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La Diputación de Álava pide una reunión con el ministro de Energía para trasladarle su postura contraria a reabrir Garoña

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Europa Press.- La Diputación de Álava solicitó una reunión con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, para trasladarle la postura del territorio alavés en relación a la posible reapertura de la central nuclear de Garoña, según anunció el diputado foral, Ramiro González. Ya tuvo lugar una conversación de gabinetes para encontrar una manera para poder encajar las agendas y que la reunión sea «lo más próxima posible».

Este anuncio se conoce después de la moción aprobada por el Ayuntamiento de Vitoria en la que todos los grupos políticos, excepto el PP, rechazaron la reapertura de la central, que se suma a las ya realizadas por la Diputación Foral, Juntas Generales de Álava y ayuntamientos del territorio. González considera que en este asunto Álava debía formar parte del procedimiento administrativo y dar su opinión técnica con datos, «pero se nos ha impedido». Por ello, espera que esta reunión sirva para poder trasladar la postura acordada por las instituciones.

Comparecencias en Castilla y León

Por su parte, el portavoz de Medio Ambiente del grupo parlamentario socialista en las Cortes de Castilla y León, Luis Aceves, y la procuradora por Burgos, Virginia Jiménez, han presentado la solicitud de comparecencias del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Fermando Martí, del ministro de Energía, Álvaro Nadal, y, posteriormente, de la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, para explicar la posible prórroga de la vida útil de Garoña.

Para Aceves la decisión de reabrir la nuclear es un asunto «de capital importancia» para esta comunidad autónoma y, más en concreto, para los vecinos de Burgos, por lo que ha considerado necesario conocer de primera mano las causas que han motivado las decisiones sobre la prórroga de la central para que los grupos manifiesten su posición.Así, el procurador socialista ha dejado claro que la postura del PSOE es contraria a la reapertura de Garoña, por lo que ha abogado por abrir un debate «social, económico y político» en torno a este asunto, ya que «se abre la puerta a permitir a todas las centrales 60 años de vida».

José Luis Aceves ha insistido en que desde el PSOE se apuesta por las «renovables» y ha avanzado que con la decisión de Garoña está «en juego» el «futuro del sistema energético español». No obstante, criticó que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no citara a Castilla y León cuando habló del pulsar las opiniones para determinar una solución final sobre la central, por lo que ha recomendado al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que le regale un mapa de la Comunidad para que sepa «dónde está Garoña».

Por su parte, la procuradora socialista Virginia Jiménez ha asegurado, sin olvidar la relevancia que ha tenido la central en la zona, que la presencia de la nuclear ha sido un «freno constante» a la puesta en marcha de otras actividades económicas en la zona, tras lo que lamenta que se hayan perdido «cinco años» desde su cierre en 2012 para impulsar el norte de Burgos.Jiménez ha acusado al PP de poner «palos en las ruedas» en cuanto a la implantación de energías renovables, tras lo que ha exigido que se inicie el proceso de desmantelamiento de la central.

Rajoy plantea escuchar a «todo aquel que quiera opinar» sobre Garoña y saber si Nuclenor quiere hacer efectiva la reapertura

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Europa Press / EFE.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está a la espera de conocer las opiniones de «todo aquel que quiera opinar» respecto a la solicitud de renovación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y cree que es “muy importante” saber «si las empresas propietarias están de acuerdo en abrir, o no», respecto a la solicitud de Nuclenor de renovar la licencia de explotación de Garoña hasta el año 2031, cuando la planta alcance 60 años de edad.

Nuclenor, el titular del reactor burgalés es una sociedad participada al 50% por Endesa e Iberdrola. Además, Rajoy aseguró que, antes de la decisión final, ya ha solicitado manifestar su opinión a la Diputación Foral de Álava, el Gobierno Vasco, Navarra, La Rioja «y algunos más». Finalmente, confirmó que el Gobierno no tiene aún «decisión tomada» y que aún tiene un plazo «de 6 meses para resolver” si da definitivamente o no luz verde a la reapertura de la central.

Decisión del Ministerio de Energía

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) decidió por 4 votos favorables y uno en contra avalar la operatividad de esta planta hasta 2031 siempre que Nuclenor cumpla un decálogo preciso de medidas de seguridad para garantizar su buen funcionamiento. El Ministerio de Energía es el encargado de decidir si concede o no esa autorización para que la central vuelva a conectarse a la red y por cuánto tiempo, según el presidente del CSN, Fernando Martí, una vez finalizado el pleno de su organismo.

Fuentes del departamento encabezado por Álvaro Nadal aseguraron que durante los próximos meses habrá «contacto y diálogo» con todos los agentes implicados en el futuro de Garoña y, especialmente, con empresas, comunidades autónomas y organizaciones ecologistas. Aún en el caso de que la central recibiera el permiso definitivo para recuperar su operatividad y volver a producir electricidad, no podría hacerlo de inmediato, ya que primero sería necesario garantizar los requerimientos de seguridad, cuyo coste dijeron desconocer los consejeros del CSN. El futuro de Garoña es especialmente importante para la gestión de la energía nuclear en España ya que sienta precedente para que una central de este tipo pueda operar más allá de los 40 años.

Exigen ceses en el CSN

Por otro lado, el pleno del Ayuntamiento de Vitoria aprobó una moción en la que se exige el cierre definitivo de Garoña y el cese del presidente del CSN, Fernando Martí, organismo regulador que considera necesario «despolitizar«. El texto ha salido adelante con los votos favorables del PNV (5) y PSOE (4), EH Bildu (6), Podemos (2) e Irabazi (1) y el rechazo del PP.

