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Ribera devuelve a la CNMC las competencias para fijar los peajes energéticos pero bajo la política que marque el Gobierno

Europa Press.- El Gobierno aprobó un Real Decreto Ley para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la normativa comunitaria, que establece que los reguladores de los mercados interiores de gas natural y electricidad sean totalmente independientes, devolviendo así al superregulador las competencias que le fueron arrebatas en 2014 por el anterior Gobierno del PP para fijar, entre otras labores, los peajes y cánones que se aplican para establecer las tarifas eléctrica y gasista.

No obstante, de acuerdo con estas nuevas competencias de regulación, la CNMC deberá tener en consideración las prioridades estratégicas que marque el Gobierno en materia energética ya que, como establece la Constitución, es una competencia exclusiva del Estado. El gabinete dirigido por Teresa Ribera indicó que estas prioridades se materializarán en unas orientaciones de política energética, adoptadas por el Ministerio para la Transición Ecológica previo informe a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Estas orientaciones de política energética abarcarán aspectos tales como la seguridad de suministro, la seguridad pública, la sostenibilidad económica y financiera de los sistemas eléctrico y gasista, la independencia del suministro, la calidad del aire, la lucha contra el cambio climático y respeto al medio ambiente, la gestión óptima y el desarrollo de los recursos nacionales, la gestión de la demanda, la gestión de las elecciones tecnológicas futuras o la utilización racional de la energía.

Con la aprobación de este Decreto Ley, el Gobierno considera que ofrece un marco homologable al de los demás estados europeos, reconoce la capacidad técnica y el criterio de la CNMC y establece mecanismos de cooperación que «garantizan el buen funcionamiento del conjunto del sistema sin menoscabo de la responsabilidad que cada institución tiene en materia de energía». Con carácter previo al inicio de la tramitación de las circulares normativas de la CNMC, el Ejecutivo podrá emitir un informe sobre la adecuación de la propuesta a las orientaciones. En caso de suscitarse discrepancias, se convocará a la Comisión de Cooperación con la finalidad de buscar el entendimiento entre ambas partes.

Este organismo estará compuesto por 3 personas en representación de la CNMC y 3 personas en representación de la Secretaría de Estado de Energía, que serán nombrados respectivamente por el presidente del regulador, oído su pleno, y la ministra para la Transición Ecológica. La presidencia y la secretaría de la Comisión de Cooperación corresponderán a ambas partes de forma alternativa y rotatoria por un año. Si no existen discrepancias o se alcanza un acuerdo en la Comisión de Cooperación, la circular de la CNMC indicará que se aprueba «de acuerdo con las orientaciones de política energética del Ministerio». En caso de que no exista acuerdo, la circular deberá indicar que se adopta «oído el Ministerio«.

Además de la determinación de las prioridades en materia energética de acuerdo con el mandato constitucional, el Ejecutivo aprobará las reglas y supervisará que se aplican las medidas necesarias para garantizar el suministro en situaciones de emergencia. De igual modo, será competente en la aprobación de la estructura de los cargos, su metodología y sus valores; y mantiene la función planificadora de las redes de transporte, conforme a las recomendaciones que podrá hacer la CNMC. Además, el Gobierno determinará los criterios y procedimientos que la concesión de acceso y conexión deba satisfacer para el cumplimiento de los objetivos de política energética y penetración de renovables.

Los peajes y las retribuciones

Mientras, el nuevo reparto asigna a la CNMC la aprobación de la estructura, metodología y los valores concretos de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de gas natural y electricidad, y a las plantas de gas natural licuado (GNL). De igual modo, el regulador aprobará las retribuciones de estas redes y plantas. También se encargará de la retribución del operador del sistema eléctrico y del gestor técnico del sistema gasista.

Además, serán de su competencia la metodología y condiciones de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural; las reglas de funcionamiento de los mercados organizados en aquellos aspectos cuya aprobación corresponda a la autoridad regulatoria nacional, de conformidad con las normas del derecho comunitario europeo; y el control de los planes de inversión de los gestores de la red de transporte, pudiendo hacer recomendaciones para su modificación.

