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Extremadura prohíbe las gasolineras desatendidas mientras los sindicatos apuntan que esta modalidad puede poner en peligro 40.000 empleos en España

Servimedia.- Los sindicatos CCOO y UGT advirtieron de que la proliferación de las gasolineras sin empleados puede suponer la destrucción de entre 30.000 y 40.000 empleos en el sector en España. En este sentido, el responsable de la Federación de Industria de CCOO, Ángel Marinero, aplaudió la medida adoptada en Extremadura, que obliga a las estaciones de servicio a estar atendidas por un trabajador desde las 7 hasta las 22 horas. La Comunidad de Madrid también va a estudiar esta medida.

Marinero apuntó que lo que ha sucedido en Extremadura «es lo que debe ser» ya que «estamos hablando de un producto que es contaminante, peligroso, inflamable» en referencia a los carburantes. «No entendemos, con lo que está pasando, que se permita a estas instalaciones que no se controle nada», subrayó el portavoz de CCOO, que calificó esta situación de «peligro» para la sociedad. Además, la proliferación de este tipo de estaciones de servicio puede suponer la destrucción de entre 30.000 y 40.000 empleos en España, según Marinero, quien propuso que se abaraten los carburantes, puesto que, según estima, las gasolineras desatendidas rebajan hasta en 12 céntimos el precio por litro.

Por su parte, el secretario general del sector energético de la Federación de Industria en UGT, Andrés Muñoz, añadió que «lo que queremos es que haya una normativa común en todas las comunidades autónomas» en la línea de Extremadura, para que no se destruya empleo y al mismo tiempo no suponga riesgo para las personas ni el medio ambiente. Muñoz criticó que las estaciones de servicio desatendidas son susceptibles de «incidentes y sabotajes» y remarcó que «se está impidiendo el acceso a personas con discapacidad».

Desde CCOO explicaron que las centrales sindicales se reunieron con empresarios de distintas regiones con el objetivo de evitar que proliferen este tipo de gasolineras y se reduzca el empleo, pero no ha sido posible sacar adelante un acuerdo. Lo que sí que están desarrollando CCOO y UGT, junto a las patronales Ceees y Aevecar, y la Confederación de Personas Discapacitadas (Cocemfe), es una campaña de recogida de firmas para lanzar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en defensa del empleo en el sector y en contra de las gasolineras desatendidas.

Aevecar aplaude la prohibición extremeña

Precisamente, la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar) valoró como «medida muy oportuna» la prohibición de dejar desatendidas las gasolineras en Extremadura mediante la modificación del Estatuto de los Consumidores de la comunidad. El secretario general de Aevecar, Víctor García Nebreda, explicó que «una gasolinera no se puede dejar sola» por la multitud de «pequeños incidentes» que se pueden producir y que «un trabajador puede solucionar sin problemas», pero que de otro modo podrían suponer un riesgo para los usuarios. Los derechos de los consumidores, la protección medioambiental y las necesidades de las personas con discapacidad son otros motivos por los que, según Nebreda, están «trabajando para poder aplicar esta medida a nivel nacional».

Facua pide multas más altas

Por otro lado, la organización de consumidores Facua pidió un aumento en el importe de las multas que deberán pagar las gasolineras desatendidas en Extremadura. Facua considera que las sanciones previstas (entre 3.000 y 15.000 euros) son «insuficientes» y explicó que la petición de multas mayores tiene como objetivo que a las empresas que incumplan la prohibición «no les compense económicamente saltársela«. La asociación, además, propuso que «la reincidencia en el incumplimiento de la obligación de que la gasolinera sea atendida por personal de la empresa debería ser causa para el cierre de la estación».

Madrid lo va a estudiar

Por su parte, el consejero de Politicas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, aseguró que el Gobierno regional estudiará «si encaja o no encaja» la petición de Cocemfe para que todas las gasolineras, incluyendo las de autoservicio, cuenten como mínimo con un trabajador para ayudar a las personas con discapacidad que lo requieran. Al pronunciarse sobre las gasolineras sin empleados, Izquierdo valoraba que Cocemfe haya denunciado que las estaciones de servicio sin trabajadores suponen una «vulnerabilidad» de los derechos de las personas con discapacidad, ya que no pueden ser debidamente atendidos.

En este sentido, Izquierdo aseguró que «en estos momentos nosotros estamos trabajando en una gran estrategia para personas con discapacidad, queremos que sea la estrategia más ambiciosa de toda españa. Estamos trabajando con el Cermi, con todas las federaciones que conforman el Cermi. Añadió que la propuesta de Cocemfe de que las gasolineras tengan, al menos, un empleado «está dentro de las peticiones y veremos si esto encaja o no encaja porque cualquier decisión afecta a muchos agentes y lo tenemos que ver con todos y cada uno de ellos».

