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Red Eléctrica compra a Bow Power (ACS y GIP) una concesionaria eléctrica en Perú por 181,6 millones de euros

Europa Press.- Red Eléctrica Internacional llegó a un acuerdo con Bow Power, firma de inversión en energía participada por ACS y el fondo GIP, para adquirir el 100% de CCNCM, sociedad concesionaria de la línea de transmisión Carhuaquero-Cajamarca Norte-Cáclic- Moyobamba 220 kV y subestaciones asociadas en Perú, por 205 millones de dólares (unos 181,6 millones), según indicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, esta sociedad explota, desde finales de 2017 y en régimen de concesión por 30 años por el Estado peruano, 372 kilómetros de circuito de 220 kV y 138 kV (kilovoltios) y 4 subestaciones en las regiones de Cajamarca, Amazonas y San Martín en el norte de Perú. La operación, cuyo importe de 205 millones de dólares incluye la deuda, está supeditada a la obtención de las autorizaciones pertinentes. La compañía presidida por Jordi Sevilla indicó que los ingresos generados por CCNMC rondan los 18 millones de dólares (unos 16 millones de euros) anuales.

Interconexión entre Perú y Ecuador

Red Eléctrica es el transmisor eléctrico de referencia en el sur de Perú, donde está presente desde 1999. Con esta nueva adquisición será propietaria en el país andino de 6 concesiones de transmisión de electricidad que totalizan 1.686 kilómetros de circuito. Además, con la compra, la compañía, que expande su presencia al norte del país, indicó que se posiciona de forma preferencial tanto para la futura interconexión entre Perú y Ecuador como para los futuros desarrollos de transmisión en el norte del país andino. Con la adquisición de estos activos, Red Eléctrica pasará a gestionar una red de 1.686 kilómetros de circuito en Perú que se suma a los 1.729 kilómetros que gestiona en Chile.

El Congreso reclama al Gobierno que las nuevas concesiones hidroeléctricas reviertan parte de sus beneficios al Estado y los consumidores

Europa Press.- El pleno del Congreso ha reclamado al Gobierno, con el voto del PP, PSOE y Unidos Podemos, que las nuevas concesiones hidroeléctricas reviertan parte de sus beneficios al Estado, las confederaciones hidrográficas, los consumidores de electricidad y los municipios afectados.

Todo ello una vez se descuente un «beneficio industrial razonable» para su explotador, teniendo en cuenta «la realidad de un sector ya maduro», según reza la moción impulsada por Unidos Podemos, y finalmente pactada con PP y PSOE. Este texto ha contado con el apoyo del resto de grupos, a excepción de Ciudadanos y UPN, que se han abstenido, y de Foro Asturias, que ha votado en contra. Con esta moción, el Congreso ha reclamado que la explotación de estos aprovechamientos hidroeléctricos supongan la inversión de al menos del 20% de los ingresos que se deriven de las mismas en los territorios afectados, con el fin de combatir la despoblación.

El texto también pide al Gobierno el desarrollo de «un marco jurídico estable en materia de reversión de los saltos hidroeléctricos» de cara a la extinción de concesiones, y que en este marco se reconozca el agua «como un bien de dominio público que debe gestionarse desde la perspectiva del interés general, apoyándose en el principio de unidad de cuenca». Así, pide que, una vez venzan las concesiones, la titularidad pase a manos públicas, y que en caso de que se otorguen nuevas concesiones, se realicen mediante concurso público y con una serie de condiciones.

Concretamente, con unos plazos de 5 años, elevándose hasta los 30 años cuando haya inversiones, pero nunca superando el período de amortización, y con la obligación de «seguir las consignas del operador del sistema» eléctrico con el fin de «facilitar la entrada de energías renovables y de contención del precio de mercado«. Para la extinción de las concesiones, pide garantizar la transparencia e información a las comunidades autónomas, entidades locales y ciudadanía sobre la situación administrativa de cada salto y la caducidad de su concesión.

