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El déficit eléctrico provisional de 2017 asciende a 1.443 millones de euros hasta octubre, 365,3 millones menos de lo previsto

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Europa Press.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.443,6 millones de euros en los diez primeros meses del 2017, 365,3 millones menos de lo previsto, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), debido, fundamentalmente, a la menor retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares en 376,5 millones de euros.

El consumo eléctrico registrado en la liquidación fue de 185.638 gigavatios hora (GWh), un 1,9% superior al valor promedio observado en años anteriores; mientras que los ingresos por peajes de acceso y cargos de consumidores (10.642,7 millones de euros) fueron un 0,3% superiores al valor promedio histórico. Mientras, los ingresos registrados por peajes de acceso de generadores resultaron un 1,6% inferiores (1,5 millones de euros).

En cuanto a las renovables, en la liquidación del mes de octubre la CNMC ha gestionado la liquidación de 63.572 instalaciones del total de las inscritas en el registro de régimen retributivo específico del Ministerio de Energía y que tienen derecho a retribución específica. La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada desde el 1 de enero y hasta el 31 de octubre de 2017, con cargo a las liquidaciones de las actividades reguladas del sector eléctrico, se elevó hasta los 5.956,4 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente.

Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, contemplados en el artículo 19 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, es necesario aplicar un coeficiente de cobertura de 88% a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación. La cantidad a pagar a los productores en la décima liquidación asciende a 685,28 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. Asimismo, la liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, asciende a 57,3 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente.

En cuanto al sector gasista, el déficit registrado hasta octubre fue de 466 millones de euros, frente a los 462 millones de euros en el mismo periodo del 2016. Así, teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación, se tiene un índice de cobertura del 79,9% de la retribución acreditada. El total de ingresos declarados por las empresas al sistema de liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones ascendió a 2.076 millones de euros, un 2,8% más que en el mismo periodo del 2016, destacando el incremento de los ingresos por reserva de capacidad y por peaje de regasificación.

Mientras, los costes liquidables del sistema ascendieron a 327 millones de euros, un 27,8% superiores a los del mismo periodo del ejercicio anterior, debido principalmente al aumento del coste de adquisición del gas de operación en el Mercado Organizado de Gas (Mibgas). Por su parte, la demanda nacional de gas facturada hasta el 30 de octubre de 2017 ascendió a 245,9 teravatios hora (TWh). El número de consumidores declarado por las empresas distribuidoras ascendía a 7,78 millones, con un aumento interanual de 91.044 consumidores (+1,2%).

El Supremo admite a trámite el recurso de la CNMC contra Energía por las últimas funciones arrebatas por el Ministerio

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Europa Press.- El Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra el Decreto 903/2017 por el que el Ministerio de Energía asumía funciones que hasta la fecha correspondían al regulador, entre ellas las liquidaciones del sistema eléctrico. Según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Sala Tercera, Sección Tercera del Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso.

La CNMC ha decidido judicializar el enfrentamiento abierto entre el organismo regulador y el gabinete dirigido por Álvaro Nadal. El organismo dio este paso después de que el Ministerio respondiera con una negativa al requerimiento de la CNMC para que se retractara de la decisión de arrebatarle estas funciones. En concreto, la CNMC recurrió los artículos 3.1 d), 3.1 m), 3.1 ñ), 3.1 q), 4.1 d), 4.1 i), 4.1 s) y 4.1 w), así como la disposición adicional segunda, la disposición adicional tercera, la disposición transitoria tercera y la disposición transitoria cuarta de la normativa.

El Real Decreto 903/2017, aprobado el pasado octubre, desarrolla adaptaciones en la estructura orgánica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que contemplan que el Ministerio pase a asumir funciones que hasta la fecha correspondían a la CNMC. Entre esas funciones que pasa a desempeñar el Ministerio se encuentran las inspecciones y las liquidaciones, así como la supervisión del sector de hidrocarburos líquidos, el sistema de certificados de biocombustibles y el control de operaciones.

