «El Gobierno legisla sólo para preservar el statu quo de las grandes corporaciones», añadió. Además, subrayó que a «los graves hechos» que las organizaciones presentan ante la Fiscalía Anticorrupción, se suma el proyecto de Real Decreto para la regulación del autoconsumo recién publicado para alegaciones por el Ministerio de Industria, que «supone un nuevo golpe antidemocrático» al derecho de los ciudadanos a elegir la energía que consumen.

Mientras, el vicepresidente de la Fundación Renovables, Jorge Morales de Labra, advirtió de que de este recorte sólo ha permitido «cerrar en falso» el problema del déficit de tarifa, ya que en cualquier momento un tribunal, nacional o extranjero, puede «echarlo atrás y lo pagaremos todos en la factura con intereses«. Así, recordó que el Gobierno de España ya ha recibido un total de 14 demandas ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, por los recortes a las renovables, y las probabilidades de que un tribunal acabe «echando atrás estos recortes son altas».

En la denuncia, se considera que en los hechos pudo haber existido un delito de presunta «prevaricación» y se apunta «como autor, fundamentalmente», al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal. En el acto de entrega del escrito de denuncia en la Fiscalía estuvieron presentes, junto a las organizaciones denunciantes, representantes de los partidos políticos que han suscrito la denuncia: Álvaro Abril (PSOE), Carolina Bescansa (Podemos), Carolina Punset (Ciudadanos), Chuse Inazio Felice (CHA), Juantxo López de Uralde (EQUO), Joan Baldoví (Compromís), Joan Coscubiela (ICV e Izquierda Unida) e Inés Sabanés (Ahora Madrid).

Bescansa destacó que los hechos que recoge la denuncia demuestran que la corrupción «es el gran enemigo de la ciudadanía» y que con unos «parámetros corruptos es imposible cambiar el modelo energético y transitar hacia un modelo más sostenible». Para Alvaro Abril, este tipo de políticas energéticas «en blanco y negro» aplicadas por el Gobierno del PP suponen que España «vuelve a quedarse fuera de la transición energética, mientras otros países «están muy adelantados».

Por su parte, Coscubiela aseguró que el Gobierno «ha sobrepasado todos los límites en su afán por defender al lobby eléctrico», falsificando expedientes para imponer unas medidas que no son justificadas y aseguró que hasta que el ministro José Manuel Soria «no esté sentado en el banquillo» como acusado no pararán. Mientras, Carolina Punset subrayó que «cargarse las renovables supone un error histórico» y dejar pasar la oportunidad de «una energía más barata y de generar empleo«. Asimismo, Inés Sabanés pidió una «transición» hacia a un cambio de modelo energético y el cese «inmediato» de Soria después de haberse confirmado que ha trabajado «de parte, para la minoría».

Entre las asociaciones que se han unido a la denuncia figuran: Adicae, AEBIB, Algamar, Amigos de la Tierra, ANAE, APPA Fotovoltaica, Asgeco, ATTAC, CB Arquitec Bioconstrucción,  CIFV, Coeser, CSolar, Eco-Event, Econactiva, Ecologistas en Acción, Ecooo, Energía Activa, EuroBalaguer, Eurosolar, Federación Arcoiris, Fundación Renovables, Goiener, Greenpeace, Larmendi, OCE, Patrimonial Serrana Solar, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, SEO/Birdlife, SolarWeb, Som Energía, UNEF, WWF España.

La Fundación Renovables y la Px1NME denunciarán a Nadal ante la Fiscalía Anticorrupción por prevaricación

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EFE / Europa Press.- La Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) planean presentar una denuncia  en las próximas semanas ante la Fiscalía Anticorrupción, al considerar que las «contradicciones» observadas en el proceso de recorte retributivo a las renovables podrían constituir un delito de prevaricación. El texto de la denuncia, dirigida particularmente contra el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, considera que el Gobierno legisló «mal» al atacar a ciertas tecnologías «a sabiendas», según apuntó el abogado Piet Holtrop.

Las asociaciones presentarán la denuncia en un plazo de dos o tres semanas, una vez que concluya un proceso de recogida de firmas de apoyo que se abre ahora. Holtrop indicó que «la prevaricación es el uso del poder de forma incorrecta a sabiendas«, una cuestión que, a su juicio, se cumple en este caso de acuerdo con los indicios conocidos hasta ahora, por lo que instará a la Fiscalía Anticorrupción a que abra una investigación «para esclarecer los hechos«.

En concreto, la denuncia se dirige contra el proceso de contratación de consultoras independientes para validar los parámetros de inversión de las plantas renovables, sobre los que posteriormente se aplicaría el recorte retributivo a estas tecnologías. De las tres consultoras que se iban a contratar, finalmente solo se obtuvo un informe, ya que se formalizaron dos contratos, de Boston Consulting y Roland Berger, pero uno se rescindió. Además, el informe que finalmente se entregó fue presentado después de la aprobación de la nueva normativa, tras ser rechazado dos veces, y las cifras no coincidían con las aportadas por el Gobierno.

Estas cuestiones, a juicio de los abogados de las asociaciones, demuestran que los «errores» en la normativa, que justifican en el recorte económico causado a «determinadas tecnologías», eran conocidos por el Gobierno antes de la aprobación del recorte. Por ello, el vicepresidente de la Fundación Renovables, Jorge Morales de Labra, señaló que «se ha publicado que el Gobierno llegó a presionar a los consultores», y que afectará al coste de las renovables en el futuro porque los inversores van a exigir «una prima de riesgo».

Otras «contradicciones», según dijo, se basan en que se conocieran los nombres de las consultoras antes de resolverse la adjudicación, realizada «a dedo» atendiendo a la urgencia del proceso cuando finalmente no se presentó informe alguno hasta varios meses después de publicada la normativa; también que el ministro de Industria, José Manuel Soria, dijera públicamente que el contrato con Boston Consulting se rescindió porque «no había hecho su trabajo». «Hemos observado una serie de contradicciones y falta de transparencia», señaló Morales de Labra, que considera «fundamental que se aclare por qué se ha producido esto».

Además, la coordinadora de la Plataforma, Cote Romero, insistió en la necesidad de recabar firmas de ciudadanos y asociaciones, así como de los partidos políticos, con el objetivo de «abrir el debate energético». Aunque la denuncia se dirige por un delito de presunta «prevaricación» contra Alberto Nadal» como su autor, fundamentalmente, por ser quien ha tenido el dominio del acto», no descartan que Anticorrupción decida ampliarla a otros representantes de Industria o del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae), al tiempo que abren la puerta a la presentación de una querella.