Europa Press.- El PP y el PSOE han discrepado sobre el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno central ha interpuesto contra determinados preceptos de la ley antifracking de Castilla-La Mancha. Si la diputada autonómica popular Claudia Alonso ha recordado que en el debate parlamentario de la norma «quedó claro» que la Administración regional no tenía competencias en esta materia, la portavoz autonómica del PSOE, Cristina Maestre, ha recordado al Ejecutivo central que en otras comunidades el recurso «no les ha salido bien«.

Preguntada por este asunto concreto en una rueda de prensa, Alonso ha defendido que de llevarse a término este recurso «será por intromisión de competencias». «Aunque no estemos de acuerdo con que se hagan estas actuaciones en suelo castellano-manchego, que se dediquen a legislar cosas que son de nuestra competencia», le pidió la parlamentaria de la oposición al Ejecutivo autonómico.

Visión distinta tiene la portavoz de los socialistas castellano-manchegos, pues ha afirmado que con este recurso el Gobierno de Rajoy «demuestra una vez más que tiene obsesión por traer a esta comunidad todo lo negativo y quitar lo que necesitamos: ya nos han traído un basurero nuclear y ahora no quieren que se aplique esta norma«. Tras asegurar que el Ejecutivo regional «estará a lo que diga el Tribunal Constitucional», advirtió al Gobierno central que en otras Comunidades Autónomas como el País Vasco, el recurso «no les ha salido bien».