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Nadal pide «acostumbrarse» a precios más altos de la energía en algunos momentos y prevé 2017 a niveles de 2015

Europa Press / EFE.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, indicó que España se deberá «acostumbrar» a precios de la energía más altos en algunos momentos e hizo un llamamiento a tener una demanda más gestionable para poder cumplir los objetivos ambientales. Además, asegura que España cumple la normativa europea actual de peajes y pide mantener su control político.

El ministro ha destacado como retos aumentar la flexibilidad de generación del sistema energético y gestionar el sistema teniendo en cuenta que todavía faltan interconexiones entre países en Europa: «Veo a los Gobiernos más pegados a la realidad, respecto a los planteamientos teóricos de la Comisión Europea», indicó Nadal, defendiendo menos ideología y más tecnología, frente a una confrontación actual entre el deseo de adonde se quiere llegar, especialmente en materia medioambiental, y la realidad. «Se está regulando un mercado europeo que todavía no existe. Hay lugares todavía muy poco interconectados y los diferentes países no fijamos precios de la misma manera» ni en gas ni en electricidad, ha argumentado.

En cualquier caso, ha dado por sentado que España «va a cumplir sin ningún problema» el objetivo de contar en 2020 con un 20% de renovables. Nadal indicó que ir por detrás de la tecnología hace perder oportunidades de ganar competitividad, pero ir muy por delante también puede generar sobrecostes. Eso sí, el ministro admitió dificultades en el cumplimiento de los objetivos en materia de eficiencia energética. En este punto, lamentó que las inversiones en eficiencia energética hechas por el sector público computen como gasto en lugar de como inversión, algo que considera «demencial», por lo que criticó una normativa «prácticamente inasumible» tanto para el sector público como el privado.

Por otra parte, el ministro argumentó que “hoy por hoy” no se puede prescindir de ninguna energía, ni siquiera del carbón, «a menos que se dé un salto tecnológico», y subrayó la dificultad de hacer compatible el suministro energético, una política razonable de precios y el cumplimiento de todos los objetivos medioambientales. «Estoy a favor de las renovables sí, pero si son baratas», aseguró el ministro para dejar claro que, actualmente, no es posible que el sistema funcione al 100% solo con este tipo de energías, y por ello ha defendido el papel que juegan las nucleares o las térmicas.

Respecto a la previsión de precios de la electricidad en España este año, hizo hincapié en que los precios mayoristas han vuelto a la normalidad en febrero, después de la «casi tormenta perfecta» que se produjo en enero, y ahora los precios de la energía atraviesan una «situación diferente» ya que las circunstancias meteorológicas han cambiado por completo. En esta línea, destacó el «vendaval enorme» en España que ha hecho que los precios de la electricidad estén 20 euros por debajo de Francia y Alemania.

Asimismo, ha destacado que las medidas impulsadas por el Gobierno en el sector del gas, con la introducción del creador de mercado, han contribuido a que el precio del megavatio hora en gas descendiera de 40 a 30 euros. Por ello, aunque no se ha atrevido a aventurar cómo evolucionarán los precios en los próximos meses, dado que dependerá de la meteorología, sí que ha apuntado que parece que los precios de la energía no podrán estar al nivel de 2016, sino que serán «muy similares a los de 2015», lo que ve como «razonable» ya que el petróleo es más caro que en 2016.

Sobre la negociación con Bruselas respecto a la interpretación de la directiva sobre la fijación de los peajes eléctricos, con los que se sufragan los costes regulados del sistema eléctrico, Nadal ha asegurado que España cumple la normativa actual, algo que Bruselas discute, pero que con los cambios que se están preparando y que dan más peso al regulador nacional en la fijación de precios, al pretender que pueda establecer la metodología y los precios, el Gobierno quiere mantener «una dirección política en la política tarifaria«. En este sentido, resaltó que «en todos los países europeos hay cierta dirección política», y en este punto recordó que en Francia el ministro de Energía puede vetar la propuesta de precios del regulador.

La Comisión Europea publicará el 17 de febrero el paquete de infracciones en el que decidirá si sanciona y denuncia a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no ceder poder al regulador para fijar los peajes de electricidad o si, por el contrario, acepta los compromisos remitidos por carta por el Gobierno en noviembre, cuando comunicó que cambiará la estructura de los peajes, en la medida en que acepta «aumentar las competencias» de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pero reivindica un mecanismo de doble lectura en el que la CNMC realizará una propuesta y el Gobierno fijará los precios y quedará a la espera del posterior visto bueno del regulador.

Eso sí, el Ejecutivo español no especificaba qué ocurrirá en caso de discrepancia y pedía un periodo de adaptación para abordar la reforma que debe dar más peso a la CNMC en la fijación de la metodología y de las tarifas en transporte y distribución. Por su parte, el director general adjunto de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, Christopher Jones, ha defendido la propuesta de diseño del mercado energético europeo y se ha mostrado convencido de que situará a Europa como líder global en lucha contra el cambio climático con un sistema energético competitivo y eficiente.

