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La factura de la luz se encarece un 3,34% en noviembre

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Europa Press.- Un consumidor doméstico medio pagó 71,69 euros en su factura de la luz de noviembre, por lo que esta factura se incrementó en un 3,34% respecto a los 69,37 euros de noviembre de 2016, lo que supuso una subida en el recibo eléctrico de 2,32 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía: un consumo de electricidad de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio atribuye al consumo de una familia media con dos hijos. De los 71,69 euros abonados en los 30 días de noviembre del 2017, 14,88 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de noviembre, 41,49 euros obedecen al consumo, 2,88 euros al impuesto eléctrico y 12,44 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

Eso sí, la factura de la luz de noviembre subió un 3,02% respecto al mes anterior, octubre, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,39 euros en noviembre respecto a los 2,32 euros de octubre. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses. Así, el recibo eléctrico sube por tercer mes consecutivo después de dos meses de estabilidad tras la ligera caída de junio que siguió a tres meses consecutivos de subidas tras los descensos que registró febrero y marzo, que dejaban atrás el episodio alcista de enero y del final del año pasado.

Con esta subida interanual en noviembre, el recibo de la luz cerró los primeros once meses del año con una subida del 11,69% con respecto al mismo periodo de 2016. La subida de precios en noviembre ha contribuido a que el recibo de los once primeros meses del año se haya situado en 755,57 euros, 79,12 euros más frente a los 676,45 euros en el mismo periodo del año anterior, aún teniendo en cuenta que 2016 fue año bisiesto. En los primeros once meses, la factura media de electricidad se desglosa a razón de 165,71 euros por el término fijo, de 428,36 euros por el consumo, de 30,37 euros por el impuesto de electricidad y 131,13 euros por el IVA.

El arranque del ejercicio 2017 se caracterizó por el fuerte alza de precios provocado por la ola de frío, la menor eolicidad e hidraulicidad, el encarecimiento del carbón y del gas, y la indisponibilidad de centrales nucleares en Francia, frente al arranque de 2016, en el que se produjeron fuertes caídas respecto al año anterior. Desde enero, mes en el que la factura superó los 80 euros y el precio de la electricidad alcanzó picos superiores a los 91 euros el megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista, el descenso en el recibo de la luz ha sido del 12,15%.

El impacto de la sequía

La fuerte sequía que sufren los embalses, que ha hecho que la producción hidroeléctrica se haya visto mermada con respecto a los ejercicios anteriores, así como una menor presencia de renovables, han mermado, al igual que en los últimos meses, la presión de ambas fuentes de energía baratas en el mix. Esto implica la entrada de las fuentes fósiles, ciclos combinados y carbón, para la generación, lo que presiona al alza los precios de la electricidad, el conocido como pool.

Facua-Consumidores en Acción advierte de que estos precios de la electricidad avecinan otro invierno «especialmente duro» para las familias con menos recursos económicos, que «un año más se privarán del uso de la calefacción o sufrirán cortes por su falta de capacidad de pago, dada la ausencia de medidas por parte del Gobierno para paliar la pobreza energética«. Asimismo, lamenta la pasividad del Gobierno «ante la injustificada carestía del recibo de la luz que sufren los usuarios, víctimas de un oligopolio que en lugar de competir, especula con las tarifas».

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) subraya que esta subida de la luz afecta directamente a los clientes en la tarifa regulada, el conocido como PVPC, pero «indirectamente también a otros hogares que tengan que revisar sus tarifas, ya que probablemente esta revisión será al alza». Así, destaca que «son muchas» las compañías del mercado libre que han incrementado sus precios y es la tarifa en horario valle que disfrutan los hogares con discriminación horaria la que sufre «un mayor incremento».