En el fondo de este recurso por estas competencias entre la CNMC y el Ministerio de Energía se encuentra la pugna por la fijación de los peajes de acceso a redes eléctricas. En septiembre de 2016 Bruselas ya abrió un procedimiento sancionador a España, todavía sin cerrar, por las competencias en esta materia. Como solución, el Gobierno ha planteado a Bruselas un modelo análogo al de otros países europeos, como Francia, por el que la CNMC sería quien fijara los peajes, aunque siguiendo las orientaciones de política energética del Gobierno.

La CNMC insiste a Energía en la «urgente necesidad» de aprobar medidas para adecuar sus competencias a la normativa comunitaria

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reiteró al Gobierno la «urgente necesidad» en que apruebe las medidas legislativas necesarias para adecuar sus competencias con las del resto de reguladores europeos de acuerdo con la normativa comunitaria.

El organismo ha aprovechado la publicación de los informes sobre peajes de acceso de energía eléctrica para 2018 y sobre peajes, cánones y retribución asociados al acceso a las instalaciones gasistas en 2018, para volver a pedir al Ejecutivo la aprobación de estas medidas con el objetivo de poner fin al procedimiento de infracción abierto en 2016 contra el Reino de España por «la incorrecta transposición al ordenamiento español de las Directivas 2009/72/EC y 2009/73/EC».

De acuerdo con ello, la CNMC señala que debe ser ella quien debe determinar tanto la retribución de las actividades reguladas que se financian con cargo a peajes, como la estructura, las condiciones de aplicación de los mismos y las reglas de asignación de la retribución a los peajes regulados. Así, el superregulador advierte de que este incumplimiento «ha impedido cumplir con las obligaciones impuestas en el Reglamento (UE) 2017/460».

La CNMC mantiene un enfrentamiento con el Ejecutivo, cuyo último episodio ha acabado en los tribunales con la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo por el organismo contra el Real Decreto 903/2017 por el que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital asumía funciones que hasta la fecha correspondían al regulador, entre ellas las liquidaciones del sistema eléctrico. En el fondo de esta pugna por estas competencias entre la CNMC y Energía se encuentra la determinación de la cuantía y el reparto de los peajes eléctricos.

En lo que se refiere al informe sobre el sector eléctrico, la CNMC considera que los ingresos de peajes en el sector eléctrico serán suficientes para cubrir los costes previstos tanto en 2017 como en 2018. Eso sí, señala que la demanda prevista para 2018 en la propuesta de orden del Ministerio de Energía es inferior a la estimada por diversos agentes, mientras que los ingresos son un 1% superiores a los previstos en 2017.

Suficientes para cubrir los costes

Respecto a los costes previstos para 2018, afirma que se tiene en cuenta el impacto de la sentencia del Tribunal Supremo del 25 de octubre respecto al recurso contencioso-administrativo número 1379/2016 en la retribución de la distribución y estiman un aumento relevante de la retribución adicional de los sistemas no peninsulares. Asimismo, según la propuesta de Orden, los ingresos de peajes serán suficientes para cubrir los costes previstos de 2018, si bien se prevé la incorporación de superávit de ejercicios anteriores, para cubrir posibles desajustes.

Adicionalmente, Competencia realiza observaciones sobre la falta de metodología de cálculo de los cargos, lo que deja en suspenso su metodología de determinación de los peajes de transporte y distribución. A este respecto, subraya que ambas cuestiones «contribuirían a la transparencia y darían certidumbre al desarrollo del autoconsumo». Además, se reclama el desarrollo reglamentario para los superávits acumulados de los ingresos y se urge al Ministerio para que apruebe la metodología de retribución del Operador del Mercado Ibérico de Energía y del Operador del Sistema.

En lo que se refiere a los peajes y retribuciones del sector gasista, el regulador cree que las previsiones de la propuesta de orden de demanda e ingresos podrían estar infravaloradas para el cierre del ejercicio 2017 y, por el contrario, sobrevaloradas para el ejercicio 2018, lo que tiene como consecuencia una sobreestimación del déficit esperado para el ejercicio 2017 y una sobrevaloración del superávit del ejercicio 2018. Según la propuesta del Ministerio, los ingresos de peajes y cánones previstos para cerrar el ejercicio 2017 son insuficientes para cubrir los costes y el déficit se elevará a 120 millones de euros, mientras que en 2018 se registrará un superávit estimado en 10 millones de euros.