En la moción se reclama además que se inicien «de inmediato» los trámites para «desmantelar» Garoña y se pide al Gobierno Vasco que inste a sus dos representantes en el comité asesor del CSN a «defender» el criterio del Ayuntamiento de Vitoria. Asimismo, se solicita a los servicios jurídicos municipales que «estudien» la posibilidad de acudir «a cuantas instancias judiciales sea posible» si el gobierno central finalmente autoriza la reapertura de la planta. El PP ha intentado sin éxito la aprobación de una moción alternativa que los grupos han rechazado por «escasa» y «quedarse corta».

Facua ve «escandalosa» la decisión

Por otra parte, Facua considera «escandaloso» que el CSN «se vaya a saltar» los requisitos que ellos mismos habían exigido para la central de Garoña (Burgos) y que ahora autoricen o den luz verde a su reapertura. La asociación considera que la supuesta independencia del organismo «queda ahora en entredicho» y «lamentablemente, todo apunta a que el Gobierno va a proceder a saltarse la voz del Congreso, donde mayoritariamente los grupos de la oposición rechazan la reapertura de las nucleares».

A juicio de Facua, el CSN ha tomado esta decisión de permitir la reapertura de Garoña «saltándose sus propios requisitos», una decisión que a su juicio «pone por encima los intereses de las eléctricas de la seguridad de los ciudadanos» y ha recordado que el supervisor exigió a los dueños (Iberdrola y Endesa) unas obras y actuaciones previas que no han llevado a cabo. Asimismo, advirtió de que éste va a ser el punto de partida para la reapertura de otras centrales mucho más importantes, como puede ocurrir de forma inmediata con la de Almaraz.

Facua reitera que se opone a la reapertura de las centrales nucleares en España, forma de producción energética «que no es segura ni para las personas ni para el medioambiente y que por lo tanto debe dejar de utilizarse en el sistema eléctrico español». Por el contrario, considera que el Gobierno debe apostar por formas de generación más baratas «y sobre todo más seguras y menos perjudiciales para el medioambiente».

Cañete reitera que Bruselas valida ampliar la vida de las nucleares si hay condiciones de seguridad pero Urkullu ve “riesgos”

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Europa Press / EFE.- Mientras el lehendakari vasco Iñigo Urkullu ha asegurado que Garoña «está más que amortizada» y ha advertido de que constituye «un riesgo cierto» y «evitable», el comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, ha indicado que la política de la Comisión Europea acerca de la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares pasa por dejar la decisión en manos de los Estados, que deberán garantizar que se cumplen las condiciones de seguridad para la continuidad de la instalación.

Tendrá que notificarse a Bruselas

«Si la prorrogan», afirmó Cañete en alusión a la eventual decisión de un Estado de ampliar la vida útil de una central, la política de la Comisión es “que se pongan en marcha inversiones necesarias para garantizar la seguridad en el funcionamiento al máximo nivel» y que se disponga del visto bueno de «las autoridades regulatorias nacionales«. Por tanto, sin aludir de forma expresa a la central nuclear de Santa María de Garoña, sí señaló que la prórroga de una central requerirá su notificación para que la Comisión Europea «se exprese«, en virtud del artículo 41 de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom).

«En la Unión Europea tenemos 129 reactores nucleares en funcionamiento con una edad media que supera los 30 años, muchos de ellos al final de su vida útil», señaló el comisario, antes de indicar que los Estados deben tomar la decisión sobre si prorrogarán su funcionamiento. «Estamos en una fase en la que muchos países tienen que tomar decisiones sobre prorrogación de la vida útil dado que la edad media es de 30 años», añadió. Por tanto, el caso de la central burgalesa no es único en Europa, insistió Cañete.

Urkullu: “riesgo cierto y evitable»

Por su parte, el lehandakari Urkullu ha recordado que la sociedad alavesa y la vasca, además de las instituciones de Euskadi, y todos los partidos políticos, «también el PP del País Vasco» se han manifestado de manera unánime en contra de la reapertura de la central nuclear. Por ello, ha afirmado que «resulta incomprensible» que no se pudiera sacar adelante una declaración institucional conjunta en la Cámara vasca, «quizás porque ante la decisión del CSN parece que la responsabilidad recae ya en el Gobierno español» y se opusieron los populares.

Subrayó que hay «una interpretación, quizás», de la decisión del CSN en sentido de que la decisión relativa a Garoña «pudiera sentar un precedente» con respecto a otras centrales nucleares en el Estado. «La central de Garoña ha cubierto su función, desde el 1971 ya está más que amortizada, con unas instalaciones obsoletas, con unas empresas que participan de la central nuclear y que dicen que no es rentable las inversiones que se pudieran acometer», explicó. Urkullu apuntó que en la central «hay riesgos ciertos que hay que abordar» pero también «riesgos evitables». «Garoña es un riesgo cierto, pero evitable después de 40 años», sentenció.

El CSN propone modificar las órdenes ministeriales que autorizan la explotación de las centrales nucleares

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EFE.- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) envió cinco cartas al ministro de Energía, Álvaro Nadal, en las que le propone una nueva redacción de las autorizaciones vigentes de todas las centrales nucleares españolas. En las cartas, aprobadas por unanimidad por el pleno del consejo el pasado día 1 de febrero, solicitan a Nadal que apruebe cambios en el texto de las autorizaciones de explotación de Almaraz, Ascó I y II, Vandellós II, Cofrentes y Trillo.