Pide a Cataluña evitar ideología

Por otro lado, Nadal instó al Gobierno catalán a no hacer de la política energética y del uso de las diferentes fuentes de energía un «debate ideológico» y a actuar en este ámbito con «sentido común». Así se refirió al documento aprobado en el que se dibuja el modelo energético de futuro que aspira a construir y el ministro subrayó que «tiene que haber mucho sentido común, poner todas las piezas juntas y no usarlo como un debate ideológico» porque lo importante, a su juicio, es «acertar» porque eso daría una ventaja estratégica al país.

El modelo energético de futuro que el Ejecutivo autonómico aspira a construir para Cataluña está basado en las energías renovables y marca como objetivo para el 2050 que el 100% de la energía que se consuma en hogares y empresas proceda de fuentes renovables, además de otorgar un papel importante al autoconsumo. «No creo que podamos prescindir ideológicamente de nada», ha dicho Nadal en referencia a la renuncia a la energía de origen nuclear. El ministro ha señalado que «hay que vivir de realidades y la realidad es que la nuclear es la que nos permite avanzar sin emitir CO2».

El pool sube un 11,7%

Mientras tanto, el precio de la electricidad en el mercado mayorista alcanzó los 55,46 euros el megavatio hora, un 11,7% más que los 49,66 euros el MWh previos, según datos de OMIE, el operador del mercado. Este precio está muy lejos de los picos alcanzados a finales de enero, en plena ola de frío y con la actividad hidroeléctrica y eólica bajo mínimos. El 25 de enero, la electricidad alcanzó los 91,88 euros el MWh en el mercado mayorista, un nivel que no se veía desde diciembre de 2013. El precio mayorista supone en torno al 35% de la tarifa eléctrica regulada, mientras que el 65% restante depende de los peajes, que fija el Gobierno, y de los impuestos aplicados.

Iglesias traslada a Competencia su preocupación ante el «escándalo» de la subida de la luz y reclama bajar el IVA

Europa Press / EFE.- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, reclamó al Gobierno que baje el IVA del recibo de la luz del 21% actual al 4% o al menos al 10%, que suprima el llamado impuesto al sol, grave las centrales nucleares y recupere la titularidad pública de las hidroeléctricas. Así lo ha hecho tras trasladar al organismo regulador CNMC la preocupación instalada en su partido ante el «escándalo» de la subida de la luz y la «ineficacia» demostrada por el Gobierno.

Iglesias recordó que Podemos reclama explicaciones a la CNMC en sede parlamentaria ante la Comisión de Energía sobre la subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista.»En este país la factura de la luz es un escándalo y el Gobierno de nuestro país ha demostrado una enorme ineficacia a la hora de proteger a los consumidores, a la hora de proteger a la gente, completamente vulnerable ante unas tarifas de la luz, inexplicablemente altas, muy difíciles de comprender. «Además, las subidas en la tarifa eléctrica no solamente hacen sufrir a mucha gente sino que también afectan a los derechos de los consumidores, a la actividad de las pequeñas y medianas empresas y al trabajo de los autónomos», resaltó.

Asimismo, Iglesias ha incidido en que el Gobierno «sigue sin hacer nada» mientras «los españoles pagan una factura de la luz absurdamente alta» y ha reiterado el compromiso de su partido para «seguir defendiendo la dignidad» de España para que «no haya gente a la que se le corte el suministro por no poder pagar», algo que consideró “vergonzoso”. Por todo ello, ha denunciado «tanto la irresponsabilidad y las prácticas oligopólicas de las grandes empresas como la connivencia con un Gobierno que sigue permitiendo una realidad absurda como las puertas giratorias y que no toma medidas que podría tomar perfectamente».

El pool cae a mínimos

Mientras tanto, el precio de la electricidad se situó en una media de 47,77 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone un 48% menos que el máximo de 91,88 euros alcanzado este año, según datos recogidos a partir del operador del mercado ibérico, Omie. Este precio representa el nivel más bajo desde que arrancó el año 2017, después de que la segunda quincena del mes de enero haya estado marcada por los picos en el precio de la electricidad.

De esta manera, el precio de la electricidad vuelve a situarse en precios normales, después de que la ola de frío de la segunda quincena de enero llevara a marcar los precios más elevados desde diciembre de 2013, cuando las subidas en el pool llevaron al Gobierno a suspender el anterior sistema de subasta eléctrica (Cesur) y sustituirlo por el actual, en el que el precio regulado deja de consistir en una referencia trimestral y queda vinculado al precio de cada hora en el mercado.

En enero, el mercado se ha visto afectado por el efecto acumulativo de varias circunstancias, entre las que figuran, además del aumento de la demanda y la ola de frío, la exportación a Francia por la indisponibilidad nuclear, y una reducción en las aportaciones de agua, cuya participación se redujo y se realiza a un coste mayor, afectando al precio. Además, la tendencia alcista del precio de los combustibles fósiles incrementó los costes de producción de las centrales de carbón y gas. El mercado mayorista, conocido como pool, funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última de ellas en participar marca el precio para el conjunto.

Los precios horarios se aplican a los consumidores domésticos que dispongan de contadores inteligentes y tarificación horaria, entre los que figuran los usuarios que tienen contratado el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) y disponen de estos aparatos. El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad. El Gobierno ha congelado para 2017 los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados.