El Ministerio considera que con este nuevo reparto competencial se garantiza la seguridad jurídica a la ciudadanía y a los agentes del sector energético y valora que supone «una buena noticia para los consumidores y todos los agentes que forman parte de un sector como el energético». Gobierno y CNMC contarán con un periodo transitorio máximo de 4 años para la adaptación de manera gradual de estos cambios de metodología y de este reparto competencial.

Fuentes del Ministerio indicaron que la CNMC asumirá estas nuevas competencias desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley y que, en el caso de los peajes, tendrá que realizar una circular en 2019 para el 2020, de la misma manera que el Ejecutivo hizo su propuesta, informada por la CNMC, el pasado diciembre para el año en curso.

Previamente a las circulares que emita la CNMC, tanto el Gobierno como el regulador deberán desarrollar las metodologías para el cálculo de los cargos y retribuciones reguladas, en el caso del Ejecutivo, y cánones y peajes de acceso, en el caso de la CNMC, cuestión en la que ya trabajan y que deberán estar listas antes de que acabe 2019.

La devolución de las competencias a la CNMC fue uno de los primeros compromisos adquiridos por Teresa Ribera tras ser nombrada ministra ya que, desde 2016, existía la amenaza de la Comisión Europea de sanción. Además, la incorrecta trasposición de las directivas de mercado llevó el enfrentamiento entre la CNMC y el Gobierno del PP ante el Tribunal Supremo. Fuentes del Ministerio indicaron que el Gobierno trabajó «con rigor y contrarreloj» para acabar con la anomalía que suponía la trasposición incorrecta de la directiva comunitaria.

«Era absolutamente urgente y, por ello, nada más constituirse el Ministerio para la Transición Ecológica se creó un grupo de trabajo entre la CNMC y el Ministerio para llevar a cabo la normativa plasmada en este Real Decreto Ley», añadieron. Así, el Ministerio considera que con esta normativa «se pone fin a esta situación realizando un reparto respetuoso con el derecho comunitario y que dota a España de un marco regulatorio que garantiza a la CNMC la independencia necesaria para el ejercicio de sus funciones«.

Podemos reprocha a Ribera que no rebaje el precio de la luz al elaborar el Ministerio la orden de peajes

Europa Press.- Unidos Podemos ha reprochado a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ya que incumplió en 2018 su compromiso de devolver a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la fijación de los peajes de acceso al sistema eléctrico, no haya propiciado una rebaja mayor del precio de la luz.

Así, su portavoz de Energía, Josep Vendrell, ha registrado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para saber si se ha valorado introducir modificaciones para conseguir «una rebaja adicional» de los costes regulados del recibo de la luz y, si es así, por qué no lo ha hecho en la orden aprobada por Ribera el pasado diciembre.

Y es que, tal y como relata en su iniciativa, en esa orden se establecen los peajes de acceso para 2019 y en ella, contra el criterio de la CNMC, se hará pagar este año más de 650 millones de euros sin que el fin de los pagos por capacidad suponga «un cambio relevante en las cantidades que pagarán los clientes con su factura». Estos pagos, apunta Vendrell, «permanecen en valores similares a años anteriores». «A pesar de que la previsión de cobro por parte de las eléctricas no alcance los 200 millones, se hace pagar en la factura de la luz ese sobrecoste», subraya.

Por ello, pregunta directamente al Gobierno por qué se mantiene la previsión de sufragar los pagos de capacidad por un importe que, según estima, podría suponer un sobrecoste de más de 500 millones de euros. En este sentido, quiere saber si el Gobierno destinará este margen, en caso de que finalmente se consolide, al pago de indemnizaciones judiciales o acuerdos en litigios abiertos, como las condenas por los recortes en las primas a las renovables. En todo caso, Vendrell pregunta al Gobierno «si considera razonable que se haga pagar a los consumidores en la factura de la luz de forma encubierta sobrecostes que irán dirigidos a sufragar otros costes regulados».