Un cambio en el articulado de las licencias permitiría que las futuras renovaciones de las plantas puedan aprobarse por el plazo que el Gobierno considere oportuno o incluso sin ningún límite temporal, frente al máximo de 10 años que hasta ahora estaba fijado. Las modificaciones servirían para incluir nuevos requisitos de seguridad para que las plantas gestionen el envejecimiento de las instalaciones por funcionar a largo plazo y se mantienen otras de las exigencias habituales para renovar una licencia. El organismo regulador considera conveniente que las siguientes revisiones periódicas de seguridad de las centrales españolas se hagan siguiendo una sistemática análoga propuesta por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Endesa sostiene que alargar la vida de las nucleares «tiene sentido» y que Nuclenor debe evaluar si Garoña es rentable

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EFE / Europa Press.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha explicado que la decisión sobre la eventual reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos) corresponde a Nuclenor, que analizará las inversiones necesarias y determinará «si es rentable o no», al tiempo que sostiene que alargar la vida de las centrales nucleares más allá de los 40 años «tiene todo el sentido», al menos durante esta etapa de transición hacia el nuevo modelo bajo en emisiones que ha diseñado la Unión Europea.

El directivo se mostró defensor de ese horizonte de un 2050 descarbonizado, aunque indicó que, para ello, lo importante es tener «una idea, la voluntad y la condición de hacerlo». «Parece que la energía nuclear será necesaria en esta transición energética hacia un modelo sostenible, al menos hasta 2030″, considera Bogas, que admitió que las plantas nucleares se pueden cerrar pero cuestionó «qué alternativas hay». Una de las opciones sería sustituirlas por centrales de ciclo combinado, que utilizan gas como combustible, pero «las emisiones ya no serían cero«, recordó Bogas.

Sobre Garoña, el consejero delegado de Endesa aseguró no haber recibido «ninguna sugerencia» del Gobierno respecto a qué decisión tomar sobre la reapertura de Garoña e insistió en que Endesa representa el 50% de Nuclenor, por lo que compete a los órganos de la sociedad propietaria de Garoña analizar el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y «tomar una decisión». Además, el directivo de Endesa no consideró esta decisión del CSN sobre Garoña como «un referente» para tratar los futuros casos de otras nucleares.

El CSN aprobó un dictamen favorable a la reapertura de Garoña siempre y cuando el operador de la planta, Nuclenor (participada por Endesa e Iberdrola), cumpla con las inversiones en seguridad que se le exigen. Tras el visto bueno del CSN, corresponderá al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital decidir si autoriza a Nuclenor a volver a conectar la planta. El departamento que encabeza Álvaro Nadal abrirá un proceso de diálogo con todos los agentes implicados, entre ellos comunidades autónomas, organizaciones ecologistas y empresas, antes de tomar una decisión.

Bogas incidió en que Nuclenor decidirá si la central de Garoña puede ser rentable con las inversiones exigidas, cuyo importe aún no conoce “de forma oficial” y señaló que «no es una cuestión discutir la seguridad» de la planta, porque los criterios en ese ámbito son los que fija el CSN. Bogas ha subrayado que las centrales nucleares españolas son «absolutamente seguras» ya que están controladas tanto por las empresas propietarias como por el CSN, que «desempeña una labor fantástica».

Por su parte, el director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de Iberdrola, Carlos Sallé, ha preferido no pronunciarse sobre la eventual reapertura de Garoña hasta que los técnicos de la eléctrica estudien las condiciones fijadas por el CSN y el Ministerio de Energía tome la decisión final. En este sentido, el director general de Negocios Mayoristas de Energía de Gas Natural Fenosa, Manuel Fernández, augura un próximo debate sobre la energía nuclear a nivel europeo, porque las centrales están llegando a los 40 años.

Por otra parte, el consejero delegado de Endesa, que reconoció que el sector tiene «un gran problema» con la imagen que traslada a la sociedad y es algo en lo que tiene que «trabajar», pidió también a la Administración «dialogar con las empresas». Asimismo, respecto a la espiral alcista en los precios de la electricidad en el pasado enero, defendió que las eléctricas «no han sacado ningún beneficio» de ello.

Cañete recalca que los países son soberanos para alargar la vida de sus centrales nucleares aunque Bruselas supervisará las inversiones

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Redacción / Agencias.- El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, señaló que si hay un nuevo proyecto de inversiones para la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), deberá ser supervisado por Bruselas al tiempo que rechazó pronunciarse sobre si la planta debería reabrir o no ya que recalca quetodos los Estados comunitarios «son soberanos para elegir su mix energético» y alargar la vida útil de sus centrales nucleares «siempre que tengan condiciones de seguridad».

Así ha respondido el exministro sobre el informe emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que se muestra favorable a la reapertura de Garoña después de tres años de parón. A su llegada al Congreso de los Diputados, para dar cuentas del nuevo paquete de medidas energéticas proyectadas por la Comisión Juncker, Cañete ha señalado que Garoña es «como cualquier otra central» de las 129 que existen en toda Europa y ha explicado el caso de Bélgica, que paralizó la actividad de sus centrales nucleares y luego decidió volver a tenerlas operativas. «Se notificaron los proyectos a la Comisión Europea y las analizamos en los términos justos», ha señalado.

Y es que, según indicó Cañete, «si hay un proyecto de inversiones» tiene que ser notificado a la Comisión Europea» para comprobar que cumple los nuevos parámetros de seguridad que este organismo europeo endureció desde el accidente de la central japonesa de Fukushima. En este sentido, Cañete ha indicado que la normativa europea en materia de seguridad nuclear es «la más exigente del mundo». «Lo digo porque lo sé. En los intercambios con reguladores japoneses o americanos vemos estándares que ellos manejan y somos los más exigentes», explicó el exministro.

