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Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica mantendrá conversaciones con los agentes implicados en la Estrategia contra la Pobreza Energética, que de acuerdo con los plazos que marca el Real Decreto al efecto aprobado el 5 de octubre, tendrá que ser aprobado antes de marzo, 6 meses después de su publicación.

Según fuentes ministeriales, próximamente se celebrarán encuentros y contactos para implicar tanto a los colectivos como a las autonomías y a la Federación Española de Municipios y Provincias en la elaboración de la Estrategia contra la Pobreza Energética, que para el MITECO debe convertirse en una política de Estado. Por ejemplo, la Fundación Ecodes presentó 47 propuestas. De partida, la entidad considera que el derecho a la energía debe estar recogido en la Constitución. A partir de ahí, propone una reforma «sustancial» del bono social eléctrico y del cheque térmico para que haga especial hincapié en la concesión «automática» por criterios de renta que se apoye en la creación de un registro de perceptores potenciales.

Carlos Pesqué (Ecodes) plantea sustituir el bono social y el cheque térmico por mecanismos «más eficientes y justos», como por ejemplo una tarifa social de la luz y gas, con un precio «estable» y ofertada y financiada por «todas» las comercializadoras que operan en el mercado español. Otras de sus propuestas pasan por reformar el sistema de fijación de precios de la electricidad y de la factura eléctrica para incentivar el ahorro y que reduzca el peso del término fijo frente al consumo, además de aplicar un IVA reducido para un consumo básico, entre otras.

Además, Celia Foronda, de Ecodes, considera que la rehabilitación energética debe ser clave en la estrategia de lucha contra la pobreza energética mediante «partidas específicas» para hogares vulnerables. «Es esencial realizar una modificación fiscal para que las ayudas a la rehabilitación energética de hogares vulnerables no computen como ingreso en la Declaración de la Renta, hecho que puede provocar la pérdida de otro tipo de ayudas sociales, como las becas de comedor», considera. Igualmente, Ecodes propone que la Estrategia potencie la instalación de fuentes renovables para el autoconsumo de familias vulnerables y aprobar fondos específicos para que los gobiernos locales y autonómicos cuenten con asesores de energía y/o herramientas que permitan reducir el consumo de energía de las personas vulnerables.

Europa Press. – El Gobierno aprobará probablemente el próximo viernes un decreto ley en materia energética que introduce cambios en el bono social eléctrico, como su ampliación a familias monopartentales y personas en situación de dependencia en grados 3 y 2, a la vez que crea el bono social térmico (calefacción), que correrá a cargo del Estado -no de las compañías- y se abonará en forma de cheque directo a los beneficiarios.

Así, según Europa Press, en el plazo de seis meses desde la promulgación del decreto se aprobará una estrategia nacional contra la pobreza energética, tras su pertinente debate con los sectores sociales afectados, que establecerá, con carácter «integral y coherente» todas las medidas y actuaciones para reducir y aliviar la pobreza energética.

Mientras se aprueba dicha estrategia, el Gobierno adoptará desde este viernes una serie de medidas sobre el bono social eléctrico vigente -el creado en 2017-, como la de ampliar los grupos sociales que tienen un mejor tratamiento en niveles de renta para que les pueda ser aplicado el beneficio.

En este sentido, entran como nuevos subsectores las familias monoparentales y personas en situación de dependencia, grados 3 y 2 (no las de grado 1). La discapacidad se mantiene como estaba, ya era considerada desde el 2017 en esta posición reforzada (igual o superior al 33%). Las familias numerosas se mantienen como hasta ahora, de modo que pueden acogerse todas con independencia de su nivel de renta.

En cambio, lo que sí se modificará al alza son las potencias eléctricas que entran en el bono social y los repartos de consumo entre meses.

Bono social térmico

Paralelamente, se crea un nuevo bono social térmico, que incluye los combustibles de calefacción (gas natural, gas butano, gasóleo, pellets, etc.), ampliándose así el bono social eléctrico a otras fuentes energéticas.

Este bono social térmico correrá a cargo del Estado, no de las compañías eléctricas como el bono social eléctrico, y se abonará a modo de cheque directo que se hará llegar a las familias beneficiarias. La cantidad no está aún fijada y dependerá, entre otros, de la zona climática de España en que esté situada la vivienda, de modo que habrá distintas intensidades de ayuda en función de si la zona climática es más fría o cálida o templada.

Del mismo modo, tendrán derecho al bono social térmico de forma automática todas las personas con derecho al bono social eléctrico. Son, por tanto, acumulables, y la vía para llegar al térmico es ser reconocido como beneficiario del eléctrico. La ayuda del bono social térmico se devengará a partir del 1 de enero de 2019, dado que se aplica en invierno.

En cuanto al calendario, sigue rigiendo la fecha del 8 de octubre como plazo máximo para que las personas y familias beneficiarias del bono social eléctrico en su configuración de 2009 soliciten en su compañía distribuidora de referencia el pasar al regulado en 2017. Se realiza este cambio para que no pierda el derecho quien ya lo tuviera.

En el mismo sentido, el real decreto otorgará un plazo extraordinario de regularización, hasta el 31 de diciembre de este año, para quien beneficiándose del bono social eléctrico no haya pedido solicitud completa, con aportación de todos los documentos acreditativos para el cambio al nuevo modelo antes del 8 de octubre de este año, como última oportunidad improrrogable.

En cuanto a las nuevas solicitudes de aquellas personas y familias que no tuvieran hasta ahora reconocido el bono social eléctrico, no hay plazo establecido para que puedan pedirlo y darse de alta ante su compañía distribuidora de referencia, de modo que podrán hacerlo en cualquier momento una vez entiendan que cumplen los requisitos sociales y de renta exigidos.

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