Según las estimaciones de la CNMC, el desajuste de 2017 y 2018 podría alcanzar saldos negativos de 84 millones de euros y de 99 millones de euros, respectivamente. Adicionalmente, realiza algunas observaciones como la no inclusión de referencia a la tarifa de alquiler de contadores propuesta por la CNMC en marzo y que supondría una rebaja para 7 millones de consumidores o la valoración positiva de la habilitación a Mibgas a negociar productos de transferencia de titularidad de gas con entrega en instalaciones no incluidas en el sistema gasista español.

El MIBEL ultima un estudio sobre la comparativa de precios del mercado ibérico con otros mercados eléctricos

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Europa Press.- El Consejo de Reguladores del Mercado Ibérico de la Electricidad (MIBEL) trabaja en un estudio sobre la comparativa de precios con otros mercados eléctricos. El consejo realizó un balance de sus actuaciones en 2017 y ha aprobado el plan de trabajo para 2018, entre cuyas prioridades figuran la implementación del reglamento para la asignación a plazo de la capacidad de las interconexiones y la aplicación de la normativa financiera (MiFID II y MiFIR).

Estas decisiones se adoptaron durante la reunión que celebró bajo la presidencia de Ana María Martínez-Pina, vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), autoridad que ha ostentado la presidencia del Consejo de Reguladores del MIBEL durante 2017. En el encuentro participaron también el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, así como representantes de la CMVM de Portugal.

Además, el Consejo de Reguladores del MIBEL ha realizado un análisis continuo de la evolución y seguimiento del mercado ibérico de la electricidad, en su doble vertiente de contado y plazo, así como de la gestión de la interconexión entre España y Portugal. Asimismo, el Consejo de Reguladores ha prestado una especial atención al seguimiento e implicaciones de las iniciativas regulatorias financieras de la Unión Europea. El organismo también concluyó en 2017 el estudio relativo a la integración de la energía procedente de fuentes renovables, cogeneración y residuos en MIBEL.

La OCU pide “sanciones ejemplares” para Gas Natural Fenosa y Endesa mientras Facua quiere que los tribunales investiguen ”la manipulación”

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Europa Press.- Facua-Consumidores en Acción pedirá la apertura de una investigación en los tribunales si se confirma que Gas Natural Fenosa y Endesa manipularon los precios de la electricidad después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abriera un expediente sancionador a ambas compañías tras observar indicios de alteración de precios en las ofertas de mercado de generación entre octubre de 2016 y enero de 2017, decisión aplaudida también desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

En este sentido, la OCU señala que la presunta manipulación del mercado de restricciones técnicas «causó una elevación del precio de la electricidad y un grave perjuicio que afectó a todos los consumidores, tanto a los que están sujetos al PVPC, la tarifa regulada, de manera directa, como a los que estaban en el mercado libre ya que, a diferencia de otros países europeos, la mayoría de la energía eléctrica se adquiere en ese mercado mayorista y no mediante negociaciones bilaterales entre generadores y comercializadores».

Para la OCU, este expediente evidencia «una vez más lo fácil que resulta a las empresas manipular el precio de la electricidad en su beneficio» ya que el sistema de precios marginalista contribuye «a extender el perjuicio a todos los consumidores». La asociación de consumidores, que recuerda que no es la primera vez que se producen hechos similares, lamenta «la lentitud» con la que se llevan a cabo estos procedimientos de sanción y pide castigos ejemplares para las empresas implicadas, «de forma que paguen no solo por el beneficio obtenido de forma ilícita, sino por el perjuicio real causado a los millones de usuarios de la electricidad en nuestro país».

