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Equo pide a Nadal que exija a Enagás la retribución abonada por el mantenimiento de la regasificadora de El Musel

Europa Press.- Equo reclama al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que deje de pagar a Enagás el mantenimiento de la regasificadora de El Musel (Gijón) y que exija los pagos abonados hasta el momento, pues señala que estaban condicionados a una autorización válida que ya no existe.

La formación ecologista, integrada en el Congreso dentro del grupo confederal de Unidos Podemos, recuerda que la Justicia anuló la autorización de esta planta, por lo que creen que el Gobierno debe recuperar los 120 millones de euros que, aproximadamente, ha abonado a la gasística por los costes de operación y mantenimiento en la instalación. En este sentido, aseguran que estas retribuciones estaban condicionadas a la validez de una autorización que fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a instancias de Los Verdes, en una decisión confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo. Esto hace que, según denuncia Equo, deba tramitarse de nuevo una autorización desde el inicio.

Todo ello tras recibir respuesta por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ante la que el portavoz de Equo, Juan López de Uralde, solicitó que informara al Gobierno de que no debía abonar las retribuciones previstas a Enagás y que reclamara las ya abonadas. El macrorregulador se remitió a la opinión ya dada sobre la retribución de los costes de operación y mantenimiento para los años 2013-2015 y recuerda que es competencia del Ministerio establecer o modificar las retribuciones al titular de cada instalación.

Equo señala que en ese informe la CNMC condiciona los pagos a Enagas a la existencia de una autorización válida algo que, señalan, «a día de hoy no existe». Por ello, reclaman al ministro Nadal que «asuma las decisiones judiciales y actúe en consecuencia», reclamando a la gasística el reintegro de pagos provisionales que hasta ahora ha recibido. «En el caso de que no actúe en este sentido», abundan, «sus responsables podrían incurrir en responsabilidades contables por alcance en razón del perjuicio causado al sistema».

Nadal plantea ajustes a las energéticas por 250 millones de euros y que asuman el coste de desmantelar las nucleares

Europa Press.- Mientras desde el PSOE afirman que el sector energético «no necesita más parches», el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha reclamado al resto de fuerzas políticas del Congreso respaldo para aplicar a las compañías eléctricas y gasistas una serie de ajustes en su retribución por un máximo de 250 millones de euros, de los cuales algo menos de 200 millones de euros corresponden al sector eléctrico y otros 50 millones de euros al sector gasista.

En comparecencia en la Comisión de Energía del Parlamento, Nadal también solicitó el apoyo para que las empresas dueñas de las centrales nucleares asuman, en el caso de producirse su cierre, el coste de su desmantelamiento. A este respecto, subrayó que España es el único país en el que el desmantelamiento de una central nuclear «es responsabilidad de todos», a través de la sociedad Enresa.

El titular de Energía señaló que estos ajustes en el sistema de la retribución en la parte regulada de las energéticas procede de las recomendaciones del regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y ha mostrado su deseo de tramitarlo bien a través de una enmienda en el Senado o como proposición de Ley con el respaldo de los grupos políticos.

En concreto, el mayor de estos ajustes se refiere a los costes del sistema en transporte y distribución, donde considera que existen «casos de sobrerretribución en el factor de retardo», por el que una distribuidora eléctrica o Red Eléctrica de España (REE) reciben un equivalente de tipo de interés del 10% durante un periodo de dos años desde que se realiza el proyecto hasta que se integra. «Este tipo de interés es altísimo. Un 5% anual a dos años no lo paga nadie para este nivel de riesgo. Pretendemos sustituirlo por un índice financiero», indicó Nadal, quien estimó que el impacto de esta medida sería de unos 100 millones de euros, en una actividad de unos 7.000 millones de euros.

Otra de las partidas a ajustar corresponde a la retribución correspondiente a unos activos pertenecientes a las grandes compañías, después de una demanda presentada por pequeñas empresas distribuidoras ante el Tribunal Supremo, que estarían «sobreretribuidos» y cuyo impacto sería de unos 70 millones de euros, así como un ajuste en parámetros de activos de REE que ascendería a unos 15 o 20 millones de euros, «dependiendo de los cálculos definitivos de la CNMC». Respecto al sector gasista, el ministro de Energía estimó que los ajustes que prevé por sobrerretribución de activos estará en torno a los 50 millones de euros.