Sindicatos y patronales recogerán firmas contra las gasolineras desatendidas

EFE.- Los sindicatos y las patronales del sector de las estaciones de servicio se han unido para recoger las 500.000 firmas necesarias para poner en marcha una Iniciativa Legislativa Popular en contra de las gasolineras desatendidas, ha informado hoy UGT.

UGT, FICA y CCOO, junto a la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees), a la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes (Aevecar) y a la Confederación de Personas Discapacitadas (Cocemfe), han iniciado una recogida de firmas conjunta para garantizar la continuidad de las gasolineras atendidas y evitar la destrucción de empleo.

Según UGT, alrededor de 65.000 empleados de gasolineras se sienten amenazados por la proliferación de estaciones de servicio desatendidas, una modalidad que ha destruido 2.700 puestos de trabajo en los dos últimos años, cuando se abrieron 500 gasolineras de este tipo.

Las organizaciones han reivindicado la regulación de estas estaciones a través de una ley específica por la que sea obligatorio que cada gasolinera cuente con, al menos, una persona de servicio las 24 horas del día.

El Gobierno aprueba medidas adicionales de seguridad para unas gasolineras desatendidas contra las que nace la plataforma GAyS

Redacción / Agencias.- Patronal y sindicatos, defensores de las estaciones de servicio atendidas, lanzaron la plataforma Gasolineras Atendidas y Seguras (GAyS), con la que quieren reclamar la presencia de al menos un empleado por estación de servicio. Mientras tanto, el Gobierno ha aprobado una serie de medidas adicionales de seguridad que deben implantar las gasolineras desatendidas, entre ellas un interruptor de paro de emergencia que permita el corte de corriente, la supervisión con cámaras de seguridad y la conexión a una central receptora de alarma.

Además, estas gasolineras, que no cuentan con empleados, deberán realizar revisiones periódicas de detección de fugas y se establecen requisitos adicionales para las instalaciones que suministran biocombustibles. Estas exigencias legales se enmarcan dentro de una nueva normativa para prevenir y reducir la contaminación de suelos en instalaciones petrolíferas adaptando sus requisitos a los avances tecnológicos y a los nuevos carburantes (bioetanol y biodiesel).  Estas medidas se incluyen en un real decreto del Gobierno que actualiza la vigente reglamentación para las instalaciones para suministro a vehículos.

Asimismo, el texto establece, para todas las gasolineras, requisitos y calendario para que las instalaciones enterradas existentes con tanques de simple pared y tuberías de impulsión de simple pared se conviertan a doble pared. En el caso de las gasolineras cuyas ventas anuales sean iguales o inferiores a 3 millones de litros, tendrán que instalar un sistema de detección temprana de fugas. Para evitar la contaminación de los terrenos en los que están instalados los tanques de combustible y las tuberías, la norma describe los sistemas que se emplearán para la detección temprana de fugas.

GAyS nace en su contra

Esta iniciativa fue presentada en el Congreso de los Diputados en una reunión entre representantes de la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar), de la Confederación Española de Estaciones de Servicio (CEEES), de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) y de los sindicatos UGT y CCOO con parlamentarios del PP, PSOE y Ciudadanos para abordar lo que consideran como problemática de las gasolineras desatendidas.

Convocadas por la Comisión de Economía del Congreso, las asociaciones trasladaron a los diputados sus inquietudes en torno a la proliferación de gasolineras desatendidas y de los riesgos que llevan asociados; como la inseguridad, la destrucción de puestos de trabajo, o los problemas de accesibilidad para las personas con discapacidad, además de no cumplir la legislación vigente, según Aevecar, que estuvo representada en la reunión por su presidente, Alejandro Ripoll.En la reunión participaron, entre otros, el presidente de la Comisión, Arturo García Tizón (PP); el vicepresidente primero, José Miguel Sánchez Camacho (PSOE); el vicepresidente segundo, Manuel Blasco Marqués (PP); el secretario segundo y portavoz de Ciudadanos, Rodrigo Gómez García; y la portavoz del PSOE en la Comisión, Patricia Blanquer.

Agentes sociales contra las gasolineras

Mientras tanto, en Aragón organizaciones sindicales (CC.OO Industria y UGT FICA), la patronal del sector de estaciones de servicio (Aesar), organizaciones de consumidores y usuarios (UCA Aragón y Actora) y la asociación de discapacitados Cocemfe se han unido en contra de las gasolineras que no cuentan con personal. Estas organizaciones se reunieron con el Gobierno de Aragón, al que trasladaron su preocupación por estas estaciones de servicio y exigieron una nueva normativa que les impide operar, como ocurría hasta 2016, cuando fue derogada la obligatoriedad de que contaran con, al menos, una persona al cargo.