La factura de la luz se encareció un 2,13% en 2018, lo que supuso un mayor gasto de 17,69 euros

Redacción.- Un consumidor doméstico medio pagó 848,17 euros en su factura de la luz de todo el año 2018, por lo que esta factura se encareció en un 2,13% respecto a los 830,48 euros de 2017, lo que supuso un mayor gasto en el recibo de 17,69 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada PVPC con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

De los 848,17 euros abonados en los 365 días del 2018, 181,09 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada, una partida que permaneció invariable, congelada, respecto a 2017. Del resto de la factura de 2018, 485,78 euros obedecen al consumo, 34,1 euros al impuesto eléctrico y 147,2 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Unas cifras al alza respecto a los 471,88 euros de consumo de 2017, 33,38 euros de impuesto eléctrico y 144,13 de IVA para totalizar los 830,48 euros de la factura del año anterior.

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía, el de un consumo de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio asegura que se corresponde con el de una familia media con dos hijos. Por otro lado, al igual que sucedió en noviembre, la factura media de diciembre se mantuvo en los mismos niveles que en el año anterior. Concretamente, en el mes de diciembre de 2018 fue de 74,64 euros, un 0,5% más que los 74,27 euros registrados en diciembre del 2017, lo que supone un desembolso añadido en el recibo eléctrico de 0,37 euros.

Diciembre prácticamente igual que noviembre

De los 74,64 euros abonados en los 31 días de diciembre del 2018, 15,38 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de diciembre, 43,31 euros obedecen al consumo, 3 euros al impuesto eléctrico y 12,95 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Asimismo, la factura de la luz de diciembre respecto al mes anterior, noviembre, permaneció prácticamente invariable con una subida del 0,42%, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,41 euros en diciembre respecto a los 2,40 euros de noviembre. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses a efectos de garantizar la homogeneidad estadística

Así, el recibo eléctrico vuelve a subir después de dos descensos mensuales consecutivos que cortaron la espiral alcista que le había llevado a encadenar 6 meses consecutivos de subidas. El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad,13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año. El Gobierno ha congelado para 2019 los peajes con los que los consumidores sufragan los costes regulados.

La patronal eólica AEE y la fotovoltaica UNEF valoran «positivamente» la propuesta de retribución para 2020-2025 ya que aporta «estabilidad»

Europa Press.- La Asociación Empresarial Eólica (AEE) y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) han valorado «positivamente» el anteproyecto de ley mediante el que se fijan las nuevas tasas de retribución financiera aplicables a las distintas actividades con retribución regulada del sistema eléctrico para el periodo 2020-2025. Para UNEF supone «un importante avance regulatorio encaminado al desarrollo del sector en beneficio de la sociedad» mientras que para AEE «solventa una petición recurrente del sector, aportando estabilidad a la rentabilidad razonable de las instalaciones».

AEE considera que la metodología basada en el coste medio ponderado del capital (WACC, por sus siglas en inglés) utilizada por el Ministerio para la Transición Ecológica, según indicaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), «es la adecuada y la más común en los países de nuestro entorno, así como validada por los principales agentes financieros». Asimismo, señala que esta medida «recupera la seguridad jurídica, dotando de estabilidad a la rentabilidad razonable, y generando confianza para los inversores y el propio sector renovable en España».

La patronal eólica subraya que, para alcanzar los objetivos de nueva potencia renovable en los próximos años, «es importante un esfuerzo inversor para el que es necesario una planificación a medio y largo plazo y, por supuesto, una estabilidad regulatoria que ayude a financiar los futuros proyectos«. Así, AEE, que afirma que la transición energética «es una enorme oportunidad para España», cree que este anteproyecto «viene a sentar las bases para garantizar las inversiones necesarias».