Asimismo, Nadal insistió en mantener el actual marco normativo y «aplicar la Ley» para revisar a partir de 2020 la rentabilidad razonable para las actividades reguladas del sector y para las renovables, ya que supondrá un ahorro de 1.500 millones de euros. «Creo francamente que hay que aplicar la Ley. Aplicar el bono del Estado más 200 puntos básicos en el caso de la distribución y 300 puntos básicos en el caso de las renovables», indicó Nadal, destacando que conoce «pocas inversiones que obtengan Tesoro más 200 puntos básicos sin riesgo«. Para el ministro, no hacerlo así sería algo «poco entendible por los consumidores que tienen unos costes altos por aquellas políticas energéticas que se han hecho en el pasado».

Por otra parte, Nadal también señaló que sequiere facilitar la instalación de postes de recarga y desregular la figura del gesto de carga. Además, prevé que se permita el suministro eléctrico a buques, aeronaves y ferrocarriles en instalaciones portuarias y aeroportuarias para reducir el consumo de combustibles fósiles en estas instalaciones. Finalmente, Nadal presentó una iniciativa para prevenir el fraude del IVA en el negocio de los carburantes. «Todas las semanas tengo expedientes por este tipo de acciones», apuntó.

El PSOE habla de “parches”

Por su parte, la portavoz socialista de Energía en el Congreso, Pilar Lucio, instó al ministro a buscar «otras mayorías» si quiere aprobar modificaciones en la retribución y consideró que el sector energético en España «no necesita más parches; necesita una reforma integral». Además, cuestionó a Nadal si está teniendo en cuenta los cambios que se avecinan en el sistema energético» y «si su política energética va a ir alineada con la europea y no en la dirección contraria, que es lo que parece forzar».

Asimismo, Lucio ha criticado que el Gobierno haya recurrido al proceso de enmiendas en el Senado de la ley de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía cuando el propio Congreso discute el actual modelo energético en otro grupo de trabajo. «Estamos en un proceso de elaboración de los escenarios de transición energética y no vemos adecuado en este momento la adopción de estas medidas, que son un parche para algo que requiere una modificación en profundidad«, aseveró.

Lucio sostiene que Nadal tendrá que buscarse otros apoyos si quiere sacar adelante una reducción en las retribuciones, una vez el proyecto de ley vuelva al Congreso y se someta a votación en el Pleno de la Cámara Baja. «Si lo que quiere contar es con el PSOE, no vamos a tomar medidas si no es de forma global», subrayó.

Así, ha alertado de «la inseguridad jurídica» por «tomar medidas de ese calado» en torno al modelo energético por ser medidas que, en un breve período de tiempo, fruto de los trabajos de ese grupo dedicado a la transición energética, pueden volver a modificarse. Lucio ha recordado que están a la espera de recibir el informe de los expertos sobre esta cuestión y que, posteriormente, se constituirá una ponencia para debatir el futuro modelo energético y su transición hasta el mismo. «Hasta que eso no se dé, no vamos a hacer ningún paso adelante», aseveró.

De forma más reservada, Unidos Podemos también se ha desmarcado de las intenciones del Gobierno de cambiar estas retribuciones, aunque reconocen que ven positivamente buscar una rebaja en el precio de la factura eléctrica. Sin embargo, recelan de las intenciones de Nadal. «Obviamente, simpatizamos con todo lo que sea bajar los precios, pero con esta gente siempre hay algo de trampa detrás. Estamos convencidos de que están negociando con las empresas», aseguró la portavoz energética de Unidos Podemos, Yolanda Díaz.

Así, Díaz ha optado por adoptar una posición de «absoluta prudencia» hasta no ver con detalle tanto las enmiendas como el texto final de las modificaciones en el sistema de retribuciones eléctricos, pues cree que «con este Gobierno es un escándalo todo lo que tiene que ver con la energía». «Esta gente es un peligro», ha resumido Díaz, que recuerda el efecto de otras medidas que podían compartir, como la de cargar en las empresas el bono social, una operación doblemente anulada por la justicia española y que han agravado el déficit eléctrico y encareciendo la factura de la luz.