Ribera estudia que las cuencas asuman las instalaciones hidroeléctricas al acabar su concesión mientras Unidos Podemos pide su gestión pública

Europa Press.– La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que «no es descartable» que las cuencas hidrográficas puedan explotar «de forma transitoria al menos» instalaciones hidroeléctricas cuya concesión finaliza, asumiendo como «ingresos propios» los beneficios que puedan derivarse «sin que puedan cederse a un tercero«. Así lo ha asegurado durante la interpelación dirigida por el portavoz de Energía de Unidos Podemos, el diputado de En Comú Podem Josep Vendrell, en el Pleno del Congreso.

Ribera ha destacado la extinción de estas concesiones como una «oportunidad» para replantear el papel que debe jugar en la transición energética la energía hidroeléctrica, que representa un 20% de la potencia instalada, y «moderar los precios de mercado». La ministra ha subrayado que deberá ser la Dirección General de Aguas, quién evalúe qué hacer con las instalaciones a medida que se van extinguiendo estas concesiones. Según ha explicado, deberá analizarse «en el marco comunitario» si estas instalaciones son financieramente viables, o incluso si deben ser demolidas en caso de que su mantenimiento sea contrario al interés público. Asimismo, Ribera ha señalado que podrían sacarse de nuevo a concurso instalaciones.

En estos pliegos, ha añadido, deberá incorporarse la retribución al organismo de cuenca por canon concesional, un plan de inversiones, una valoración del inmovilizado con su inventario y con la obligatoriedad de que la reversión sea «gratuita y libre de cargas», de forma que la Administración no deba asumir ningún coste en caso de aprovechar las instalaciones. En este sentido, la ministra cree que «la demanda social» de «revertir al interés público» los beneficios de las instalaciones hidroeléctricas «debe ser atendida«, una demanda que, ha asegurado, «encaja» con las premisas de las directivas comunitarias correspondientes.

El diputado Josep Vendrell (En Comú Podem) ha coincidido en la «oportunidad histórica» que se presenta con la caducidad de estas concesiones. A su juicio, han sido «un chollo» durante estos años al tratarse de centrales «hiperamortizadas». Por ello, ha reclamado al Gobierno que facilite la gestión de las mismas a través de sociedades públicas que exploten estas instalaciones y, aunque ha concedido que es «admisible» que puedan volver a producirse concursos, «no sin revertir beneficios» al sector público, y ha defendido que la reversión pueda llevarse a cabo a través de una titularidad pública.

Ha exigido un «debate a fondo» sobre esta cuestión, el establecimiento de auditorías sobre las concesiones, la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas y el papel que han jugado estas instalaciones en los precios del sistema eléctrico. Y es que ha señalado que la producción de energía hidroeléctrica «es enormemente rentable«, pues al estar construidas en un anterior período regulatorio y estar ya amortizadas, gozan de una sobrerretribución que, ha recordado, el acuerdo presupuestario del Gobierno con Unidos Podemos, llamaba a acabar. Asimismo, ha recordado las denuncias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por casos de «manipulación de precios».

Ribera afirma que las medidas adoptadas convierten al país en el que más ha caído el precio de la electricidad

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegura que las medidas adoptadas por el Gobierno, junto con la caída desde máximos del precio del CO2, han permitido a España «pasar de ser el líder» en Europa en los incrementos en los precios de la electricidad a «ser el país, junto a los nórdicos, en el que más ha caído el precio mayorista en octubre».

En comparecencia en Comisión en el Senado, Ribera valoró así las medidas urgentes adoptadas por el Ejecutivo a principios de octubre para combatir la espiral alcista en el precio de la luz de los últimos meses, aunque subrayó que no es suficiente y que «hay que seguir trabajando» y adoptando «medidas de fondo». El recibo de la luz vio cortada en octubre la tendencia alcista de los últimos meses y se abarató por primera vez desde mayo, mitigando así las subidas de agosto y septiembre.

