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Un apagón deja sin servicio eléctrico a una amplia parte del nordeste de México

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EFE.- Fuertes vientos derribaron una torre de distribución de una planta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Nava (Coahuila), lo que dejó temporalmente sin suministro a una amplia parte del nordeste de México, según fuentes del organismo. Entre las principales ciudades afectadas están Saltillo (Coahuila), Monterrey (Nuevo León) y Reynosa (Tamaulipas). El apagón dejó sin servicio a millones de personas.

«La CFE informa que se registran interrupciones al suministro de energía en algunas ciudades de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua», indicó la CFE. Añadió que, junto con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), investiga las causas de este fallo en el suministro de energía eléctrica. Fuentes de la división Golfo Norte de la CFE indicaron que se debió a la caída de la torre de distribución en Nava, causada por fuertes vientos.

El Defensor del Pueblo pide una protección expresa para los niños, ancianos y discapacitados frente a los cortes de luz

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Europa Press.- El Defensor del Pueblo reclama al Ministerio de Energía que tenga especialmente en cuenta, entre las medidas de protección contra el corte de suministro de luz a consumidores vulnerables, a los niños, ancianos y personas con discapacidad. Esta propuesta forma parte de un documento enviado al secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, con 11 recomendaciones acerca del desarrollo normativo del bono social de electricidad y de las medidas de protección a los consumidores vulnerables.

Entre las recomendaciones, el Defensor del Pueblo coincide con el Ministerio en que para establecer los criterios para asignar el bono social es necesario definir el concepto de consumidor vulnerable conforme a criterios de renta. Sin embargo, también pide que se module el umbral de renta «de conformidad con las circunstancias personales, siempre y cuando la elección de las mismas y su modulación estén debidamente justificadas y no supongan discriminación». Junto a esto, reclama un sistema de acreditación de la condición de consumidor vulnerable sencillo, ágil y eficaz, así como publicidad suficiente a los requisitos para acceder al bono social, de manera que llegue al conocimiento de las personas afectadas.

Otras propuestas consisten en establecer un procedimiento de impugnación en caso de denegación del derecho al bono social y en prever la coordinación administrativa necesaria a la hora de acreditar la condición de consumidor vulnerable y reconocerle el derecho a la ayuda. Además, pide introducir entre las medidas de protección contra el corte de suministro a los consumidores vulnerables a los acogidos al mercado libre, así como proteger del corte de luz a usuarios con impagos de deudas procedentes de una refacturación por supuesto fraude.

El Defensor del Pueblo reclama además a Energía que estudie la posibilidad de reducir la parte fija de la factura de electricidad, de manera que se incentive el ahorro. Junto a esto, se muestra partidario de establecer un órgano de cooperación interadministrativa, que trate de abordar soluciones a los problemas que se planteen en la aplicación de las nuevas medidas.

La OCU pide más protección para los consumidores vulnerables en la nueva normativa para regular el bono social de electricidad

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Europa Press.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) confía en que la nueva legislación del bono social eléctrico «mejore la protección» de aquellos consumidores más vulnerables y que también «agilice y simplifique» los trámites para poder acogerse a él. La asociación pide «la colaboración» de las comercializadoras para evitar situaciones de desamparo, «facilitando proactivamente» el ofrecer el bono social a las familias más desfavorecidas y mejorando la comunicación con la Administración para evitar cortes de suministro.

Para OCU, el bono social, según lo conocido, presenta, «graves deficiencias», como la ausencia de una definición de consumidor vulnerable, lo que supone que muchos hogares con serias dificultades no tuvieran acceso a él, o la falta de información para los consumidores sobre el mismo y cómo acogerse a él, «lo que hacía que el bono social fuera inaccesible para los potenciales beneficiarios por desconocimiento». Asimismo, la asociación considera necesario abordar también problemas «más graves» asociados a la pobreza energética y los cortes de suministro.

El Gobierno ha remitido a las comunidades autónomas los principales aspectos del reglamento que desarrolla la legislación sobre el bono social. Entre las medidas recogidas en el borrador, figura el hecho de que los impagos deberán reclamarse mediante hasta tres comunicaciones fehacientes antes de iniciar el proceso de corte de suministro. Además, el corte de suministro no se podrá realizar antes de dos meses de la fecha de la reclamación fehaciente del pago, siendo cuatro meses si está reconocido como consumidor vulnerable severo. Precisamente se trata de una nueva categoría, los hogares vulnerables severos en riesgo de exclusión social, que evitarán los cortes de suministro si la administración (local o autonómica) contribuye con el 50% del coste de ese suministro.

