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Bruselas insta a España a aplicar las normas comunitarias sobre contadores individuales de calefacción suministrada desde una instalación central

Europa Press.- La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción a España por no trasponer correctamente la directiva sobre eficiencia energética y, concretamente, para que aplique correctamente el artículo sobre la instalación de contadores individuales en edificios en los que la calefacción, la refrigeración o el agua caliente se suministran desde una instalación central. La advertencia del Ejecutivo comunitario tiene la forma de una carta de emplazamiento y España dispone ahora de un plazo de dos meses para contestar a la misiva.

En concreto, el artículo 9 de la directiva, que data del año 2012, establece que se deberán instalar contadores de calor o de agua caliente en el intercambiador de calor o punto de entrega cuando se suministren calefacción y refrigeración o agua caliente a partir de una red de calefacción urbana o de una fuente central que abastezca a varios edificios. También establece que, en los edificios de apartamentos y polivalentes con una fuente central de calefacción o refrigeración, o abastecidos a partir de una red de calefacción urbana o de una fuente central, se instalarán contadores de consumo individuales antes de 2017 «siempre que sea técnicamente viable y rentable».

La normativa añade que, cuando no sea técnicamente viable o rentable, se utilizarán calorímetros para medir el consumo de calor de cada radiador, a menos que el Estado demuestre que la instalación de dichos calorímetros tampoco es rentable. En estos casos, podrán estudiarse métodos alternativos de medición de consumo de calor que sí lo sean. Además, el artículo dice que, en edificios de apartamentos que se abastezcan a partir de una red de calefacción o refrigeración urbana, se podrán introducir normas transparentes sobre el reparto de los costes del consumo de potencia térmica o de agua caliente en dichos edificios, con el fin de garantizar la exactitud del consumo individual.

Por último, el artículo insta incluir, cuando proceda, orientaciones sobre el modo de asignar los costes del calor y del agua caliente que se consuma en función del agua caliente para uso doméstico, del calor irradiado por instalaciones del edificio y destinado a calentar las zonas comunes y para la calefacción de los apartamentos. El objetivo es promover la instalación de contadores individuales o sistemas de imputación de costes de calefacción para medir el consumo y asignar los costes correspondientes.

Tranquilidad en los consumidores: los contadores de electricidad funcionan correctamente, según constata un proyecto europeo de control de contadores energéticos

EFE.- La Comunidad de Madrid ha liderado un proyecto europeo para comprobar el funcionamiento de los contadores domiciliarios de energía eléctrica y térmica, de los que precisamente ha logrado la retirada de dos modelos térmicos con graves deficiencias. Se trata del proyecto MarketSurv MID, en el que han participado 12 países europeos y cuyo objetivo es comprobar el correcto funcionamiento de los medidores del consumo energético.

Tras recoger muestras de 40 tipos distintos de contadores de energía de 26 fabricantes diferentes, se ha concluido que todos los contadores de energía eléctrica superaron los ensayos de funcionamiento, si bien se detectaron algunos problemas documentales y administrativos que los fabricantes solucionaron enseguida. Sin embargo, los contadores de energía térmica presentaron más problemas de funcionamiento, por lo que las autoridades de vigilancia del mercado han tenido que tomar medidas coercitivas, llegando incluso a retirar del mercado dos modelos de los 18 examinados. Los fabricantes de los contadores térmicos retirados ya los han sustituido por otros distintos, indicó la Comunidad.

El proyecto ha logrado cumplir los objetivos, ya que se han mejorado los sistemas de control de mercado europeos que garantizan la comercialización exclusiva de contadores reglamentarios. Asimismo, ha permitido mejorar la coordinación entre las autoridades de vigilancia de los países europeos y garantizar unas reglas de juego uniformes para los fabricantes de instrumentos de medida que venden sus productos en la Unión Europea. También se ha lanzado “un mensaje claro a fabricantes, distribuidores y usuarios de que el mercado europeo de estos productos está siendo vigilado». Ha tenido un presupuesto cercano a los 500.000 euros, de los cuales el 70% ha sido aportado por la Comisión Europea y el 30% por los países participantes.