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Energía abrirá un proceso de diálogo sobre Garoña con todos los implicados mientras Foro Nuclear ve una estrategia energética “adecuada”

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EFE / Europa Press.- El Foro de la Industria Nuclear defiende la continuidad de la operación a largo plazo del parque nuclear español porque es una «estrategia energética adecuada y necesaria» para España en el contexto actual. La decisión queda en manos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que abrirá un proceso de diálogo con todos los agentes implicados, entre ellos comunidades autónomas, organizaciones ecologistas y empresas, antes de tomar una decisión sobre el futuro de la central nuclear de Garoña (Burgos).

«Antes de tomar una decisión, el Ministerio abrirá un proceso de diálogo con comunidades autónomas afectadas, ecologistas, empresas y demás actores implicados para llegar a un consenso», indicaron las fuentes del departamento que encabeza Álvaro Nadal. El Ministerio de Energía cuenta con un plazo de 6 meses para tomar una decisión tras el dictamen favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Nadal aseveró en el Senado que la seguridad «es prioritaria» y que su departamento basará su decisión «en el interés general». El pleno del CSN aprobó un dictamen favorable a la reapertura de Garoña siempre y cuando Nuclenor, la sociedad que opera la planta (participada por Endesa e Iberdrola), cumpla con las inversiones en seguridad que se le exigen.

Tras el visto bueno del CSN corresponde ahora al Ministerio de Energía decidir si autoriza a Nuclenor a volver a conectar la planta a la red, ya que está parada desde 2012. Energía aclara que la eventual continuidad de la central estará condicionada al cumplimiento de los requisitos en materia de seguridad impuestos por el organismo regulador y que la decisión final corresponderá al titular de la central, esto es, a Nuclenor. Fuentes del ministerio reiteraron que el dictamen del CSN se refiere únicamente a la central de Garoña, que es un caso «muy específico» dentro del parque nuclear español tras dejar de funcionar en 2012por motivos económicos, y que no supondrá «ningún precedente para decisiones futuras sobre otras centrales».

Foro Nuclear: “estrategia energética adecuada”

El Foro de la Industria Nuclear considera el dictamen favorable del CSN a la renovación de Garoña como «el cumplimiento de un paso más dentro del procedimiento establecido para este tipo de solicitudes», que permite el funcionamiento de las centrales nucleares con todas las garantías técnicas y de seguridad.Así, recuerda que «ahora» corresponde al Ministerio de Energía «tomar la decisión final al respecto» y confía en que se base, igual que la resolución emitida por el regulador, en criterios técnicos, «primando la seguridad nuclear y la protección de las personas y del medio ambiente».

Antonio Cornadó, presidente de esta institución, asegura que la continuidad de la operación del parque nuclear español, bajo la supervisión del CSN, es una estrategia energética «adecuada y necesaria para España» dentro del actual contexto de recuperación económica y en la “transición hacia un modelo sostenible”. Igualmente, recuerda que otros países están apostando por «la continuidad de la operación» de las plantas nucleares y que en este momento hay 100 reactores en todo el mundo autorizados para ello. «Diez años de operación adicional de las centrales nucleares españolas significan la generación de electricidad equivalente a dos años y medio de consumo nacional anual, evitar la emisión de más de 400 millones de toneladas de CO2 y consolidar 27.500 empleos», insiste.

Castilla y León pide reapertura

Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, apuesta por la continuidad de Garoña, después de que el CSN constate su seguridad si se realizan determinas inversiones, tras reiterar la «eficiencia» de la energía nuclear, que es una energía «barata» de producir. «Lo más importante es que realizando determinadas inversiones Garoña es segura», destacó Del Olmo, quien ha reseñado que ahora la decisión está en manos de la empresa que gestiona la central, de la que desconoce si tiene intención de realizar una inversión que el propio CSN estima en 200 millones de euros, y del Ministerio de Energía.

