Europa Press.- El Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus ha establecido que los gobiernos deberán evaluar el impacto ambiental y consultar a la sociedad antes de tomar la decisión de ampliar la vida de las centrales nucleares de 40 a 60 años.

La medida llega tras una denuncia de Greenpeace ante el Convenio en Países Bajos por la extensión de la operación de la central nuclear de Borssele (Holanda). Las decisiones de este comité que vela por el cumplimiento del Convenio de Aarhus son extensivas a los países firmantes del convenio, de modo que la ONG avisa al Gobierno de España que ahora «será obligatorio» realizar un debate sobre la extensión o el cierre programado de la vida operativa del parque nuclear. El comité concluye que la operación de una central nuclear no puede extenderse de 40 a 60 años sin la posibilidad de efectos ambientales significativos y, por ello, debe realizarse una evaluación de impacto ambiental con la preceptiva consulta pública.

La ampliación de la operación de la central nuclear de Borssele fue autorizada por el Gobierno de Holanda sin una evaluación de impacto ambiental. En España, Greenpeace ha solicitado en varias ocasiones a los distintos departamentos que ahora aglutina el Ministerio para la Transición Ecológica que solicite un estudio de impacto ambiental para tomar su decisión de ampliar la vida de una central aunque en España, en el caso de Garoña, esa extensión nunca ha llegado a autorizarse. En definitiva, la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace España, Raquel Montón, indicó al Gobierno que, si decide ampliar la licencia de explotación de las centrales nucleares, deberá exigir un estudio de impacto ambiental y la participación pública en el proceso.