Viesgo adelanta a la ley de pobreza energética y amplía a cuatro meses el plazo hasta el corte del suministro

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Europa Press.- Viesgo se ha anticipado al real decreto ley con medidas para combatir la ley contra la pobreza energética aprobada por el Congreso, pendiente de desarrollo normativo, y ha ampliado de 2 a 4 meses el plazo que facilita al cliente desde el momento en que comunica el corte de suministro por impago hasta su ejecución.

Viesgo anuncia que, con el objetivo de ayudar a sus clientes vulnerables con bono social, ha ampliado «de manera unilateral» este periodo a cuatro meses con el objetivo de así ayudar al cliente. De esta forma, los consumidores contarán con más tiempo para conseguir las autorizaciones pertinentes para poder formalizar las ayudas, ya sea a través de los servicios sociales de la comunidad autónoma, de los convenios firmado por la empresa o de la incorporación a los planes sobre la materia que Viesgo tiene en marcha, como el Ayuda Viesgo o el proyecto Energía Solidaria Viesgo, en colaboración con Cáritas.

Compromiso con los clientes vulnerables

La compañía eléctrica indica además que se compromete con sus clientes vulnerables con bono social a buscar alternativas a los cortes de suministro, en una iniciativa encaminada a combatir la pobreza energética y a mejorar la protección de los colectivos más desfavorecidos. Viesgo indica que, de forma paralela, colaboran con las instituciones para buscar conjuntamente diferentes alternativas que promocionen los actuales convenios existentes, a la vez que potencia la comunicación con sus clientes para que les ayuden a identificarles como colectivos vulnerables. «Tenemos programas orientados a actuar para hacer frente a situaciones de pobreza energética con descuentos adicionales sobre su factura o evitando el corte de suministro de una familia», indicó el director de Negocios Liberalizados de Viesgo, Javier Anzola.

Gas Natural Fenosa pide «reglas claras» en materia de pobreza energética para evitar más tragedias como la de Reus

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EFE.- El consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, urgió a las administraciones, y en particular al Gobierno de Cataluña, a establecer «reglas claras» ante los casos de pobreza energética para evitar más tragedias como la de Rosa Pitarch, la anciana de Reus que tenía la luz cortada desde hacía dos meses y que en noviembre murió a consecuencia de un incendio causado por una vela con la que se iluminaba.

El directivo de la multinacional energética ha emplazado al gobierno catalán a desplegar la ley catalana sobre la pobreza energética, aprobando para ello un reglamento, y ha insistido en que tras el trágico suceso de Reus no hay «un problema de dinero, sino de organización». Villaseca ha dicho que resulta «lamentable constatar que entre todos no hayamos sido capaces de evitar» esta tragedia, ha añadido que ello obliga a una «reflexión» conjunta y ha mostrado el compromiso de Gas Natural de «hacer las cosas mejor».

No obstante, el directivo de la multinacional ha insistido en argumentar que cuando la compañía cortó la luz a esta anciana desconocía su situación de vulnerabilidad, porque los servicios sociales del Ayuntamiento de Reus, que la habían asistido en otras ocasiones, no se lo habían comunicado a la compañía. En cambio, añadió Villaseca, los servicios sociales del Ayuntamiento de Reus sí trasladaron a la compañía en 2016 una relación de 140 personas en situación vulnerable.

Asimismo, Villaseca recordó que una juez de Barcelona suspendió cautelarmente el protocolo que impide a las empresas cortar la luz sin un informe previo de los servicios sociales sobre la situación de riesgo de exclusión, al considerar que incluye medidas anuladas por el Tribunal Constitucional. Villaseca subrayó que este caso hace «imprescindible concretar, de manera única, vinculante y obligatoria» de qué manera «se relacionan» los entes locales con las suministradoras energéticas, y por ello reclama «reglas claras» por parte de las administraciones, porque echa en falta en la normativa actual sobre esta cuestión «la necesaria seguridad jurídica y eficacia operativa».