Facua quiere verlos en tribunales

Por su parte, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, señaló que «si se confirma el fraude y hay sanción», la asociación de consumidores «exigirá» la apertura de esta investigación en los tribunales ya que supone «un suma y sigue en unas prácticas difíciles de detectar, donde sólo los esfuerzos de los inspectores del supervisor logran detectar prácticas presuntamente irregulares como éstas«. Finalmente, Facua pidió la intervención del sector eléctrico por parte del Gobierno y la modificación del sistema de fijación de tarifas, «para evitar que precios por encima de la media de la Unión Europea, provocando unas costes brutales», subrayó.

La CNMC abre expediente a Gas Natural Fenosa y a Endesa por indicios de alteración de precios de la luz

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador a Gas Natural Fenosa Generación y a Endesa Generación, que ya anunciaron la presentación de alegaciones, tras observar indicios de alteración de precios en las ofertas de mercado de generación entre octubre de 2016 y enero de 2017. En concreto, el organismo presidido por José María Marín Quemada abrió dicho proceso sobre ambas compañías por una presunta infracción grave de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.

A la vista de los precios que se registraron en el mercado de generación eléctrica, en febrero de 2017 se requirió información a Endesa y Gas Natural sobre sus contratos de aprovisionamiento de gas natural, de suministro a centrales de ciclo combinado y a otros clientes, así como operaciones de compra y venta dentro del sistema gasista en el mercado OTC, previsiones de consumo y desviaciones entre previsiones y consumo real. Sobre la base de la información reservada realizada, la Dirección de Energía ha observado indicios de posible alteración del llamado despacho de generación del pool para obtener ingresos superiores en mercados de restricciones (ajustes que se realizan por motivos de seguridad en el suministro).

Es decir, según la CNMC, habrían realizado una oferta «anormalmente elevada» para que dichas centrales participaran en el mercado de restricciones y obtener así mayores ingresos. De esta manera, habrían llegado a impedir su programación durante días, a pesar de que el contexto generalizado de precios elevados debería haber conducido justo a la situación contraria, con pleno conocimiento de la empresa de la alta probabilidad de que las centrales acabarían siendo programadas por restricciones técnicas (por motivos de seguridad en el suministro). Dicha conducta podría haberse producido por parte de Gas Natural Fenosa Generación en cinco centrales (Sagunto, San Roque, Málaga; puerto de Barcelona y Besós) y por parte de Endesa Generación en la central de ciclo combinado de Besós.

Endesa alegará contra la CNMC

Por su parte, Endesa presentará alegaciones contra el expediente sancionador abierto por la CNMC contra la filial de Generación de esta compañía. «Acabamos de recibir el expediente, lo vamos a estudiar y presentaremos alegaciones», anunciaron fuentes de la compañía, que asegura que presenta sus ofertas «por igual» en todos los ciclos combinados con los precios referenciados al Mibgas. Asimismo, expresa su extrañeza y malestar por la incoación por parte de Competencia de este expediente sancionador, al considerar un contrasentido que quiera incrementar los precios del gas cuando esa estrategia perjudica a su cuenta de resultados.

Concretamente se trata de una infracción prohibida en el artículo 65.34 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, que tipifica «la presentación de ofertas con valores anormales o desproporcionados con el objeto de alterar indebidamente el despacho de las unidades de generación o la casación del mercado«. El periodo por el que ha abierto este expediente la CNMC corresponde al invierno pasado, en el que se registró una espiral alcista en los precios de la electricidad, especialmente en enero, en el que se llegaron a registrar cotas en algunos momentos puntuales de más de 100 euros por megavatio hora (MWh).

Ante este hecho, el Gobierno adoptó un paquete de medidas para fomentar la competencia en el mercado del gas con el fin de aumentar su oferta y que repercutiera en un abaratamiento de la electricidad. En concreto, se aprobó la creación de la figura de un creador del mercado en el sector del gas, y se anunció la obligatoriedad para que los operadores dominantes, precisamente Gas Natural Fenosa y Endesa, hagan también estas ofertas dentro del mercado del gas (Mibgas). Esta medida, a pesar de ser anunciada hace un año, entró en vigor recientemente con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), una obligación que ya ha sido recurrida por Gas Natural Fenosa.