Nadal vaticina una enorme litigiosidad con la banca al paralizarse el pago de la deuda contraída por el almacén Castor

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha paralizado los pagos destinados a materializar el derecho de cobro por la deuda del almacén gasista  Castor, que está en manos de Banco Santander, Bankia y Caixabank. En este sentido, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, vaticinó una «enorme litigiosidad» entre entidades privadas y operadores públicos por la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la indemnización de 1.350 millones de euros con que se resolvió la hibernación de Castor.

Nadal señaló que el Ministerio trasladó en enero a la CNMC, que es quien posee la competencia en las liquidaciones del sistema gasista, que diera cumplimiento a la sentencia, tal y como hizo en la liquidación correspondiente a noviembre. «Ahora mismo tenemos un efecto de la sentencia que dice que este gasto del Castor no se puede considerar como parte de los costes regulados y pedimos a la CNMC que vaya a aplicar la sentencia», explicó Nadal, quien no concretó nada más respecto a una posible solución por parte del Gobierno a la situación planteada tras el fallo del Constitucional.

Posteriormente, Nadal precisó que «ahora mismo ese coste no se está pagando». Por ello, consideró que al tratarse de «una situación de impago», es previsible que «la gente acuda a los tribunales». «Sería la primera vez si no ocurre así. Lo lógico es que los actores aquí implicados intenten unos a otros hacerse responsables», añadió al respecto. La deuda por Castor, que ascendió a 1.350 millones de euros que se abonaron a la empresa promotora Escal UGS, participada por ACS, fue colocada por Enagás en 2015 a Banco Santander, Bankia y Caixabank a un tipo de interés del 4,3% y a devolver en 30 años.

De esta manera, estas tres entidades son los titulares de estos derechos de cobro, que ascienden a unos 80 millones de euros anuales, a razón de 6,7 millones de euros mensuales, y se incluían en el sistema gasista. Asimismo, Nadal puntualizó que la competencia «para pagar» no es del Gobierno, sino de la CNMC, «y lo que está aplicando es decir que no se hagan los pagos por Castor«. Así sucede después de que el Tribunal Constitucional declarara «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del decreto en el que se reconocía la compensación a Escal UGS.

Se anuló el real decreto

En su sentencia, el Tribunal no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización, a través de la aprobación de un real decreto de urgencia. A este respecto, Nadal consideró que el Constitucional no pone en duda ni la hibernación ni la asignación a Enagás de la instalación, pero que lo que sí contradice es que la asignación del pago se lleve al sistema gasista.

En 2014, el Gobierno aprobó un decreto ley en el que se establecía la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconocía esa compensación para la empresa promotora, cuyo importe se decidió repercutir durante 30 años en la tarifa de gas. En lo que respecta a esta decisión del anterior Gobierno, Nadal la defendió ya que, de no haber sido así, se habría producido la quiebra de la entidad, el impago al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y «habría corrido como la pólvora a la prima de riesgo española«.

La CNMC paraliza el pago

El regulador indicó que, en aplicación de la sentencia del pasado mes de diciembre del Tribunal Constitucional, los titulares de estos derechos de cobro «dejan de ser sujetos del sistema de liquidaciones». Además, la CNMC señala que «se eliminan del procedimiento de liquidación del ejercicio en curso, los costes de operación y mantenimiento reconocidos con cargo al sistema gasista». Por tanto, la decisión de la CNMC también afecta a Enagás, encargada del mantenimiento de Castor, aunque en este caso su retribución por ello es anual.

Asimismo, los pagos de las liquidaciones recibidos en 2017 por la banca por los derechos de cobro por Castor ascienden a 67,21 millones de euros en los meses anteriores a noviembre. En lo que se refiere a los pagos correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016 por Castor, ya fueron liquidados, por lo que habrá que decidir ahora si corresponde a la CNMC o al propio Gobierno su reclamación, según indicaron fuentes conocedoras del procedimiento.