Ribera indicó que combatir el alza en el recibo de la luz ha sido «uno de sus primeros mensajes» desde que llegó al Gobierno ya que la electricidad limpia y eficiente tiene «un inmenso futuro», aunque es necesario mantener unos «precios razonables y evitar sobrecostes que dificulten el periodo de transición«. Así, subrayó que desde marzo se ha vivido una espiral alcista de «subidas muy importantes y continuas no previstas por el Gobierno anterior». «El señor Nadal dijo que iba a bajar el precio por sus medidas, pero se le olvidó que el CO2 era un factor que existía y que iba a incidir en el precio de la energía».

Concesiones de las centrales hidroeléctricas

Además, Ribera indicó que «en las próximas semanas» se presentará una propuesta que afectará a la prórroga de las concesiones de las centrales hidroeléctricas que expiran en estos años ya que el agua para generación eléctrica existe en «un volumen limitado» y es necesario pensar «en las condiciones más acordes al siglo XXI». La ministra, que no entró en más profundidad al respecto, subrayó que el objetivo debe ser el de «garantizar un cierto precio para consumidores vulnerables y una cierta capacidad de almacenamiento y moderación de precios medios con un potencial que es público«.

Ribera también destacó ese real decreto de medidas urgentes para la Transición Energética y la Protección de los Consumidores, aprobado el pasado octubre, como un primer conjunto de señales en el camino que se quiere tomar, con medidas como el fin del impuesto al sol o los ajustes para asegurar que España «llegue con los deberes hechos» en materia de energías renovables o la eliminación de trabas que impiden el despliegue de la movilidad eléctrica.

«En todo caso, la señal más precisa consiste en la adopción del marco estratégico que ha de conducirnos a un camino distinto en los próximos años, ese puente que hay que construir entre la realidad actual y la realidad que queremos en 2030«, subrayó, remarcando que estarán recogidas en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa del Gobierno.

Concretamente, estima que son «piezas claves, irrenunciables y engarzadas entre sí», que fijarán «objetivos claros y ambiciosos» para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 2020 y 2030, con sendas de descarbonización para 2050 revisables cada 5 años, tanto para la economía en su conjunto como para cada uno de los sectores de emisión. Asimismo, insiste en la necesidad de realizar presupuestos quinquenales de carbono y elaborar un informe anual que describa en qué y cómo se ha aplicado el fondo de carbono cada año e integrar el análisis de compatibilidad climática en todos los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, en las memoras de planes, programas y normativas e incluir criterios verdes «obligatorios» en la contratación pública.

El grupo CLH inicia servicios de suministro de combustible en el aeropuerto de Tocumen de la Ciudad de Panamá

EFE.- CLH Panamá, filial de CLH Aviación, ha comenzado a prestar servicios de operación, mantenimiento y puesta a bordo de combustible en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, situado en la capital panameña y en el que operan unas 40 aerolíneas que vuelan a 80 destinos en 35 países de Europa y América.

Según indicó la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), la compañía también ha iniciado sus actividades en los aeropuertos de Panamá Pacífico y Río Hato-Scarlett Martínez.

También tiene previsto comenzar a operar durante el mes de octubre en el aeropuerto Enrique Jiménez de Colón y próximamente en el de Enrique Malek.

CLH Panamá ha renovado todos los equipamientos, ha contratado a cerca de 100 personas y ha incorporado 45 nuevos vehículos de suministro, entre unidades repostadoras, vehículos dispensadores y carros hidrantes, fabricados expresamente para este proyecto.

La filial de CLH Aviación se adjudicó a finales del año pasado el concurso convocado por el Gobierno de Panamá para suministrar a estos 5 aeropuertos.

La adjudicación fue ratificada por la junta directiva de la sociedad Aeropuerto Internacional de Tocumen y refrendada por la Contraloría General de la República.

CLH Panamá gestionará las instalaciones de combustible de los 5 aeropuertos, incluyendo el servicio de puesta a bordo, en régimen de concesión durante 10 años y como operador único, y construirá una nueva estación de servicio en el aeropuerto de Tocumen.