El Gobierno no ve riesgo de multa de Bruselas por el conflicto por los peajes eléctricos con la CNMC

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Europa Press.- El Gobierno no ve un «riesgo de multa» por parte de la Comisión Europea por el conflicto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la fijación de los peajes de acceso a las redes de electricidad ya que considera que la propuesta presentada por España, por la que el regulador los fijará aunque bajo su orientación, está siendo valorada por Bruselas.

En comparecencia en la Comisión de Energía del Congreso, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, señaló que se están trabajando con Bruselas «con textos concretos» al respecto y que existe con la Comisión Europea un «diálogo constructivo». Así, subrayó que España siempre ha defendido que la transposición de la directiva europea sobre esta materia que se llevó a cabo «era correcta», aunque consideró que actualmente existe «una discusión a nivel europeo» respecto a si la competencia debe estar en manos de los reguladores independientes, lo que ha llevado a este cambio de posición para adaptarse a la normativa vigente y a la futura.

Se sigue el modelo francés

En concreto, Navia indicó que el conflicto se refiere a los peajes de acceso a las redes, los costes regulados para sufragar las inversiones en redes, que ascienden a unos 7.000 millones de euros del total de 19.000 millones de euros que representan los costes regulados del sistema eléctrico. Por ello, adelantó que se ha presentado un modelo análogo al de otros países europeos, como Francia, por el que la CNMC sería quien fijara los peajes, aunque siguiendo las orientaciones de política energética del Gobierno.

Por otra parte, el secretario de Estado de Energía señaló que actualmente no existe ninguna «notificación oficial» por parte de Endesa para cerrar sus centrales de Andorra (Teruel) y Compostilla (León), y destacó que ambas plantas «están realizando una aportación positiva» al sistema eléctrico español en un contexto de sequía y de tensión en Europa. Navia insistió en que el objetivo del Gobierno con el real decreto para el cierre de centrales es que exista «una regulación específica» al respecto y subrayó que esta normativa no está dirigida solamente a las plantas de carbón sino «a cualquier tipo de tecnología».

De esta manera, recordó que la intención del Gobierno es trabajar en la tramitación de este proyecto, para el que quiere contar con «el mayor apoyo», a pesar de que determinados pronunciamientos que se realizan por distintas formaciones políticas «no contribuyen a ello». «Exigen el cierre de las centrales de carbón y creo que eso genera una situación de incertidumbre que no facilita la continuidad de estas centrales», concluyó Navia.

La CNMC propuso aplazar el nuevo plan de actuación invernal gasista ya que encarece el recibo del gas natural

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomendó al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que pospusiera la aplicación del nuevo plan de actuación invernal para el sistema gasista, que impone nuevas obligaciones a las empresas del sector para que aumenten sus reservas de gas ante repuntes extraordinarios de la demanda, ya que podía encarecer el recibo del gas a los consumidores.

En su informe sobre el nuevo plan invernal del Gobierno, que eleva la obligación de exigencias de almacenamiento de gas para los operadores a 3,5 días, frente a los 2 días anteriores, la CNMC considera que fijar estas nuevas obligaciones llevaría a las empresas a afrontar nuevos costes al modificarse sus niveles de reservas y la forma en que deben estar constituidas, lo que podría encarecer el recibo del gas.

Por ello, el organismo presidido por José María Marín Quemada pide aplazar su aplicación hasta realizar un análisis «sosegado y completo» de las necesidades del sistema gasista en relación a la garantía de su suministro ya que, según señala la CNMC, el Ministerio en su propuesta no ha evaluado los costes que estos cambios tendrían para el sistema. La CNMC recuerda que España fue durante el segundo trimestre de este año el segundo país más caro de Europa en el suministro al cliente doméstico, según datos de la Comisión Europea.