Optimismo de Nadal con 2018

Por otro lado, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha manifestado que «se puede ser más optimista» de cara a la evolución de los precios de la electricidad en 2018, tras «un año difícil en el ámbito energético». «Encaramos 2018 en mejores condiciones que las difíciles condiciones de 2017″, aseveró el ministro, justificando el encarecimiento de la energía hasta ahora por «una sequía que todavía dura e impacta mucho en el recibo, y también por la subida del precio del petróleo».

«Si comparamos estos precios con los del año 2015, son mejores, pero peores que los del 2016», argumentó, sosteniendo que el precio de la luz en España es «equivalente» al del resto de los países europeos. Así, puntualizó que, a pesar de que España aparece como uno de los países donde la energía es más cara, esto es porque el país incorpora en el recibo «el coste de las renovables, mientras que otros países cobran un impuesto fuera del recibo«.

En todo caso, el ministro ha defendido las medidas adoptadas por el Gobierno «para contener el precio del recibo», argumentando que la parte fija de la factura «lleva congelada más de 4 años», se han aprobado medidas para aumentar el almacenamiento de gas y «que no haya tantos problemas como a principios de 2017», y ya está en vigor el bono social. «Todo esto, en conjunto, nos hace pensar que se han tomado medidas adecuadas y que los precios, que empezaron muy mal en enero, que hacía mucho frío y con los precios muy altos en el resto de Europa, han ido mejorando y tenemos precios mejores que Francia, Italia y que buena parte de los países europeos», ha manifestado.

Nadal asegura que pretende evitar la tentación de que se cierren unas centrales para que otras sean más rentables económicamente

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Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha reiterado que el objetivo del real decreto en el que trabaja el Gobierno para endurecer los motivos para cerrar centrales eléctricas es evitar «la tentación» de algunas empresas de «cerrar una central que, aunque es rentable, cerrarla hace más rentables las otras que tienen«.

Nadal insistió en que la decisión de cerrar centrales «no puede ser una mera decisión empresarial, tiene que tener controles«. Por ello, consideró «muy importante» que el mix energético se decida desde «la política pública» ya que «el mix sí que marca la tendencia» y puede «afectar a los precios del mercado». A este respecto, Nadal afirmó que el cierre de centrales es algo que «no está normativamente regulado», ya que no hacía falta debido a que no había peticiones de clausura o las que había eran de plantas obsoletas.

No obstante, reconoció que existe un exceso de capacidad de generación en España, por lo que habrá que ver «qué tipos de centrales se tienen que cerrar», pero siempre de manera «ordenada» y cumpliendo con los objetivos de seguridad de suministro, climáticos y «al mejor precio posible». «Dentro de los objetivos medioambientales, nuestro objetivo es hacerlo al menor precio», añadió.

Así, en el caso de petición de cierre de una central, señaló que el objetivo es que se esté seguro de si esa planta es necesaria, ya sea por cuestiones de seguridad de suministro, medioambientales o de precio. De ser así, se llevará a cabo una subasta si el operador no la quiere «ya que si tiene comprador es rentable«.

En el caso de no contar con un comprador interesado en la subasta, se procedería a su cierre o, si es necesaria, se acudiría a un sistema de pagos por capacidad, «que tenga respaldo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de la Comisión Europea para que no se considere ayuda de Estado», expuso Nadal.

Por su parte, la portavoz de Energía del PSOE en el Congreso, Pilar Lucio, acusó a Nadal de utilizar el argumento de la posible subida del precio de la luz si se cierran las nucleares «como un chantaje a la sociedad». Así, subrayó que el precio lo marca el gas dentro del mercado marginal, «independientemente de que siga existiendo la energía nuclear», por lo que retó al ministro a decir «de dónde sale ese dato de incremento del precio» del 25% si se elimina la nuclear. «Diga también qué sobrecoste tendría para el sistema su pago por capacidad a las nucleares si saliera adelante», concluyó.