Para la consejera la reapertura de la central es «importante» para Castilla y León porque genera unos 1.000 empleos en la comunidad, con lo que se crearán «beneficios» en el mundo rural, por lo que confía en que Energía respalde esta apuesta de la Junta. No obstante ha recordado que la decisión final depende de la empresa tras analizar las inversiones que debe realizar y valorar si su futuro es rentable. «Confío que lo analicen y decidan la continuidad de Garoña», afirmó, al tiempo que entiende que la decisión de Nuclenor también dependerá “en gran medida” del plazo de prórroga que finalmente se otorgue a la central, algo por determinar.

La plantilla de Garoña, satisfecha

Por otro lado, el presidente del comité de empresa de la central de Garoña, Pedro San Millán, ha mostrado la satisfacción de los trabajadores por la decisión del CSN y ahora esperan que tanto el Ministerio de Industria como las empresas (Iberdrola y Endesa) decidan apostar por la continuidad de la nuclear burgalesa. Así lo ha manifestado San Millán tras este nuevo capítulo, «un paso más en el peregrinar» que comenzó en 2003 cuando se inició el proceso de alargamiento de la vida de Garoña. Asimismo, el miembro del comité de empresa ha recordado que fuera del país hay antecedentes de centrales de este tipo «que pueden alargar su vida hasta los 60 años mínimo».

Sobre las condiciones impuestas por el CSN, Pedro San Millán ha explicado que siempre que el Consejo ha autorizado una ampliación de la vida útil de una central lo ha supeditado «a la implantación de unas mejoras del diseño que van dirigidas a la seguridad«, por lo que considera «normal» que también se haga ahora con el caso de Garoña. Por ello cree que se pedirá que unos sistemas de seguridad se implanten antes de que la central burgalesa vuelva a arrancar y «otros sistemas» durante el periodo de producción.

PP vasco asegura «máxima seguridad»

Por su parte, la secretaria general del PP del País Vasco, Nerea Llanos, asegura que el Gobierno de España tendrá en cuenta la «realidad» y la «máxima seguridad» al decidir si autoriza volver a la actividad a Garoña. Eso sí, Llanos ha reiterado que la postura del PP vasco es contraria a la reapertura de esta central nuclear y que esa posición la conoce el Gobierno. Ha sostenido que en torno a este asunto «hay más interés político que energético» e indica que los populares vascos no van a participar en ese «juego político», del que acusó especialmente al PNV.

El CSN tiene 15 días para entregar a Transparencia Internacional 2 informes que podrían cuestionar el emplazamiento del ATC

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Europa Press / EFE.- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tiene 15 días hábiles para entregar a la ONG Transparencia Internacional copia de 2 informes sobre la idoneidad y condiciones del emplazamiento elegido para albergar el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos radiactivos de alta actividad y combustible gastado en Villar de Cañas (Cuenca). Así consta en una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que estimó parcialmente las reclamaciones de esta ONG para acceder a una información que considera relevante para los ciudadanos.

Concretamente, la resolución, adelantada por el diario El País, insta al regulador nuclear a remitir en 15 días hábiles al presidente de Transparencia Internacional, Jesús Lizcano, varios informes. Se trata del informe del propio organismo regulador, de carácter geotécnico e hidrógeológico sobre la idoneidad y condiciones de seguridad del emplazamiento elegido para el ATC y que hayan servido para adoptar la propuesta de dictamen técnico. Además, le insta a remitir a la ONG copia del informe presentado por la consultora americana URS sobre las condiciones de terreno y emplazamiento del ATC en Villar de Cañas.

El Consejo de Transparencia desestima sin embargo otras peticiones al CSN, como el informe sobre la adjudicación del emplazamiento, una nota informativa de los técnicos de Ciencias de la Tierra del regulador sobre el sitio elegido, otro informe presentado por los geólogos sobre las condiciones de los terrenos, así como otro documento sobre la aprobación del emplazamiento, teniendo en cuenta el informe desfavorable de los geólogos del propio organismo. Igualmente, desestima la solicitud de Transparencia Internacional para que el regulador le entregue información sobre la cuantía del proyecto al entender que habrá un sobrecoste, pues entiende que el ámbito económico no es competencia del CSN.