El déficit eléctrico provisional de 2017 asciende a 1.234 millones de euros hasta noviembre, 453,9 millones menos de lo previsto

Europa Press.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico en el 2017, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son mayores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.233,9 millones de euros en los once primeros meses del año, 453,9 millones menos de lo previsto, según indicó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El consumo registrado en la liquidación ascendió a 205.833 gigavatios hora (GWh), un 2% superior al valor promedio observado en años anteriores; mientras que los ingresos por peajes de acceso y cargos de consumidores (11.770,0 millones de euros) fueron un 0,6% superiores al valor promedio histórico. Por el contrario, los ingresos registrados por peajes de acceso de generadores resultaron un 1,3% inferiores (1,4 millones de euros) al valor promedio histórico.

En lo que se refiere a los costes regulados, fueron 359,1 millones de euros inferiores a los previstos, debido, principalmente, a unos menores costes de la retribución adicional y específica de los sistemas extrapeninsulares. Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, el coeficiente de cobertura registrado en la liquidación se situó en un 90,771%, frente al 88,036% en la anterior, y se aplica a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación. Así, la cantidad a pagar a cuenta a los productores en la liquidación asciende a 685,116 millones de euros, antes de IVA o equivalente.

En cuanto a las renovables, en la liquidación del pasado mes de noviembre, la CNMC ha gestionado la liquidación de 63.605 instalaciones del total de las inscritas en el Registro de Régimen Retributivo Específico del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, y que tienen derecho a retribución específica. La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada desde enero y hasta el pasado 30 de noviembre con cargo a las liquidaciones de las actividades reguladas del sector eléctrico se elevó hasta los 6.531,24 millones euros, antes de IVA o impuesto equivalente.

En cuanto al sector gasista, el déficit registrado a cierre de noviembre fue de 434 millones de euros, frente a los 482 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior. Así, teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación, se tiene un índice de cobertura del 82,6% de la retribución acreditada. Como consecuencia de la sentencia del Constitucional sobre el almacenamiento del Castor, se han paralizado los pagos destinados a materializar el derecho de cobro (6,7 millones mensuales).

El total de ingresos declarados por las empresas al sistema de liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones ascendió a 2.298 millones de euros, un 3,2% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, destacando el incremento del 30% de los ingresos por peaje de regasificación y del 16% por reserva de capacidad. Mientras, los costes liquidables del sistema ascendieron a 41 millones de euros, un 25,5% superiores a los del mismo periodo del ejercicio anterior debido principalmente al aumento del coste de adquisición del gas de operación en el Mercado Organizado de Gas (Mibgas). Por tanto, teniendo en cuenta los ingresos existentes, se han obtenido unos ingresos netos declarados de 2.257 millones de euros, indicó la CNMC.

La retribución total fija acreditada a las empresas asciende a 2.462 millones de euros. Esta cifra incluye las retribuciones aprobadas en la Orden ETU/1977/2016, habiéndose descontado la retribución por operación y mantenimiento del almacenamiento subterráneo Castor, afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional y las aprobadas mediante resoluciones de la DGPEM en el 2017. La demanda nacional de gas en 2017 facturada hasta noviembre, ascendió a 278,5 teravaios hora (TWh). Esta cantidad es 8,7 TWh superior a la del mismo periodo de 2016, lo que supone un aumento del 3,2%.

Energía ajustará la retribución al sistema gasista para que sea «coherente» mientras Sedigas pide al Gobierno que reconsidere su decisión

Europa Press.- La Asociación Española del Gas (Sedigas) ha reclamado al Gobierno que reconsidere su propuesta de modificar el cálculo de la retribución de la actividad de distribución y transporte de gas,que afectaría negativamente al mercado energético y al de las inversiones en España. Al respecto, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, apuntó que el objetivo de la revisión es ver dónde los incentivos son excesivos o insuficientes y «ajustarlos para que sean coherentes».

Asimismo, Navia se mostró sorprendido por las cifras publicadas respecto a cuánto podría ascender este posible recorte para el sector y consideró que son estimaciones «de lo máximo que se podría hacer en escenarios muy extremos», añadiendo que, en ningún caso, el Ministerio maneja «cifras de ese calibre». «Se han dado cifras de 700 millones de euros en un sistema que son 3.000, es algo que no cabe. Aunque quieras hacer el ajuste al máximo sería imposible esa cifra», indicó.

