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Facua califica de «indignante» la defensa de la CNMC de las gasolineras desatendidas

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Europa Press / Servimedia.- Facua-Consumidores en Acción considera «indignante» la defensa realizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de las gasolineras desatendidas. La asociación critica los argumentos utilizados por el organismo en su reciente informe sobre gasolineras desatendidas, que reducen a su juicio «a una traba para la competencia los derechos de los usuarios». «Con el supuesto objetivo de defender la competencia, la CNMC aprovecha para promover la desprotección de los consumidores y la rebaja de los niveles de seguridad y del empleo», afirma la organización.

El regulador, considera la organización, también recurre a «argumentos falaces», entre ellos el de que disponer de hojas de reclamaciones y de guantes y papel de un solo uso “son un coste administrativo desproporcionado” para las gasolineras. Igualmente, señala Facua, la CNMC considera que el derecho del consumidor de comprobar in situ y en el momento la medida del carburante suministrado es un derecho prescindible.

Facua ve indignante que la CNMC «fomente la competencia a costa de arremeter contra los elementos más básicos de protección de los consumidores, y especialmente de aquellos colectivos más vulnerables como las personas con discapacidad». La asociación consideró también preocupante, además, que «con los niveles de desempleo que hay en España, la CNMC no valore el impacto que el cambio de modelo tendría en el empleo en el sector y abogue por una competencia ficticia construida sobre mayor desempleo y menos derechos de los consumidores».

La defensa de las estaciones desatendidas que realiza la CNMC en su informe «se basa exclusivamente en el precio», afirma, ya que las gasolineras desatendidas tienen menos costes, abaratan precios y fomentan la competencia, «y eso hará bajar en general los precios en beneficio del consumidor». «Este argumento, ya defendido en otros sectores, es engañoso y no tiene en consideración otros factores de funcionamiento del mercado de los carburantes en España, marcado por el oligopolio en el ámbito mayorista y otras disfunciones graves, entre ellas una regulación incompleta y deficitaria y escasos controles e inspecciones sobre el sector», señala Facua.

La organización también considera que la CNMC olvida que existen problemas de fondo en este mercado que inciden de manera directa en el precio final del carburante. Facua insistió en que las estaciones de servicio desatendidas suponen un «atentado contra la seguridad, dado que la vigilancia de los establecimientos no está garantizada, y por lo tanto, no hay capacidad alguna para intervenir en casos de incidentes o accidentes». Por ello, Facua reclamó a las autoridades nacionales y autonómicas que primen la protección de los consumidores y la seguridad con inspecciones y controles que garanticen el cumplimiento de la normativa vigente.

La luz sube un 0,9% en agosto y suma cuatro meses al alza aunque acumula una bajada anual del 15,6%

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Redacción / Agencias.- El recibo de electricidad se encareció un 0,9% en agosto y encadenó su cuarto mes consecutivo de subidas, según el simulador de factura de la luz de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Estos incrementos no impiden que, en el acumulado de los ocho primeros meses del año, el consumidor medio haya visto aliviado el coste de su factura de la luz en un 15,6% pagando 477 euros frente a los 565 de hace un año.

En agosto, un consumidor medio acogido a la tarifa regulada o precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC) pagó un total de 63,71 euros por el recibo de la luz, frente a los 63,15 euros de julio. Este importe se desglosa a razón de 15,67 euros por el término fijo, 34,42 euros por el consumo, 2,56 euros por los impuestos eléctricos y 11,06 euros por el IVA. Esta evolución de precios corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el Ministerio de Industria en sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia con dos hijos.

La subida de agosto se produce tras las registradas en julio y en junio, del 1,6% y del 5,9%, respectivamente, así como en mayo, cuando el recibo se encareció un 2,5%. Anteriormente, había caído en los meses de enero en un 10,6%, febrero en un 6,5%, marzo en un 0,4% y abril en un 3,1%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Eso sí, frente a la factura de la luz de agosto de 2015 se produce un abaratamiento del 12,53% ya que entonces ascendió a 72,84 euros. El importe de la factura está determinado por la evolución de la electricidad en el mercado mayorista, que conforma el PVPC junto con los peajes de acceso  y los impuestos.