En esta línea, indicó que «cuesta entender por qué aún no se ha aprobado el tan necesario protocolo» para gestionar en la práctica los casos de pobreza energética en Cataluña. En cuanto a la ley catalana de pobreza energética, ha asegurado que la actual es la tercera versión que se pone en marcha, y que en las dos primeras versiones no se pedía a la compañía que hubiera «aviso previo» antes del corte de suministro.

Villaseca añadió que el sistema que se viene utilizando ante casos de vulnerabilidad es que los servicios sociales facilitan primero la compañía la lista de clientes vulnerables, y que la compañía a continuación suspende el corte, pero que Gas Natural está dispuesta a variar el sistema si así lo considera la administración. También explicó que la Generalitat le ha enviado recientemente una propuesta de convenio en materia de pobreza energética y se comprometió a estudiarla.

La FEMP plantea que el acuerdo para prohibir cortes de luz a los consumidores vulnerables se extienda al gas natural

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Europa Press.- El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, ha afirmado que el acuerdo del Gobierno con el PSOE y Ciudadanos para evitar los cortes de electricidad a las familias más vulnerable y paliar la pobreza energética, no tiene un coste «inasumible» por las administraciones públicas, y ha abogado por su extensión en el caso de imposibilidad de pago a las facturas de gas natural.

Así lo señaló Caballero, quien denuncia que la pobreza energética está siendo «severa», especialmente en esta fase de la crisis en la que «se acumulan todos los efectos de la crisis de todos los años». Caballero indicó que en términos económicos se está produciendo un repunte, pero en términos sociales «se sigue profundizando», si bien «no es nada que tenga ningún coste inasumible por las administraciones públicas», de forma que desde el Gobierno y los ayuntamientos «se puede asumir sin que produzca ningún quebranto». La cuestión es que Caballero obvia que parte de la financiación recaerá nuevamente sobre las compañías.

«Se trata de voluntad política y yo la vi reflejada en la conversación que tuve con el ministro Nadal y después en el pacto que se llevó al Parlamento y que dio lugar al decreto ley», ha valorado Caballero. La norma, aprobada en el Consejo de Ministros, establece que las comercializadoras eléctricas cofinanciarán una parte de los gastos que las administraciones competentes estén ya realizando para atender a estos consumidores. El dirigente socialista, que ha abogado por la extensión del acuerdo también a los casos de familias vulnerables que no puedan hacer frente al pago del gas, ha explicado que las medidas acordadas con Nadal eran «principios políticos de actuación».

Entre otras, ha citado la prohibición de cortar el suministro a ninguna familia o domicilio en situación de pobreza o vulnerabilidad, para lo que los servicios sociales elaborarán un informe, y que no lo pueda hacer una compañía eléctrica por su cuenta. A modo de ejemplo, Caballero ha indicado que en Vigo se paga la factura a unas 700 familias y ha valorado el avance «importantísimo» que supone el acuerdo sobre cortes de suministro al evitar los cortes de luz a familias vulnerables. «Se está avanzando a buena prisa en la buena dirección», ha subrayado.

La Generalitat sancionará a Gas Natural si se demuestra que no avisó del corte de luz en Reus

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Europa Press.- El consejero de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, ha anunciado este martes que la Generalitat impulsará un expediente sancionador contra Gas Natural si se demuestra que no aplicó correctamente «los protocolos» cuando cortó la luz a la anciana muerta el lunes en un incendio en Reus (Tarragona).

En la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, ha explicado que por el momento la Generalitat ha presentado un requerimiento a la empresa para que aporte «información» en un máximo de cinco días sobre los procedimientos que siguió antes de cortar la luz.

Baiget ha recordado que la Ley 24/2015 obliga a las empresas a que, antes de cortar un suministro a un cliente, informen a los servicios sociales para saber si el afectado está en riesgo de exclusión, y la Generalitat cree que la compañía «presuntamente» no lo hizo.

Gas Natural ha emitido un comunicado en el que afirma que el Ayuntamiento no le informó de que la fallecida era vulnerable, y Baiget ha lamentado que «no se han leído la ley», que obliga a proceder al revés: no debe ser el consistorio quien informe, sino la empresa quien se interese por la situación del cliente.

Sanciones

El consejero ha citado y leído el artículo 6 de la ley, donde se recoge la forma de proceder, y ha recordado que la ley prevé sanciones por incumplirla: en caso de ser graves, van de los 10.000 a los 100.000 euros de multa para la empresa.

