EFE.- El Defensor del Pueblo considera que en España la electricidad está regulada más como un producto que como base «indispensable» de derechos fundamentales y ha recomendado que se aplique a la energía eléctrica un tipo reducido de IVA como el que tienen los alimentos básicos.

El Defensor del Pueblo recuerda que la energía eléctrica es esencial para una vida digna y recuerda que la muerte en el incendio de su vivienda de una anciana en Reus (Tarragona) que se iluminaba con velas puso de manifiesto «las carencias de un sistema que no estaba concebido para proteger los derechos de las personas y la necesidad de mejorarlo». A juicio del Defensor del Pueblo, «la electricidad en España aún dista de estar considerada como base material indispensable de los derechos fundamentales» y «su regulación se asemeja más a la de un producto o un servicio del que se pueda prescindir, o accesible únicamente a quien pueda pagarlo».

El Defensor del Pueblo considera que se han dado pasos para reconocer el carácter esencial del suministro eléctrico, como la nueva regulación del bono social, que hasta la fecha ha tenido «un diseño técnicamente defectuoso«, que ha hecho que personas con dificultades de pago estuvieran excluidas y al mismo tiempo se destinaran recursos del sistema «a financiar la factura eléctrica de quienes no lo necesitan».

La institución señala también que ha analizado el coste de la electricidad en España, que es el segundo más caro dentro de la Unión Europea para consumidores domésticos después del de Irlanda, y critica que la factura eléctrica se esté empleando «para distribuir el coste de decisiones regulatorias que no tienen relación con la lógica de mercado», por lo que demanda implantar criterios de equidad en la distribución de costes.

Recuerda, asimismo, que la electricidad está gravada con un IVA del 21% y con un impuesto especial, similar al que existe sobre productos como el alcohol o el tabaco, «a pesar de ser un bien esencial para la vida», y reclama que se aplique un tipo reducido de IVA a la electricidad. El Defensor señala que seguirá reclamando que se reduzca la parte fija de la factura eléctrica no sólo por su incidencia en el precio, sino porque también incide en el ahorro de energía, para lo que también pide a la Secretaría de Estado de Energía que transponga la directiva que obliga a instalar en las viviendas sistemas de contabilización individualizada del consumo energético.

También reclama a ese departamento que modifique la norma por la que un consumidor sólo puede modificar la potencia que tiene contratada una vez al año y que sólo se cobre el alquiler de los nuevos contadores eléctricos si verdaderamente están integrados en el sistema de telegestión. Además, insta a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) y al Ministerio de Energía a dar solución a la desinformación que tienen la mayoría de los consumidores acerca de si están en el mercado libre o en el regulado.

Revisar impacto ambiental en Doñana

Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha alertado de que un año más la actividad más contaminante reflejada en las más de 700 quejas relacionadas con el medio ambiente es promovida o amparada «en muchas ocasiones» por las administraciones públicas, aplicando la legislación ambiental de manera formal, limitándose a tramitar los procedimientos, pero sin hacer un verdadero análisis de las repercusiones reales de proyectos, cuya afección al medio ambiente «puede ser muy significativa«. Así consta en el Informe anual de la actividad de 2017 del Defensor del Pueblo que en términos generales constata también una mayor preocupación ciudadana por la protección y defensa del medio ambiente, tanto a nivel individual como a nivel colectivo.

El Defensor destaca como «caso paradigmático» el de los proyectos de explotación y almacenamiento de gas subterráneo en el entorno de Doñana, un caso en el que se considera que la evaluación efectuada «no es concluyente» por lo que ha sugerido al Ministerio de Medio Ambiente que revise las declaraciones de impacto ambiental (DIA) de los 4 proyectos de explotación y almacenamiento de gas en el entorno de Doñana, incluida la valoración de las distintas alternativas al almacenamiento de gas, del riesgo sísmico y los impactos de la inyección y del almacenamiento subterráneo sobre el acuífero. Además, solicita al Ministerio de Energía que suspenda los trabajos de Marismas Occidental, en tanto se realiza la evaluación.