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La tarifa regulada de gas natural baja un 4,6% para el primer trimestre del año

Europa Press.- La Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural ha bajado un 4,6% de media respecto al último trimestre del año 2018, según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Este descenso en la tarifa se vio acrecentado por la modificación de la fórmula de cálculo de la TUR aprobada en diciembre, que supone una modificación de la fórmula del coste de la materia prima, y por la congelación de los peajes del sistema gasista para 2019.

La TUR1, a la que están acogidos fundamentalmente los clientes que utilizan el gas para el suministro de agua caliente y cocina y cuyo consumo no excede los 5.000 kilovatios hora (KWh) anuales, bajará un 3,8%, mientras que la TUR2, que emplean consumidores que también tienen calefacción de gas (entre 5.000 y 50.000 KWh al año) lo hará un 4,8%.

El descenso en el recibo del gas para el primer trimestre de 2019 se debe, principalmente, a una caída del 10,8% en el coste de la materia prima en los mercados internacionales, que depende de 3 componentes: el gas de base (42,1% del coste), el gas estacional (57,9%) y la prima de riesgo por cantidad (factor que afecta a gas de base y gas estacional).

Así, el nuevo coste del gas de base es de 21,8 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone un descenso del 9% respecto a la tarifa vigente, mientras que el nuevo coste del gas estacional, que solo entra en el cálculo en las actualizaciones de octubre y enero, es de 25 euros por MWh. En el caso de la prima de riesgo por cantidad, que también solo se aplica en las revisiones de octubre y enero, toma un valor del 3,3%, lo que incrementa el coste de la materia prima (gas base y gas estacional) en ese mismo porcentaje.

Así, el precio del gas natural rompe con la serie de subidas que había registrado en 2018, con un incremento del 3,4% en la revisión de julio y de un 8,4% en la de octubre. En el primer trimestre de 2018 la tarifa de gas natural ya registró una importante subida del 6,2%, aunque en el periodo de abril a junio se abarató un 3,4%.

Para el cálculo de la TUR se tienen en cuenta los peajes de acceso y el precio del gas. La parte regulada de la factura (peajes de acceso), que fija el Gobierno, se mantendrá congelada en 2019 por quinto año consecutivo. La TUR de gas natural se actualiza por el Gobierno de forma trimestral. De los 7,7 millones de consumidores de gas natural, más de 6 millones son suministrados a través de una comercializadora de mercado a precio libre y 1,6 millones se encuentran acogidos al precio de la TUR.

Coste de la materia prima

«Un análisis del coste de aprovisionamiento del gas natural de España en los últimos 10 años basado en los datos agregados publicados por la Agencia Tributaria a partir de las declaraciones de las transacciones por aduanas de gas natural, pone de manifiesto la necesidad de actualizar los parámetros de la expresión de cálculo del gas de base en relación con las cotizaciones históricas del Brent para ajustarla a la nueva realidad del mercado», señala la orden ministerial. Es la primera modificación de la metodología de cálculo en los últimos 10 años, y, según el Ministerio para la Transición Ecológica, es «un plazo adecuado para adaptarla a la evolución experimentada por los mercados de gas natural».

Peajes para operaciones de bunkering

Por otro lado, la patronal gasista Sedigas ha celebrado la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de aprobar en la recién orden ministerial la implementación de peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas. De esta manera, se crea un nuevo tramo de bunkering de GNL para volúmenes inferiores a 2.000 metros cúbicos (m3) y, además, se establece que el peaje de acceso al punto virtual de balance aplicable al biogás inyectado en una red de distribución contará con un término fijo = 0 euros/kwh/día/mes.

Estos peajes tendrán carácter provisional hasta que se publique la metodología definitiva de cálculo que elaborará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Sedigas ya valoró el real decreto 335/2018 «en la medida en que definía unos peajes específicos para el suministro a buques que utilizaran GNL como combustible”. No obstante, conforme indicaba la normativa, no serían de aplicación hasta la aprobación de los valores correspondientes a los nuevos peajes y cánones. La patronal fomenta el uso del gas natural y del gas renovable en la movilidad terrestre y marítima, estando sus más de 250 asociados comprometidos con la calidad del aire y la descarbonización del transporte.