Facua reclama un «cambio radical»

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción ha reclamado un «cambio radical en el sistema tarifario» tras constatar que el recibo de electricidad experimentó un encarecimiento del 0,9% en agosto. La asociación insiste en la necesidad de aplicar este cambio, que pasaría desde su punto de visto por la fijación por parte del Gobierno de una tarifa máxima totalmente regulada, «libre de la especulación que se produce en un mercado energético dominado por un oligopolio». Las últimas cuatro subidas mensuales, explica la asociación, se producen tras un comienzo de año en el que se produjeron sucesivas disminuciones en el recibo “gracias al mayor peso de las energías renovables en el mix”.

El recibo, indica Facua, continúa «muy por debajo» de los 76,81 euros de diciembre, si bien las bajadas de los cuatro primeros meses del año no compensan «en absoluto la gran subida que se produjo durante la legislatura 2012-2015». En concreto, la asociación calcula que el recibo de la luz experimentó un encarecimiento del 16,2% que, en términos acumulados, supuso el pago de 500 euros de más por parte del consumidor medio. Además, Facua insiste en que cuando se aplica un precio distinto cada hora, las tarifas suelen ser globalmente más elevadas, ya que en las horas de mayor consumo el kWh es más caro.

CCOO critica que la CNMC «olvida» el impacto de las gasolineras desatendidas sobre el empleo

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Europa Press / Servimedia.- CCOO considera que el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a favor de las gasolineras desatendidas «olvida» el impacto de estas instalaciones sobre el empleo y la seguridad. El sindicato considera que el regulador ha elaborado un informe centrado en la competencia en el que se «ignoran» otros aspectos de «interés general» como el mantenimiento y la generación de puestos de trabajo y la gestión de riesgos para la salud y el medio ambiente.

A la vista de estas consideraciones, CCOO exige a los poderes públicos con competencia en la materia que rechacen las recomendaciones realizadas por la CNMC sobre las gasolineras desatendidas y aboguen por una regulación que ponga las gasolineras al servicio de «la sociedad en su conjunto» y no de «un reducido número de empresas«. El sindicato mostró así «con rotundidad» su rechazo a la propuesta de regulación del organismo. Para el sindicato, la proliferación de estas gasolineras fomenta la destrucción de empleo, reduce los derechos de los consumidores dificultan la atención a las personas con discapacidad e incrementa los riesgos.

«El organismo, con una más que dudosa eficacia ante los grandes monopolios y ante el dumping económico, social o ambiental, basa su decisión en el argumento de que la intervención pública solo es admisible para mejorar el mercado», señala. Este planteamiento, argumenta CCOO, «no está fundamentado en criterios sociales, técnicos o científicos, sino en una interpretación exclusivamente ideológica». Para CCOO, es «imprescindible» que cuanto antes se revisen las instalaciones desatendidas que están en funcionamiento, se confirme si se han evaluado los riesgos para los ciudadanos, el medio ambiente y los consumidores, así como los organismos con competencias se cercioren de que están preparados para gestionarlas.

La CNMC califica de «mito» que las gasolineras desatendidas dañen el empleo y sean menos seguras

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Europa Press / EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) denunció en su blog varios «mitos» en torno a las gasolineras desatendidas, entre ellos los referidos al perjuicio sobre el empleo, la falta de seguridad, la ausencia de acceso para discapacitados o la desprotección a los consumidores. Todos estos argumentos, indica el regulador, «son dignos de análisis» y «preocupan en gran medida» a la propia CNMC, si bien «no es suficiente con invocarlos» ya que «no están suficientemente justificados«.

Una semana después de la publicación de su controvertido informe sobre el tema, Competencia insiste en la defensa de este tipo de gasolineras en aras de una mayor competencia en el sector, dado que “beneficiará a los consumidores y a la actividad empresarial”. Asimismo, califica de «mitos» algunos de los argumentos usados por las normativas que tratan de limitar o prohibir su instalación y que, tras un cuidadoso análisis, «son contrarios a la evidencia empírica».

