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Podemos presenta en Castilla-La Mancha una PnL para prohibir los cortes de luz a los consumidores vulnerables

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EFE.- Podemos ha presentado una Proposición no de Ley (PnL) en las Cortes de Castilla-La Mancha en la que exige al Gobierno central la puesta en marcha de diferentes medidas para garantizar el acceso al suministro eléctrico, entre ellas, prohibir los cortes de luz “a las familias más necesitadas”.

La formación morada pide que sean las compañías eléctricas las que se dirijan a la Administración para comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos y, si sufren vulnerabilidad económica, no podrán cortarles el suministro y el coste será asumido por las compañías. La PnL, calificada por la Mesa de las Cortes y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes, tiene como objetivo «garantizar el acceso al suministro eléctrico, entendido como parte inalienable del derecho de toda persona a una vivienda digna y adecuada, y como condición necesaria para el debido respeto a la dignidad humana».

Entre otras medidas, solicita que se ponga fin a «los abusos tarifarios» y que se apruebe una tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que podrán acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia. Del mismo modo, el grupo parlamentario de Podemos propone crear una «auténtica tarifa social» y sustituir el actual bono social por una tarifa de reducida cuantía dirigida a las familias con bajos niveles de renta, sufragada por las eléctricas.

Además exigen la devolución de los CTC y proponen realizar un análisis de los costes del sistema desde que se puso en marcha la liberalización del sector, con el objetivo de determinar el precio real de las tarifas eléctricas y aplicar el tipo de IVA reducido a la electricidad, por ser considerado, según afirman, «un servicio esencial para la ciudadanía».

Px1NME denunciará ante Bruselas el «exceso de compensación» a las compañías eléctricas por los CTC

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Servimedia / Europa Press.- La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) presentará una denuncia ante la Comisión Europea para solicitar que se ordene a España recuperar el «exceso de compensación» a las eléctricas en concepto de Costes de Transición a la Competencia (CTC) y cuya devolución, según Px1NME, no fue exigida aunque lo cierto es que la última liquidación no llegó a realizarse.

Px1NME recuerda que se trata de las compensaciones acordadas entre el Gobierno y las eléctricas en 1997 ante la «pretendida» liberalización del sector, justificadas en la previsión de que ésta devendría en precios de la electricidad inferiores a los que se consideraron en el momento de realizar las inversiones en centrales eléctricas. Sin embargo, apunta Px1NME, los precios «resultaron ser muy superiores a los previstos, por lo que, además de recibir pagos compensatorios, el balance ha sido claramente favorable a los intereses de las eléctricas y desfavorable para los ciudadanos».

A pesar de que la Ley del Sector Eléctrico de 1997 contemplaba expresamente que «el Gobierno establecería el procedimiento que asegurara la compensación procedente, en su caso, a los consumidores», los sucesivos Gobiernos «optaron por no exigir la devolución y dejar que la obligación de hacerlo, según criterio de la Abogacía General del Estado, prescribiera». Como consecuencia de esto, tras el archivo del caso por parte de la Fiscalía Especial contra la Corrupción por no apreciar indicios de delito penal, la iniciativa de Px1NME se dirige ahora a «recuperar el dinero» instando a la Comisión Europea a que declare «ilegal» el «exceso de ayudas concedido».

El director general de la empresa Geoatlanter, Jorge Morales de Labra, asegura que, según cálculos de la Comisión Nacional de Energía (CNE) realizados en 2007, el reparto del «exceso de cobro» a 30 de junio de 2006 por empresas ascendía a 3.588 millones de euros. En concreto, «se reparten entre Endesa (1.563 millones), Iberdrola (1.160 millones), Viesgo (434 millones), Unión Fenosa (275 millones) y HC Energía (156 millones)». Esta cifra es 192 millones superior a la considerada hasta la fecha debido a que, según recogía la propia CNE en sus cálculos, Elcogas, a diferencia del resto, no tenía excedente de cobro de compensaciones, sino déficit, cuantificado precisamente en esa cantidad.

Morales explicó que el problema no se limita a los 3.588 millones de euros a junio de 2006, sino que «se extiende hasta la actualidad», debido a que la mayoría de centrales eléctricas que disfrutaron de CTC siguen produciendo electricidad hoy en día, por lo que «gozan de beneficios extraordinarios» que aumentan «sustancialmente» la deuda. En este sentido, recordó que, según un estudio elaborado recientemente por el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), se calcula que los beneficios «llovidos del cielo» de las centrales hidroeléctricas y nucleares entre 1998 y 2013 asciende a 10.583 millones de euros, que equivaldrían a más de 22.000 millones a precios de 2013.

Por ello, Px1NME reclama una «regularización» de esta situación para «mejorar la competencia» en el mercado eléctrico y eliminar la mayoría del déficit de tarifa acumulado en los anteriores. «El impacto en la factura eléctrica de los españoles sería inmediato y supondría rebajas del entorno del 10% del importe de la misma, muy superior a, por ejemplo, el derivado del «hachazo» a las renovables aprobado por el actual Gobierno y que reforzaría la seguridad jurídica en lugar de dinamitarla», dijo.

Por su parte, la coordinadora de la Plataforma, Cote Romero, remarcó la importancia de que «la ciudadanía organizada marque el paso a los políticos, llegando incluso a asumir iniciativas que, como en este caso, debieran haber promovido ellos». A este respecto, señaló que el próximo 30 de septiembre la Plataforma tiene previsto celebrar una reunión con la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea en Bruselas para explicar la denuncia y someterse a las preguntas de los funcionarios europeos.

La Audiencia Nacional inadmite una querella de los consumidores de Causa Común contra Salgado, Sebastián y Endesa por los CTC

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Europa Press / Servimedia.- Ismael Moreno, juez de la Audiencia Nacional, rechazó admitir a trámite la querella presentada por la Organización Nacional de Consumidores de España Causa Común contra la exvicepresidenta del Gobierno Elena Salgado, el exministro de Industria Miguel Sebastián, el exsecretario de Estado de Energía Pedro Luis Marín Uribe y la compañía Endesa «por el cobro de 1.562 millones de euros por parte de la eléctrica procedentes de los llamados Costes de Transición a la Competencia (CTC)«.

La querella, presentada por la comisión de supuestos delitos de prevaricación en comisión por omisión y estafa agravada bajo la forma del delito masa, les acusaba de haber permitido a la compañía eléctrica española el cobro de esta cantidad para compensar a las eléctricas por las inversiones realizadas antes de la liberalización del sector. Según los querellantes, esto supuso «una estafa» porque, con la subida de los precios del petróleo y del gas, «esta forma de actuar determinó que la compañía cobrara más de lo inicialmente previsto, repercutiéndolo en los consumidores hasta su derogación mediante Real Decreto 7/2006 de medidas urgentes en el sector energético».

En un auto, el juez Moreno señala que tras el examen y estudio de las actuaciones, las diligencias practicadas en su día por la Fiscalía Anticorrupción, así como del expediente remitido por el Ministerio de Industria, «se llega a la conclusión de que los hechos denunciados no son constitutivos de los delitos de prevaricación y estafa, pues no concurren los presupuestos exigidos reiteradamente por la jurisprudencia para la existencia de los mismos». Añade que, «la querella en cuestión no es fundada a efectos penales al no revestir los hechos caracteres de delito», por lo que no procede admitirla a trámite.