Existen dos grandes bloques en la línea de defensa en las reducciones retributivas producidas en el régimen especial con motivo de la mal denominada “reforma eléctrica”. El primero, consiste en el frente judicial, basado en el ejercicio de los principios de seguridad jurídica y estabilidad regulatoria. En ese frente podemos agrupar, todos los procesos que se están produciendo en las diferentes instancias judiciales, españolas y europeas, así como los arbitrajes internacionales que hay planteados por los inversores.

En Energía Diario venimos haciendo la crónica de este proceso, así como de las argumentaciones jurídicas, económicas, financieras y de inversión existentes, además del camino que nos ha llevado a ser el primer país del mundo hoy en la Corte Internacional del CIADI por este motivo (y, todo hay que decirlo, con expectativas poco halagüeñas para el Ejecutivo español incluyendo la infructuosa búsqueda de apoyos a nivel europeo en esta cuestión para evitar los varapalos judiciales). Incluso venimos señalando como será el próximo Gobierno el que tenga que lidiar con los fracasos jurídicos que ya están casi descontados en este asunto y que el proceso que llevó a la reforma, vulnera estos principios esenciales y eso detonará la reforma (incluso a nivel nacional).

Por ello, previsiblemente es una línea que se anticipa muy efectiva a la luz de las primeras resoluciones y decisiones que se vienen conociendo. Incluso la Defensora del Pueblo ha pedido que se trasladen las decisiones judiciales de los arbitrajes a los titulares de las explotaciones que no han utilizado estos mecanismos internacionales de defensa.

Por tanto, es difícil que prosperen los mecanismos de apelación a la retórica demagógica propia de las argumentaciones de comunicación política y retórica venezolana esgrimidas para justificación del Gobierno, referentes al exceso retributivo y descontrol previo a los recortes en las renovables,  a la hora de defender cuestiones claves del estado de derecho nacional e internacional para el funcionamiento de una economía y de la actividad empresarial.

La segunda línea trata de buscar una causalidad y culpabilidad al recorte del Gobierno en términos de ‘imperativo moral’. Es el esquema argumental que sostiene Jorge Fabra en el informe encargado por Anpier, y que tiene que ver con la reclamación a partir de la invocación de transferencias de rentas entre actividades y tecnologías dentro sistema eléctrico, por otra parte, una vieja reclamación ya conocida del ex presidente de Red Eléctrica de España. Así, por un lado, Fabra niega el origen del déficit tarifario y exonera de la participación en los costes de acceso de las primas en el mismo y, por otro, al servicio de esta asociación, trata de ideologizar el problema.

El relato que trata de imponer es que el gobierno es responsable de la existencia del déficit tarifario porque, en teoría, admite la existencia de unos supuestos beneficios a unas tecnologías al existir un mercado marginalista en el que todas determinan sus ingresos por el precio de casación en el mercado en el régimen general, en lugar de, por un mecanismo discrecional de reconocimiento de costes. Y, además, niega el carácter competitivo del mercado eléctrico (de un bien indiferenciado y no almacenable) por la titularidad de los activos de cada tipo de tecnología (transferibles, en todo caso), en lugar de por el funcionamiento del propio mercado y sus resultados competitivos en términos de operadores, oferentes, oferta y demanda.

Consecuentemente, la teoría es que esos supuestos beneficios calculados grosso modo de forma estimativa, si se aplican o se detraen, en forma de transferencia de rentas, pueden ser destinados a la fijación de retribuciones discrecionales adicionales para otras tecnologías y, por ello, que las primas decididas previamente (altas, bajas o incontroladas) nada tuvieron que ver con el déficit tarifario (¡!). Es decir, bajo esta teoría, Fabra trata de argumentar que los recortes del Gobierno se basaron en un modelo de atribución de culpabilidad a las primas del propio del Ejecutivo, proponiendo el suyo alternativo y hace de la defensa un ataque.

Dentro de esa línea incorporada en la estrategia de agitación de Anpier, además de su estrategia jurídica, este informe que acaba de conocerse, en el que de forma incombustible, Fabra reexpide sus posiciones para este propósito, en realidad, ideológicamente no aporta nada nuevo. Su valor ante la CNMC, por un lado, y su virtualidad para ser invocado  ante un juez en l acuestión de los recortes retributivos, por otro, son irrelevantes.

De hecho, probablemente, la resolución del problema de los productores fotovoltaicos atrapados en la burbuja, vendrá, por la defensa jurídica de sus derechos económicos. Por eso, la reclamación de normalidad económica y financiera, por la defensa de los mecanismos de mercado y de derecho en lo empresarial, la efectividad de la argumentación basada en la estabilidad jurídica y regulatoria (algo que tampoco comparte Fabra en sus postulados), como brújula de las decisiones judiciales que se anticipan, tienen más visos de realidad y de legitimidad para los afectados.