El responsable de Industria de CC.OO Aragón, Carlos Guerrero, incidió en tres aspectos: la importante pérdida de empleos en el sector por la competencia «desleal» de estas nuevas estaciones, que no prestan los mismos servicios; los riesgos en materia de seguridad y contaminación, y la imposibilidad de que consumidores y usuarios puedan ejercer sus derechos, algo que afecta en mayor medida a aquellos que tienen algún tipo de discapacidad. Se oponen, por tanto, a la existencia de estas estaciones de servicio desatendidas y reclaman que el Gobierno autonómico cuente con su participación a la hora de redactar una nueva normativa o volver a la anterior.

Asimismo, todos los comparecientes han puesto en valor que seis asociaciones que defienden intereses distintos se hayan puesto de acuerdo para defender un bien común. Guerrero ha recalcado que no plantean que siempre haya personal suministrando carburante, sino que simplemente haya como mínimo un trabajador a cargo del conjunto de la instalación mientras esta esté abierta al público. Así, instó al Gobierno PSOE-CHA a decidir si quiere apostar por un «modelo social» o por el «modelo liberal de barra libre».

Más gasolineras pero menos empleo

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón (Aesar), Pilar Soto, ha alertado de que en toda España el número de gasolineras se ha incrementado de 10.310 a 11.188 entre 2011 y 2016, mientras que en lugar de crear empleo se han destruido 2.700 puestos de trabajo. Ello significa que las nuevas estaciones son fantasma y que el resto se ven obligadas al cierre o a amortizar algún puesto de trabajo porque no pueden competir. «Competir es bueno, pero hay que competir siempre en igualdad de condiciones», ha insistido, a la vez que ha recordado que «las leyes son para todos y que la Administración «no puede hacer oídos sordos» a esta reclamación generalizada.

Ha reivindicado que las estaciones de servicio crean más de 1.300 puestos directos en todo Aragón, a los que habría que sumar los indirectos, que son pequeños empresarios, aunque lleven la imagen de una petrolera. En Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Cantabria y la Región de Murcia hay, como había en Aragón hasta febrero de 2016, una normativa que exige que haya al menos una persona a cargo de las instalaciones, mientras que la peor situación se da en Cataluña, con un incremento «exagerado» de las estaciones fantasma hasta el punto de que en Lleida superan a las convencionales.

El secretario general de la sección sindical UGT-FICA Aragón, José Juan Arceiz, ha denunciado las malas prácticas de estas nuevas estaciones y ha asegurado que no van a permitir empresas sin trabajadores, porque está en riesgo «todo el sector«. En representación de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), Marta Valencia ha expresado su preocupación con la proliferación de las estaciones desatendidas, ya que para ellos los coches son sus «piernas», por lo que estas instalaciones minan su autonomía personal. La presidenta de la Asociación de Consumidores Torre Ramona (Actora), Lucía Germani, ha criticado que la Administración sea la única que falta en este frente común.

Los sindicatos y las patronales de estaciones de servicio denuncian en el Congreso que las gasolineras desatendidas destruyen empleo

Europa Press.- Los sindicatos UGT-FICA y CCOO, las patronales de estaciones de gasolineras CEEES y Aevecar y la confederación de personas discapacitadas (Cocemfe) han presentado un estudio en la Comisión de Energía del Congreso en el que critican la falta de control de las conocidas como gasolineras desatendidas.

Concretamente, las organizaciones han denunciado que estas gasolineras incumplen sistemáticamente numerosos aspectos de las normativas que se exigen a las estaciones de servicio tradicionales, entre ellos artículos específicos de las normativas de seguridad. Además, el estudio critica que pese a que las gasolineras desatendidas crecieron un 8,5% entre 2011 y 2016, pasando de 10.310 a 11.188, este incremento en los puntos de venta no se ha visto traducido en un crecimiento en el empleo del sector, que ha caído de los 54.800 empleos que había en 2014, a los 52.100 registrados en 2016, «lo que significa que cada nueva gasolinera desatendida abierta supone la destrucción de 6 puestos de trabajo en el sector», indicó UGT-FICA.

Así, UGT-FICA reivindica la necesidad de que la regulación de las gasolineras desatendidas se efectúe desde el ámbito nacional mediante una ley específica. Para el sindicato, la norma debería recoger necesariamente la obligatoriedad de que todas y cada una de las gasolineras en el país por motivos de seguridad cuenten con, al menos, una persona de servicio las 24 horas para atender al público y, especialmente, a las personas discapacitadas.