Aún así, Cañete ha recordado que deben ser los reguladores nacionales los que amparándose en estos estándares «analicen y obliguen» a realizar las inversiones a los operadores para «garantizar la seguridad». «Tienen que darse unos mínimos de seguridad y estoy seguro que el CSN lo ha hecho correctamente», ha apuntado el exministro, que reconoce que «es un debate que está habiendo en toda la Unión Europea» en la actualidad, pero insiste en que, cuando finaliza su vida útil prevista, son los países quienes pueden «elegir desmantelar las centrales nucleares, pararlas o alargar su funcionamiento, siempre en condiciones de máxima seguridad».

Por otra parte, el portavoz de Ciudadanos, Antonio Cantó, cuestionó a Cañete sobre la posible falta de independencia del CSN. El diputado se mostró preocupado por la composición del consejo y pidió que sus miembros sean «elegidos de otra forma». «Cuando entran los partidos políticos para favorecer la competencia, es el bolsillo de los españoles el que sufre», denunció. En este sentido, el exministro reconoció «problemas con varios países» porque sus Gobiernos quieren intervenir. A su juicio, la única forma de que esta situación sea igual para todos es que se «aplique la normativa europea» porque, ha recordado, «todos los proyectos tienen que informarse y ser analizados en la Comisión».

Precio elevado y 28 mercados

Precisamente Cañete achacó el elevado precio de la energía en los países europeos a la ausencia de un mercado integrado ya que cada país miembro cuenta con un mercado propio. «No tenemos un mercado integrado de 28 países. Somos 28 mercados no conectados», señaló Cañete, que recordó que el precio de la electricidad es 1,5 veces más cara que la de Estados Unidos y que en el caso del gas es aún más del doble, un 2,5 veces más cara.

«El problema de los precios tiene muchas causas. En primer lugar, una fortísima dependencia del gas», indicó Cañete, que justificó por esta razón el impulso al gas natural licuado por parte de Bruselas. «Cuando el 30% de tu importación depende de un solo proveedor, que puede ser Rusia, y cuando tienes dificultades de abastecimiento con la red europea, pues tienes muchos más problemas de gas», explicó, añadiendo que un competidor como Estados Unidos no tiene problemas para realizar prácticas de extracción como el fracking, más limitadas por la legislación europea.

Para Cañete, la situación «ideal» pasaría por tener «un mercado eléctrico y energético integrado, único, con precios competitivos» y a la vez evitando que se produzcan deslocalizaciones de empresas por costes excesivos frente a otros competidores. Así, Cañete ha reclamado que las empresas que lleven a cabo innovaciones tengan asignados «el número de derechos de emisión suficientes para no verse obligados a deslocalizar sus empresas«.

Arias Cañete ha tenido que encajar críticas y acusaciones de la oposición por haber actuado en favor del «oligopolio» energético, particularmente por parte de la diputada Rosa Martínez Rodríguez, de Unidos Podemos. «La Comisión es absolutamente independiente», ha replicado Cañete, que cree que la reestructuración del mercado energético que supondrán las nuevas medidas impulsadas es «la mejor propuesta para los consumidores europeos». «Queremos energía barata, segura y limpia», indicó el comisario, algo que, ha dicho convencido, «es conciliable«, tras haber aumentado en estos años el PIB de la Unión Europea, al tiempo que las emisiones más contaminantes se han reducido.

La central nuclear de Almaraz ya prepara documentos para pedir la renovación del permiso de explotación, que vence en 2020

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EFE / Europa Press.- La dirección de la central nuclear de Almaraz ya trabaja en la preparación de la documentación necesaria para la renovación del permiso de explotación, que finaliza en junio de 2020, según indicaron fuentes de esta instalación energética. De hecho, Almaraz tiene de plazo hasta el próximo 8 de junio para entregar la documentación preceptiva, tal como marcan los plazos establecidos.

Dicha documentación incluye un Plan Integrado de Evaluación y Gestión del Envejecimiento, y una propuesta de suplemento del Estudio de Seguridad que incluya estudios y análisis que justifiquen la gestión del envejecimiento de las estructuras, sistemas y componentes de Almaraz en periodo de operación a largo plazo. Asimismo, deberá recoger una propuesta de revisión de las especificaciones técnicas de funcionamiento incluyendo los cambios necesarios para mantener las condiciones seguras de operación durante la operación a largo plazo, y una propuesta de revisión del plan de gestión de residuos correspondiente a la operación a largo plazo.

«Almaraz está preparada para operar más allá de los 40 años», han asegurado las mismas fuentes, después de más de 600 millones de euros invertidos en los últimos años en materia de seguridad, modificaciones y actualizaciones tecnológicas. Una vez presentada la documentación, las dos unidades de la central nuclear de Almaraz serán auditadas e inspeccionadas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que deberá emitir un informe. Si es negativo, tendrá carácter preceptivo y vinculante, y de ser positivo, la última palabra la tendrá el Ministerio. Además, antes del 31 de marzo de 2019, el titular de la central nuclear deberá completar la documentación de acompañamiento de la solicitud de nueva autorización con más informes.

A raíz de esta iniciativa de la central, Podemos se ha mostrado en contra de alargar la actividad de Almaraz, «una central que cumplirá 40 años» en 2020, fecha «para la que está programada y concebida». Con la construcción del ATI, según indicó la diputada autonómica Jara Romero, la dirección de Almaraz «busca la prolongación de vida de la central«.