Energía utilizará el fondo de contingencia para evitar el déficit de tarifa en 2017 ante el reconocimiento de 142 millones de euros a los purines

Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital prevé que el ejercicio 2017 se cierre con un nuevo superávit de tarifa en el sistema eléctrico pese a su intención de reconocer mediante una orden ministerial un coste adicional por cerca de 142 millones para retribuir la actividad de las plantas de tratamiento de purines con el objeto de cumplir una sentencia del Tribunal Supremo, según indicaron fuentes del departamento ministerial.

La orden de peajes de electricidad para 2017 recoge, dentro de los costes del sistema, un fondo de contingencia por valor de 150 millones de euros que podrá usarse para responder a gastos no contemplados en las previsiones iniciales. Las fuentes explican que este fondo de contingencia, en función de las circunstancias, podría utilizarse para responder al coste adicional de la retribución de los purines y garantizar que no se produzca déficit de tarifa durante el año. El uso del fondo dependerá en todo caso de cómo evolucionen los ingresos y los gastos del sistema a lo largo del año.

Energía precisa además que el importe de 142 millones de euros recogido en su borrador de orden ministerial sobre la revisión de la retribución de los purines es solo una estimación y que el importe final dependerá de aspectos como el número de horas de funcionamiento de las plantas. La orden ministerial sobre las plantas de tratamiento de purines, cuyo borrador ha sido remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), revisa al alza la retribución a este tipo de instalaciones con el objeto de cumplir una sentencia del Tribunal Supremo.

380 millones acumulados hasta 2019

Según datos de la CNMC, las plantas para el tratamiento de purines de porcino tienen una potencia instalada de 384 megavatios (MW) y producen casi 3.000 gigavatios hora (GWh) al año. El borrador de orden ministerial indica en su memoria económica que, de funcionar las plantas de purines al ritmo de 2013 y de mantenerse la previsión de precios del gas, estas instalaciones ocasionarán al sistema eléctrico un coste de 142 millones en el 2017, a los que se suman otros 136 millones en 2018 y 102 millones en 2019. En total, los sobrecostes del periodo comprendido entre 2017 y 2019 serán de 380 millones.

La orden ministerial de peajes de electricidad para 2017, en la que se congela la parte del recibo que los consumidores deben dedicar a cubrir los costes regulados del sistema, pronosticaba un leve superávit de 9 millones de euros para 2017. Al elaborar la orden ministerial, Energía no incluyó ninguna partida relacionada con los costes de los purines porque se hallaba a la espera de ejecutar la sentencia del Supremo que daba la razón a la empresa Energyworks San Millán y obligaba no solo a revisar la retribución, sino a indemnizar por los importes pagados de menos en el pasado.

El año pasado, el Supremo anuló dos anexos de la orden ministerial 1045/2014 en los que se recogen los parámetros retributivos de las plantas de producción de electricidad a partir de purines y obligó al Gobierno a aprobar una regulación sustitutiva. Este nuevo coste suma incertidumbre a la parte regulada del sistema eléctrico, sobre la que también podría recaer el importe de la indemnización por 500 millones a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo por haber financiado el bono social en los últimos años. El Gobierno recurrió la sentencia del Supremo en la que se da la razón a las eléctricas al Constitucional.

Bruselas decidirá el 17 de febrero si son suficientes los cambios sobre los peajes eléctricos o sanciona a España

Europa Press / EFE.- La Comisión Europea publicará el 17 de febrero el paquete de infracciones en el que decidirá si sanciona y denuncia a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no ceder el Gobierno la competencia al regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para fijar los peajes de electricidad o si, por el contrario, acepta los compromisos remitidos por carta por el Gobierno para cambiar la legislación, según indicaron fuentes conocedoras del proceso.

El pasado noviembre, el Gobierno remitió una carta a Bruselas en la que respondió a la notificación de procedimiento sancionador presentada por las autoridades comunitarias y se comprometió a «despejar las dudas» y a adoptar las medidas necesarias para «permitir el cierre del expediente», según el contenido de la misiva. En la carta, el Gobierno comunicó que está dispuesto a cambiar la estructura de los peajes, en la medida en que acepta «aumentar las competencias de la CNMC». Sin embargo, habrá un «mecanismo de doble lectura» en el que la CNMC realizará una propuesta y el Gobierno fijará los precios y quedará a la espera del posterior visto bueno del regulador. No se especifica qué ocurrirá en caso de discrepancia.

El Gobierno le retiró competencias a la CNMC en 2014, limitando su capacidad de actuación sobre las tarifas eléctricas, de forma que actualmente este organismo valida la metodología y el Gobierno fija los peajes, que suponen más de un tercio de la factura. Los precios del mercado mayorista eléctrico suponen alrededor del 35% del recibo mientras que el 65% restante corresponde a impuestos y a esos peajes, que fija el Gobierno y que están congelados para este año. Poco después de estrenarse en el cargo de ministro de Energía, Álvaro Nadal se reunió con el comisario Miguel Arias Cañete y otros responsables de ambos equipos para abordar, entre otros, el asunto sobre la regulación de las tarifas eléctricas en España.