Además, considera que, actualmente, el sistema gasista en España cuenta con «suficientes mecanismos» para afrontar un repunte de la demanda en casos de frío extremo. Entre otras medidas, destaca que las comercializadoras de gas pueden gestionar sus reservas en almacenamientos subterráneos y plantas regasificadoras o abastecerse en los mercados internacionales y nacionales (Mibgas). Asimismo, subraya que se puede incrementar rápidamente la contratación de capacidad para cubrir la demanda en situaciones extremas o que Enagás, como gestor técnico del sistema gasista, puede actuar comprando gas en el mercado organizado si faltara gas en el sistema gasista.

Además, afirma que también existe un régimen sancionador al que se enfrentan las empresas que no cumplen sus obligaciones de suministro. Igualmente, la CNMC indica que el Real Decreto 1716/20041 ya les obliga a mantener reservas de forma permanente y la normativa europea ha promovido mecanismos de mercado para conseguir un mercado interior competitivo y evitar, en la medida de lo posible, medidas intervencionistas. Por todo ello, el organismo considera más apropiadas otras medidas para reforzar la seguridad del suministro y la liquidez del mercado.

Asimismo, señala que los pagos por capacidad a las centrales de ciclo combinado por su disponibilidad en situaciones de alta demanda se hagan en función de la existencia efectiva del gas. A este respecto, considera que los ciclos combinados que quieran recibir dicho pago deberán contar con existencias suficientes, que se supervisarán, «especialmente ante la previsión de un aumento del consumo de gas destinado a la producción de energía eléctrica».

El Ministerio de Energía subrayó que en la elaboración de este plan de actuación invernal gasista se habían tenido en cuenta «las tensiones producidas en el mercado gasista durante el invierno 2016-2017 como consecuencia de las olas de frío y del incremento de la demanda de gas para generación eléctrica«. Este nuevo plan se enmarcaba dentro de las medidas adoptadas por el Gobierno, como el reciente acuerdo para obligar a los dos operadores dominantes del sector gasista, Gas Natural Fenosa y Endesa, a actuar como creadores de mercado dentro del mercado organizado Mibgas, con el objetivo de aumentar la liquidez del mercado organizado del gas.

Facua pide al Gobierno poner fin a la comercialización de luz y gas en los domicilios a puerta fría

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Europa Press.- Facua-Consumidores en Acción insta al Gobierno a poner en marcha las iniciativas legislativas «necesarias» para prohibir la comercialización puerta a puerta desarrollada por muchas compañías de luz y gas para ofrecer supuestos descuentos que «acaban inflando las facturas de los usuarios».

En concreto, la asociación ha remitido un escrito a los ministros de Energía, Álvaro Nadal, y de Sanidad, Dolors Montserrat, competente en consumo, en el que pide tomar estas medidas y advierte de que resultan especialmente gravosos para los usuarios «los cambios fraudulentos» del mercado semirregulado, el denominado PVPC en electricidad y TUR en gas, al mercado libre. Facua advierte de que tras estas prácticas, conocidas como comercialización a puerta fría, hay «un fraude» masivo por el que los comerciales acuden a los domicilios de los usuarios para cambiarles sus contratos «mediante todo tipo de engaños, ante la pasividad del Gobierno y las comunidades autónomas«.

En 2016 la asociación trasladó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) denuncias de 270 usuarios de toda España que habían sido víctimas de engaños por parte de comerciales de las compañías energéticas. La CNMC ha sancionado a varias compañías por este tipo de fraudes y en la actualidad analiza los casos denunciados por la asociación, añadió Facua, que reclama al Gobierno que actúe para eliminar «una práctica agresiva que deja desprotegidos a los consumidores ante los abusos y ofertas engañosas que reciben con estas visitas«.

Facua señala que ha contabilizado hasta 17 tipos de engaños para realizar las modificaciones contractuales. «En muchos casos, los comerciales ni siquiera aclaran a los usuarios que les están ofertando otras tarifas, sino que les hacen creer que tienen que firmar un documento para autorizar a su compañía al cambio o reparación del contador, a la aplicación de un descuento o a actualizar su contrato porque el vigente ya no se ajusta a la ley», añaden.Además, advierte que con el cambio al mercado libre los usuarios con bono social pierden el derecho a este descuento, «agravando su situación económica”.