El secretario de Estado subrayó que esas cifras no se han facilitado ni a los grupos parlamentarios en las discusiones que se han mantenido con ellos ya que «el Ministerio tiene que hacer el análisis interno». Además, señaló que a este respecto será «clave» lo que diga la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ya que estos ajustes responden a aspectos que «la CNMC ha suscitado en el pasado y tendrá un papel muy relevante para estimar cuál es el montante final».

Respecto al real decreto para endurecer el cierre de centrales de generación eléctrica, Navia insistió en que es necesaria una regulación al respecto, aunque añadió que se tendrán en cuenta las sugerencias realizadas en su informe por la CNMC, especialmente en materia de hibernaciones o cuestiones que se pueden simplificar de las subastas, y se harán los ajustes necesarios. «En la parte del apoyo legal, seguimos pensando que con lo que tenemos es suficiente», añadió, subrayando que se mantiene la idea de regular por la vía del real decreto, ya que con la actual legislación solo se puede aplicar el criterio de la seguridad de suministro para evitar un cierre.

En lo que respecta a la minería, Navia aseguró que 2018 será un año «muy importante» para el sector, por lo que se comprometió a mantener ahora un calendario de reuniones «mucho más intensivo». A este respecto, el Ministerio, que se ha reunido con los sindicatos mineros, emplazó a tener una nueva reunión a finales de febrero o principios de marzo para mantener un seguimiento del sector y ver «las perspectivas que se abren ahora».

Sedigás pide reconsiderar la decisión

Según ha advertido la patronal gasista, una modificación del cálculo de la retribución de las actividades reguladas ahora tendría «un impacto negativo en el mercado inversor», al interpretarse como «una señal de inseguridad jurídica». Sedigas ha apuntado que este cambio conculcaría los principios de estabilidad y predictibilidad que rigen los marcos jurídicos de las actividades reguladas, con el consiguiente impacto negativo en el mercado inversor.

Asimismo, ha destacado que el sector de la distribución es el que asume el riesgo más elevado de todas las actividades energéticas reguladas ya que, en caso de una posible evolución negativa de la actividad, la retribución «disminuiría por si sola». Por todo ello, ha solicitado al Ministerio de Energía que «reconsidere» su propuesta de presentar una enmienda que, de aprobarse, «repercutiría en el clima inversor español, tan necesario para mantener el buen crecimiento de la economía conseguido con las medidas implantadas estos últimos años».

Los sindicatos respaldan al Gobierno frente al informe de la CNMC sobre el cierre de las centrales de generación eléctrica

Europa Press.- Mientras los sindicatos y el Ministerio de Energía han acordado fijar una agenda «más intensiva» para conseguir el cierre «social» de las centrales de carbón, los representantes de los trabajadores han respaldado la regulación del Gobierno sobre el cierre de las centrales de generación eléctrica ante el informe emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que, según el secretario de minería de UGT, Víctor Fernández, «permite no dar pie» a los cierres de las térmicas.

«La CNMC se tiene que dedicar a hablar de los mercados y la competencia, no de sistemas productivos», ha apuntado Fernández, sosteniendo que a la hora de «pedir el cierre de una central hay legislación vigente actual para impedirlo». Esta legislación, subrayó, «dice cómo no se debe cerrar una central». Por su parte, el coordinador industrial de CCOO, Jesús Ignacio Crespo, ha subrayado que el Gobierno tiene una ley que «define que para el cierre de centrales eléctricas hacen falta unos dictámenes y, a partir de ahí, tienen que desarrollar un escrito para esa central». También dice que “si es necesaria para el suministro, no se puede cerrar», ha zanjado.

El Gobierno activó el procedimiento para aprobar el real decreto para endurecer las condiciones para el cierre de centrales en noviembre, después de que Iberdrola solicitara la clausura para sus plantas de carbón de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). En su informe, la CNMC considera que el decreto introduce «una excesiva discrecionalidad y crea inseguridad jurídica para las nuevas inversiones, pudiendo resultar contraproducente para la competencia en el sector eléctrico». El organismo estima que el decreto introduce nuevos criterios para denegar el cierre de las centrales adicionales al de seguridad de suministro, como son que no afecte negativamente a los precios o a la competencia.