Sobre el «mito» de la inseguridad de las gasolineras desatendidas, el regulador argumenta que «no tienen por qué ser más inseguras que las gasolineras que cuentan con personal», e incluso indica que en ocasiones la automatización del cierre del suministro puede funcionar con mayor velocidad que al realizarse por un trabajador. La CNMC alude a un estudio del Gobierno francés en el que se aprecia que el 92% de los accidentes en gasolineras se produce en momentos distintos al de echar carburante. También recuerda que en España hay una normativa de seguridad aplicable a todas las gasolineras y argumenta que la mayor parte de las cooperativas llevan actuando así desde hace años sin accidentes graves.

Sobre la desprotección del consumidor, señala que, en el caso de las gasolineras, «la obligación de servicio atendido no beneficia a los consumidores ni en términos de precios, ni de seguridad, ni de calidad del servicio». El regulador también cita un informe para la Comisión Europea sobre las quejas de los usuarios de las gasolineras en el que se aprecia que solo el 10% de los clientes tuvo problemas en una gasolinera desatendida y no pudo dar con una persona responsable. El 90% restante de las quejas de los consumidores están relacionadas con otros problemas, particularmente el precio del carburante y el tiempo de espera para repostar, “puntos que se mitigarían con nuevas estaciones”, remata.

En cuanto al «mito» del daño sobre el empleo, indica que la mayor parte de las empresas que están instalando gasolineras automáticas son de nueva creación, muchas innovadoras y consideradas startups o mavericks (pioneros). Estas empresas están contribuyendo «creando empleo de calidad«. «La creación de nuevas estaciones de servicio, la tecnología para que operen y mantengan la seguridad, la televigilancia de las instalaciones en el caso de las automáticas, favorecen la creación de empleos de valor añadido», afirma la CNMC.

Sobre las dificultades a los discapacitados, la CNMC reconoce que «una parte de la población discapacitada puede tener dificultades para aprovisionarse en las estaciones automáticas en caso de que viajen en su vehículo solas», y afirma que esta dificultad preocupa especialmente al regulador. Sin embargo, indica que, en el caso de aquellos usuarios necesitados de apoyo para repostar, que no cuentan con acompañantes que puedan apoyarles, las normas prevén que las estaciones automáticas realicen los mayores esfuerzos para que el aprovisionamiento pueda realizarse. Entre estos esfuerzos figuran los accesos sencillos, la innovación en los sistemas de aprovisionamiento o pago, y el resto de medidas arquitectónicas y técnicas que facilitan el empleo de las nuevas tecnologías que capaciten a dichos usuarios.

Un consumidor medio se ha ahorrado 79 euros en luz en lo que va de año aunque subió en julio

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Redacción / Agencias.- Un consumidor medio acogido al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) ahorró 79,39 euros en la factura de la luz entre enero y julio de 2016, gracias a que se produjo un fuerte abaratamiento del precio de producción de la electricidad como consecuencia de que las condiciones climáticas favorecieron el uso de renovables y al bajo precio del petróleo y el gas. En julio el recibo subió un 1,6%, lo que ha situado la factura mensual media en 63,08 euros

Concretamente, el coste de la factura de la luz en esos meses fue de 413,13 euros, un 16,12% menos que los 492,52 euros del recibo correspondiente al mismo periodo de 2015, según datos del simulador de la factura de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Hay que recordar que febrero cuenta en 2016 con un día más. Dicha evolución se corresponde con la factura de un consumidor medio con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh). De estos 413,13 euros, los consumidores pagarán 107,95 euros por el término fijo, 216,87 euros por el consumo, otros 16,61 euros por el impuesto eléctrico y 71,7 euros por el IVA.

Dicha caída en el acumulado anual se produce tras una subida de la luz en julio, cuando el precio medio de la factura eléctrica registró un incremento del 1,6%, en comparación con junio, al situarse en 63,08 euros. De esta manera, la luz vuelve a subir en julio, con lo que encadena tres meses al alza tras los incrementos del 7,9% en junio y del 2,5% en mayo. Anteriormente hubo una bajada del 4,9% en abril, que vino precedida de una subida del 2,1% en marzo y de bajadas en enero, cuando la luz redujo su coste un 11,4% con respecto a diciembre, y febrero, cuando se abarató un 9,8%.