En el anteproyecto, el Ministerio para la Transición Ecológica propone una tasa de retribución del 5,58% para las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y del 7,09% para la actividad de producción a partir de renovables, cogeneración y residuos, en línea con la propuesta de la CNMC y que supone un recorte del 14,1% con respecto a la retribución actual del 6,503% para los negocios de redes y generación no peninsular y un 5,5% menos con respecto al 7,503% vigente para las renovables.

Rentabilidad razonable garantizada hasta 2031

Además, con el objeto de garantizar un marco retributivo estable, el anteproyecto plantea que la tasa de retribución del 7,389% que tienen reconocida las instalaciones de energía renovable, cogeneración y residuos con derecho a retribución primada con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 9/2013, el del recorte a las renovables y que ha sido objeto de una significativa litigiosidad tanto a nivel nacional como a nivel internacional con arbitrajes perdidos por España, no pueda modificarse hasta 2031.

UNEF: «un importante avance regulatorio»

Por su parte, el presidente de UNEF, Jorge Barredo, ha considerado «un paso vital» para la industria fotovoltaica la fijación «estable» de la retribución financiera «para recuperar la imagen de país estable que protege la seguridad jurídica de un mercado que necesita atraer 30.000 millones de euros de inversión para financiar la transición energética». Barredo añadió que la fijación de la retribución financiera en un 7,09% «se acerca a las demandas realizadas por el sector» y señaló que, con esta medida, espera que «se ponga fin al marco cambiante y a la incertidumbre jurídica institucionalizada y se defina una retribución sin alteraciones durante la vida regulatoria de las plantas fotovoltaicas«.

Unidos Podemos reclama que la CNMC vigile si las compañías de distribución eléctrica dificultan los proyectos de autoconsumo

Europa Press.- Unidos Podemos ha reclamado al Gobierno que garantice, a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que las empresas distribuidoras de energía eléctrica no están poniendo dificultades a las nuevas solicitudes sobre autoconsumo tras la derogación del conocido como impuesto al sol.

Según alertan sus diputados Eva García Sempere (IU) y Josep Vendrell (Podemos), algunas de estas empresas están rechazando peticiones de altas, alegando circulares y acuerdos del organismo regulador, por lo que creen que existe «riesgo real de que se bloquee a través de ardides jurídicos la nueva legislación«. Así se lo han trasladado al Gobierno en una batería de preguntas registrada en el Congreso. Estos diputados piden medidas para que la CNMC «fiscalice y garantice que no existen motivos de rechazo» a las nuevas instalaciones «aduciendo falta de desarrollo reglamentario».

Tal y como argumenta Unidos Podemos, «la modificación y cambio de los criterios para gestionar con rapidez las solicitudes de altas de autoconsumo debería ser una prioridad absoluta del sector y de la propia CNMC», por lo que piden al Gobierno garantizar que no exista ningún bloqueo y que el supervisor «tenga una especial vigilancia y dé una solución transitoria».

«De lo contrario, podría haber autoconsumidores en condición de poner en marcha sus instalaciones y que no pueden hacerlo. No puede existir ningún motivo de rechazo procedimental sobre un mandato legislativo, con independencia del grado de desarrollo reglamentario«, aseveran. Por otro lado, plantean al Gobierno que solicite a la CNMC el número de rechazos existentes por parte de las empresas distribuidoras que aleguen una ausencia de desarrollo reglamentario y si considera que esta alegación justifica el rechazo de puesta en marcha de las nuevas instalaciones.

El Gobierno ofrece mantener invariable hasta 2031 la retribución de las renovables instaladas antes de la reforma Soria de 2013

Redacción / Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica ha iniciado los trámites del anteproyecto de ley que establece las nuevas tasas de retribución financiera aplicables a las distintas actividades con retribución regulada del sistema eléctrico para el periodo 2020-2025. El anteproyecto presentado plantea que la tasa de retribución que tenían reconocida hasta ahora las instalaciones de energía renovable, cogeneración y residuos con derecho a retribución primada hasta el Real Decreto-Ley 9/2013, el del recorte a las renovables, no pueda modificarse hasta 2031.