Baiget ha aportado datos sobre las denuncias que se han hecho contra las suministradoras por incumplimiento de esta ley hasta la fecha: 195 denuncias formuladas, de las que 115 se ha abierto expediente sancionador; 74 se ha hecho propuesta de sanción y ya han sido notificadas 18 sanciones.

Las 18 sanciones han sido por valor de 10.000 cada una, ya que, al ser una ley relativamente nueva, las empresas sancionadas no han reincidido en mala praxis, por lo que la suma de la sanción no ha sido más elevada, ha argumentado.

Reproches a empresas

Por un lado, Baiget ha elogiado a las empresas de agua por haber firmado ya 20 convenios con la Generalitat para evitar los cortes de suministros; por el otro, ha criticado que ha sido imposible hasta la fecha firmarlos con las empresas de gas y agua.

Baiget ha explicado que gran parte de este problema se solucionaría si el Gobierno central impulsara un «bono social» en las facturas de las suministradoras, y ha lamentado que la Generalitat no puede hacerlo por carecer de competencias.

El PSOE propone un suministro mínimo eléctrico ininterrumpible para paliar la pobreza energética y un bono social otorgado por renta

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Europa Press.– El secretario general del grupo socialista en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, presentó una Proposición No de Ley (PnL) en la que exige al Gobierno que reforme la Ley del Sector Eléctrico para asegurar el suministro a consumidores vulnerables. Además, ha instado al Ejecutivo a que garantice el bono social y que pretende garantizar un suministro eléctrico que no pueda ser interrumpido en ningún caso por ninguna empresa comercializadora y así paliar los efectos de la pobreza energética en España.

En este sentido, el PSOE quiere regular «con carácter de urgencia» la pobreza energética, definiéndola como aquella situación en la que consumidores vulnerables no disponen de rentas suficientes para satisfacer sus necesidades domésticas de energía y garantizar a estos el derecho al suministro. Por ello, el PSOE ha propuesto reformar la Ley del Sector Eléctrico, para que garantice el derecho al suministro de consumidores vulnerables recogido en la directiva europea 2009/72, del mercado interior de electricidad. Concretamente, han exigido que se establezca un servicio mínimo de subsistencia, en coordinación con los servicios sociales de las administraciones competentes. Este servicio, subrayan, «no podrá ser interrumpido en ningún caso por las comercializadoras«.

La iniciativa, que esta formación quiere debatir en el pleno del Congreso, también va dirigida ante los posibles efectos que pueda tener que el Tribunal Supremo haya anulado el régimen de financiación del bono social. Ante esto, el PSOE pide al Gobierno que tome las decisiones que sean pertinentes para no repercutir las consecuencias en el recibo de los consumidores. El Alto Tribunal declaró recientemente inaplicable el régimen de financiación, sustentado por las empresas eléctricas, a las que reconoce el derecho a cobrar una indemnización. En caso de que deban reintegrarse a todas las compañías que sufragan el bono social las cantidades pagadas desde 2014, advierten desde el PSOE, la cuantía de esta indemnización superará los 500 millones de euros.

Asimismo, el PSOE muestra su disconformidad con los criterios de la Administración para otorgar el bono social y, por tanto, piden en la PnL modificar la definición de las categorías de beneficiarios con el objeto de que «tenga efectos realmente redistributivos». En su exposición de motivos, el PSOE cree que al no estar ligado estrictamente a la renta per cápita del hogar, no cubre las necesidades básicas de un nivel mínimo de suministro eléctrico a aquellos hogares que se encuentran en situación de pobreza energética. Heredia ha explicado que el bono social eléctrico «fue creado en 2009 por el Gobierno socialista para proteger a los consumidores vulnerables», añadiendo que esta ayuda beneficia a algo más de 2,4 millones de españoles.

«Muchas personas lo están pasando mal y hay que buscar una solución a estos problemas», subrayó Heredia, que anunció que su grupo hará «una oposición dura, exigente, consistente, pero al mismo tiempo, constructiva». «Hay muchas familias que no tienen recursos económicos y el Gobierno tiene que garantizar que no puede haber pobreza energética en un país como España», concluyó el socialista. Por último, la iniciativa propone abordar una política de transición energética que se oriente hacia un nuevo modelo que tenga como prioridad la rehabilitación y eficiencia energética de los edificios, fomentar el autoconsumo de electricidad e impulsar las renovables.