Sobre el incidente en Flamanville, según indicó Romero debería concienciar a la población «del peligro que supone alargar la vida útil de la central cacereña». Como alternativa a la energía nuclear, la diputada cree que Extremadura cuenta «con la posibilidad de tener un plan de transición energética y apostar por energías renovables y limpias» y con ello «acabar con la vida» de Almaraz. «Si en una potencia nuclear como Francia con una muy exigente ASN se producen estos sucesos, las centrales españolas entrañan aún un mayor riesgo, dada la excesiva permisividad de nuestro CSN», aseveraron fuentes de Ecologistas En Acción y del Movimiento Ibérico Antinuclear.

“Garoña ha abierto la senda”

Por su parte, Compromís cree que el informe favorable emitido por el CSN sobre la reapertura de la central de Santa María de Garoña (Burgos) ha abierto la senda de «larga vida» para otras plantas como Cofrentes (Valencia), cuyo permiso de funcionamiento vence en 2021, y Almaraz. En este sentido, la formación pide al Gobierno de Rajoy que no «prolongue hasta la agonía el funcionamiento de las centrales nucleares» y que emprenda un proceso de transición energética hacia modelos renovables. Del mismo modo, rechaza la construcción de ATIs ya que, a su juicio, «no son más que un parche en la gestión de la basura radiactiva» y permite que, en la práctica, el Gobierno prorrogue el funcionamiento de la plantas.

Según Compromís, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) ya sacó a concurso el suministro de contenedores, después de que Iberdrola, compañía que opera la central, iniciara en noviembre los trámites administrativos para construir el almacén que debe estar listo en 2019. El pliego indica que los contenedores tienen un doble propósito: tanto el almacenamiento como el transporte de los residuos a un futuro almacén ATC, actualmente en punto muerto.

Energía abrirá un proceso de diálogo sobre Garoña con todos los implicados mientras Foro Nuclear ve una estrategia energética “adecuada”

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EFE / Europa Press.- El Foro de la Industria Nuclear defiende la continuidad de la operación a largo plazo del parque nuclear español porque es una «estrategia energética adecuada y necesaria» para España en el contexto actual. La decisión queda en manos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que abrirá un proceso de diálogo con todos los agentes implicados, entre ellos comunidades autónomas, organizaciones ecologistas y empresas, antes de tomar una decisión sobre el futuro de la central nuclear de Garoña (Burgos).

«Antes de tomar una decisión, el Ministerio abrirá un proceso de diálogo con comunidades autónomas afectadas, ecologistas, empresas y demás actores implicados para llegar a un consenso», indicaron las fuentes del departamento que encabeza Álvaro Nadal. El Ministerio de Energía cuenta con un plazo de 6 meses para tomar una decisión tras el dictamen favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Nadal aseveró en el Senado que la seguridad «es prioritaria» y que su departamento basará su decisión «en el interés general». El pleno del CSN aprobó un dictamen favorable a la reapertura de Garoña siempre y cuando Nuclenor, la sociedad que opera la planta (participada por Endesa e Iberdrola), cumpla con las inversiones en seguridad que se le exigen.

Tras el visto bueno del CSN corresponde ahora al Ministerio de Energía decidir si autoriza a Nuclenor a volver a conectar la planta a la red, ya que está parada desde 2012. Energía aclara que la eventual continuidad de la central estará condicionada al cumplimiento de los requisitos en materia de seguridad impuestos por el organismo regulador y que la decisión final corresponderá al titular de la central, esto es, a Nuclenor. Fuentes del ministerio reiteraron que el dictamen del CSN se refiere únicamente a la central de Garoña, que es un caso «muy específico» dentro del parque nuclear español tras dejar de funcionar en 2012por motivos económicos, y que no supondrá «ningún precedente para decisiones futuras sobre otras centrales».

Foro Nuclear: “estrategia energética adecuada”

El Foro de la Industria Nuclear considera el dictamen favorable del CSN a la renovación de Garoña como «el cumplimiento de un paso más dentro del procedimiento establecido para este tipo de solicitudes», que permite el funcionamiento de las centrales nucleares con todas las garantías técnicas y de seguridad.Así, recuerda que «ahora» corresponde al Ministerio de Energía «tomar la decisión final al respecto» y confía en que se base, igual que la resolución emitida por el regulador, en criterios técnicos, «primando la seguridad nuclear y la protección de las personas y del medio ambiente».

Antonio Cornadó, presidente de esta institución, asegura que la continuidad de la operación del parque nuclear español, bajo la supervisión del CSN, es una estrategia energética «adecuada y necesaria para España» dentro del actual contexto de recuperación económica y en la “transición hacia un modelo sostenible”. Igualmente, recuerda que otros países están apostando por «la continuidad de la operación» de las plantas nucleares y que en este momento hay 100 reactores en todo el mundo autorizados para ello. «Diez años de operación adicional de las centrales nucleares españolas significan la generación de electricidad equivalente a dos años y medio de consumo nacional anual, evitar la emisión de más de 400 millones de toneladas de CO2 y consolidar 27.500 empleos», insiste.

Castilla y León pide reapertura

Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, apuesta por la continuidad de Garoña, después de que el CSN constate su seguridad si se realizan determinas inversiones, tras reiterar la «eficiencia» de la energía nuclear, que es una energía «barata» de producir. «Lo más importante es que realizando determinadas inversiones Garoña es segura», destacó Del Olmo, quien ha reseñado que ahora la decisión está en manos de la empresa que gestiona la central, de la que desconoce si tiene intención de realizar una inversión que el propio CSN estima en 200 millones de euros, y del Ministerio de Energía.