En julio, los consumidores pagarán 15,71 euros por el término fijo, 33,88 euros por el consumo, otros 2,54 euros por el impuesto eléctrico y los restantes 10,95 euros por el IVA. En comparación al 2015, el simulador de facturas de la CNMC muestra un abaratamiento del recibo en julio del 16,4%, ya que hace un año la factura supuso 75,48 euros de media al consumidor. El importe de la factura está determinado, en buena parte, por esa evolución del coste de la electricidad en el mercado mayorista, el pool, que conforma la tarifa regulada junto con los peajes de acceso, que fija el Gobierno para sufragar las actividades reguladas, como la distribución, el transporte o las renovables, y los impuestos.

Facua sí aparece en julio

Facua ha realizado sus cálculos a partir de la tarifa PVPC aplicada en domicilios cuyos contadores aún no tienen la tarifa por horas, con una potencia contratada de 4,4 kW y un consumo mensual de 366 kWh, es decir, 4.392 kWh al año, la media en España, según un análisis de la asociación sobre varias decenas de miles de facturas de viviendas habitadas. En este sentido, el recibo de la luz también sube un 1,6% en julio pero el mayor consumo contabilizado eleva la factura mensual media a los 67,40 euros (impuestos indirectos incluidos), frente a los 66,37 euros de junio, según los datos de la asociación de consumidores Facua.

En cuanto al precio de la energía consumida, el kWh supuso durante el mes pasado una media de 13,06 céntimos (10,27 más impuestos). Facua asegura que cuando se aplica un precio distinto cada hora, las tarifas suelen ser globalmente más elevadas, ya que en las horas de mayor consumo el kWh es más caro. En cuanto a la tarifa por la potencia contratada, se mantiene en 4,46 euros por kW al mes (3,50 más impuestos).

Tras un comienzo de año de bajadas tarifarias, “gracias al mayor peso que tuvieron las renovables”, este ascenso supone el tercer aumento consecutivo en lo que va de año tras la subida de junio un 9,6% y de mayo un 0,8%, según Facua, que apunta que las bajadas que se produjeron durante los cuatro primeros meses del año «no compensan en absoluto la gran subida que se produjo durante la legislatura 2012-2015, el 16,2% que representó 500 euros acumulado». Además, Facua insiste en pedir «un cambio radical» en el sistema tarifario para que se fije una tarifa máxima regulada, «libre de la especulación que se produce en el mercado energético».

Baja un 2,4% el número de solicitudes de cambio de comercializador de suministros energéticos

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Europa Press.- El número de solicitudes de cambio de comercializador en electricidad y gas recibidas por los distribuidores en 2015 fue de 4,54 millones, un 2,4% menos que en el año anterior, según el informe anual de supervisión de los cambios de comercializador en el sector eléctrico y de gas natural publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Del total de solicitudes, 3,58 millones fueron de electricidad y 958.956 de gas. De esta manera, se constata un descenso acumulado en el periodo 2013-2015 en el número total de solicitudes de un 7,1% en el sector eléctrico y de un 0,7% en el gasista. No todas las solicitudes formuladas por los comercializadores están bien realizadas, contienen la información que corresponde a la del punto de suministro o deben rechazarse por aspectos técnicos. Así, durante 2015 se registraron unas tasas de rechazo del 8,2% en el sector eléctrico y del 10,3% en el sector gasista.

Asimismo, la CNMC publica por primera vez los tiempos medios de cambio de comercializador, que oscilaron durante los cuatro trimestres de 2015 entre los 13,1 y 14,2 días en el sector eléctrico y entre los 14 y 15,2 días en el sector del gas natural. El conteo de estos tiempos se inicia con la obtención del consentimiento del consumidor al nuevo comercializador y finaliza con la recepción de la activación del cambio procedente del distribuidor. Las directivas y las leyes sectoriales establecen un tiempo máximo de 21 días para que el distribuidor ejecute el cambio.

Tasa de cambio de comercializador

Por su parte, el número de cambios de comercializador activados por los distribuidores durante 2015 fue de 4,06 millones. De ellos, 3,21 millones corresponden al sector eléctrico y 846.571 al gasista. La tasa de cambio de comercializador (switching) en 2015 fue del 11,2% en el sector eléctrico, mostrando un descenso de casi un 1% con respecto al año anterior, y del 11,2% en el sector gasista, un incremento algo superior al 1% respecto al 2014.