Casi el 75% de los contadores eléctricos ya eran inteligentes al acabar 2016, un 5% más de los previstos

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Europa Press.- Un 74,5% de los contadores de la luz ya eran inteligentes, es decir, con capacidad de medida y telegestión efectivamente integrados en la red en diciembre de 2016 casi un 5% más del ritmo previsto en los objetivos de implantación, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En concreto, el número total de los equipos con capacidad de medida y telegestión alcanzó los 23 millones, de los que más de 21 millones se encontraban efectivamente integrados y operativos. El número total de contadores asciende a unos 28,2 millones. Estas cifras constatan el buen ritmo de introducción de los contadores inteligentes, un proceso que, al ser técnicamente complicado, hizo que en la normativa se estableciera para las compañías un ritmo gradual de sustitución.

A cierre de 2014, un 35% del total del parque de contadores de hasta 15 kilovatios (kW) de potencia contratada debía estar sustituido. Esta cifra se ampliaba entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016 hasta un 35% adicional, y entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, el 30% restante. Así, según los datos de la CNMC, se ha sobrepasado en casi cinco puntos porcentuales el hito exigido de sustitución de contadores para el cierre de 2016.

Por provincias, Cuenca y Melilla fueron las zonas donde se sustituyó un menor número de contadores, mientras que Salamanca y Castellón fueron las provincias con mayor grado de implantación del plan de sustitución. A finales de 2016, Cuenca fue la única provincia española que no alcanzó el 70% de contadores sustituidos, con sólo un 61%. En esta provincia distribuyen energía eléctrica siete empresas diferentes, aunque el 95% del mercado se concentra en tres de ellas.

La sustitución de los contadores tradicionales por los inteligentes permite realizar la facturación considerando los valores horarios de consumo. A este respecto, la CNMC recuerda que las distribuidoras deben facilitar al consumidor los datos de la medida horaria para la facturación y hacerlos accesibles a través de su web. Las curvas de carga horarias emitidas por las distribuidoras de más de 100.000 clientes cuentan con un 93% de datos reales, siendo estimados el 7% restante. Las distribuidoras con menos de 100.000 clientes tienen más problemas tienen para obtener lecturas reales.

Energía modifica el servicio de interrumpibilidad, cuya subasta pone en juego 2.600 MW de potencia interrumpible para los grandes consumidores

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha aprobado la orden que modifica el servicio de interrumpibilidad eléctrica, el mecanismo por el que los grandes consumidores de electricidad reciben un incentivo por modular su consumo en momentos de saturación en el sistema eléctrico. Esta subasta se celebra esta semana en la Feria de Valladolid y estará administrada por Red Eléctrica de España (REE). Los grandes consumidores de electricidad aspiran a la asignación de 2.600 megavatios (MW) de potencia interrumpible.

En concreto, estos 2.600 MW de potencia interrumpible a subastar estarán repartidos en 376 bloques del producto de 5 MW (1.880 MW) y ocho bloques del producto de 90 MW (720 MW), según REE. Esta adjudicación, por la que competirán cerca de 150 empresas de la gran industria con intensivo consumo eléctrico, se limitará a un periodo de 5 meses, del 1 de enero al 31 de mayo, en lugar de la adjudicación por un año, como venía siendo habitual. No obstante, el gabinete dirigido por Álvaro Nadal abre la puerta a que posteriormente puedan celebrarse otras subastas durante 2018.

El Gobierno justifica esta limitación temporal en la necesidad de adaptar el servicio a las exigencias requeridas por la Unión Europea y porque entrará en vigor el nuevo marco regulatorio europeo en 2018. El mecanismo de asignación será similar al de los años anteriores y se realizará mediante subastas a la baja que partirán de 150.000 euros/MW por año para los productos de 5 MW y de 270.000 euros/MW por año para los de 90 MW. En ambos casos supone una rebaja respecto a la subasta precedente, cuando el precio de salida en el bloque de 5 MW fue de 160.000 euros y el de 90 MW, de 310.000 euros.