Sin embargo, para el período 2020-2025, el Gobierno sí que recortará la retribución de las redes y de las renovables post-reforma Soria. En este sentido, propone una tasa de retribución del 5,58% para las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y del 7,09% para la actividad de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

De esta manera, el Gobierno avala la propuesta de tasas a estas actividades para el segundo periodo regulatorio que realizó el organismo regulador la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que supone un recorte del 14,1% con respecto a la retribución actual del 6,503% para los negocios de redes y generación no peninsular y un 5,5% menos con respecto al 7,503% vigente para las renovables. Por su parte, las instalaciones anteriores al Real Decreto-ley 9/2013 tienen una tasa de retribución del 7,389%.

La principal novedad en la propuesta de la CNMC era la metodología seguida para establecer la tasa de rentabilidad, basándose en el coste medio ponderado del capital (WACC en inglés), que es la metodología más comúnmente aplicada por los reguladores europeos dentro del ámbito de sus competencias para establecer la tasa de retribución de las actividades reguladas del sector energético.

Además, como se expone, con el objeto de garantizar un marco retributivo estable, el anteproyecto presentado plantea que la tasa de retribución que tienen reconocida en la actualidad las instalaciones de energía renovable, cogeneración y residuos con derecho a retribución primada con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 9/2013, el del recorte a las renovables y que ha sido objeto de una significativa litigiosidadtanto a nivel nacional como a nivel internacional, no pueda modificarse hasta 2031.

La tasa de retribución financiera se calcula tomando como referencia el rendimiento de las Obligaciones del Estado a 10 años (bonos del Estado a 10 años) incrementándolo con un diferencial adecuado. Para determinar el diferencial que aparece en el anteproyecto, el gabinete dirigido por Teresa Ribera solicitó un informe a la CNMC y ratifica sus conclusiones, realizando a su vez la mejor estimación posible del valor de las obligaciones a 10 años en tanto éstas quedan actualizadas, señala el Ministerio.

Estabilidad para instalaciones pre-reforma Soria

Por otra parte, con el objeto de fijar un marco retributivo estable a las instalaciones de renovables afectadas por el recorte aplicado en el Real Decreto 9/2013 y «lanzar una señal positiva a los inversores para evitar el planteamiento de nuevos procedimientos o, en su caso, poner fin a los ya existentes», el anteproyecto propuesto por el Gobierno garantiza a sus titulares que el valor sobre el que girará la rentabilidad razonable fijada para el primer periodo regulatorio, el actual, no podrá ser revisado durante los dos periodos regulatorios que se sucedan, de manera consecutiva, a partir del 1 de enero de 2020, indicó el Ministerio para la Transición Ecológica.

El decreto 9/2013, que supuso la modificación del régimen jurídico y económico para las instalaciones de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, ha sido objeto de una importante litigiosidad tanto a nivel interno como a nivel internacional. 5 de los 7 laudos arbitrales de los que se han dictado hasta la fecha han sido parcialmente condenatorios y, en este momento, permanecen abiertos un total de 35 procedimientos de arbitraje internacional contra el Reino de España por valor de más de 8.000 millones de euros.

Las indemnizaciones o compensaciones que deban ser abonadas a consecuencia de resolución firme dictada en cualquier instancia, judicial o arbitral, se detraerán del importe correspondiente a la diferencia entre la retribución que proceda abonar de las tasas de retribución congeladas hasta 2031 y la que hubieran recibido en el régimen ordinario. No obstante, los titulares podrán renunciar a este marco retributivo y acogerse al ordinario, sujeto a modificación cada 6 años, añadió el Ministerio. Una vez concluyan los trámites del anteproyecto, el texto volvería al Consejo de Ministros para su aprobación y remisión a las Cortes como proyecto de ley.

“Restauraría los derechos del sector”

Por su parte, la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier) considera que la propuesta de mantener a las instalaciones anteriores al recorte a las renovables de 2013 la tasa de rentabilidad actual hasta 2031 supone «un primer paso hacia la restauración de los derechos del sector social fotovoltaico español”. En este sentido, Anpier valoró que el anteproyecto es «el inicio de la recuperación de un sector que ha sido duramente maltratado durante la última década».

