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La Junta de Exremadura, Fempex y Endesa mejoran las condiciones del convenio para ayudar a clientes en situación de vulnerabilidad

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EFE. – El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, el presidente de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias (FEMPEX), Francisco Buenavista, y el director general de Endesa en Andalucía y Extremadura, Francisco Arteaga, han mejorado las condiciones del convenio firmado hace un año para ayudar a los clientes en situación de vulnerabilidad.

El nuevo convenio, firmado recientemente, tiene un año de duración y actualiza las condiciones del acuerdo del año pasado por el que se facilitaba a los ayuntamientos la forma de pago de los recibos pendientes para evitar el corte de suministro sin la aplicación de ningún interés de demora o comisión, como ha explicado la Junta de Extremadura.

Junto a estas medidas se une la voluntad de las partes de extender la aplicación de ayudas a aquellas personas que no cumplan los requisitos establecidos por el Gobierno para ser beneficiarios del Bono Social ni de los derechos que conlleva, pero que se encuentran en situación de dificultad para afrontar el pago de los suministros básicos. Ante estos casos, que vendrán identificados por los servicios sociales de cada ayuntamiento, el compromiso de las partes es encontrar fórmulas de ayuda económica.

Gracias a este convenio se da cabida a todas las personas que se puedan encontrar en situación de vulnerabilidad agilizando la comunicación entre los servicios sociales de los ayuntamientos y Endesa para atender de manera efectiva a los clientes más desfavorecidos que no pueden cubrir sus necesidades básicas, combinando el cumplimiento de obligaciones de pago y de prestación de un servicio necesario.

Por todo esto,  la compañía energética también se ha comprometido en el convenio a seguir manteniendo reuniones informativas y formativas con los agentes sociales y grupos de ciudadanos para dar a conocer la aplicación del nuevo Bono Social y los requisitos necesarios para poder acceder a este beneficio.

Específicamente en Extremadura, Endesa cuenta con 29.806 clientes acogidos al Bono Social, de los cuales sólo 5.495 corresponden al nuevo, regulado por el Real Decreto 897/2017, y quedan más de 24.000 clientes pendientes de renovarlo antes de que finalice el periodo transitorio el próximo 8 de octubre.

Así, los clientes que hasta esa fecha no hayan tramitado de nuevo la ayuda, perderán el derecho a ella, según aparece en el documento publicado por el Gobierno.

La compañía ha firmado cerca de 200 convenios de colaboración con diferentes ayuntamientos, comunidades autónomas y organismos públicos para evitar el corte de suministro a familias en situación vulnerable y aplazar el coste de la deuda

Desestimado un recurso de Unión Fenosa en Castilla y León contra la regulación sobre las líneas nuevas de alta tensión

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EFE / Servimedia.- Al tiempo que Gas Natural Fenosa cerraba un acuerdo de colaboración con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) que tiene por objetivo facilitar la realización de prácticas extracurriculares de los estudiantes de grado y máster, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado un recurso de Unión Fenosa Distribución contra un decreto del Gobierno autonómico que, entre otros aspectos, regulaba la ubicación de nuevas líneas de alta tensión.

En concreto, la compañía pretendía con su recurso dejar sin efecto un artículo del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León que regula la distancia a la que tienen que ubicarse las nuevas líneas de alta tensión que se tracen en el futuro y que fue modificado por la Junta para adaptar el reglamento a la Ley de Medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana. El artículo que ha motivado el desacuerdo de la eléctrica se refiere a que las nuevas instalaciones deberán respetar una distancia respecto a las construcciones habitadas de 0,5 metros por cada kilovoltio de tensión, medidos en línea recta desde la proyección del eje de los cables a la superficie, con un mínimo de 5 metros.

La Sala de lo Contencioso Administrativo recuerda a Unión Fenosa que, antes de su aprobación, el decreto se sometió al trámite de información pública durante 2 meses, un momento que podía haber aprovechado para alegar lo que considerase oportuno. Añaden además que la compañía no acreditó que con esta norma se impida el ejercicio de su actividad eléctrica, sino que «lo único que resulta de la prueba practicada es que la prestación de esa actividad se pueda encarecer«. Los magistrados consideran que esta normativa está de acuerdo con la legislación que permite que las políticas públicas de urbanismo puedan adoptar medidas de prevención adecuada de riesgos y peligros para la seguridad y la salud públicas.

Convenio para facilitar las prácticas

Por otro lado, según indicó la compañía, la oferta de prácticas en Gas Natural Fenosa será conocida por todas las universidades que forman parte de la CRUE y, por tanto, será accesible para un mayor número de estudiantes. Adicionalmente, se simplifican las gestiones actuales de publicación de la oferta de prácticas de la compañía que, hasta la fecha, se hacía de forma individual con cada centro universitario. Con la firma de este convenio, Gas Natural se convierte en la primera empresa del Ibex-35 en rubricar un convenio de este tipo con la CRUE, en lo que supone un evidente apoyo de la energética en la formación de los universitarios españoles.

Castilla-La Mancha asegura que sus consumidores vulnerables están «protegidos» ante el impago de su factura eléctrica

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EFE.- La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, aseguró que el 95% de las familias de la región en situación de pobreza severa quedan protegidas contra el impago de la factura eléctrica durante los meses de invierno en el marco del Plan Regional contra la Pobreza Energética.

De esta forma se pronunció Sánchez tras la firma de un convenio de colaboración con Gas Natural Fenosa que contempla «el evitar el corte de suministro de energía durante los meses de invierno y, en caso de que ocurra, recuperarlo en 24 horas y, en segundo lugar, colaborar en la formación y asesoramiento para la eficiencia energética». El acuerdo, según la consejera, supone que «se garantice la protección energética del 95% de las familias de Castilla-La Mancha porque Gas Natural Fenosa, junto a Iberdrola», con la que ya se rubricó un acuerdo de estas mismas características, «tienen esa cuota del mercado energético en la región«.

Sánchez, que agradeció «el compromiso social» de Fenosa para adherirse al Plan contra la Pobreza Energética, añadió que la otra gran medida, que sí llega a la totalidad de familias de mayor pobreza de la comunidad, son las ayudas de Emergencia Social, a la que se han sumado «a día de hoy» 94 solicitudes, de las que 19 ya están concedidas y 75 se están tramitando, ha detallado. «En caso de que haya algún problema de suministro, amenaza de corte, igualmente los servicios sociales o la Dirección Provincial contactarán con las empresas energéticas», ha agregado.

El delegado de la empresa energética en la región, Miguel Francisco Duarte, ha destacado «la ambición y el interés» en colaborar con la sociedad más desfavorecida «y, como no podía ser de otra forma, nos hemos adherido a esta colaboración», ha sostenido. El convenio abarca a todo el ámbito de comercialización del grupo, tanto de gas como de electricidad, ha ampliado Duarte, quien ha reseñado la búsqueda «del interés general de las familias que se puedan ver afectadas por la necesidad de acudir a esta ayuda para evitar a los clientes vulnerables estas situaciones desagradables».

El delegado de Gas Natural Fenosa remarcó que «el punto de mejora» de este acuerdo respecto a los firmados con otros Gobiernos autónomos es que «tratamos de que los meses de invierno no se produzca la interrupción del suministro y dilataremos los plazos normales de suspensión del servicio». Además, «hasta ahora no se establecía una comisión de seguimiento que a partir de ahora si se recoge» una vez que «los servicios de Bienestar Social constaten la situación de vulnerabilidad de las familias y se avalen con los pertinentes informes», zanjó.