Para la consejera la reapertura de la central es «importante» para Castilla y León porque genera unos 1.000 empleos en la comunidad, con lo que se crearán «beneficios» en el mundo rural, por lo que confía en que Energía respalde esta apuesta de la Junta. No obstante ha recordado que la decisión final depende de la empresa tras analizar las inversiones que debe realizar y valorar si su futuro es rentable. «Confío que lo analicen y decidan la continuidad de Garoña», afirmó, al tiempo que entiende que la decisión de Nuclenor también dependerá “en gran medida” del plazo de prórroga que finalmente se otorgue a la central, algo por determinar.

La plantilla de Garoña, satisfecha

Por otro lado, el presidente del comité de empresa de la central de Garoña, Pedro San Millán, ha mostrado la satisfacción de los trabajadores por la decisión del CSN y ahora esperan que tanto el Ministerio de Industria como las empresas (Iberdrola y Endesa) decidan apostar por la continuidad de la nuclear burgalesa. Así lo ha manifestado San Millán tras este nuevo capítulo, «un paso más en el peregrinar» que comenzó en 2003 cuando se inició el proceso de alargamiento de la vida de Garoña. Asimismo, el miembro del comité de empresa ha recordado que fuera del país hay antecedentes de centrales de este tipo «que pueden alargar su vida hasta los 60 años mínimo».

Sobre las condiciones impuestas por el CSN, Pedro San Millán ha explicado que siempre que el Consejo ha autorizado una ampliación de la vida útil de una central lo ha supeditado «a la implantación de unas mejoras del diseño que van dirigidas a la seguridad«, por lo que considera «normal» que también se haga ahora con el caso de Garoña. Por ello cree que se pedirá que unos sistemas de seguridad se implanten antes de que la central burgalesa vuelva a arrancar y «otros sistemas» durante el periodo de producción.

PP vasco asegura «máxima seguridad»

Por su parte, la secretaria general del PP del País Vasco, Nerea Llanos, asegura que el Gobierno de España tendrá en cuenta la «realidad» y la «máxima seguridad» al decidir si autoriza volver a la actividad a Garoña. Eso sí, Llanos ha reiterado que la postura del PP vasco es contraria a la reapertura de esta central nuclear y que esa posición la conoce el Gobierno. Ha sostenido que en torno a este asunto «hay más interés político que energético» e indica que los populares vascos no van a participar en ese «juego político», del que acusó especialmente al PNV.

PSOE, Ciudadanos y PNV critican el aval a Garoña sin acometer las medidas exigidas y piden que no se reabra

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Redacción / Agencias.- El PSOE, Ciudadanos y el PNV critican que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) avale la reapertura de Garoña sin que los titulares de esta instalación nuclear hayan acometido ninguna de las medidas que el propio organismo le impuso en 2015 como requisito previo para autorizar una prolongación de su vida útil. Sin embargo, los portavoces de estos partidos creen que el informe del CSN sólo busca sentar un precedente para que otras centrales nucleares españolas alarguen su vida útil.

La diputada socialista por Burgos, Esther Peña, definió como «una auténtica infamia» el informe del CSN y ha avisado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que si sigue las directrices de este organismo estará «jugando con fuego» por lo que pidió a Energía impedir la reapertura. Peña denuncia que «no tiene sentido» hacer un informe positivo y a la vez prohibir la producción de electricidad en Garoña, una central que lleva tres años parada porque no se acometieron las inversiones en seguridad que se pidió a su propietaria, Nuclenor, y que por tanto «nunca va a funcionar». «No se puede jugar con la energía nuclear, la seguridad y el futuro de miles de familias de las comarcas afectadas», añadió Peña.

«No entendemos que se dé una licencia para una central que nunca va a funcionar», señalo Peña, que acusó al PP de hacer «un traje a medida de las eléctricas» ya que, a su juicio, «Garoña no importa, nunca se va a abrir, pero sí se abre una alternativa para aumentar la vida útil de las otras centrales». Los socialistas sostienen que con esta decisión del CSN se sienta un precedente y servirá para que «el campo nuclear español aumente su vida útil». Por tanto, Peña ha reclamado el cierre definitivo de Garoña y un plan de reactivación económica para el norte de Burgos, y ha dejado claro que el Gobierno tendrá en frente al PSOE si la mantiene abierta.

Peña manifestó que no es comprensible que se establezca un «precedente» en el sistema energético español de este calibre porque, según explicó, «hasta ahora las licencias a las nucleares se daban cada 10 años y en base a unos requisitos de seguridad que actualmente en Garoña no se dan». En este sentido, defendió que el debate nuclear tiene que ser «amplio y público». Dicho esto, reclamó al Gobierno y, concretamente al Departamento de Energía, que digan qué quieren hacer y expliquen si «van a anteponer los intereses de las eléctricas a los de los ciudadanos».

Ciudadanos pide no avalar reapertura

La diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha coincidido en que el informe del CSN pretende sentar un precedente para justificar el alargamiento de la vida útil de otras centrales nucleares, al que llegarán en los próximos años, por lo que pidió al Gobierno que no avale la reapertura de Garoña ni dé un «visto bueno» a ese informe. Rodríguez insiste en que Garoña no influye «nada» en el suministro energético español ya que es una central “muy pequeña”. En este sentido, según añadió, el CSN comunicó en 2015 a la empresa propietaria Nuclenor que debía realizar esas inversiones para mejorar criterios de seguridad y el presidente del CSN reiteró en noviembre que el informe estaba “congelado” hasta cumplir esas inversiones.