La Organización Marítima Internacional y la Unión Europea han asumido el reto de reducir drásticamente el contenido de azufre del combustible de uso marítimo al 0,5% a partir del año 2020 (actualmente se permite un contenido del 3,5%). Como medida de acompañamiento, recientemente OMI ha aprobado una resolución para prohibir el transporte de fueloil no reglamentario destinado a ser utilizado en la propulsión o el funcionamiento a bordo del buque. Sedigas destaca que el gas natural es una alternativa «adecuada y competitiva» para alcanzar dicho objetivo y mejorar así la calidad del aire en nuestros puertos y en nuestras ciudades.

El encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 ha disparado el precio de la luz un 9% en 2018

Europa Press.- El encarecimiento de los derechos de emisión de CO2, con su impacto en el mercado mayorista de la electricidad, el conocido como pool, ha disparado el precio de la luz un 9% en 2018. Según los analistas del Grupo ASE, sin el impacto del CO2, el precio de la luz, en lugar de rondar los 57 euros por megavatio hora (MWh) de media en el año sería de unos 52 euros por MWh, unos 5 euros por MWh más barato.

El gas marca el pool

Así, el Grupo ASE señala que el encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 ha elevado los costes de producción de electricidad vía carbón y gas, lo que tiene un efecto directo sobre el precio de la luz porque el precio del pool, que cuenta con un sistema de fijación de precios marginalista, está indexado a las ofertas de casación del gas. En la actualidad, sólo cuando la energía eólica logra un volumen importante, como ocurrió en noviembre, es capaz de neutralizar este efecto.

De esta manera, Grupo ASE estima que, por este sobrecoste extra de la electricidad debido al efecto del encarecimiento del CO2, una empresa mediana, como podría ser una fábrica de cartón, que consumiera 5 gigavatios (GW) de electricidad al año, habrá abonado este años 25.000 euros brutos más, solo por el encarecimiento del pool directamente asociado al coste del CO2.

El Gobierno lanza a consulta pública previa la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética mientras Europa también aborda la cuestión

Europa Press.- Mientras desde Europa se habla de dar a los socios comunitarios la posibilidad de regular de forma temporal el precio de la electricidad para asistir y proteger a los hogares pobres o más vulnerables, el Gobierno ha lanzado la fase de consulta pública previa de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, a la que se comprometió a través del Real Decreto-ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, aprobado el pasado octubre.

Concretamente, hasta el próximo 17 de enero, el Ministerio para la Transición Ecológica tiene disponible en su web (www.miteco.gob.es) un acceso público directo para que ciudadanos, organizaciones y asociaciones hagan sus aportaciones, que serán analizadas y tenidas en cuenta «con el objetivo de enriquecer esta estrategia y convertirla en un reflejo fiel de las necesidades de la sociedad en materia de pobreza energética«, indicó el gabinete dirigido por Teresa Ribera.

La consulta se estructura a través de 4 cuestiones abiertas donde se pregunta sobre qué factores deben tenerse en cuenta para identificar las situaciones de pobreza energética y cómo deberían participar administraciones y empresas para llevar a cabo la estrategia. Asimismo, también se pregunta si el bono social eléctrico y el nuevo bono térmico deben mantenerse en los términos actuales o hay que reformarlos en algún aspecto, y se solicita opinión sobre qué medidas de eficiencia energética tendrían mayor incidencia a la hora de aliviar la pobreza energética. Para concluir se ofrece la posibilidad de expresar cualquier otra idea enfocada a mejorar la próxima Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.