El Observatorio de la Sostenibilidad urge al Gobierno a rescatar las concesiones hidroeléctricas para abaratar el precio de la electricidad

Europa Press.- El Observatorio de la Sostenibilidad ha recomendado al Gobierno recuperar el total de los aprovechamientos hidroeléctricos como política de Estado con el fin de abaratar el precio de la electricidad y tener un mayor control de las emisiones de CO2 y de la gestión del agua una vez que las concesiones a grandes empresas realizadas por periodos de 75 años ya han sido «suficientemente amortizadas».

El Observatorio de la Sostenibilidad ha detallado en un informe por comunidades autónomas todas las concesiones hidroeléctricas para que los organismos públicos vigilen y soliciten la reversión de estas concesiones, de forma que el beneficio se pueda revertir a la sociedad, sobre todo a aquellos municipios que «ya han soportado» los efectos ambientales de la presencia de las presas, que coincide con territorios de menor nivel de riqueza. Entre las principales razones que han llevado al Observatorio de la Sostenibilidad a realizar dicho informe se encuentran los elevados precios de la electricidad registrados este verano, cuando han alcanzado niveles récord de los últimos 10 años a pesar de que el país cuenta con «abundantes» reservas hídricas en los embalses hidroeléctricos.

La entidad también ha denunciado que la electricidad que pagan los españoles se encuentra entre «las más caras de Europa», lo que supone una «fuerte» traba para la competitividad de las empresas y un «grave» problema para las capas de la población «que no pueden enfriar sus casas en verano o calentarlas en invierno». Además, el OS ha mostrado su preocupación por las concentraciones de CO2 en la atmósfera, que llegaron a los 411 partes por millón (ppm), y ha señalado que la economía española fue entre 2014 y 2017 la mayor emisora de este contaminante entre los países desarrollados.

El informe también destaca que alrededor del 7% de las concesiones medidas en volumen de agua ya han expirado y que otro 8% irá caducando hasta el 2030. Junto a esta recomendación, el OS también solicita que se reduzca el periodo de concesión de las grandes hidráulicas a menos de 50 años, desde los actuales 75 años, que se analice con detalle la priorización del uso del agua y que las futuras licitaciones tengan en cuenta unos resultados favorables para el bien común y no las determinadas hace 75 años, en un periodo de autarquía.

El final de la concesión de los pozos de petróleo de La Lora (Burgos) extingue los 16 empleos de CPS

EFE.- Los 16 trabajadores de la Compañía Petrolífera de Sedano (CPS) acordaron con la empresa la extinción de sus contratos y su desvinculación desde el 29 de marzo, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del final de la concesión de explotación de los pozos de petróleo de La Lora (Burgos), aunque solo a los efectos de convocar concurso para una nueva concesión.

En realidad, la explotación cesó hace poco más de un año, en febrero, cuando el Gobierno denegó la solicitud de una prórroga de 10 años solicitada por la empresa adjudicataria. La empresa comenzó a redactar entonces un «plan de suspensión» para retirar los elementos obsoletos o inservibles, que fue aprobado en noviembre del año pasado por el Ministerio de Energía.

Ahora la actividad se declara extinguida «por caducidad al vencimiento de sus plazos y a los solos efectos de posibilitar la convocatoria de un concurso en el área, la concesión de explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos». Solo en el caso de que el nuevo concurso, aún sin convocatoria, quedara desierto o se demorara más de 3 años, la empresa concesionaria tendría que acometer el desmantelamiento total de las instalaciones.

Los pozos de Ayoluengo o La Lora son los únicos de España en suelo firme y comenzaron a funcionar en 1964, cuando surgió por primera vez el petróleo de uno de los sondeos, aunque la primera concesión data de 1967. Se trata de unos campos con una superficie de más de 10.600 hectáreas en los que la concesionaria pretende efectuar una inversión importante para cambiar el método de extracción y aumentar su producción, aunque para ello requiere un periodo largo de amortización y, por tanto, de concesión, según fuentes de la antigua compañía concesionaria CPS.