No existe una obligación legal

Mientras, el presidente de Transparencia Internacional, Jesús Lizcano, explicó que hace meses pidieron información al regulador para conocer los criterios por los que se había elegido Villar de Cañas para albergar el ATC, a tenor de informaciones que apuntaban a la falta de idoneidad del sitio elegido para albergar los residuos radiactivos de las centrales por los riesgos de contaminación y afectación de la salud pública. Lizcano considera que esta información puede ser relevante y de interés para los ciudadanos por lo que ahora espera que en el plazo de 15 días el regulador le remita estos informes porque «aunque no hay una obligación legal, es un organismo oficial nombrado por el Parlamento», según subrayó.

Fuentes del Consejo de Transparencia indicaron que el portal estudia y responde todas las solicitudes al ser su cometido velar por la transparencia de las instituciones. Lizcano ha indicado que son informes que «desaconsejan este emplazamiento, tal y como veremos cuando se hagan públicos«. Aunque los informes todavía no obran en poder de Transparencia Internacional, Lizcano ha garantizado que en el momento que los tengan su asociación los hará públicos porque «consideramos que algo como esto es de interés social».

El PSOE señala que el Congreso puede pedir el cese del CSN mientras Castilla y León pide anteponer la técnica

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EFE.- La secretaria de Cambio Climático del PSOE, Pilar Lucio, indicó que el Congreso de los Diputados puede instar al cese del presidente y consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y demandó explicaciones a su máximo responsable, Fernando Martí, tras la decisión adoptada por este organismo regulador, que informó favorablemente sobre varias actuaciones para la reapertura de la central de Garoña, cuyo propietario, Nuclenor, solicitó una licencia para volver a operar hasta el año 2031.

Precisamente, todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, había registrado una carta en el CSN en la que pedían una moratoria al presidente y a los consejeros del regulador en el proceso de evaluación hasta la constitución del nuevo Gobierno. Por ello, la portavoz socialista de energía acusó al CSN de plegarse al Gobierno en funciones al decidir continuar con el proceso de evaluación de la renovación de explotación de la central nuclear de Garoña (Burgos), no escuchando a los grupos parlamentarios cuando «por respeto» debería haber considerado y respetado el contenido de la misiva.

Debe dar explicaciones al Parlamento

«El Gobierno es ejecutor», pero a quien tiene obligación de dar explicaciones es al Parlamento, enfatizó Pilar Lucio, quien recordó el artículo 7 de la Ley de Creación del CSN: «El Congreso de los Diputados, a través de la Comisión competente y por acuerdo de los tres quintos de sus miembros, podrá instar en cualquier momento al Gobierno el cese de Presidente y Consejeros». «Esto debe quedar perfectamente claro», añadió la responsable socialista, que recordó que tanto su grupo como el resto de formaciones que firmaron la mencionada misiva han exigido la comparecencia de Fernando Martí una vez se constituya la Comisión de Industria y Energía en la Cámara Baja.

En su opinión, la decisión del CSN muestra a las claras que las órdenes del Ejecutivo en funciones «se cumplen sin dilación y las peticiones del nuevo legislativo son totalmente ignoradas». «La moratoria es una petición legítima, perfectamente realizable si el presidente así lo quisiera, ya que es él quien decide los puntos del orden del día a incluir en los plenos» del CSN. «El CSN ha vuelto a hacer caso a las exigencias de un gobierno en funciones y ha dado la espalda al Congreso una vez más», insistió.

En caso de prosperar la renovación de la licencia de autorización de Garoña sería la primera vez en la historia del país en que se permitiría a un reactor operar 60 años, en lugar de 40 años, y que dicha licencia tuviera una duración de 17 años, cuando hasta el momento el máximo fue de 10 años. «Pedimos sentido común y un debate sosegado sobre nuestro modelo energético en un proceso de transición, en el cual estamos la gran mayoría de acuerdo, pero en el que el CSN va en la dirección opuesta», concluyó Lucio.