Por otra parte, el Ministerio indicó que, según los últimos datos disponibles, se han registrado un total de 1.436.268 solicitudes completas recibidas al bono social eléctrico, de las cuales 1.041.612 son bonos sociales activos: 544.570 bonos corresponden a consumidores en situación de vulnerabilidad, 494.372 a consumidores en situación de vulnerabilidad severa y 2.670 a personas en riesgo de exclusión social.

Actualmente, los consumidores pueden seguir solicitando el bono social eléctrico en cualquier momento, pero ya no tienen acceso al bono térmico, contemplado como una ayuda urgente para este invierno, y deberán esperar a las nuevas medidas que para estos fines defina la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. El bono térmico es una ayuda, una cantidad en metálico según el nivel de renta y de la zona climática donde esté la vivienda, que ha concedido el Ministerio este invierno a los beneficiarios del bono social eléctrico para ayudarles a pagar los gastos del combustible que utilicen, sea cual sea, para calefacción, agua caliente sanitaria o cocina en la época invernal.

Europa y la pobreza energética

Por otro lado, los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo sobre las nuevas normativas comunitarias que reforman el diseño del mercado eléctrico comunitario y que, entre otras cuestiones, darán a los socios comunitarios la posibilidad de regular de forma temporal el precio de la electricidad para asistir y proteger a los hogares pobres o más vulnerables. Los negociadores de ambas instituciones europeas han pactado, sin embargo, que las medidas a través de los sistemas de seguridad social deben ser prioritarias en las estrategias de los Estados miembros para atajar la pobreza energética.

Los países de la Unión Europea y la Eurocámara han logrado un acuerdo, en concreto, sobre la nueva directiva y el nuevo reglamento del mercado eléctrico europeo, aunque todavía deben ser aprobadas formalmente por ambas partes para que puedan entrar en vigor. La directiva, además, también permite a las capitales la posibilidad de intervenir la fijación de precios para el suministro de electricidad de otros hogares y empresas pequeñas con el objetivo de facilitar una transición hacia una competencia «efectiva».

El elemento «clave» de la normativa, según apuntó el Consejo de la Unión Europea, es que los proveedores de electricidad tendrán la libertad de fijar sus precios, algo que «limitará las distorsiones de mercado, conducirá a una mayor competencia y resultará en una caída de los precios minoristas». No obstante, los socios europeos que todavía regulan el precio de la electricidad que pagan los hogares podrán seguir haciéndolo, aunque tendrán que presentar informes con los progresos alcanzados para abolir completamente la regulación pública de los precios. La Comisión Europea tendrá que evaluar para 2025 los avances conseguidos en toda la Unión Europea e incluso presentar una propuesta legislativa para poner fin a los precios regulados.

Las nuevas reglas europeas sobre el mercado eléctrico también buscan reforzar los derechos de los consumidores. Por ejemplo, los proveedores de electricidad tendrán que ofrecer a sus clientes la opción de cambiar de empresa sin pagar tasas en un periodo máximo de tres semanas a partir de 2026. Los consumidores también tendrán derecho a pedir medidores inteligentes para controlar su consumo, salvo que un análisis de impacto elaborado en un determinado Estado demuestre que los costes de esta medida sobrepasan sus beneficios. Además, se deberá garantizar su acceso a comparadores de precios online libre de cargos y podrán optar por tener un precio dinámico de electricidad por parte de compañías con más de 200.000 clientes.

Por último, el reglamento establece nuevas condiciones para que los Estados miembros puedan poner en marcha mecanismos de capacidad. En concreto, las nuevas plantas que emitan más de 550 gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilovatio/hora no podrán participar en estos mecanismos de capacidad. Sí que podrán hacerlo las plantas que ya están operativas y con emisiones contaminantes por encima de ese umbral y 350 kilogramos de CO2 de media al año por kilovatio instalado, pero únicamente hasta el 1 de julio de 2025.