«Un colectivo formado por 60.000 familias que, atendiendo un llamamiento del propio Estado español, destinaron sus ahorros y sus esfuerzos al desarrollo y generación de energía solar fotovoltaica y que, sin embargo, había sido sometido a recortes desmesurados que obligaron a la refinanciación para evitar quiebras familiares generalizadas», añadió. Así, Anpier consideró que «no hay transición ecológica justa si no se restituyen legítimos derechos a las decenas de miles de familias españolas que, con grandes sacrificios, han logrado que sea posible un cambio en el modelo de generación energética que evite los efectos más devastadores del ya inevitable cambio climático».

El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, subrayó que se ha dado «un primer paso en el camino de vuelta a la seguridad jurídica del sector renovable español, denostado en todo el mundo por el quebranto ocasionado tanto a los inversores nacionales como a los internacionales«. Sin embargo, recordó que habrá que «continuar avanzando hasta alcanzar una restauración justa y equilibrada», puesto que son todavía muchos los desajustes arbitrarios ocasionados por la reforma, «dado que la supuesta rentabilidad del 7,39% es absolutamente ficticia y los recortes soportados son asimétricos, llegando en casos al 50% de la tarifa regulada inicialmente establecida».

La CNMC disiente de la propuesta del Gobierno de orden de peajes del sector gasista para 2019 por sobrestimar ingresos

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado los informes en los que analiza la propuesta de orden ministerial por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica y de las instalaciones de gas natural para 2019, aunque en el caso del sector gasista disiente de algunos aspectos recogidos en la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica.

No obstante, el Gobierno publicó en el BOE ambas órdenes, que permiten mantener congelada la parte regulada del recibo, por quinto año consecutivo en el caso de la electricidad, y que incluyen ya modificaciones respecto a sus propuestas. Los peajes de acceso son unos importes que se repercuten en la factura de gas y electricidad de los consumidores, y con lo que se costea el acceso a las redes de suministro energético (gas y electricidad).

En su informe sobre la orden de peajes del sector gasista, la CNMC sugiere que se reconsideren las previsiones de demanda de la orden, ya que se infravalora el número de clientes (2018 y 2019), el volumen de carga en cisternas y se sobrevalora la previsión de las capacidades contratadas y facturadas. En lo que se refiere a los ingresos previstos, la CNMC estima que los ingresos regulados de 2018 serían insuficientes para cubrir los costes previstos, generando un déficit de 0,4 millones de euros. Por el contrario, sí se estima un superávit de ingresos de 5,4 millones para 2019.

En todo caso, el organismo regulador destaca que se detectan errores en el procedimiento de facturación utilizado para estimar los ingresos de las actividades reguladas previstos para 2018 y 2019 que reducirían los ingresos previstos en 16 millones y 21 millones, respectivamente, resultando un desajuste negativo de 16,5 millones en 2018 y 15,5 millones en 2019. Los costes previstos para 2019, según la propuesta de orden, prevén una retribución para el 2019 de 2.953 millones, a la que hay que añadir los ajustes en los costes correspondientes a ejercicios anteriores, estimados en 90,6 millones. Asimismo, la CNMC, a diferencia de la orden, considera que las correcciones de años anteriores deben hacerse en 2018 y no en 2019, como se propone.

Además, el regulador advierte de la disposición adicional recogida para establecer el procedimiento para pagar a Enagás Transporte por los costes de mantenimiento y operatividad por el almacenamiento subterráneo Castor, ya que considera que se suscitan dudas razonables en cuanto a la suficiencia de rango de dicha disposición para acoger el abono de esta partida, una vez anulada por el Tribunal Constitucional la base legal del reconocimiento de estos costes.

