Europa Press / EFE.- El 38% de la población española se ha planteado el autoconsumo eléctrico con energías renovables, de los que el 13% lo pensó «seriamente» y el 25% sólo si una entidad «ética, renovable y ciudadana» se lo facilita, según el estudio Energía colaborativa: el poder de la ciudadanía de crear, compartir y gestionar renovables, presentado por Greenpeace.
Según el estudio, que ha contado con una muestra de 3.000 internautas de entre 25 y 65 años, el 30,9% de las personas entrevistadas querría ejercer «su poder de compra» y escoger un nuevo proveedor de electricidad que «garantice una producción y venta sólo de renovables y de propiedad distribuida en las manos de los ciudadanos«. Entre las razones que, según Greenpeace, motivan a estas personas a dar el cambio en su tipo de consumo están «el efecto positivo» de sus acciones para el medio ambiente, el «precio justo» de la energía y el hecho de «evitar las puertas giratorias en grandes eléctricas», mientras que lo que les une es «el hartazgo» hacía las compañías.
Además, según el informe, la orientación política entre los españoles interesados en invertir en energías renovables (a través del autoconsumo, cooperativas o como inversores) «no es determinante». En este sentido, el 12,7% de los 346 encuestados que han señalado que votan al PP tienen predisposición «alta» a cambiarse; de los 436 de Ciudadanos, el 14,4%; de los 342 del PSOE, el 14,6%; y de los 681 de Unidos Podemos, el 14,4%. El estudio también revela que el 54,4% de los encuestados estaría predispuesto a ser coopropietario de una instalación de energías renovables y un 12,1%, adoptaría el rol de ciudadano inversor que participa con sus ahorros en plantas de generación.
Momento importante a nivel regulatorio
Para el responsable de Cambio Climático de Greenpeace, José Luis García, estos datos muestran que la «energía colaborativa y ciudadana tiene que tomar un rol protagonista en el nuevo modelo energético» dentro del marco legislativo que se está desarrollando en la Unión Europea, con el Paquete de Medidas de Energía Limpia que está preparando, y en España, donde se está elaborando la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Asimismo, destacó que en el resto de Europa, como Alemania, la transición energética es «una política de Estado, independientemente del color político del Gobierno», y por eso «están más avanzados». Por ello, subraya que «promover la participación ciudadana es técnicamente viable» y «debe ser un derecho».
Por su parte, la responsable de campaña de energías renovables de Greenpeace, Sara Pizzinato, ha señalado que una de las principales conclusiones de este estudio es «el desconocimiento» de la población. En este sentido, asevera que, en contra de lo que cree mucha gente, «el autoconsumo no está prohibido«. La ciudadanía «se siente robada en la factura de la luz, pero no sabe cómo ponerle remedio», asegura. A juicio de la responsable de la ONG, este desconocimiento forma parte de una «estrategia de las compañías y el Gobierno para mantener desinformada a la población», según indicó. «Es inaceptable que se pongan barreras a la democratización de la energía», ha añadido.
Por otro lado, la presidente de la Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de España e integrante de Rescoop (Federación Europea de Cooperativas de Energía Renovables), Erika Martínez, indicó que, en la última década, España ha conseguido hasta 75.000 socios de compañías cooperativas de sistemas renovables. Para Martínez, el principal obstáculo de la participación ciudadana es «el entorno jurídico«. Por ello, ha dicho que, la ley que se está preparando en España debería «derogar el impuesto al sol«, desarrollar el I+D+i en renovables, incrementar los objetivos de eficiencia energética y poner en marcha el denominado balance neto, para que los productores sólo paguen la diferencia de lo que han necesitado de la red o reciban lo que han volcado.