Al respecto, fuentes gubernamentales indicaron que España comunicó a Bruselas, dentro del curso habitual de las comunicaciones que regularmente se tiene con la Comisión Europea, que está abierta a mejorar la regulación nacional y clarificar la metodología de tarifas en la línea solicitada. Así, se manifestó la voluntad de estudiar una reforma que sitúe en la CNMC la fijación de la metodología y de las tarifas en transporte y distribución. No obstante, para abordar esta reforma, como ya lo han hecho otros países como Francia, se solicita un periodo transitorio para poder adaptar la legislación. Fuentes ministeriales españolas explicaron que «se está trabajando para hacer una reforma que afecta al organismo supervisor» de manera que han pedido «tiempo a Europa».

En paralelo a la carta enviada de Madrid a Bruselas, el Gobierno y Ciudadanos anunciaron la pasada semana que han alcanzado un acuerdo para reestructurar los reguladores económicos que afectan al dossier. Entre esos cambios, se contempla que la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia quede dividida en dos organismos, uno dedicado a la defensa de la competencia y otro a la regulación de los mercados, como el de la energía. Bruselas espera ahora a ver en qué se traducen las intenciones legislativas manifestadas por el Gobierno y la nueva estructura de la CNMC.

Fuentes comunitarias confirmaron la recepción de la carta y aseguraron que la Comisión se encuentra analizando su contenido. Bruselas no cerrará en ningún caso el expediente solo con esta carta, sino que considera necesaria la aprobación de la nueva normativa. La portavoz de Energía de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itkonen, también confirmó que España remitió esa carta a Bruselas como parte del procedimiento de infracción. «Dado que el procedimiento está en marcha, el Estado miembro tiene que contestar a la Comisión Europea qué es lo que van a hacer para colocar la legislación nacional en línea con la legislación europea. Informaremos cuando el procedimiento esté cerrado o sobre los siguientes pasos si son necesarios», señaló.

La Comisión Europea considera que la asunción por parte del Gobierno de la capacidad para fijar los peajes de luz, con los que se sufragan los costes regulados del sistema eléctrico, supone un incumplimiento de las directivas 2009/72-CE y 2009/73-CE. Por este motivo, inició en septiembre de 2015 un procedimiento de infracción que derivó en un dictamen de reprobación cuyo contenido llegó a finales del 2016 a Madrid. Desde ese momento, el Gobierno dispone de un plazo de dos meses para adoptar medidas con el objeto de evitar una sanción y la judicialización del caso.

El Colegio de Comisarios debe decidir ahora si acepta los argumentos presentados por el Gobierno, después de considerar que se infringen las directivas comunitarias en la actual regulación española. Las fuentes aseguran que el dictamen motivado remitido por Bruselas indica, textualmente, que «las directivas exigen la total independencia de cualquier interés público o privado, incluida la intervención nacional, en el ejercicio de las funciones de supervisión de la ARN (Autoridad Reguladora Nacional)». «La experiencia ha demostrado que la eficacia reguladora a menudo se ve obstaculizada por la falta de independencia de los reguladores respecto a los gobiernos», asevera el dictamen.

En la misiva, el Gobierno español también se dice dispuesto a ampliar el número de agentes que gestionan las interconexiones, rompiendo así el monopolio que ahora está en manos de Red Eléctrica y Enagás. No obstante, Madrid supedita esa iniciativa a que la vecina Francia legisle en la misma dirección. Actualmente, hay cinco expedientes abiertos por la Unión Europea en temas de energía, cuatro de ellos que se espera se resuelvan en los próximos meses y un quinto, al que se refiere la citada carta, que el Gobierno quiere evitar que termine en el TJUE.

Tras un primer aviso en febrero de 2015, el 29 de septiembre la Comisión Europea pidió a España, por segunda vez, que adaptara adecuadamente su legislación nacional a la normativa europea sobre la liberalización de las interconexiones de electricidad y gas, ya que de lo contrario referiría el caso al TJUE. En esa llamada de atención, segunda de tres etapas, Bruselas señalaba que «la actual legislación española impide construir y operar interconexiones con otros Estados miembros a empresas que estén fuera del sistema nacional de operadores de electricidad y gas».

Pablo Iglesias aboga por «nacionalizar» las empresas eléctricas españolas y exige al Gobierno y a la CNMC intervenir el sector

EFE / Europa Press.- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha exigido al Gobierno y a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), que «es un organismo público con capacidad reguladora», que «intervenga» en la regulación de «las tarifas abusivas» de las eléctricas. Así, el líder de Podemos apuesta por «nacionalizar» las empresas eléctricas españolas ya que el sistema español está «en manos de grandes empresas privadas que actúan como un oligopolio que impide la competencia real», según expresó en eldiario.es.