El Gobierno modificó este año el sistema de interrumpibilidad. Entre las novedades introducidas figura la posibilidad de activar el servicio por criterios económicos. En este caso, el operador hará que entre en juego la interrumpibilidad si es más barata que los servicios de ajuste del mercado diario. La aplicación del servicio de interrumpibilidad por criterios económicos se realizará por cantidades mínimas de 200 megavatios (MW) y máximas de 500 MW en cada hora, de acuerdo con el cumplimiento de algunas condiciones. Además, en caso de su activación por este criterio, entre los adjudicatarios del servicio se establecerá un sistema de turnos rotatorios como criterio de orden para requerir su activación.

Asimismo, se excluyen del ámbito de aplicación del servicio de disponibilidad las instalaciones de generación hidráulica, debido a la escasez actual de las reservas y a la incertidumbre. Por otra parte, la retribución del servicio de interrumpibilidad estará constituida por dos términos, uno fijo asociado a la disponibilidad de potencia y otro variable asociado a la ejecución efectiva de una opción de reducción de potencia.

Recientemente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) criticó las propuestas del Ministerio al considerar «elevado» el coste del sistema de interrumpibilidad eléctrica, «apenas utilizado», y propuso que se justificase su necesidad. El organismo consideró que las subastas de interrumpibilidad son «complejas», que sus costes triplican las del gas y electricidad y que algunos productos (90 MW) favorecen a las grandes industrias.

La CNMC se subleva

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Los pronunciamientos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el último mes vienen incorporando una inusitada oposición a las directrices del Ministerio de Energía. Oposición que se muestra sin eufemismos ni medias tintas y que ha causado sorpresa en los medios de comunicación especializados. Es lo que ha pasado con el plan invernal del Ministerio de Energía para aumentar las obligaciones de reservas de gas que tendrían que realizar las empresas, derivado de su consideración de la garantía de suministro para eventuales momentos de frío extremo.

La CNMC considera que esta propuesta incidía al alza en las tarifas a los consumidores gasistas, además de señalar que el departamento que dirige Nadal no había evaluado los costes para el sistema de pasar de contar con un almacenamiento obligatorio de 2 días a uno de 3 días y medio. Medida que seguramente también tiene que ver con la resolución que obliga a los operadores principales de gas a ser creadores de mercado obligatorios por cuatro años. Energía quiere presionar para que haya abundancia de gas garantizada más allá de los mecanismos de mercado.

Además, la CNMC le recordaba al Ministerio de Energía las posibilidades existentes de aprovisionamiento basadas en el abastecimiento en los mercados nacionales e internacionales gracias a la red de regasificadoras, la gestión de los almacenamientos subterráneos y la intervención del propio gestor del sistema gasista Enagás, posibilidades que hacen innecesaria una medida coactiva de estas características con el consiguiente efecto en los precios al consumidor.

Remontándonos más atrás, pero también recientemente y de una forma especialmente explícita, la CNMC se pronunció contra los mecanismos de gestión de la demanda a través de la subasta de interrumpibilidad propuesta por Energía y sus pagos. Dado que los informes de la CNMC no son vinculantes,  la importancia de este informe estribaba en su posicionamiento: un cuestionamiento abierto y desnudo de este mecanismo por su elevado coste y ausencia de justificación de la necesidad.

Además, en una lectura de su contenido, este informe cuestionaba la práctica totalidad de mecanismos de subsidios cruzados existentes en los costes de acceso al tiempo que, descarnadamente, enunciaba todos los procesos de investigación que la Comisión Europea tiene sobre España en materia de energía y que podrían estar relacionados con unas tarifas de acceso que quieren absorber decisiones políticas discrecionales, junto con su misión imposible de su irreal contención por vías «creativas» o heterodoxas.

Ahora, como en las películas de vampiros, se reabre un ataúd con otra latente controversia entre CNMC y Ministerio, consistente en la oposición que este organismo mantiene contra el mejoramiento de las tarifas de acceso a las industrias radicadas en el País Vasco, medida resultante de las componendas del Gobierno para aprobar los Presupuestos Generales del Estado desde 2014 y que este año el Ejecutivo había comprometido con el PNV.