Anteponer conclusiones científicas en Garoña

Por su parte, la vicepresidenta y portavoz de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, reclamó anteponer las conclusiones científicas a los planteamientos políticos sobre el futuro de la central nuclear de Garoña y reconoció que, si se garantiza la seguridad de las instalaciones desde el punto de vista científico, el Ejecutivo autonómico estaría «encantadísimo» de que la central nuclear burgalesa pudiera seguir activa, pero insistió en que se trata de una decisión «al margen de la política». «Son muy importantes los puestos de trabajo, pero también que se cumpla lo que diga el CSN», resumió la vicepresidenta, convencida de que deben ser los científicos los que den «garantías» sobre el futuro de Garoña.

«Que el CSN afronte indemnizaciones»

Por otro lado, el diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), emplazó a los miembros del CSN a que «paguen cualquier posible indemnización que pudiera derivarse» de la reapertura de Garoña. En este sentido, indicó que la posición del PP «es claramente favorable a la reapertura» de la central burgalesa y que un próximo Gobierno podría denegar la reapertura posteriormente, con lo que los propietarios de la instalación, Nuclenor (Endesa e Iberdrola) podrían reclamar por lo tanto una indemnización. Ante esta posibilidad González invitó públicamente a los miembros del CSN a que paguen esa posible indemnización, ya que «si quieren seguir amparando una decisión del PP, entonces que se hagan responsables personales de sus actos«.

Fuentes forales confirmaron que tanto el Gobierno Vasco como la Diputación de Álava se personarán conjuntamente «de manera inmediata» en el expediente de reapertura de Garoña, para mostrar su «disconformidad con cualquier acto administrativo encaminado a la reapertura de la central». Si pese a los fundados motivos jurídicos no se permitiera la personación de la Diputación, ésta recurrirá, anunció González. El ejecutivo foral y el Gobierno Vasco solicitaron un informe jurídico sobre las posibilidades de actuación legal en el procedimiento de reapertura de la central, «ya que no se ha tenido en consideración la opinión de Álava en ningún momento». Este informe jurídico concluyó que la entidad «tiene que ser parte en dicho procedimiento, ya que tiene un interés directo».

Partidos políticos y organizaciones ecologistas lamentan que el CSN no haya atendido su petición de paralizar las decisiones sobre Garoña

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Europa Press.- Representantes de varios grupos del Congreso y de las principales organizaciones ecologistas lamentaron que el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) haya informado favorablemente sobre varias actuaciones para la renovación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), y «se haya saltado a la torera» así su petición de no seguir con el proceso de evaluación hasta la conformación del nuevo gobierno, tal y como le solicitaron en una misiva todos los grupos parlamentarios, salvo el PP.

La secretaria de Medio Ambiente del PSOE, Pilar Lucio, lamentó que el CSN no tuviera en cuenta la petición de dos tercios del actual arco parlamentario. «Le pedíamos que no hiciera ningún movimiento mientras la nueva mayoría parlamentaria pueda decidir sobre eso. Es un golpe democrático importante», sentenció Lucio, incidiendo en que la primera comparecencia que pedirán en cuanto se constituya la comisión parlamentaria de Energía será la del presidente del CSN, Fernando Martí, tal y como anunciaban en la misiva. «Tenemos que ver de qué manera revocar esta decisión teniendo en cuenta que el CSN es un órgano independiente pero cuyas decisiones las tiene que sufrir el Gobierno», indicó.

En este sentido, el diputado de Podemos y Equo, Juan López de Uralde, fue más allá y advirtió de que, además de la reapertura, se «abre la puerta a una posible reclamación por parte de Nuclenor (propietaria de la planta) por lucro cesante que podría conllevar, de ser aceptada, una indemnización a cargo de las arcas públicas, como ya ocurrió con el caso del Castor». De hecho, recordó que Nuclenor (Endesa e Iberdrola) ya reclamó «lucro cesante» cuando el gobierno de Zapatero decretó el cierre de la central; aunque en aquel caso el Tribunal Supremo dio la razón al ejecutivo.