Tomando como referencia el desglose geográfico de la tasa de cambio de comercializador por comunidades en el sector eléctrico, Cantabria (14,1%) y Murcia (12,6%) presentan las tasas más elevadas, mientras que Ceuta y Melilla (1,7%) y Galicia (8,3%) muestran las más bajas a nivel nacional. En el sector gasista, las tasas más elevadas en 2015 se dieron en Cantabria (13,9%) y País Vasco (13,3%), mientras que Galicia (9,4%) y Cataluña (9,9%) presentaron las más reducidas.

Respecto a la movilidad entre el mercado regulado y el libre, el mayor volumen de cambios de comercializador en el sector eléctrico se produjo entre comercializadores del mercado libre, con 1,73 millones de solicitudes, mientras que los cambios de un comercializador de referencia a un comercializador en el mercado libre fueron de 1,25 millones de solicitudes activadas en el 2015.

En lo que se refiere al sector de gas natural, prevalecen los movimientos de cambio de comercializador entre comercializadores del mercado libre, con 720.916 solicitudes activadas por los distribuidores, al mismo tiempo se detecta una disminución del número de activaciones correspondientes a consumidores que pasan del comercializador de último recurso a otro en el mercado libre, pasando de 177.428 solicitudes en 2013 a 118.628 en 2015, con un descenso del 33%. También se observa que en el sector gasista se ha producido un ligero incremento en el número de consumidores que vuelven al comercializador de último recurso procedentes del mercado libre, pasando de 3.741 solicitudes en el año 2013 a 6.777 solicitudes en el 2015, con un incremento del 81%.

La CNMC sanciona con 178.000 euros a Nortedison Electric, otra comercializadora que no presta las garantías exigidas por Red Eléctrica

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Redacción / Agencias.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso una multa de 178.000 euros a la empresa Nortedison Electric por incumplir con la obligación que tienen las empresas eléctricas de prestar una serie de garantías exigidas por el operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE), entre septiembre de 2015 y enero de 2016, según indicó el regulador. La Ley del Sector Eléctrico, impone a las empresas comercializadoras la obligación de prestar las garantías que reglamentariamente resulten exigibles.

Según el informe del expediente sancionador de la CNMC, la eléctrica tenía en septiembre de 2015 un déficit de 357.000 euros en las garantías que le son exigidas por el operador eléctrico, Red Eléctrica, y que se incrementó hasta los 4 millones de euros a 31 de enero de 2016. Por este motivo, REE denunció ante la CNMC el incumplimiento por parte de Nortedison Electric de la obligación de prestar las garantías exigidas en septiembre de 2015, lo que originó un déficit de garantías que duró hasta enero de 2016.

Una vez instruido el citado expediente, la CNMC ha declarado a la empresa Nortedison Electric como responsable de una infracción leve, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66.2 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y le ha impuesto una multa de 178.000 euros. Esta resolución puede ser recurrida ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998.

Esta sanción se suma al goteo en los últimos meses de multas impuestas por el organismo presidido por José María Marín Quemada a comercializadoras por infracciones de la Ley del Sector Eléctrico. A principios de este mes, la CNMC impuso una sanción de 12.000 euros a Iberoelectra 3000 y de 1.500 euros a Evergreen Eléctrica por infracción leve. Anteriormente, también había multado a la comercializadora Olten Llum con 150.000 euros y a la empresa Comercializadora Zero Electrum con 6.207 euros.

Además, en abril la CNMC sancionó a Distribuidora Elèctrica D’Albatàrrec con 8.000 euros, así como a Herederos De García Baz y Electra la Honorina con 3.000 euros, respectivamente, por no suministrar la información solicitada sobre la energía adquirida, suministrada y declarada entre julio de 2011 y julio de 2013. También multó a Aayum Companyia Catalana Subministradora D’Energia con 7.000 euros por no aportar al operador del sistema eléctrico las garantías exigidas. A principios de año, la CNMC también había sancionado a otras empresas como Zencer, con 25.000 euros, y Vertsel Energía, con 140.000 euros, por incumplir esta obligación de prestar una serie de garantías exigidas.