Para Iglesias, según este artículo, el actual modelo español hace que los beneficios de «estas grandes corporaciones» no dejen de crecer al tiempo que el precio final de la electricidad que paga la gente «no deja de aumentar». «Decir esto es decir la verdad, nos llamen lo que nos llamen», matiza. Para Iglesias, el papel de Podemos debe ser el de «señalar lo que el Gobierno y sus aliados no se atreven a decir», es decir: «el modelo eléctrico, que permite comprar a expresidentes y a exministros sentándolos en consejos de administración de grandes eléctricas a cambio de retribuciones impúdicas, no es sólo un modelo corrupto, sino ineficaz y obsoleto».

Por eso, según Pablo Iglesias en España «hace falta» un «plan nacional de transición energética» que sirva para «ahorrar energía rehabilitando edificios y apostando por las renovables». Un plan que implicaría una «inversión estatal razonable» (15.000 millones de euros al año, la cuarta parte de lo que costó rescatar a la banca), que crearía 400.000 empleos de calidad, «fortalecería» un tejido industrial propio y «reduciría» la dependencia energética de España. «¿Tenemos miedo de que nos llamen estatalistas por proponer lo evidente? ¿Tenemos miedo a que anuncien la llegada de las diez plagas de Egipto porque queremos perseguir con medios de verdad el fraude fiscal de los ricos y las grandes corporaciones para aumentar los ingresos del Estado?», se cuestiona Iglesias.

En este sentido, Iglesias señala que el «Gobierno del PP nacionalizó Bankia con dinero público», y por eso añade, «sin miedo», que «las nacionalizaciones no deben hacerse para salvar intereses privados sino para defender lo público, que es defender a la gente». «La nacionalización de las eléctricas no es la única ni la primera solución a los graves problemas del sector eléctrico español y tal vez no sea la mejor a corto a plazo, pero es una posibilidad que permite la Constitución y además es una excelente oportunidad para debatir qué hacer», agrega. Según concluye su artículo, el papel de Podemos «debe ser apoyar a los sectores de la sociedad civil que están planteando soluciones».

Concentración ante el organismo regulador

Por otro lado, Pablo Iglesias protagonizó una concentración contra la pobreza energética frente a la sede de la CNMC, donde criticó duramente que este organismo proteja a los mercados cuando «estos actúan en contra de los intereses de los consumidores, de los ciudadanos y de las empresas». En esta línea, añadió que «es una vergüenza» que las compañías eléctricas sigan metiendo la mano en el bolsillo de los ciudadanos», así como que «la factura de la luz suba el día que más frío hace» mientras que el Gobierno de Mariano Rajoy achaca el problema «al viento y a la meteorología».

El líder de la formación morada ha reivindicado «un Gobierno patriótico que entienda que poder encender la luz y tener calefacción es un derecho» y ha criticado «la vergüenza» que supone que las empresas eléctricas «sigan sentando en sus consejos de administración a ex ministros y ex presidentes del PP y del PSOE». Por último, ha recordado que su formación ha sacado adelante en el congreso una medida contra la pobreza energética. «Estamos aquí porque entendemos que la oposición parlamentaria adquiere sentido cuando trasladamos las demandas de la sociedad civil tanto en la sociedad civil como en las instituciones», indicó.

Que investigue la subida eléctrica

Pablo Iglesias ha exigido a la CNMC que investigue la subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista, que ha remitido en los últimos días. En teoría, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ya pidió una investigación a la CNMC cuando los precios iniciaron su senda alcista en diciembre. El propio Ministerio analiza si el comportamiento del mercado mayorista responde únicamente a motivos coyunturales, como la ola de frío, la escasez de lluvia y viento o la subida del pecio del petróleo, o se han producido comportamientos anticompetitivos por parte agentes del sector.

Facua reclama a la CNMC que investigue las subidas de la luz en enero

Redacción / Agencias.- Facua reclama a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que abra una investigación formal sobre las «desproporcionadas» subidas de la luz en enero, que asegura que traerán el recibo “más caro de la historia”, para aclarar si las eléctricas operan “dentro de los márgenes legales o manipulan al alza los precios”. Facua remitió un escrito a la CNMC para que investigue si se están manipulando los precios artificialmente mediante prácticas como la disminución de la producción de determinadas centrales.

Ha argumentado que hay antecedentes «que inducen a sospechar», entre los que ha citado que en 2015 la CNMC multó con 25 millones a Iberdrola por haber manipulado de manera fraudulenta los precios de la electricidad mediante la disminución de la producción de las centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo entre el 30 de noviembre de 2013 y el 23 de diciembre de 2013. Además, ha indicado que en junio Iberdrola fue multada en Estados Unidos con 370 millones de dólares (unos 320 millones de euros) “por haber alterado artificialmente la cotización de la luz en el mercado mayorista”, lo que supuso un encarecimiento “muy elevado” de la factura para los consumidores de California.

Facua, se esté produciendo un fraude o no en la actualidad, ha reivindicado un cambio en el modelo de fijación de precios, ya que el mecanismo «facilita la especulación y conlleva la injustificada carestía de las tarifas». Ha lamentado que la liberalización energética ha sido «una gran estafa» para los consumidores y ha manifestado que España es uno de los Estados europeos con las tarifas más caras y los niveles más altos de pobreza energética.