El gas licuado por canalización baja un 13,5% en su parte variable

Europa Press.- El precio del gas licuado de petróleo (GLP) por canalización ha bajado un 13,5%, según una resolución del Ministerio de Transición Ecológica publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En concreto, el precio máximo del término variable de la tarifa para usuarios finales de GLP por canalización antes de impuestos se sitúa en 71,1666 céntimos de euro por kilogramo, frente a los 82,3368 céntimos del mes anterior.

Asimismo, el término fijo de este combustible se mantiene en 1,57 euros mensuales, mientras que el precio del GLP canalizado para su distribución a granel baja un 16,5%, desde los 67,7347 céntimos por kilogramo del mes anterior hasta 56,5645 céntimos. La revisión de precios de los gases licuados por canalización se realiza mediante una fórmula automática que pondera el precio de la materia prima, el flete y la cotización entre el euro y el dólar. Estos precios no incluyen en la Península y Baleares el impuesto sobre hidrocarburos ni el IVA. En el caso de Canarias, no incorporan el impuesto especial de esta comunidad sobre combustibles derivados del petróleo y el impuesto general indirecto canario.

La CNMC advierte de abusos de las comercializadoras al incrementar los precios para los consumidores reflejando la subida del pool

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido de abusos por parte de varias comercializadoras energéticas en las relaciones contractuales con sus clientes debido al escenario de precios elevados en el mercado mayorista registrado este 2018.

Según el informe de supervisión de las ofertas del mercado minorista de gas y electricidad para consumidores domésticos y pymes de 2017, que recoge un avance de 2018, ante el repunte del mercado mayorista en este año, hay varias comercializadores que han rescindido o modificado sus contratos con sus clientes sin mantener las condiciones pactadas inicialmente con ellos. Así, la CNMC considera que estas prácticas podrían no adecuarse a derecho, al dejar la interpretación del contrato a la voluntad de una de las partes y, asimismo, podrían no reflejar las medidas de protección del consumidor.

En su informe, el regulador señala que resulta «destacable» el incremento registrado en términos medios en las ofertas disponibles, especialmente a partir de mayo de este año, coincidiendo con el repunte de precios de gas y electricidad en los mercados mayoristas. En el caso concreto del gas, la CNMC indica que los precios han experimentado variaciones «importantes», con una subida de la tarifa regulada (conocida como TUR) de un 6% para un consumidor con un consumo anual de 6.000 kilovatios hora (kWh) en el primer trimestre del año; y en torno a un 8% para el último trimestre del año.

En el caso de la electricidad, desde mayo hasta septiembre, el organismo presidido por José María Marín Quemada destaca que se ha producido un incremento de las ofertas en el mercado libre. En concreto, esta subida ha sido de un 3% en el mercado libre, mientras que en el caso de la tarifa regulada (el llamado PVPC y que recoge directamente las variaciones del mercado mayorista) se ha incrementado un 10% en el mismo periodo.

En concreto, la diferencia entre la oferta más cara y la más barata disponible en 2017, según el comparador de precios de la CNMC, supuso un diferencial para un consumidor con derecho a la TUR de gas de unos 80-180 euros/año. En los consumidores de gas sin derecho a TUR, el diferencial entre ofertas puede variar entre 600 y 3.000 euros/año. En el caso de la electricidad, la contratación de la oferta más cara o la más barata supuso una diferencia para los consumidores eléctricos con derecho a la tarifa regulada de entre 150/200 euros en la facturación anual. En los consumidores eléctricos sin derecho a PVPC, el diferencial osciló entre 1.000 y 3.000 euros/año.

En lo que se refiere a las diferencias entre el precio libre y regulado, en gas pasar de ser suministrado con el precio regulado (TUR) a ser suministrado eligiendo la oferta más barata del mercado supuso un ahorro para el consumidor doméstico de entre 31 y 76 euros/año según el consumo anual, entre un 4% y un 22,6 % de su factura anual con precios de diciembre de 2017. En el caso de la electricidad, al contrario que en 2016, durante 2017 han existido opciones en el mercado libre algo más baratas que el PVPC, equivalentes a un ahorro de 31 euros/año en la facturación, un 6% de la facturación.