Hablemos del escenario. El momento temporal también es importante. Crítico. Estas diferencias se transparentan mientras se producen las «negociaciones» con la Comisión Europea por la atribución de competencias en materia de fijación de los peajes de acceso que el Ministerio quiere retener a toda costa y que la CNMC se atribuye. La concepción de la política española de que la CNMC debe ser dependiente del regulador principal es un ejercicio vertical que no comprende el papel de estos órganos independientes en los países occidentales con sistemas de contrapesos más eficientes.

Finalmente, en la crisis relacional y diplomática entre los dos reguladores, se apunta a la disminución de la influencia de la vicepresidenta María Fernández dentro del organismo. Hasta el momento todas las fuentes confirman el papel que ha tenido Fernández como gozne entre los intereses políticos de Nadal y los pronunciamientos que éste necesitaba de la CNMC. Algo que parece normal en la vertical política española, dónde la representación política llega a los extremos técnicos y económicos. En todo caso, esa debilidad y pérdida de ascendencia sobrevenida es un elemento que está agudizando este desencuentro.

En resumen, la CNMC está reivindicando su papel como organismo independiente, sublevándose de forma cada vez más explícita. Energía, mientras tanto, cada vez tiene más frentes abiertos, tanto en su relación con la Comisión Europa como con los organismos independientes.

La CNMC, el Defensor del Pueblo e Hispacoop critican la venta a puerta fría de electricidad, analizada por el Ministerio

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Defensor del Pueblo y la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispacoop) han criticado las prácticas de venta a puerta fría de las comercializadoras energéticas, una problemática que ya ha sido abordada por el Ministerio de Energía. Asimismo, los ponentes han puesto de manifiesto que las ventas puerta a puerta son problemáticas, ya que en ocasiones incluyen prácticas abusivas y engañosas aprovechándose de los clientes más vulnerables.

El subdirector de energía eléctrica de la Secretaría de Estado de Energía, Santiago Caravantes, ha incidido en que en el Ministerio se han abordado en varias ocasiones los problemas que conlleva la venta puerta a puerta, pero no han llegado a una solución definitiva. Preguntado por si es posible prohibir este tipo de prácticas, ha señalado que «poder se puede», pero incidió en que tiene que ser con algún argumento legal, ya que prohibir a una empresa un modo de contratación es «una medida agresiva».

Por su parte, el director de Energía de la CNMC, Fernando Hernández, ha apuntado que una alternativa a la prohibición es que exista un «control de calidad» de las fuerzas de ventas de las comercializadoras y dar al consumidor una información «clara» que le permita comparar fácilmente las ofertas de las compañías. En este sentido, Caravantes avanzó que en el Ministerio están analizando también de qué forma los clientes pueden comparar los diferentes tipos de contrato, pero ha incidido en la complejidad de los precios de la energía, que cambian en función de múltiples variables.

Por su parte, Carmen Redondo, del Departamento de Relaciones Institucionales de Hispacoop, ha criticado que los métodos de ventas de las empresas por teléfono y, sobre todo, a través de puerta fría son «muy agresivos y a veces engañosos», al mismo tiempo que no cumplen con algunas exigencias que ya contempla la legislación con la información precontractual. En este contexto, ha demandado medidas para regular este tipo de prácticas, especialmente para proteger a los clientes más vulnerables, a los que se les hace contratar servicios adicionales que no desean y que no tiene la capacidad suficiente para reclamar. «Hay que ir mucho más allá que automatizar el desistimiento», ha incidido.