Facua exige la intervención del sector para que sea el Ejecutivo el que fije periódicamente una tarifa asequible, dado que el sistema de fijación de precios existente en el mercado de la generación español «fomenta la especulación». Ha denunciado que actualmente «es el sector eléctrico el que tiene intervenido al Gobierno, cuya política energética está más orientada a proteger los intereses de las compañías”, y a su juicio la solución es que sea el Gobierno el que fije los precios para los consumidores domésticos. Además, la asociación demanda la bajada del IVA que se aplica a la electricidad, del 21%, «impropio de un servicio esencial», ya que entiende que se debe reducir al tipo mínimo permitido por la normativa europea.

“Más caro de la historia”

Asimismo, Facua asegura que la factura de la luz de este enero será la más cara de toda la historia, pues el recibo del usuario que utilizan en sus cálculos superará por primera vez los 90 euros. En este sentido, Facua denuncia que el precio del kilovatio hora (kWh) batió este miércoles un nuevo récord, al situarse en 21,71 céntimos (17,07 euros más impuestos). Con las tarifas vigentes entre el 1 y el 26 de enero, el usuario medio (consumo de 366 kWh y potencia de 4,4 kW) pagaría 88,48 euros. Sólo en los últimos 10 días, la subida fue de casi 4 euros, siendo así el recibo unos 10 euros más caros que el del pasado mes de diciembre.

Así, la organización indicó que el recibo de enero será en torno a un 85% más caro que hace 10 años, con lo que casi lo duplica. En enero de 2007 se situó 48,59 euros, prácticamente el mismo importe que en el mismo mes de 1997, 48,98 euros. El recibo de enero de 2017 estará, según Facua, por encima de los máximos históricos, que se registraron en julio de 2015, mes en que la facturación del usuario medio alcanzó los 81,18 euros; y entre enero y marzo de 2012, fechas en las que se situó en 74 euros, pero posteriormente se refacturó hasta alcanzar los 88,66 euros como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo.

España no alcanza el objetivo de biocarburantes, con un 3,5% frente al 4,3% del objetivo, según estimaciones de la CNMC

Europa Press.- España no alcanzó los objetivos de incorporación de biocarburantes en combustibles de automoción en ninguno de los meses analizados de 2016, correspondientes al periodo comprendido entre enero y agosto, según cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En concreto, el organismo presidido por José María Marín Quemada indica que, en términos acumulados, el peso de los biocarburantes hasta agosto ascendió al 3,5% en términos acumulados, frente al 4,3% del objetivo para el conjunto del ejercicio.

La CNMC realiza estas consideraciones en un informe acerca de la anotación de certificados provisionales de biocarburantes correspondientes a los meses de julio y agosto de 2016. «El número de certificados provisionales anotados en cuenta no permite alcanzar el objetivo establecido por 0,8 puntos porcentuales», explica el organismo regulador, tras analizar la marcha de este mecanismo de justificación de cumplimiento tanto para la gasolina como para el gasóleo. El organismo también indica que en la actualidad existen 40 plantas de producción de biodiésel con cantidades de actividad asignadas por el Gobierno, de las que 24 se encuentran ubicadas en España.

El sector eléctrico mejora en 452 millones sus previsiones hasta noviembre pero el gasista eleva su déficit a 482 millones

Redacción / Agencias.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son inferiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.301,8 millones de euros hasta noviembre, lo que supone 452 millones de euros menos de los previstos, mientras que el agujero del sector gasista se elevó a 482 millones de euros, un 44% superior al de 2015.

En el sistema eléctrico, esa diferencia resulta entre todos los ingresos del sistema, 13.708 millones de euros, y los costes, que sumaron 15.009 millones. Esta diferencia entre los ingresos y los costes del sistema se termina ajustando en las últimas liquidaciones del año, hasta dar como resultado un equilibrio entre los ingresos y los costes a cierre del ejercicio. De esta forma, la tendencia actual anticipa un nuevo superávit en 2016, que se sumaría a los de 2014 y 2015, que acumulan entre los dos ejercicios 1.020 millones de euros.

Según la undécima liquidación del sistema eléctrico de 2016, elaborada por el regulador, la CNMC, los ingresos por peajes de acceso de consumidores (11.764,3 millones de euros) resultaron un 0,6% superiores al valor promedio histórico. Por el contrario, los ingresos de peajes de generadores en esta liquidación fueron un millón de euros inferiores a los previstos para esta liquidación, un 0,9% menos. Asimismo, los ingresos registrados por los consumidores suministrados a precio regulado más unas penalizaciones tras haber perdido el derecho a esta tarifa, resultaron un 48,3% inferiores a los previstos en la Orden IET/2735/2015.

Por su parte, los costes regulados resultaron 334 millones de euros inferiores a los previstos para esta liquidación debido, principalmente, a unos menores costes de la retribución específica de la producción renovable, cogeneración y residuos (257,5 millones de euros) y de los pagos por capacidad (88 millones de euros). En lo que se refiere a la demanda de consumo de electricidad registrada hasta noviembre, fue un 0,3% superior al valor promedio registrado en años anteriores, con 202.213 gigavatios hora (GWh).