De todas maneras, algunas compañías ya han adoptado medidas para intentar atajar las malas prácticas en esta comercialización puerta a puerta.Así, por ejemplo, Gas Natural Fenosa ha inhabilitado este año a un total de 190 vendedores por llevar a cabo malas prácticas comerciales en la venta presencial a clientes, lo que supone el 4% de sus comerciales acreditados, y ha puesto en marcha un teléfono gratuito (900649243) donde los clientes pueden consultar si el vendedor tiene la acreditación en vigor y si las ventajas de las ofertas que ofrece se corresponden con la realidad.

Cae una red de empresas piratas por un fraude con descuentos en la luz de hasta el 30% para pymes

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Europa Press.- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido al menos a 18 personas en Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana por formar parte de una organización criminal liderada por una única persona que, con ayuda de una amplia red de testaferros, defraudó 60 millones de euros a las empresas generadoras de electricidad, así como otros 14 millones a la Hacienda Pública y 20 millones en peajes no recaudados.

La organización desmantelada en este operativo dirigido por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que mantiene abierto y en secreto las diligencias, sobre todo en lo que afecta al entramado internacional, hacía negocio con el desfase entre la energía contratada y pagada y la que posteriormente consumían 4.000 clientes, entre los que destacan grandes pymes y algunos de alta tensión y clientes domésticos.

De la operación Ámbar informaron el teniente coronel responsable del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, Francisco Almansa, y la subdirectora adjunta de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Paloma Espeja. Fue este último organismo el que alertó de un fraude al detectar el desfase entre la energía contratada y la finalmente comercializada. La UCO investigaba el fraude desde 2012, con un primer expediente en 2014 remitido a la Fiscalía. La red la lideraba una única persona con vínculos en el sector energético desde que se liberalizó, permitiéndose que las empresas pudieran ofertar energía directamente a una cartera de clientes. Se detuvo a 18 personas en Barcelona, Madrid, Tarragona, Girona, Alicante y Valencia.

«El movimiento es lo que caracteriza a esta organización, todo tenía que hacerse muy rápido«, explicó el teniente coronel de la UCO, que puso en valor que por primera vez se haya conseguido acusar penalmente a unas empresas que, hasta ahora, eran sancionadas administrativamente, por lo que podían seguir defraudando a las generadoras y a Hacienda. La organización criminal ofrecía descuentos de entre el 20% y el 30% con respecto a la comercialización habitual, según detalló la subdirectora de Energía de la CNMC. «Buscaban una red de clientes y una vez consolidada, accedían al mercado mayorista para ofrecerles la electricidad con precios muy competitivos para, inmediatamente, dejar de comprar energía, desapareciendo tras detectarse por los reguladores el desfase», explicó Espeja.

La red se aprovechaba de los 4 meses que transcurren hasta que la CNMC abre investigaciones por los desfases entre la demanda contratada y la finalmente consumida. Disponía de 2 centros operativos con oficinas en Madrid y Barcelona, que fueron registradas en la operación, cuando se detuvo a los primeros 14 integrantes de la organización. Desde Madrid gestionaban la relación con las comercializadoras eléctricas, principales perjudicadas de un fraude que también tenía un «coste indirecto en el aumento del precio de la luz que paga el usuario final». En Barcelona se canalizaban todos los fondos, con un canal de blanqueo aún pendiente de investigación, a semejanza de lo que ocurre con otros fraudes parecidos en sectores como el de hidrocarburos.

Los responsables de la investigación han subrayado que en la CNMC existe un comparador de precios con tarifas máximas y mínimas, por lo que una tarifa con descuentos por debajo de esta horquilla resulta para los supervisores «sospechoso». El teniente coronel de la UCO se mostró convencido de que, tras la operación Ámbar (electricidad en griego), «bajarán el número de empresas piratas» en un mercado en el que compiten 450 comercializadoras, un número elevado en comparación con otros países, según los responsables de la CNMC.