Extinción de contratos para trabajadores

En definitiva, el portavoz de la plantilla, Julián Núñez, ha asegurado que causan baja con la esperanza de volver al trabajo en un año si se otorga una nueva concesión a la compañía, que reiteró a los trabajadores su intención de concurrir al concurso que previsiblemente convocará el Gobierno. En este sentido, Núñez ha criticado el retraso del Ministerio de Energía, que ha dejado pasar más de 12 meses desde el momento en que se denegó a CPS su solicitud de prórroga por 10 años.

Qatar, pese al boicot, renueva un acuerdo petrolero con Emiratos Árabes Unidos

EFE. – La petrolera qatarí Qatar Petroleum ha renovado un acuerdo con el Gobierno de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) para continuar con las operaciones en una plataforma petrolera compartida, a pesar del bloqueo que existe sobre Qatar desde el pasado junio. 

Según el presidente de Qatar Petroleum, Saad Sherida al Kaabi, «estamos encantados de firmar este acuerdo de concesión, que asegurará la continuación por muchos años más del desarrollo y operación del campo petrolero de Al Bunduq». Así, con esta rúbrica se renueva el pasado acuerdo, que finalizó el 8 de marzo, en la plataforma de crudo que Qatar y el emirato de Abu Dabi comparten, y cuya producción exporta al mercado asiático, en especial a Japón.

En el acuerdo firmaron Qatar Petroleum, el Consejo Supremo de Petróleo – en nombre del Gobierno de Abu Dabi -, la Compañía de Petróleo Nacional de Abu Dabi, el consorcio de Unidad de Desarrollo de Petróleo de Japón -que explota mayoritariamente el campo-, así como su operador, la Compañía Bunduq.

Retrocediendo a marzo de 1969, el estado de Catar y el emirato de Abu Dabi llegaron a un entendimiento que estipulaba que el campo de Al Bunduq, descubierto en 1965 y localizado en Emiratos, se compartiría a partes iguales entre ambos países.

Este acuerdo se realiza en un momento en el que Emiratos, junto a Baréin, Egipto y Arabia Saudí, bloquean a Qatar tras romper las relaciones diplomáticas y comerciales en junio de 2017 porque acusan al pequeño emirato de financiar el «terrorismo», sin embargo,  Qatar lo niega

Acciona entrega dos centrales hidroeléctricas en el Pirineo a la Confederación Hidrográfica del Ebro al extinguir la concesión

EFE.- La corporación Acciona Hidráulica ha entregado a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) las centrales de producción de energía hidroeléctrica de Urdiceto y Barrosa, en el término municipal pirenaico de Bielsa (Huesca). El organismo de cuenca asume la gestión temporal de ambas instalaciones, con una potencia de generación de 7,2 (Urdiceto) y 3,6 (Barrosa) megavatios, tras firmar con responsables de la sociedad empresarial el acta de entrega.

Según el Ministerio de Medio Ambiente (MAPAMA), se trata de un paso administrativo fijado como consecuencia de las resoluciones dictadas sobre la extinción de sus derechos concesionales y sobre la reversión al Estado de estos aprovechamientos. La CHE gestionará de manera temporal estos aprovechamientos hasta que se promueva el concurso público para su adjudicación. Las centrales han sido entregadas en «parada segura«, es decir, con sus compuertas cerradas y sin turbinación, por lo que no se pondrá en explotación hasta que no se cumplan las condiciones necesarias para la misma.

La extinción y la reversión de aprovechamientos hidroeléctricos son procedimientos marcados por el Texto Refundido de la Ley de Aguas y también por el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. La CHE ha informado de la firma tanto al Ayuntamiento de Bielsa como a la Asociación de Entes Locales del Pirineo Aragonés (ADELPA), que ha activado diversas iniciativas para reclamar que los beneficios de estas instalaciones recaigan en los territorios donde se ubican estas infraestructuras hidráulicas.