El coeficiente de cobertura de esta liquidación se situó en un 90,16%, es decir, que los agentes del sistema cobrarán ese porcentaje de los ingresos reconocidos ahora, mientras que el resto se abonará a medida que haya nuevos recursos disponibles. La normativa establece que los costes del sistema se pagan conforme a los recursos disponibles, lo que genera un cierto desfase porque los ingresos procedentes de peajes de acceso se suelen recibir con cierto retraso.

Asimismo, el organismo presidido por José María Marín Quemada gestionó la liquidación de 63.704 instalaciones con derecho a retribución específica. De esta manera, la liquidación provisional a cuenta correspondiente a la energía generada desde el 1 de enero al 30 de noviembre ascendió a 5.907,2 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. La cantidad a pagar a cuenta a los productores en esta liquidación asciende a 681 millones de euros, antes de IVA.

En lo que se refiere al sector gasista, el déficit ascendió a 482 millones de euros a noviembre, frente al agujero de 335 millones de euros en el mismo periodo del año anterior. Los ingresos netos liquidables fueron de 2.103 millones de euros, un 6,2% menos que en el mismo periodo del año anterior, y la retribución total acreditada a las empresas fue de 2.585 millones de euros, que es un 0,3% superior a la del año anterior. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación, se tiene un índice de cobertura del 81,4% de la retribución acreditada, señaló Competencia.

La cifra de déficit se ajusta en las últimas liquidaciones del año, cuando entran los ingresos de los meses de invierno en los que se registran los mayores incrementos de demanda. Tanto noviembre como diciembre del 2016 cerraron con alzas en el consumo de gas convencional, del 13,5% y el 10%, respectivamente. Así, y según fuentes del sector, el déficit definitivo del año podría rondar los 100 millones de euros. Esta cifra supondría cuatriplicar los 23 millones con los que cerró 2015, aunque, señalan desde el sector, se trata de cifras modestas en comparación con los ingresos del sector, que rondan los 3.500 millones anuales.

La demanda de gas en 2016 facturada hasta noviembre, ascendió a 269,82 teravatios hora (TWh), lo que supone un aumento del 0,7% respecto al año anterior. A este respecto, la CNMC señaló que en los últimos meses se observa una recuperación de la demanda del grupo 1, que por primera vez en 2016 supera a la del ejercicio anterior. Por su parte, el número de consumidores declarado por las empresas distribuidoras a 30 de noviembre del año pasado ha ascendido a 7,7 millones, con un aumento interanual de 91.480 consumidores.

El mercado libre protege a más de la mitad de los consumidores de las actuales subidas de la luz

Europa Press.- El 53,5% de los consumidores domésticos de electricidad, un total de 13,82 millones, contrata su suministro eléctrico en el mercado libre, lo que les garantiza en la mayor parte de los casos un precio fijo en su factura y les protege de las actuales subidas de la luz, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La actual escalada de precios en la electricidad tiene así especial incidencia sobre un total de 12 millones de consumidores, el 46,5% del total, aquellos que están suministrados en la tarifa regulada PVPC. Con carácter general, en un informe del pasado mes de noviembre, la CNMC señalaba que el PVPC era la opción más barata frente a las disponibles en el mercado libre. Sin embargo, en momentos coyunturales como el actual, con repuntes en el precio de la electricidad en una situación en la que el mercado mayorista se ha visto afectado en este invierno por el efecto acumulativo de varias circunstancias, la situación cambia.

Mercado libre: negociación con comercializadora

El mercado libre permite así no estar expuesto a estos vaivenes diarios y horarios del mercado mayorista eléctrico, el conocido como pool, teniendo garantizado el precio de la energía durante el periodo de tiempo que se haya contratado con el comercializador. En torno a la mitad del recibo de la luz obedece a la evolución del precio mayorista de la electricidad aplicada al consumo, mientras que la otra mitad corresponde a los peajes, congelados en 2017, y a los impuestos.  El Gobierno ha congelado para 2017 los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados.

Así, actualmente un total de 115 ofertas de comercializadoras eléctricas en el mercado libre mejoran el PVPC, según cálculos efectuados con el comparador de la CNMC. De ellas, 54 son con discriminación horaria y 61 sin ella. Para un consumidor medio en el PVPC, el recibo en estos primeros 20 días del mes de enero supera los 51 euros, lo que representa un incremento de casi el 30% con respecto al 2016. Esta evolución de precios corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el Ministerio de Energía en sus cálculos, con una potencia de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia con dos hijos.

Endesa reivindica el mercado libre

Fuentes de Endesa abogaron por rebajar el nivel de alarma social que se ha creado sobre la subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista, que deriva de una situación coyuntural que muy previsiblemente cambie en los próximos meses, cuando las energías eólica e hidráulica operen a mayor escala y cuando las nucleares francesas vuelvan a funcionar a pleno rendimiento. Así, lejos de restar importancia al encarecimiento del precio de la energía de las últimas semanas, la compañía que preside Borja Prado cree que hay que situar el debate en sus justos términos.