El Ministerio de Energía plantea que en el caso de que se deniegue la autorización al propietario de la central, éste podrá transferir la central a terceros o adherirse a un procedimiento de subasta reglado, solución que, en última instancia, podría llevar a que, si no hay interesados en la subasta, se adjudique a un tercero a cambio de una compensación. La CNMC considera que estos criterios adicionales no están incluidos en la Ley del Sector Eléctrico y podrían ir en contra de la normativa europea recogida en la propuesta de la Comisión Europea de Reglamento relativo al Mercado Interior.

Cierre «social» de las térmicas

Por otro lado, la sesión de seguimiento sobre el Plan del Carbón ha finalizado con la disposición por parte de CCOO, UGT y el Ministerio de Energía, de reunirse «con mucha más frecuencia» a partir del próximo 28 de febrero. «La idea es juntarnos con mucha más frecuencia y, cuando sea, plantear las cuestiones a la Unión Europea o a las fuerzas parlamentarias, donde corresponda», ha destacado el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia.

Desde CCOO, Jesús Crespo ha destacado que «los incumplimientos» del plan «están provocando un cierre totalmente desordenado» de las centrales de carbón, por lo que «los primeros afectados han sido los trabajadores». «Con reuniones cada 6 meses no se soluciona el problema que tenemos», ha destacado, por lo que ha expuesto la intención por parte de los sindicatos de crear un grupo de trabajo «para explorar mecanismos y sinergias» de cara a los próximos meses. Desde UGT, Víctor Fernández ha apostado por hablar con Bruselas al tiempo que tienen lugar las reuniones «para que esto que pedimos no nos lo pongan difícil», según ha apostillado.

Nadal asegura que se mantendrá la retribución en las actividades reguladas pero modificando la base sobre la que se calcula

Europa Press.- El Ministerio de Energía trabaja en un borrador que prevé introducir ajustes en los costes regulados del sistema energético. En este sentido, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha asegurado que «la retribución se va a mantener» en las actividades reguladas de los sectores del gas y el eléctrico, y que lo que se prevé que sea modificado es la base de los activos sobre la que ésta se calcula.

«Siempre se va a mantener la retribución. Lo que estamos hablando es si está bien calculada la base de activos. Si aquellos activos sobre los cuales se hace la retribución están bien calculados tanto en electricidad como en gas», ha explicado el ministro. Nadal ha detallado que la propuesta del Ejecutivo «todo el mundo la ha visto bien» en una primera aproximación y que se está trabajando para que estos cambios entren en el saldo de este año, aunque ha subrayado que aún no está definido qué instrumento parlamentario se acabará utilizando y ha indicado que preferiría que fuera una enmienda en el Senado, para la que ya se está hablando con los otros grupos.

«Los grupos parlamentarios muchas veces critican al Gobierno que está en demasiada connivencia con el sector. Cosa que no es así. Ahora se tendrá que demostrar su participación en modificaciones que son muy técnicas», ha defendido. Preguntado por el impacto que esta medida podría tener sobre el sector, Nadal ha indicado que «se tendrá que ver«. Estas modificaciones se enmarcarían dentro de los esfuerzos del Gobierno por reducir costes regulados de electricidad y gas y, en ese sentido, el Ejecutivo mantuvo congelados los peajes de electricidad y gas para 2018, por quinto año consecutivo para la electricidad y por cuarto año consecutivo para el gas.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya consideró recientemente necesario revisar, de cara al siguiente periodo regulatorio, la tasa de retribución financiera de la distribución de energía eléctrica mediante una metodología que permita adecuarla «al coste de los recursos propios y ajenos de las distribuidoras, que han evolucionado a la baja durante el actual periodo regulatorio».

Según el regulador, el marco retributivo actual establece una tasa de retribución financiera del 6,503%, que aplica sobre el valor neto de los activos en servicio a 31 de diciembre de 2014, valorados a coste de reposición. Adicionalmente, esta tasa se aplica a los activos puestos en servicio desde enero de 2015 valorados como la semisuma del valor auditado y el valor calculado aplicando los valores unitarios de inversión vigentes.