Por otra parte, el informe destaca que a cierre de 2017 había 22 comercializadores en el comparador con ofertas de electricidad verdes, frente a las 14 a junio de 2016. La CNMC indica que, en general, no se aprecia que las ofertas verdes sean más caras frente a las que no lo son. De acuerdo con el sistema de garantías de origen y etiquetado de la CNMC, este tipo de ofertas atrajo a 1,9 millones de consumidores (1,2 millones en 2016), lo que refleja el mayor éxito en la comercialización de estos productos, añade Competencia.

El Gobierno tramitará por vía urgente las condiciones técnicas y administrativas para regular el autoconsumo energético en España

Europa Press.– El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha autorizado la tramitación mediante real decreto de las condiciones técnicas y administrativas que regularán el autoconsumo de energía en España. El Ejecutivo concluye que la tramitación ha de realizarse por vía de urgencia, dado que el real decreto-ley 15/2018, convalidado por el Congreso de los Diputados, establece el mandato al Gobierno de realizar este desarrollo reglamentario en 3 meses desde su entrada en vigor el pasado 6 de octubre.

En el decreto aprobado el pasado mes de noviembre se llevó a cabo una modificación profunda en la regulación del autoconsumo, eliminando entre otras medidas el denominado impuesto al sol, «con el objetivo de que los consumidores-productores de energía y la sociedad en su conjunto se beneficien de las ventajas que puede acarrear esta actividad en términos de menores necesidades de red, mayor independencia energética y menores emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), responsables del calentamiento global», indicó el Ministerio para la Transición Ecológica.

Así, la norma recogía la necesidad de tramitar y de aprobar un reglamento que regule varios aspectos que permitan implementar completamente el autoconsumo. El Ministerio subrayó que, particularmente, era preciso regular las condiciones administrativas y técnicas para la conexión a la red de instalaciones de producción asociadas al autoconsumo, los mecanismos de compensación entre déficits y superávit de los consumidores acogidos al autoconsumo con excedentes para instalaciones de hasta 100 kW y la organización de un registro administrativo. Por ello, considera que la aprobación de una norma que regule estas cuestiones resulta «imprescindible y urgente». El Gobierno concluye que concurren circunstancias extraordinarias para autorizar que esta regulación sea tramitada de forma urgente mediante real decreto.

El precio de la gasolina y del gasóleo continúa a la baja y se abarata un 2,4%

Europa Press.- El precio de la gasolina y del gasóleo ha proseguido su tendencia bajista y se ha abaratado un 2,4%, alejándose aún más de los máximos anuales que tocó a finales de octubre. Los precios del petróleo experimentan un descenso acumulado de cerca del 30% desde principios de octubre.

En concreto, el precio medio del litro de gasolina ha encadenado su séptimo descenso consecutivo, tras abaratarse un 2,43%, situándose en los 1,241 euros. En el caso del precio del litro de gasóleo, cuya tributación prevé encarecer el Gobierno en 2019, ha sumado su quinta caída consecutiva, tras experimentar un descenso del 2,44%, para situarse en los 1,195 euros. De esta manera, ambos carburantes se alejan algo más de los records anuales, y máximos desde finales de 2014, que habían tocado a mediados de octubre tras la espiral alcista en la que entraron desde agosto al calor de la subida en los precios del crudo.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia en Europa, cotiza a la baja por debajo de los 60 dólares, mientras que el Texas americano se intercambia a 49 dólares. Las tensiones geopolíticas, así como el enfrentamiento entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) han hecho caer el precio del crudo.

A pesar de las subidas experimentadas en 2018 por la gasolina y el gasóleo, los carburantes son más baratos en España que en la media de la Unión Europea y la zona euro, donde el precio medio de venta del litro de gasolina se sitúa en 1,402 euros y 1,453 euros, respectivamente, mientras que el litro de gasóleo cuesta 1,365 euros tanto en la media de la Unión Europea como en la eurozona. El menor nivel de precios finales con respecto a los países del entorno se debe a que España, pese a las subidas del IVA, a los mayores impuestos y a los gravámenes al biodiésel, sigue contando con una menor presión fiscal, en general, que la media comunitaria.