Sobre la posibilidad de que el sector cree una autoregulación en este campo, Caravantes ha añadido que en el Ministerio les consta que algunas empresas están trabajando internamente en modelos que lleven a una «mejora significativa» de esta situación. Sin embargo, Hernández se ha mostrado escéptico sobre el éxito de esta vía, ya que ha recordado que en 2015 la CNMC elaboró un decálogo de recomendaciones para las comercializadoras al que, dos años después, las empresas no han respondido. Por ello añadió que, si no funciona, parece que no queda otra opción que incluir una mayor regulación, tarea que en el sector energético le corresponde al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que permita mayor transparencia en la contratación.

Otras de las cuestiones abordadas en la mesa ha sido la confusión que genera la dificultad que tienen los consumidores para diferenciar las empresas que ofrecen suministro en el mercado libre de las que lo hacen a través de modalidad regulada, ya que compañías del mismo grupo tiene denominaciones prácticamente idénticas. Carmen Lence, de la Oficina del Defensor del Pueblo, ha incidido en que a veces estas empresas sólo se distinguen a través de unas siglas que no son fácilmente interpretables, por lo que tanto ella como Redondo han propuesto que se diseñen facturas que permitan diferenciar «de un solo vistazo» ambos tipos de empresas.

En este sentido, Hernández también ha incidido en la necesidad de que el cliente pueda diferenciar a la distribuidora de electricidad de la comercializadora, para lo cual haría falta una separación mas «clara y contundente» del nombre, la imagen o el logo. Así, ha añadido que, aunque no está claro que esto sea motivo de sanción, es un problema que existe. Asimismo, Lence abogó por analizar cuánto gana una empresa por prácticas como pasar a un consumidor al mercado libre sin su consentimiento y si le compensa pese a las multas que se le puedan imponer por saltarse la ley.

Por otro lado, Caravantes ha remarcado que todavía queda camino por recorrer en la reforma del sector eléctrico, ya que hasta ahora la regulación ha estado enfocada en corregir los desequilibrios y la parte regulada de la factura. En este sentido, ha agregado que queda abordar lo relacionado con el suministro y ha reconocido que el marco vigente es «mejorable», tanto en la parte de gas como de electricidad, y se está analizando la situación desde el Ministerio para tramitar los cambios que sean necesarios.

El déficit eléctrico provisional asciende a 1.645 millones de euros en septiembre, 390 millones menos de lo previsto

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Europa Press.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.645 millones de euros en los nueve primeros meses del año, 390,2 millones menos de lo previsto, según indicó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Este desajuste inferior a lo previsto se debió, fundamentalmente, a la evolución favorable de los ingresos por peajes de acceso y cargos (94,2 millones de euros) y de la retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares (341,7 millones de euros menos de lo previsto). El consumo eléctrico registrado en la liquidación fue de 165.956 gigavatios hora (GWh), un 2,2% superior al valor promedio observado en años anteriores; mientras que los ingresos por peajes de acceso y cargos de consumidores ascendieron a 9.557 millones de euros, un 1% superiores al valor promedio histórico. El coeficiente de cobertura registrado en esta liquidación se situó en un 84,93%, lo que determina hasta qué punto se cubren los costes en esta liquidación.

En cuanto a las renovables, en la liquidación de septiembre la CNMC ha gestionado la liquidación de 63.629 instalaciones del total de las inscritas en el Registro de Régimen Retributivo Específico del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, y que tienen derecho a retribución específica. La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada desde el 1 de enero hasta el pasado 30 de septiembre, con cargo a las liquidaciones de las actividades reguladas del sector eléctrico, se elevó hasta los 5.367,09 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente.

506 millones en esta liquidación

Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, contemplados en el artículo 19 de la Ley 24/2013, la cantidad a pagar a cuenta a los productores en la novena liquidación aplicando el coeficiente de cobertura señalado asciende a 506,58 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. Asimismo, la liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), asciende a 51,5 millones de euros, antes de impuestos.