En su informe sobre el análisis económico-financiero de las principales empresas de distribución eléctrica (Endesa Distribución Eléctrica, Iberdrola Distribución Eléctrica, Unión Fenosa Distribución, Hidrocantábrico Distribución, y Viesgo Distribución Eléctrica), la CNMC apuntaba a un incremento de la rentabilidad económica, pasando su ROI (retorno sobre la inversión) del 6,57% en 2013 al 8,16% en 2016. Así, señalaba que la rentabilidad financiera se incrementa también durante el periodo pasando el ROE del 8,84% en 2013 al 12,32% en 2016, situándose todas las distribuidoras por encima del 10%.

Las consecuencias en Bolsa han sido inmediatas, al igual que el pasado septiembre, cuando un informe del banco estadounidense Goldman Sachs, en el que se advertía de los recortes que se avecinan en la retribución del sector eléctrico español para la próxima revisión para el periodo 2020-2025, ya provocó un derrumbe en Bolsa de las principales compañías del sector (Iberdrola, Endesa, Gas Natural y REE), dejándose casi 3.000 millones en capitalización en un solo día.

Greenpeace celebra la coincidencia de la CNMC con sus críticas al decreto del Gobierno para dificultar el cierre de centrales

Europa Press.- Greenpeace ha pedido la retirada del proyecto de real decreto del Gobierno para dificultar el cierre de las centrales eléctricas, anunciado tras la decisión de Iberdrola de poner fin a sus plantas de carbón en España, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) coincida con los argumentos ya expresados en las alegaciones presentadas de la organización ecologista al respecto.

Greenpeace considera que «no hay razones» que permitan mantener a la fuerza centrales «sucias y peligrosas» para las personas y el medio ambiente y señala que el informe del regulador deja en evidencia el aislamiento del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal. Greenpeace considera que el informe de la CNMC es un «mazazo» al ministro Nadal, al que «no le queda más alternativa» que retirar el borrador «inmediatamente» y retomar una planificación ordenada del cierre de todas las centrales «innecesarias, costosas, contaminantes y peligrosas para las personas y el medio ambiente» y que además dificultan la transición hacia un sistema 100% renovable.

El responsable del programa de cambio climático de Greenpeace, José Luis García Ortega, ha destacado que la CNMC da la razón a sus argumentos y evidencia el aislamiento del ministro Nadal, que «está empeñado en entorpecer contra natura el cierre de centrales de carbón y nucleares”. Greenpeace ha alegado que el proyecto supondría bloquear la transición energética hacia un modelo basado en energías renovables y en manos de los ciudadanos porque solo sería una herramienta para «impedir el cierre de las centrales térmicas» contaminantes y peligrosas e incumplir el Acuerdo de París y el paquete de medidas de energía limpia.

Además, Greenpeace denuncia que cualquier retribución de las que propone el Real Decreto podría ser considerada ayuda de Estado por la Comisión Europea y destaca que la CNMC señala la incompatibilidad de la propuesta de Nadal con el paquete de invierno al tiempo que el proyecto supone una intervención estatal no admitida en el mercado de generación de la electricidad.

Energía insiste en regular la clausura de centrales eléctricas ya que «teme» que pueda haber cierres que encarezcan la luz

Europa Press.- El Gobierno seguirá trabajando en sacar adelante la normativa para regular el cierre de las centrales de generación eléctrica ya que, a pesar del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que rebate la propuesta de decreto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, cree que existe «un problema económico de fondo» que requiere una solución y «teme» que pueda haber cierres que suban los precios de la electricidad.

A este respecto, el Ministerio de Energía muestra su especial «preocupación» por el tema de las centrales nucleares, cuya renovación de la licencia de vida útil para el parque español hay que afrontar próximamente con Almaraz (2020) y posteriormente con Ascó I (2022), Ascó II (2025), Cofrentes (2024), Trillo (2027) y Vandellós II (2027), después de que en 2017 se decidiera el cierre de Garoña.

Fuentes del Ministerio advierten de que las dudas mostradas por los operadores de las centrales nucleares, especialmente Iberdrola, respecto a la posibilidad de no solicitar la renovación de estas licencias, representan una preocupación «desde el punto de vista económico y medioambiental». «Nos preocupan las nucleares y el impacto que tienen sobre el precio que pagan los consumidores», añadieron al respecto.