Industria realiza un recorte adicional de casi 290 millones de euros a la cogeneración que según Acogen será «difícilmente asumible»

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Europa Press / EFE.- La Asociación Española de Cogeneración (Acogen) considera que la revisión de la retribución a la cogeneración publicada por el Ministerio de Industria en el Boletín Oficial del Estado (BOE) conlleva un «drástico» recorte adicional de 287 millones de euros a la cogeneración que será «difícilmente asumible» por esta tecnología. El Ministerio de Industria fijó así los valores retributivos a la operación de las plantas de cogeneración para el segundo semestre de 2016, así como los valores por cada instalación tipo.

La orden ministerial, la 1209/2016, aparece firmada por la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, tras la delegación de esta función comunicada por el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien asumió la cartera de Industria tras la marcha de José Manuel Soria. La Ley del Sector Eléctrico contempla que, al menos de forma anual, se revisarán los valores de retribución a la operación para las tecnologías cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible, como la cogeneración. Las instalaciones de cogeneración generan calor y electricidad en su proceso productivo que se usa tanto para fabricar en sus plantas como para verter a la red.

La Asociación Española de Cogeneración (Acogen) dirigió a comienzos de mes una carta a la vicepresidenta del Gobierno en funciones en la que le pedía que actúe y apoye a la industria que cogenera y que, según sus datos, supone en España el 20% del PIB industrial que fabrica sus productos con cogeneración. El borrador de la orden, en su fase de informe en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), suscita un fuerte rechazo entre las empresas cogeneradoras y sus industrias asociadas por la envergadura del recorte adicional que comporta. Por ello, el director general de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), Javier Rodríguez, anunció que lo recurrirán ante los tribunales.

Acogen recuerda que en más de 600 industrias alimentarias, químicas, papeleras, cerámicas, textiles, del automóvil, refino, la cogeneración «es la gran aliada que actúa como herramienta de competitividad para estas industrias intensivas en consumo energético». Además, recuerda que la reforma energética llevó a la inactividad del 35% de las instalaciones cogeneradoras, con una reducción de 1.200 millones de euros anuales en la retribución de las cogeneraciones. Pese al impacto sobre el sector, Ence indicó que esta revisión de la retribución a la generación eléctrica no afectará a sus plantas de cogeneración y supondrá un aumento de la retribución para sus plantas de generación con biomasa.

La propuesta de orden ministerial para actualizar el precio de la retribución a la operación a ciertas instalaciones de generación con efectos del segundo semestre de 2016 establecía para las instalaciones de gas natural una bajada de aproximadamente 8,7-10,7 euros por megavatio hora (MWh), de aproximadamente 11,8-12,8 euros por MWh para las instalaciones con fuelóleo y de aproximadamente 17,5-19,5 euros por MWh para las instalaciones con gasóleo. La normativa establecía que, en el caso de las instalaciones con biomasa, habría de producirse una mejora de aproximadamente 0,3 euros por MWh.

«Drástico» recorte será «difícilmente asumible»

Acogen considera que la revisión de la retribución a la cogeneración conlleva un «drástico» recorte adicional de 287 millones de euros a la cogeneración que será «difícilmente asumible» por esta tecnología. Según criticaron, la orden ministerial no tiene en cuenta ni las alegaciones de Acogen ni las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). También lamentan que Industria «no respete las garantías jurídicas aplicando nuevos recortes a las industrias con carácter retroactivo». Las empresas industriales cogeneradoras «se sienten penalizados de forma continuada por la normativa y desamparados en las políticas energéticas del Ministerio», señala Acogen.

«Es una revisión que se ha hecho tarde y mal, con carácter retroactivo y que asfixia aún más al sector», ha criticado Rodríguez. Junto a esto, cree que deberían tener en cuenta «el erróneo» cálculo que hizo Industria sobre el precio del megavatio-hora en el mercado eléctrico mayorista y que está 20 euros por debajo de lo previsto por el Gobierno. «Deberían haber dejado la retribución tal y como estaba, reducirla supone meter más pérdidas a la industria», señala Rodríguez.