En el caso de la propuesta de orden de peajes del sector eléctrico, la CNMC considera que las previsiones de demanda y consumo para el cierre del ejercicio 2018 y 2019 son inferiores a las de los distintos agentes. En relación con las previsiones de ingresos en la propuesta de orden para el cierre del ejercicio 2018, ascienden a 17.700 millones de euros, 395 millones menos que los previstos para el ejercicio en la Orden ETU/1283/2017 (18.095 millones de euros). La CNMC señala que esta diferencia está motivada por los menores ingresos procedentes de la facturación por peajes de acceso a consumidores y, por otra parte, por los menores ingresos externos a peajes, derivado del impacto del Real Decreto-ley 15/2018.

En cuanto a los costes de acceso del año 2018, se han reducido en 434 millones (2,4%), hasta los (17.656 millones), con respecto a los previstos en la Orden ETU/1282/2017 (18.090 millones). Los motivos han sido una menor retribución específica de las instalaciones de generación peninsulares y la retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares, añade el regulador.

La previsión de ingresos para 2019 es un 0,8% inferior, en 147 millones, respecto a la de cierre de 2018, debido a la reducción en 166 millones de los ingresos de peajes de consumidores, motivado por el movimiento de los consumidores domésticos a peajes con discriminación horaria y al ajuste de su potencia, entre otros factores, destaca la CNMC. Mientras, los costes totales previstos para 2019, una vez incorporado el coste de los pagos por capacidad (159 millones) y los ingresos y costes extraordinarios (61 millones), ascienden a 17.989 millones, cifra que supera en 332,7 millones (+1,9%) a los costes previstos para el cierre del ejercicio 2018 (17.656 millones). Este déficit de 400 millones se compensará con el superávit acumulado.

Unidos Podemos propone que la Administración sólo contrate energía de origen 100% renovable

Europa Press.- Unidos Podemos quiere que la Administración General del Estado y su sector público sólo contrate para el suministro eléctrico de sus edificios, sedes, equipamientos y otras instalaciones energía de origen 100% renovable. Su propuesta pasa por no tramitar prórrogas de los contratos de suministro eléctrico vigentes, salvo en supuestos de no concurrencia, y contratar exclusivamente el suministro con comercializadoras de Etiquetado A. Esto es, que tengan certificada su producción como limpia por el sistema de garantía de origen del organismo regulador CNMC.

Así consta en la proposición no de ley que sus diputados Jorge Luis Bail (Podemos) y Josep Vendrell (En Comú Podem) han registrado en el Congreso para su debate y votación ante el Pleno. Según recuerdan en su propuesta, ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Alicante o Cádiz ya han abordado una contratación de suministro eléctrico 100% renovable, y creen que «resulta imperativo aprovechar al máximo» un potencial de ahorro energético en un inventario que en 2016 sumaba 2.142 edificios de más de 250 m2 útiles.

Es más, consideran que además de una compra verde, la Administración también puede aprovechar las cubiertas de sus edificios para generar energía renovable, con el fin de satisfacer en todo o en parte sus necesidades energéticas, y también verter a la red energía limpia. Así, piden poner en marcha medidas en estas instalaciones e instalar de forma progresiva sistemas de generación renovable. Actualmente, critican, sólo 4 de los 15 edificios ministeriales cuentan con energía solar. Según los estudios de Greenpeace, citados por Luis Bail y Vendrell, la Administración podría producir 93.457 GWh/año en sólo 917 de sus edificios, lo que supondría un ahorro de más de 320 millones de euros en una estimación a 25 años para las cuentas públicas.

La CNMC multa a Endesa con 120.000 euros por pasar clientes de la tarifa regulada al mercado libre sin consentimiento

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) resolvió 4 procedimientos sancionadores contra Endesa Energía que acumulan multas por valor de 120.000 euros por haber activado contratos de varios clientes sin su consentimiento. En varios casos, implicó que el cliente dejase de tener su contrato con la tarifa eléctrica regulada (PVPC) para ser suministrado en el mercado libre, donde la comercializadora fija libremente el precio de la energía y puede incluir otros servicios y seguros de mantenimiento adicionales.