Defienden que después de 40 años invirtiendo en tecnología nuclear la decisión de su posible cierre «no puede ser solo el resultado de que mañana una operadora decida cerrar» y subrayan que la explotación de estas centrales puede tener interés para posibles operadores internacionales. «Es un tema de precio. A un precio adecuado y operarla a tres años es una inversión más que razonable», apuntan. De esta manera, ven necesario que se regule el cierre de cualquier tipo de central incorporando, al actual motivo de garantizar la seguridad de suministro, las causas económicas y medioambientales.

Además, defienden la retroactividad de la normativa y la urgencia para aprobarla en el hecho de que la actual situación representa «una ventana de oportunidad» para que los operadores de las centrales tomen decisiones de cierre aprovechando la ausencia de una regulación que establezca estas normas. Energía, que considera que la CNMC coincide también en «el tema de fondo» de que no se debe seguir valorando los cierres de centrales solo basándose en la seguridad de suministro, trabajará así en concretar los parámetros para definir los ceses de las plantas.

A este respecto, abre la puerta a simplificar el tema del mecanismo de subasta para ceder la central a terceros en caso de que el titular no quiera continuar con su operación o a abordar la hibernación y los mecanismos de pagos por capacidad, aunque siempre desde el principio de «asegurar la seguridad de suministro y al mejor precio«. Por otra parte, no comparte la opinión del organismo regulador de que los nuevos criterios que quiere plantear Energía para el cierre de centrales introducen inseguridad jurídica, y considera que la propuesta sí que tiene «enganche suficiente en la legalidad vigente».

No obstante, insiste en que les gustaría que la normativa gozara del consenso político para gozar del rango de ley. En lo que se refiere al ámbito europeo, el Ministerio «no tiene ninguna duda» de que la normativa se ajusta también a la legalidad, ya que no consideran que pueda ser contraria al objetivo de la Propuesta de Reglamento relativo al mercado interior, según el cual, las normas del mercado deben permitir la entrada y salida de empresas de generación. «No es un valor sacrosanto, es un principio que hay que respetar», añaden al respecto.

Energía achaca a la falta de respaldo político no poder dificultar el cierre de centrales eléctricas con rango de ley

Europa Press.- Mientras Luis Tudanca, del PSOE de Castilla y León, espera que el PP no haga lo mismo con la térmica de Velilla que con Garoña y deje «tirada» la comarca, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha esgrimido que la falta de respaldo del resto de grupos políticos en el Congreso de los Diputados, especialmente del PSOE, ha impedido que la normativa para endurecer el cierre de centrales eléctricas se haya podido aprobar mediante un real decreto ley.

Fuentes del gabinete dirigido por Álvaro Nadal recordaron que a lo largo de 2017 el Gobierno trabajó con este objetivo de sacar adelante una propuesta conjunta para elaborar una normativa con rango de ley con la que regular el cierre de centrales eléctricas, aunque no fue posible al no contar con el apoyo del resto de fuerzas políticas del Parlamento. Ante esta situación, el Ministerio optó por una regulación para establecer las condiciones que no dejaran el cierre de centrales en manos de decisiones empresariales. Eso sí, con un desarrollo reglamentario sin rango de ley.

El PSOE teme el futuro

Por su parte, Luis Tudanca no se fía de que el PP no haga lo mismo con la central térmica de Velilla que lo que hizo con Garoña en Burgos y deje «tirada» a la comarca y los trabajadores de la térmica. «Estamos esperando que tome alguna decisión» añadió, pero se ha mostrado poco esperanzado porque en Garoña el PP prometió durante años que con ellos en el Gobierno nunca cerraría y que pondrían un Plan de Reindustrialización en marcha.

Tudanca no quiere ser «agorero» pero ha recordado que hace más de 5 meses que el PP firmó «la sentencia de muerte» de Garoña y desde entonces están esperando un Plan de Reindustrialización. «Espero que eso no pase aquí, que no deje tirados ni a los trabajadores de la térmica ni al resto de la comarca» ha aseverado, al tiempo que enumeraba los problemas con los que cuenta la zona.