La orden ministerial contiene «fallos de previsión del propio Ministerio al establecer los precios del mercado», apunta la asociación. Las previsiones de Industria se han desviado cerca de un 43% de sus previsiones en esta variable. «Este es el origen del conflicto que ahora se traslada a las industrias cogeneradoras, con mayores recortes y más cargas financieras, algo que el sector no puede asumir y que supondrá un duro golpe al PIB industrial nacional», señala.

La asociación recuerda además que la CNMC ha coincidido con el contenido de las alegaciones de la propia Acogen. El informe del regulador sobre la orden señala que la metodología utilizada para actualizar las retribuciones de las cogeneraciones es «opaca y no reproducible, impidiendo hacer previsiones confiables a las empresas», afirma Acogen. «No permite reproducir el cálculo realizado para llegar a los parámetros An, Bn y Cn, lo cual resta transparencia a la metodología e impediría rebatir dicho cálculo o detectar posibles errores», indica. La CNMC estima que la información descrita sobre los parámetros retributivos «es insuficiente, pues no permite que los productores realicen estimaciones precisas y confiables de cuál va a ser la evolución inminente de sus ingresos regulados».

El déficit de tarifa eléctrica asciende a 1.517 millones de euros hasta mayo, 297 millones menos de lo previsto

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Redacción / Agencias.– El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en mayo 1.517 millones de euros. Esta cifra, incluida en la quinta liquidación del sistema eléctrico de 2016 elaborada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), es 297 millones de euros inferior a lo previsto, por lo que supondría superávit.

La demanda hasta mayo, que alcanzó los 80.773 gigavatios hora (GWh), fue un 0,7% inferior al valor promedio de los años anteriores, mientras que los ingresos por peajes de acceso de consumidores, que ascendieron a 4.843,8 millones de euros, resultaron un 2,3% superiores al valor promedio histórico, en 108 millones de euros. El coeficiente de cobertura, o el dinero que reciben los agentes del sistema en proporción a lo que les corresponde, se situó en mayo en un 74,18%, situación que se corregirá en las próximas liquidaciones, a medida que vaya habiendo nuevos recursos disponibles.

Asimismo, la CNMC ha gestionado los pagos a 63.688 instalaciones que estaban activas. La liquidación provisional a cuenta correspondiente a la energía generada desde el 1 de enero hasta el pasado 30 de abril ascendió a 2.638 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. Por su parte, la cantidad a pagar a cuenta a los productores en esta liquidación ascendió a 448 millones de euros, antes de impuestos.

En cuanto al sector gasista, el déficit provisional hasta mayo es de 120 millones de euros, frente al superávit de 11,1 millones de euros en el mismo periodo del 2015. El índice de cobertura se situó en el 90,34% de la retribución acreditada. Los ingresos netos liquidables fueron de 1.123 millones de euros, un 8,3% inferiores al mismo periodo del año anterior, y la retribución acreditada fue de 1.243 millones de euros, un 2,4% superior a la del año anterior.

La demanda de gas en 2016, facturada hasta mayo, asciende a 125 teravatios hora (TWh), lo que representa un descenso del 1,7% respecto al 2015 como consecuencia de una reducción de la demanda de gas para generación eléctrica. Mientras, el número de consumidores declarado por las empresas ascendió a 7,66 millones, lo que representa un aumento interanual de 79.278 consumidores.

Competencia defiende una transición energética hacia las renovables «ordenada» y no mediante su «introducción de golpe» que hundiría la competitividad

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Europa Press / EFE.- La vicepresidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), María Fernández Pérez, confía en que el futuro energético «va a ser muchísimo mejor siempre y cuando» no se vuelva a repetir problemas del pasado, como el déficit tarifario, y ha abogado por aprovechar la transición en el sector hacia las energías renovables, pero advirtiendo de que ésta debe ser «ordenada» y no una «terapia de choque».

En un momento «crucial» en el ámbito energético, la vicepresidenta de la CNMC ha considerado «necesario» contar con un «programa de transición» para que este proceso se lleve a cabo de forma «ordenada» y en el que se garantice la «sostenibilidad» medioambiental del sistema, su «competitividad económica» y la «seguridad» del suministro. Y es que ha advertido que una integración de las renovables no transitoria, no ordenada y «de golpe» puede provocar un hundimiento de la competitividad debido a que su precio es aún «excesivo» y a que no tiene la flexibilidad o capacidad para asegurar la seguridad del suministro.