En cuanto al sector gasista, el déficit registrado fue de 396 millones de euros, frente a los 417 millones de euros en el mismo periodo del año anterior. Así, teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación, se tiene un índice de cobertura del 81,3% de la retribución acreditada. El total de ingresos declarados por las empresas al sistema de liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones ascendió a 1.902 millones de euros, un 2,8% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, destacando el incremento de los ingresos por reserva de capacidad y por peaje de regasificación.

Mientras, los costes liquidables del sistema ascendieron a 32 millones de euros, un 25,5% superiores a los del mismo periodo del 2016, debido principalmente al aumento del coste de adquisición del gas de operación en el Mercado Organizado de Gas (Mibgas). Por tanto, teniendo en cuenta los ingresos existentes, se han obtenido unos ingresos netos declarados de 1.870 millones de euros. La retribución total fija acreditada a las empresas ascendió a 2.094 millones de euros. Por su parte, la demanda nacional de gas este año facturada hasta el 30 de septiembre ascendió a 220,5 teravatios hora (TWh). El número de consumidores declarado por las empresas distribuidoras ascendía a 7,7 millones, con un aumento interanual de 88.805 consumidores, un 1,2% más.

La CNMC advierte sobre el «elevado» coste del servicio de interrumpibilidad y propone que Red Eléctrica justifique su necesidad

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido sobre el «elevado» coste del sistema de interrumpibilidad eléctrica, «apenas utilizado», y propone que se justifique su necesidad. El organismo presidido por José María Marín Quemada considera que las subastas de interrumpibilidad son «complejas», que sus costes triplican las del gas y electricidad, y que algunos productos (90 MW) favorecen a las grandes industrias.

Así se desprende del informe publicado por la CNMC que analiza la propuesta del Ministerio de Energía, que introduce varias modificaciones en el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad y los mecanismos de capacidad. En la actualidad, la Comisión Europea está investigando a varios países, entre ellos España, por los sistemas de pagos por capacidad ya que podrían incurrir en ayudas de Estado no autorizadas. En el caso de la interrumpibilidad se trata de un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro eléctrico.

La CNMC señala en su informe que la revisión del mecanismo de interrumpibilidad y de capacidad propuesto por el departamento presidido por Álvaro Nadal debería haberse abordado con la suficiente antelación. De esta forma, según la CNMC, la próxima subasta de interrumpibilidad habría cubierto todo el año frente a los 5 meses que, de hecho, ya ha aprobado el Ministerio de Energía mediante una disposición adicional. Esta limitación temporal se ha justificado para adaptar el servicio a las exigencias requeridas por la Unión Europea y porque entrará en vigor el nuevo marco regulatorio europeo en 2018, que introducirá nuevos cambios.

Por otra parte, la CNMC considera que Red Eléctrica (REE), el operador del sistema, debería justificar mediante una metolodología de estudio que «realmente es necesario» subastar unas cantidades tan elevadas de potencia interrumpible. En este sentido, el organismo dependiente del Ministerio de Economía señala en su informe el «elevado» coste de la interrumpibilidad y el reducido uso efectivo que siempre se ha hecho del mismo.

Asimismo, la CNMC señala la complejidad del sistema de subastas de interrumpibilidad, lo que explica que su duración en ocasiones se haya prolongado durante 5 días y el elevado coste de su organización (entre 504.000 y 660.000 euros) comparado con las diferentes subastas eléctricas y gasistas con costes situados entre 75.000 euros y 205.000 euros. Además, la CNMC señala que las subastas del producto de 90 MW son susceptibles de plantear problemas de competencia, como consecuencia del escaso número de empresas que pujan en ellas y, por tanto, de la poca presión competitiva. Por ello, recomienda acumular las ofertas en los bloques de 5 MW para permitir una mayor desagregación.

Finalmente, la CNMC se muestra disconforme con el modo de proceder de la Secretaría de Estado de Energía porque ya ha publicado, antes de que ella enviara su informe, la resolución de octubre por la que se aprueba el calendario y las características de las subastas del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. «Así, condiciona, y por ello mismo menoscaba, la función como órgano consultivo de esta Comisión”, ha señalado el organismo presidido por José María Marín Quemada.