Por tanto, aunque ha dicho no entender el cambio de opinión del CSN, que ahora avala la reapertura de la central con condiciones, Rodríguez pidió al Gobierno que no haga caso de la recomendación del informe, al menos hasta que se cumplan esas inversiones. Pero, además, subrayó que el debate de fondo no es tanto reabrir Garoña o no, sino «que haya un precedente para el alargamiento de la vida útil de las centrales». «Le pedimos al Gobierno y a Nadal que no utilice al CSN para sentar precedente», concluyó Rodríguez, que reclama que el CSN sea un organismo realmente independiente del Gobierno que tome sus decisiones en función de criterios técnicos y no políticos.

País Vasco ve «riesgo innegable»

Por otro lado, el Gobierno autonómico del País Vasco expresó su rechazo a la decisión del CSN y advirtió de que, pese a las mejoras que puedan realizarse en la planta, el reinicio de su actividad nuclear supone un «riesgo innegable para la integridad de las miles de personas que viven en su alrededor y para el medio ambiente«. El Departamento de Medio Ambiente del Ejecutivo vasco considera que la decisión es «difícil de entender», y recuerda que Garoña, inaugurada en 1970 y que permanece inactiva desde 2012, «ha superado con holgura su periodo de vida útil». «Además, se trata de una central con una tecnología obsoleta, cuya aportación a la generación de energía es mínima», añadió el Ejecutivo autonómico.

El Gobierno vasco ha mostrado su «respaldo» al rechazo «mayoritario» de la ciudadanía vasca al reinicio de la actividad de la nuclear de Garoña. Además, se ha adherido a los numerosos pronunciamientos en favor del cierre de la planta realizados por las instituciones vascas. El Ejecutivo autonómico ha afirmado que la opción nuclear «no es en absoluto» su modelo de producción de energía. En su lugar, se ha mostrado partidario del uso de energías procedentes de fuentes renovables, con la utilización «eficiente» del gas natural en el periodo de transición de un modelo a otro.

Por su parte, el PNV apeló a la seguridad para pedir al Gobierno que no reabra Garoña a pesar del informe favorable del CSN. La diputada del PNV Idoia Sagastizabal manifestó que están «preocupados» por la decisión del CSN y «ocupados» en activar iniciativas parlamentarias para evitar esa reapertura. A Sagastizabal le preocupa también que la decisión del CSN no se haya adoptado «por primera vez» por unanimidad, y ha coincidido en que abre la puerta al alargamiento de la vida útil de otras centrales.

Ha recordado que esa reapertura estaba además condicionada al cumplimiento de una serie de medidas de seguridad impuestas por el propio CSN; «no se han adoptado y sin embargo se autoriza la reapertura». El PNV considera que la reapertura de esa central, situada en Burgos pero muy cerca de Álava, «va en contra de la seguridad«. Sagastizabal ha advertido que contra esa reapertura está todo el arco parlamentario, excepto el PP, y ha observado que se trata de una central «muy pequeña» que no aporta «nada» al mix energético, por lo que resulta «absolutamente prescindible» desde el punto de vista de la garantía del suministro.

Facua ve “escandalosa” la decisión

Por su parte, Facua ve «escandaloso» que el CSN se vaya a «saltar» los requisitos que ellos mismos habían exigido para Garoña y que ahora autoricen o den luz verde a su reapertura. Según la organización de consumidores, la «supuesta» independencia del organismo «queda ahora en entredicho» y, «lamentablemente», todo apunta a que el Gobierno va a proceder a saltarse «la voz del Congreso». Facua advierte de que éste va a ser el punto de partida para la reapertura de otras centrales «mucho más importantes, como puede ocurrir de forma inmediata con la de Almaraz».

«Facua se opone a la reapertura de las centrales nucleares en España, forma de producción energética que no es segura ni para las personas ni para el medioambiente y que por lo tanto debe dejar de utilizarse en el sistema eléctrico español», sostiene. Así, recomiendan al Gobierno apostar por formas de generación «más baratas y sobre todo más seguras y menos perjudiciales para el medioambiente».

Podemos y los ecologistas creen que se usará la reapertura de Garoña para alargar la vida de todas las nucleares

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Redacción / Agencias.- Las principales organizaciones ecologistas y partidos políticos como Unidos Podemos y Equo han lamentado el dictamen favorable a la reapertura de la central nuclear de Garoña y auguran que con esta decisión se abre la puerta para alargar el funcionamiento de todo el parque nuclear español, sin un debate previo ni político. En este sentido, el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, calificó de «absolutamente incomprensible» el informe del CSN.

A su juicio, esta decisión es «la punta de lanza para darle otro impulso a una industria que no tiene sentido», por lo que Mayoral señaló que «en estos momentos, lo que hay que hacer es cerrar la central definitivamente» ya que asegura que «otro camino no tiene sentido». Tras conocer el documento presentado por el organismo, y que ha contado con todos los votos a favor del consejo, con excepción de la exministra socialista de Medio Ambiente, Cristina Narbona, Izquierda Unida presentó en el Congreso una iniciativa en la que insta al Gobierno a «tomar las medidas necesarias para decretar el cierre y desmantelamiento definitivo» de la central burgalesa.

La formación recuerda que Garoña es la central nuclear más antigua de España y que ha operado desde 1970 hasta su parada en 2012 con un reactor fabricado por General Electric, similar a la de la accidentada central japonesa de Fukushima. Por ello, llama al Ejecutivo a «asumir la responsabilidad política y penal que pueda derivarse de cualquier decisión relacionada con la reapertura». La proposición también pide que se «elabore un estricto calendario para iniciar el cierre y desmantelamiento progresivo del resto de centrales nucleares que permita la implantación de energías renovables que sustituyan la energía nuclear» y busca que el Gobierno coordine «con las administraciones territoriales planes de dinamización de las comarcas afectadas por el cierre de centrales nucleares«.