El Gobierno reintegra en la orden de peajes de 2019 los derechos de cobro de Enagás por el almacén Castor

Europa Press.- El Gobierno ha reintegrado en la orden de peajes y cánones del sistema gasista para 2019 los derechos de cobro de Enagás por los costes de mantenimiento y operación del almacenamiento subterráneo de gas Castor, que fueron paralizados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a principios de este año tras la sentencia del Tribunal Constitucional.

En su propuesta de orden para el próximo año se reconoce a Enagás Transporte la cantidad de 8,73 millones de euros en concepto de costes de mantenimiento y operatividad del Castor. Asimismo, se da el visto bueno para que el operador del sistema gasista recupere las cantidades que no fueron abonadas como consecuencia de la sentencia del Constitucional. En concreto, se reconoce a Enagás los costes por Castor correspondientes a 2017 y 2018, «al haber sido detraídos y no haberse abonado respectivamente». En ambos ejercicios, la cantidad asciende a 8,73 millones de euros, el mismo importe por este concepto recogido en la orden para 2019.

«Al objeto de evitar el abandono incontrolado de la instalación, se considera perentorio dotar a la empresa responsable de la administración de las instalaciones de los medios económicos necesarios para su supervisión, operación y control que garanticen la seguridad de la instalación para las personas y el medioambiente», señala el Ministerio para la Transición Ecológica en su propuesta de orden.

Lo que no se incluye en la orden de peajes y cánones del sistema gasista para el próximo año son los costes de unos 80 millones de euros anuales para hacer frente al pago de la deuda por Castor, paralizada en enero por la CNMC tras la sentencia del Constitucional. En 2014, el Gobierno aprobó un real decreto ley en el que se establecía la hibernación del Castor y en el que se reconocía esa compensación para la empresa promotora Escal UGS, cuyo importe se decidió repercutir durante 30 años en la tarifa de gas.

Esa deuda por Castor, que ascendió a 1.350 millones de euros y que se abonó a la empresa promotora Escal UGS, participada por ACS, fue colocada por Enagás en 2015 a Banco Santander, Bankia y Caixabank a un tipo de interés del 4,3% y a devolver en 30 años. En su sentencia de 2017, el Constitucional no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en su aprobación como un Real Decreto de urgencia.

En consecuencia, la CNMC paralizó en enero los pagos destinados a materializar el derecho de cobro por la deuda del almacén Castor, que están en manos de los tres bancos. El regulador indicó así que, en aplicación de la sentencia de 2017 del Tribunal Constitucional, los titulares de estos derechos de cobro dejaban «de ser sujetos del sistema de liquidaciones».

Por otra parte, el Ministerio para la Transición Ecológica prevé en su la memoria de su propuesta de orden un superávit de más de 5 millones de euros del sistema gasista para 2019. En concreto, el gabinete dirigido por Teresa Ribera estima unos ingresos previstos del sistema vía peajes y cánones de 3.022,67 millones de euros, frente a unos costes de 3.017,31 millones de euros.

La factura de la luz se mantuvo el pasado noviembre en el mismo nivel de 2017

Redacción.- Un consumidor doméstico medio pagó 71,93 euros en su factura de la luz de noviembre, por lo que esta factura se incrementó en un 0,33% respecto a los 71,69 euros de noviembre de 2017, lo que supuso una subida en el recibo eléctrico de 0,24 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía: un consumo de electricidad de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio atribuye al consumo de una familia media con dos hijos. De los 71,93 euros abonados en los 30 días de noviembre del 2018, 14,88 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de noviembre, 41,68 euros obedecen al consumo, 2,89 euros al impuesto eléctrico y 12,48 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

El Gobierno congeló para 2018, y por quinto año consecutivo, los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados. Para contrarrestar la espiral alcista de la luz en los últimos meses, el Gobierno aprobó en octubre un real decreto de medidas urgentes que contempla, entre otras medidas, la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el anterior Ejecutivo del PP, y una exención del céntimo verde para el uso del gas para producir electricidad.