Además, aludiendo al «sobreprecio» que se paga a las renovables, apuntó que integrar todas las renovables ahora supondría pagar un precio de inversión «mucho más alto» que el que se podría pagar dentro de «cinco o seis años» e incluso no «incentivar la inversión». Por ello, abogó por «dejar que la propia tecnología vaya innovando«, como ha pasado con la fotovoltaica. Y es que, para Fernández, «lo que no puede hacer el regulador» es «paralizar la innovación» en desarrollar las tecnologías. La vicepresidenta de la CNMC resaltó la necesidad de realizar «análisis económicos», «normativos» y «presupuestarios» sobre el modo y las distintas medidas para llegar a cabo la transición energética.

A su juicio, va a haber «tres elementos cruciales» que van a condicionar lo que se vaya a hacer en el sector de cara al futuro: los acuerdos y compromisos alcanzados, como el COP21 aprobado a finales de 2015 en la Cumbre de París; las políticas en el sector que introduzca el nuevo Gobierno que se conforme, y el hecho de haber «conseguido», en su opinión, la «estabilidad económica» y «financiera» en el sistema español desde hace un par de años. Según reivindicó, este logro es «esencial para mirar el futuro», con expectativa incluso de superávits. «No se puede hacer absolutamente nada cuando uno tiene inestabilidad económica e inestabilidad financiera en el sistema», aseveró Fernández.

La vicepresidenta de la CNMC cree que, de cara al futuro, se debe «intentar bajar el precio de la tarifa regulada». «Hay que ir bajando la factura del consumidor final», apuntó Fernández, ya que de ello depende la competitividad de la economía. Precisamente, la directiva de la CNMC opina que en este futuro del sector energético el consumidor debe jugar un «papel activo» y sus necesidades deben ser atendidas. Fernández resaltó el papel del consumidor en el ahorro energético, que, según indicó, es la «principal vía» para ser «medioambientalmente sostenibles». También aludió a la importancia de ir introduciendo el vehículo eléctrico, algo que, a su juicio requerirá igualmente una transición.

En la clausura, la vicepresidenta de la CNMC también ha llamado la atención sobre la marcha de la evolución del sector energético respecto a otros, como el de las telecomunicaciones, y ha opinado que el primero va «un tanto atrás». De hecho, a su juicio, no ha sido hasta el pasado año o el actual cuando el sector energético, cuya importancia ha resaltado para el desarrollo económico del país, ha entrado en el siglo XXI. De cara al futuro, Fernández también calificó como «crucial» garantizar el acceso a la energía y hacer frente al problema de la pobreza energética, en el que, en su opinión, deben «involucrarse todas» las administraciones.

A ese asunto también se ha referido, en el mismo acto, el presidente y CEO de Viesgo, Miguel Antoñanzas, quien ha defendido que la energía es un «bien esencial» y ha opinado que la electricidad es, en estos momentos, la «puerta de entrada a la sociedad del bienestar». Respecto al futuro, el presidente de Viesgo ha opinado que puede estar, entre otros aspectos, en la descarbonización y en las energías renovables. Además, ha considerado que para este futuro, la regulación es «clave» y ha reconocido que el tema de la financiación de la energía va a ser una cuestión «difícil».

Por su parte, el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, llamó la atención sobre la «nula» capacidad que tienen los ayuntamientos, a nivel nacional, en materia energética. Recordó que, además de no tener competencia en este ámbito, los ayuntamientos no tienen «voz» ni «ninguna interlocución» en «ningún órgano» o foro en este campo, limitándose solo al papel de consumidor.

El alcalde ha opinado que en el campo de la energía hay «mucho por hacer» y, al respecto, ha aludido al acuerdo del COP21 y también al proceso que hay abierto para que el acuerdo alcanzado por 7.000 alcaldes europeos de cumplir con unos compromisos «muy exigentes» de reducción de gases de efecto invernadero para 2030 se «expanda a nivel global«. El resto de su intervención estuvo centrada, en gran parte, en explicar los pasos de la capital cántabra para convertirse en una ciudad inteligente en la gestión de sus servicios y también en qué medidas se están tomando en favor de la eficiencia energética.