También desde Equo se han hecho eco de su descontento con la decisión del CSN. Para su diputado y portavoz, Juan López de Uralde, es «inadmisible» que, pese a que está acreditado que Garoña sigue sin «cumplir los requisitos» de seguridad que le exigió previamente el propio CSN, se apruebe su reapertura. «Garoña es una central obsoleta y peligrosa, pero la industria nuclear la está utilizando de ariete para abrir la puerta al alargamiento de la vida de las nucleares. El hecho de que la central no haya realizado las modificaciones de diseño requeridas es motivo suficiente para que el dictamen fuera negativo, pero una vez más el CSN acomoda la legalidad a los intereses de las nucleares», ha denunciado.

El diputado recuerda que en el Congreso existe una «amplia mayoría» que demanda el cierre definitivo las instalaciones, y ha anunciado que su grupo impulsará las iniciativas parlamentarias necesarias para lograr ese objetivo. «La mayoría parlamentaria se ha mostrado una y otra vez contraria a la reapertura de Garoña, y el Gobierno la está desoyendo. Ahora esa mayoría debe ponerse en acción para evitar la reapertura utilizando todas las vías a su alcance», advirtió. López de Uralde explicó que si el Ministerio de Energía «sigue adelante con este disparate» y concede el permiso para reabrir Garoña, Unidos Podemos propondrá al resto de grupos aprobar una ley para decretar el cierre definitivo de la planta burgalesa.

Alargar vida del parque nuclear

Por otro lado, Paco Castejón, de Ecologistas en Acción, ha señalado que la decisión del CSN por «esperada no es menos grave». En este contexto, el ecologista ha señalado varios motivos: el primero por el riesgo que supone mantener Garoña en funcionamiento, “una peligrosa antigualla situada en la cabecera del Ebro en la que un accidente con fuga al río afectaría ecosistemas y poblaciones de las comunidades”. Por otro lado, se trata de un permiso de 17 años, el más largo concedido a una central nuclear en España que supondrá una autorización para operar hasta los 60 años dentro del actual mercado eléctrico español, en el que «las nucleares son un negocio para sus explotadores».

Castejón ha matizado que existe una batería de cambios a introducir en la central antes de su puesta en marcha, entre las que ha resaltado el cambio de cientos de kilómetros de cables o la torre de enfriamiento que la Confederación Hidrográfica del Ebro impone para la reapertura de Garoña. Para Castejón esta decisión del CSN está destrozando la credibilidad del organismo, ya que se ha elaborado “a la medida de Nuclenor” para reabrir Garoña. «Se ha abierto la puerta para alargar el funcionamiento de todo el parque nuclear español sin un debate previo ni político, ni social ni siquiera tan siquiera técnico ya que en el caso de Garoña, aún faltan inspecciones y protocolos».

Para Raquel Montón, portavoz de Greenpeace, el CSN no sólo ha abandonado la seguridad nuclear sino que la ha dañado profundamente, ya que no garantiza la seguridad nuclear. “Garoña no puede cargar combustible ni producir electricidad, sin embargo el CSN se atreve a dar un informe favorable, aun teniendo sobradas razones para no hacerlo. Sin embargo, el organismo regulador no ha dudado en menoscabar la seguridad nuclear en España e ignorar al Parlamento para favorecer los intereses de la industria nuclear», ha declarado Montón, que también cree que la «intención última» es ampliar el parque nuclear “por la puerta de atrás, sin contar con la opinión pública y el Parlamento”.

Asimismo, Greenpeace acusó al CSN de actuar con «malas prácticas» en materia de seguridad nuclear porque, según la organización, el organismo se ha saltado sus protocolos y ha ignorado sus requerimientos realizados a Garoña en 2015. Por ello, pide al ministro de Industria, Energía y Agenda Digital, Álvaro Nadal que no tenga en cuenta este informe y que «juegue limpio» y que se facilite «un tiempo» para evitar materializar la «situación dantesca» que supondría renovar la central nuclear pero sin dejarle cargar combustible y producir electricidad, los fines para los que se pidió la renovación.

Además, Montón ha señalado que esto tiene «consecuencias» sobre la política energética de España, que debería ser diseñada en función del contexto económico y ecológico, y advierte al ministro que hacer esta política sin debate y por la vía de los hechos supone «transgredir todas las normas de participación en democracia». «Nadal debe pensar si continúa con el proceso o para esta decisión que solo va a defender los intereses de las eléctricas de forma unilateral con una autorización que debería ser directamente denegada», añadió.

Ante esta situación, ha adelantado que Greenpeace pedirá la publicación de los 167 informes técnicos realizados por 16 áreas del regulador nuclear y que han servido de base para la decisión final, primero a través del CSN y, en caso de que no se publiquen, a través del Portal de la Transparencia. Del mismo modo, solicitarán adelantar el Comité para la Información y la Participación Pública del CSN, que suele celebrarse en marzo y octubre, pero no cree que el regulador acceda a su petición.

Diputación de Álava en contra

Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González, aseguró que, tras la decisión del CSN, la Diputación alavesa va a seguir trabajando «en defensa de Álava, para evitar la barbaridad que supondría la reapertura» de Garoña. González denunció en el Parlamento europeo que el CSN está «incumpliendo» la normativa comunitaria en materia de seguridad nuclear, con su «oscurantismo» en torno a esta posible reapertura de la central nuclear, muy próxima al territorio alavés.