Según reivindicó, el CSN es un órgano dependiente del Congreso y, a pesar de existir una mayoría parlamentaria que pide el cierre de Garoña, «el CSN hace oídos sordos«. «Esta decisión ratifica que el CSN está al servicio de las presiones de las eléctricas y del gobierno en funciones. El Consejo del CSN se ha burlado de la democracia y de la ciudadanía para favorecer los intereses del oligopolio eléctrico», criticó López de Uralde. Por parte del PNV, su portavoz de Energía, Pedro Azpiazu indicó que no esperaba que ésta fuera la respuesta del CSN, «mucho menos sin una comunicación previa a los firmantes de la carta tratándose del Parlamento».

Ecologistas denuncian «insumisión» del CSN

Por su parte, las organizaciones ecologistas denunciaron la «insumisión» del CSN hacia la voluntad del Parlamento, que le instó de forma extraparlamentaria a paralizar el expediente de renovación de licencia de Garoña. Así, el portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, indicó que aprobar las especificaciones técnicas de funcionamiento supone «avanzar hacia un informe favorable» a la vuelta a la producción de electricidad de Garoña que «servirá de coartada» para el próximo Gobierno de cara a autorizar que Garoña opere hasta los 60 años.

En este sentido, ha explicado que si el próximo Gobierno se opone a la continuidad de la central y se encuentra con tantos dictámenes positivos hacia la central se verá presionado y, probablemente, el titular, Nuclenor llevaría al Ejecutivo a los tribunales por su decisión. Por el contrario, si se constituye un gobierno a favor de reabrir Garoña «esto sería la coartada perfecta». Castejón cree que esto podría servir, especialmente a Ciudadanos, que «ha sido equidistante» en este asunto pero que con anterioridad se ha mostrado a favor de reabrir la planta si los técnicos así lo indican. «Este es un elemento que jugaría a favor de un posicionamiento favorable a reiniciar la central», considera.

En la misma línea, la portavoz de la campaña de energía de Greenpeace, Raquel Montón, calificó de «insumisión al Parlamento» lo que ha hecho el CSN, «en contra» de lo que le ha pedido «la inmensa mayoría del Congreso de los Diputados» para que detuviera el proceso de renovación así como la sucesión de autorizaciones parciales. Además, manifestó su sorpresa porque el regulador atómico anuncie la fecha en la que probablemente remitirá el informe final al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, algo que ve «imposible» puesto que antes de eso el titular de Garoña, Nuclenor, deberá realizar una serie de pruebas para las que no tiene plazo. «No puede anticipar la fecha de emisión. ¿Qué significa eso?», se cuestiona.

Bildu pide cerrar definitivamente Garoña

Las dos diputadas de Bildu en el Congreso de los Diputados registraron dos iniciativas para pedir la no reapertura de Garoña, su cese definitivo, así como su desmantelamiento y un plan de reindustrialización de la zona para que su cierre «influya lo menos posible en la economía local». Así lo anunció la diputada Onintza Enbeitia, «Establecer el precedente de la prórroga a una central nuclear significa que todas las centrales que vienen después con su fecha de caducidad podrían estar en esta misma fase para poder asumir la reapertura 20 años más. No deberíamos llegar nunca a esa situación», consideró.

El CSN ampliará de 25 a 200 la red de estaciones de vigilancia radiológica ambiental

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Servimedia.- El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó la propuesta de diseño funcional de la red de estaciones automáticas de vigilancia (REA) que vigilan la calidad radiológica del aire en el territorio nacional con la que ampliará de 25 a 200 la red de estaciones. Su configuración posee la doble finalidad de medir la calidad radiológica del aire en situaciones normales y de emergencia.

La modernización de la REA tendrá en cuenta los avances tecnológicos disponibles en la actualidad desde el punto de vista del equipamiento radiométrico y de las conexiones y comunicaciones automáticas con la Sala de Emergencias del CSN (Salem), así como «las lecciones aprendidas del accidente de Fukushima (Japón) en relación con las redes de vigilancia radiológica en situaciones de emergencia«.