La factura de la luz se encarece un 3,2% en octubre

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Redacción.- Un consumidor doméstico medio pagó 72,07 euros en su factura de la luz de octubre, por lo que esta factura se incrementó en un 3,2% respecto a los 69,83 euros de octubre de 2016, lo que supuso una subida en el recibo eléctrico de 2,24 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía: un consumo de electricidad de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio atribuye al consumo de una familia media con dos hijos. De los 72,07 euros abonados en los 31 días de septiembre del 2017, 15,38 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de octubre, 41,28 euros obedecen al consumo, 2,9 euros al impuesto eléctrico y 12,51 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

Eso sí, la factura de la luz de octubre subió un 6,42% respecto al mes anterior, septiembre, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,32 euros en octubre respecto a los 2,18 euros de septiembre. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses. Así, el recibo eléctrico sube por segundo mes consecutivo después de dos meses de estabilidad tras la ligera caída de junio que siguió a tres meses consecutivos de subidas tras los descensos que registró febrero y marzo, que dejaban atrás el episodio alcista de enero y del final del año pasado.

Con esta subida interanual en octubre, el recibo de la luz cerró los primeros diez meses del año con una subida del 12,63% con respecto al mismo periodo de 2016. La subida de precios en octubre ha contribuido a que el recibo de los diez primeros meses del año se haya situado en 683,76 euros, 76,67 euros más frente a los 607,09 euros en el mismo periodo del año anterior, aún teniendo en cuenta que 2016 fue año bisiesto. En los primeros diez meses, la factura media de electricidad se desglosa a razón de 150,82 euros por el término fijo, de 386,78 euros por el consumo, de 27,49 euros por el impuesto de electricidad y 118,67 euros por el IVA.

El arranque del ejercicio 2017 se caracterizó por el fuerte alza de precios provocado por la ola de frío, la menor eolicidad e hidraulicidad, el encarecimiento del carbón y del gas, y la indisponibilidad de centrales nucleares en Francia, frente al arranque de 2016, en el que se produjeron fuertes caídas respecto al año anterior. Desde enero, mes en el que la factura superó los 80 euros y el precio de la electricidad alcanzó picos superiores a los 91 euros el megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista, el descenso en el recibo de la luz ha sido del 11,69%.

El Defensor del Pueblo pide a la CNMC información sobre su actuación por la subida de la luz de octubre

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Europa Press.- El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha iniciado una actuación de oficio ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que el organismo le informe sobre los avances que se produzcan en la investigación abierta tras la fuerte subida de los precios de la electricidad el pasado 23 de octubre.

La institución considera que estas situaciones de precios inusualmente altos «deben corregirse para evitar que se repitan». Para ello, subraya que el primer paso es investigar lo ocurrido, lo que compete a la CNMC. El pasado 23 de octubre, el precio de la electricidad alcanzó, entre las 19.00 y las 20.00 horas, su nivel más elevado en lo que va de año, con un valor de 182,54 euros por megavatio hora (MWh), debido a un factor puntual en la subasta de los servicios de ajuste.

El precio de la luz preocupa especialmente al Defensor del Pueblo, que recuerda a la CNMC que España es uno de los países de la Unión Europea «con el precio de la energía más alto». Además, el Defensor considera que esta situación está generando «graves problemas» a muchas familias españolas, que se ven obligadas a detraer una parte importante de sus recursos en lugar de destinarlos a otras necesidades básicas.

El Defensor mantiene abiertas varias actuaciones con las administraciones públicas y ha recomendado, entre otras propuestas, revisar la distribución de los términos de potencia y energía de los peajes de los consumidores domésticos; reducir la parte fija de la factura eléctrica de manera que se incentive el ahorro; proteger a los consumidores vulnerables frente a los cortes de suministro y, recientemente, que se aplique a la electricidad un IVA reducido.