En este sentido, recuerda que la subida de los precios de la luz afecta a menos de la mitad de los clientes domésticos españoles, que son los que siguen acogidos al PVPC. Además, los consumidores domésticos sólo se verían afectados en una parte de la factura, dado que la mayor parte viene marcada por los peajes, que recogen los costes regulados. Por ello, desde Endesa consideran que el mercado libre es una garantía frente a los riesgos de circunstancias coyunturales como la actual. «A la larga, el mercado libre siempre es más barato», han incidido.

La mitad de Gas Natural

Aproximadamente el 50% de los clientes eléctricos de Gas Natural Fenosa, de un total de 4,5 millones, no verá incrementado el precio de la electricidad, más allá de lo que pueda ser derivado de un aumento del consumo debido a las bajas temperaturas invernales, a pesar de la actual coyuntura de precios altos del mercado mayorista, al contar con tarifas específicas contratadas con sus comercializadoras en el mercado liberalizado, recordó la compañía. Del resto de los clientes de la energética, que están suministrados por una comercializadora de referencia, cerca de 450.000 están acogidos al bono social y otros 2.000 tampoco sufrirán incremento de la luz porque cuentan con precio fijo.

Gas Natural Fenosa señala que los precios altos en el mercado mayorista se están produciendo por un conjunto de factores externos vinculados a las condiciones climatológicas actuales, que están provocando que en la formación del precio «esté incidiendo el que la demanda ha aumentado en un momento en el que no hay viento ni tampoco agua para generar«. Así, el sistema está recurriendo al backup que aportan los ciclos combinados (generación con gas) y las centrales de carbón, «sistemas de generación condicionados al precio de las materias primas de los mercados internacionales, pero gracias a las cuales no hay ningún tipo de problema de suministro energético en el país», añade.

Aldro Energía mantiene la tarifa

Por su parte, José F. González Payno, director general de la comercializadora Aldro Energía, indica con ironía que llega a envidiar “la capacidad visionaria de personas que, en enero, son capaces de prever el precio de la electricidad en 2017 teniendo en cuenta las olas de frio y de calor que están por llegar, el precio de gas y del petróleo, las centrales que van a funcionar, no solo en España sino en nuestros países vecinos ¡También serán capaces de saber lo que va a llover!”. En este sentido, recuerda que en Aldro Energía asumen “las turbulencias que tiene el mercado para que no afecte a los clientes que han optado por tarifas a precio fijo” en el mercado libre.

El PSOE pide en el Congreso una auditoría de los costes de la tarifa y una reforma del mercado eléctrico

Europa Press.- El PSOE ha registrado una proposición no de ley en el Congreso por la que insta al Gobierno a impulsar un pacto de Estado de la Energía, a llevar a cabo una auditoría independiente sobre los costes integrados en la tarifa energética y a reformar «en profundidad» el mercado eléctrico.

La iniciativa pide impulsar un pacto de Estado de la Energía a partir del diálogo de todas las fuerzas políticas y los representantes de la sociedad civil, para dotar a la política energética de una estabilidad «mayor» que la de los últimos años, y facilitar la transición energética hacia un modelo «seguro y sostenible, eficiente, bajo en carbono, construido sobre la base de un marco predecible y garante de precios estables». Asimismo, pide llevar a cabo una auditoría independiente sobre los costes integrados en la tarifa energética, como condición «indispensable» para conocer cuánto cuesta producir la energía eléctrica, qué es lo que se paga en el recibo y lo que reciben los usuarios a cambio.

Asimismo, insta al Gobierno a reformar «en profundidad» el mercado eléctrico, en un marco de competencia y al «mínimo coste», que permita compatibilizar las inversiones de largo plazo en la nueva generación necesaria para la transición energética. Esto pasaría por reducir la incertidumbre sobre los retornos con los que se recuperan esas inversiones, con un mercado de corto plazo que promueva una gestión «más eficiente» del parque de generación disponible en cada momento, capaz de avanzar en la progresiva sustitución de las centrales nucleares por potencia renovable, sus normas de funcionamiento y revisar la retribución.

En el marco de la reforma de la arquitectura institucional del organismo regulador y supervisor propuesta por el grupo socialista, insta al Ejecutivo a aprobar de forma urgente las modificaciones legislativas necesarias para mejorar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de acuerdo con la normativa de la Unión Europea. En el texto, el PSOE denuncia que los precios de la electricidad al por mayor se incrementaron más de un 30% el pasado mes de diciembre, desde los 40 euros por megavatio hora (MWh) a 60 euros. En enero, el precio siguió aumentando y está llegando a superar actualmente los 90 euros por MWh.

Asimismo, respecto a las palabras del ministro de Energía, Álvaro Nadal, en las que informó de que la factura de la luz se encarecerá de media 100 euros más este año, lo que según el PSOE «intensificará la reducción de la renta disponible de los hogares, y en especial de los más vulnerables», al tiempo que conllevará una pérdida de competitividad de las empresas. Además, los socialistas señalan que el ministro anunció que había encargado un informe a la CNMC para ver qué elementos del sistema podían mejorarse. Sin embargo la CNMC ya indicó que no había abierto una investigación en profundidad ni había incoado expediente a ninguna empresa eléctrica.