El PSOE plantea recuperar las concesiones hidroeléctricas y pregunta a Tejerina sobre la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

Europa Press.- El PSOE registró en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Gobierno sobre las actuaciones que pretende realizar en materia de lucha contra el cambio climático y en particular sobre la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como por el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua y la calidad del aire. Asimismo, los socialistas han presentado las bases que consideran esenciales para lograr un acuerdo sobre un Pacto de Estado sobre agua.

El responsable del área de Transición Ecológica de la Economía del PSOE, Hugo Morán, subrayó la necesidad de avanzar en una norma que prohíba la privatización de las infraestructuras de captación y distribución y de las entidades o empresas públicas que tengan encomendadas su gestión. «Se abre una oportunidad para recuperar las concesiones hidroeléctricas para su gestión pública», concluye. Estructurado en 10 ámbitos, la primera iniciativa que plantea el PSOE es la necesidad de realizar una profunda revisión del diagnóstico en cuanto a recursos disponibles y usos eficientes del agua a través de una auditoría hidrológica, un análisis asociado al que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética realice.

Cambio Climático y Transición Energética

Por su parte, el diputado del grupo socialista, Ricardo García Mira, planteó varias preguntas escritas al Gobierno y, entre ellas, el PSOE quiere saber cómo integrará el Gobierno las conclusiones realizadas por el grupo de expertos de Energía y Clima en el texto de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Además, interroga por el calendario de actuaciones del grupo de expertos y de negociaciones y debates a seguir desde una perspectiva institucional y política, en interacción con otros actores políticos y ambientales.

Entre otras cuestiones, García Mira quiere saber cuál será el procedimiento que se seguirá para seleccionar, discutir e integrar las más de 350 aportaciones que se registraron en la fase de información pública así como por la metodología y procedimientos que se emplearán para incorporarlas o no al texto. También pide conocer las medidas que adoptará el Gobierno para cumplir con la legislación europea sobre la calidad del aire después de las «reiteradas advertencias» de la Comisión Europea por los altos índices de contaminación en las dos grandes ciudades españolas.

Otra de las cuestiones quiere indagar si el Gobierno puede proporcionar las dimensiones más importantes y previsiones sobre las que desarrollar la acción política en relación y le pide que defina de forma «concreta y precisa» hojas de ruta de descarbonización para el horizonte de 2030 y 2050 en materia de emisiones del transporte, la industria, la agricultura, la ganadería y quema de combustibles fósiles, con una «apuesta decidida por la eficiencia energética«. A su juicio, esto es el «modo más rápido y seguro» de reducir emisiones y de facilitar una mayor competitividad en la producción industrial y generar efectos sociales positivos en los hogares.

En esa línea, el diputado quiere saber para cuándo proporcionará el Gobierno a los partidos políticos y resto de las organizaciones de la sociedad civil una propuesta de desarrollo de una estructura de Economía Circular así como la cuantificación de las emisiones que tendrán que reducirse por sectores de cara al cumplimiento de objetivos de la Unión Europea y de los Acuerdos de París, a consecuencia de la puesta en marcha de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

«El proceso de ralentización en el que ha entrado España, después de la firma del Acuerdo de París, ha hecho que dos años después no exista avance alguno y España sea un ejemplo de inacción, un Estado que incumple los compromisos adoptados en el seno de la Unión Europea con la comunidad internacional», lamenta García Mira. La última de las cuestiones en esta batería pregunta por las propuestas relativas a la fiscalidad que resultarán afectadas por la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

El diputado considera que España está «entre los países que menos hace para combatir el calentamiento de la Tierra» y ha exigido a García Tejerina una política climática «con garantías» porque «no hay fórmulas mágicas», de modo que es preciso cambiar el modelo energético y los modelos de crecimiento, negocio y desarrollo. Del mismo modo, opina que es preciso generalizar el empleo de tecnologías renovables y eliminar «toda barrera» a su potencial a través del impuesto al sol.  Asimismo, el diputado ve necesario introducir los cambios precisos en la fiscalidad.