En uno de los casos, según ha explicado la CNMC, activó un nuevo contrato con suministros de gas y electricidad sin consentimiento del cliente, al que cambió la tarifa regulada de gas a un suministro a mercado libre. La CNMC tuvo conocimiento de estos hechos tras recibir varias denuncias de la Consejería de Economía, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, de los escritos de FACUA y de un particular.

No son los únicos multados

En las resoluciones aprobadas, la CNMC considera acreditado que Endesa Energía no respetó los requisitos que deben seguir las comercializadoras de electricidad y de gas para contratar un nuevo cliente ni, en particular, contó con su consentimiento. El organismo multó en 2017 a cuatro comercializadoras de electricidad y gas natural (Endesa Energía, Iberdrola Clientes, Gas Natural Servicios y Viesgo Energía) con un total de 155.000 euros por las mismas prácticas.

La CNMC insiste en que las comercializadoras deben respetar la Ley a la hora de realizar o modificar los contratos con sus clientes y en la importancia de que sean muy cuidadosas a la hora de captar clientes a través de canales de venta, especialmente en el caso de consumidores vulnerables y de personas mayores. Además, el pasado mes de septiembre obligó a los principales grupos energéticos a cambiar su imagen de marca para que los clientes puedan distinguir entre la empresa comercializadora que ofrece la tarifa regulada (PVPC), en electricidad, y (TUR), en gas, y la que lo hace a través del mercado libre.

El déficit provisional del sistema eléctrico en 2018 asciende a 1.530 millones hasta octubre, 694 millones menos de lo previsto

Europa Press.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.530 millones de euros hasta octubre, 694 millones menos de lo previsto, según la décima liquidación de 2018 del sector eléctrico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

No obstante, el organismo regulador presidido por José María Marín Quemada señaló que esta cifra de déficit del sector eléctrico a octubre es un 1% superior a los 1.443 millones de euros del mismo periodo del año pasado. La CNMC indicó que este resultado se debió, fundamentalmente, a una menor retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares en 399 millones de euros y de la actividad de distribución en 245 millones de euros.

Por otra parte, la demanda en consumo registrada en esta décima liquidación alcanzó los 187.787 gigavatios hora (Gwh), siendo un 1,5% superior al valor promedio observado en años anteriores. Esta demanda en consumo representaría el 77% de la total prevista para el ejercicio 2018, valor superior al promedio registrado en el histórico de 2015 a 2017 (76,6%). Dado que los ingresos no han sido suficientes para cubrir todos los costes reconocidos, se ha procedido al cálculo y aplicación del coeficiente de cobertura, que ha dado como resultado un coeficiente de cobertura del 87,33% y se aplica a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar ahora con cargo a la liquidación.

En cuanto a las energías renovables, se han liquidado 63.614 de las instalaciones activas en el sistema de liquidaciones de la CNMC. Así, la liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada en el ejercicio 2018 hasta el pasado octubre asciende a 6.010 millones de euros (antes de IVA o impuesto equivalente). Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, es necesario aplicar el coeficiente de cobertura, resultando una cantidad a pagar a cuenta a los productores de 605,843 millones de euros (antes de IVA o impuesto equivalente).

Respecto al sector gasista, el déficit provisional fue de 363 millones de euros, frente a una cifra negativa de 466 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior, lo que representa una disminución del 22%. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación se ha calculado un índice de cobertura del 84% de la retribución acreditada. El total de ingresos liquidables declarados ha sido de 2.188 millones de euros, un 5,4% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior debido al incremento de los peajes de transporte-distribución.

Para el ejercicio 2018, se incluyeron en el sistema de liquidaciones las retribuciones acreditadas en la Orden ETU/1283/2017 por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para el año 2018, excepto la retribución por operación y mantenimiento del almacén de Castor afectada por la Sentencia del Tribunal Constitucional. En esta liquidación, la retribución total acreditada a las empresas es de 2.320 millones de euros, que es un 0,3% superior a la del 2017.