Eso sí, la factura de la luz de noviembre bajó un 1,03% respecto al mes anterior, octubre, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,40 euros en noviembre respecto a los 2,42 euros de octubre. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses. Así, el recibo eléctrico baja por segundo mes consecutivo después de cortar la espiral alcista que le había llevado a encadenar 6 meses consecutivos de subidas.

Con esta subida interanual en noviembre, el recibo de la luz cerró los primeros once meses del año con una subida del 2,32% con respecto al mismo periodo de 2017. La subida de precios en noviembre contribuyó a que el recibo de los once primeros meses del año se sitúe en 773,07 euros, 17,5 euros más frente a los 755,57 euros en el 2017. En los primeros once meses, la factura media de electricidad se desglosa a razón de 165,71 euros por el término fijo, de 442,11 euros por el consumo, de 31,08 euros por el impuesto de electricidad y 134,17 euros por el IVA.

El número de clientes acogidos al bono social de la electricidad es ya muy próximo al millón

Europa Press.- Casi un millón de clientes están acogidos ya al bono social eléctrico, después de que en el último mes y medio se hayan suscrito 172.000 nuevos usuarios, según indicó el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal. En este sentido, Domínguez subrayó que la pobreza energética no es «una situación que esté resuelta y se tiene mucho trabajo por delante«, ya que más de 4 millones de personas la sufren en España.

Así, Domínguez Abascal señaló que se han recibido 1,3 millones de solicitudes para acogerse al bono social, de las cuales se han concedido casi un millón «en este momento«, lo que permite dar cobertura a casi 2,4 millones de personas en situación de pobreza. «Pero nos quedan otros dos millones y el trabajo que tenemos por delante es grande», apuntó.

El Gobierno aprobó en octubre, mediante un real decreto-ley, un plan de medidas para ampliar las coberturas del actual bono social eléctrico, incluyendo a las familias monoparentales y recogiendo la prohibición de cortar el suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años, y así como para abaratar la factura de la luz, ante la espiral alcista de los últimos mesesen el precio de la electricidad.

Hasta el 31 de diciembre

Desde la entrada en vigor de la nueva normativa, que amplía las coberturas del anterior bono social eléctrico, Domínguez destacó que el ritmo al que se está accediendo a esta protección para los consumidores vulnerables «es importante», con esos 172.000 nuevos clientes suscritos en el último mes y medio. El plazo para acogerse al bono social eléctrico para aquellos consumidores acogidos al antiguo, que con la anterior normativa expiraba el pasado octubre, se amplió hasta el próximo 31 de diciembre.

A este respecto, valoró que desde la llegada del Gobierno del PSOE afrontar el problema de la pobreza energética ha sido prioritario y con real decreto-ley se han afrontado «algunas cuestiones de urgencia». «Ya no se puede cortar la luz en España en una vivienda donde no hay capacidad económica o habitan menores», destacó. Asimismo, invitó a participar en la tramitación del real decreto-ley a Ley, ya que es el momento «para introducir algunos elementos adicionales», y destacó también que el objetivo es cumplir con el mandato recogido en la normativa de que en 6 meses, antes del mes de abril, esté redactada una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.

Por su parte, el director general de la Fundación Naturgy, Martí Solá, destacó que la pobreza energética es «una manifestación de la pobreza en general» y consideró necesario el trabajo conjunto de las empresas, administraciones y agentes sociales para mitigarla. A este respecto, Solá señaló la necesidad de eliminar las barreras burocráticas existentes en su gestión para que la productividad de los servicios sociales «sea más alta» y pidió la creación de un registro único de familias de clientes vulnerables.