Asimismo, la Dirección Técnica de Protección Radiológica, en su propuesta, aprobada por el pleno, contempla que la nueva red de estaciones automáticas sea una red de vigilancia para situaciones de emergencias, mediante la vigilancia continua de los niveles de una eventual concentración de radiactividad en la atmósfera. Concretamente, se ha concebido con el criterio de que deberá ser capaz de detectar rápidamente incrementos en los niveles de fondo radiológico como consecuencia de incidentes o accidentes radiológicos, tanto en territorio nacional como ocurridos en el extranjero.

En su funcionamiento previsto, se destaca que ante valores de radiactividad que excedan de ciertos umbrales se activarán automáticamente unas alarmas que alertarán a los técnicos y responsables de la red REA. «Con esta información se podrá evaluar la gravedad de las consecuencias radiológicas del accidente y ayudará a la toma de decisiones sobre las medidas de protección a la población, con el fin de minimizar las posibles consecuencias«, explicó.

La red deberá disponer de tres tipos de estaciones de forma que midan la tasa de dosis en localizaciones geográficas fijas, como las zonas de los Planes de Emergencia Nuclear (PEN), grandes ciudades y otros emplazamientos nucleares; que realicen espectrometría gamma in-situ de forma automática por todo el territorio nacional y al menos la mitad en zonas PEN; y que sean portátiles para poder efectuar lecturas de tasa de dosis. De esta forma, estará constituida en total por 200 estaciones que en caso de emergencia podría verse ampliada a 215.

Las estaciones estarían ubicadas en cuarteles de la Guardia Civil, en los actuales emplazamientos de la REA salvo en aquellas ubicaciones en las que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decidido retirar su estación, en cuyo caso deberán instalarse en otras ubicaciones cercanas, en el interior de las zonas de planificación de todas las instalaciones nucleares de España. A partir de ahora será preciso identificar claramente la ubicación de cada una de las estaciones fijas de medida de tasa de dosis y espectrómetros, 175 localizaciones nuevas. Para ello, está previsto que próximamente se adjudique una de las ocho becas de formación para la especialización en materia de seguridad nuclear y protección radiológica del CSN.

El Cabril cuenta con capacidad «suficiente» para albergar los residuos nucleares previstos

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EFE.- El almacén de residuos radiactivos de media, baja y muy baja actividad de El Cabril, ubicado en el término municipal de Hornachuelos (Córdoba) cuenta actualmente con la capacidad «suficiente» para albergar los residuos previstos dentro del Plan Nacional General de Residuos Nucleares.

En declaraciones a los periodistas, tras la inauguración del XVII Seminario Internacional de Ciencia, Periodismo y Medio Ambiente, organizado por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) con la colaboración de la Universidad de Córdoba (UCO), el director técnico de , Álvaro Rodríguez Beceiro, ha apuntado, no obstante, que existe «incertidumbre» en los «cálculos» del nuevo inventario de residuos que se está elaborando.

Un inventario que, cuyo primer avance, podría estar listo para final de año y será entonces cuando se estudiará si El Cabril necesita una ampliación de sus instalaciones.

Beceiro ha aclarado que es «pronto» para saber si hasta el centro cordobés llegarán los residuos procedentes de Francia, cerca de 750 kilogramos, y que fueron enviados al país vecino llegados de una central española. Concretamente, Beceiro ha detallado que la central nuclear de Almaraz (Cáceres) envió a Francia seis motores de bombas que podían tener una «ligera contaminación» para que fuesen «descontaminados, y ahora el equipamiento regresará ya limpio a la provincia extremeña junto con los residuos generados.

Dichos residuos serán estudiados para determinar sin son de media, baja o muy baja actividad y si es así, podrían recalar finalmente en El Cabril. No obstante, dichos residuos llegarán a las instalaciones cordobesas si cumplen «los criterios de aceptación y las especificidades técnicas».

Beceiro ha conformado que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha autorizado que los motores y los residuos generados «pudieran venir para España y las condiciones de transporte», en un procedimiento que se hace con «cierta frecuencia» desde las centrales nucleares.

De esta manera, el técnico de Enresa ha subrayado que la capacidad de El Cabril es la «suficiente» para el «volumen estimado» de residuos que se generan en España y ha asegurado que hasta las instalaciones no llegan residuos generados en el extranjero.