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La CNMC analiza el encarecimiento del mercado de ajuste que llevó a un precio de la luz «atípico»

Europa Press.- Mientras desde organizaciones de consumidores denuncian que el precio máximo de la luz que se registró se debe a un «modelo que fomenta la especulación», el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, desveló que el organismo supervisor está analizando «con atención» el encarecimiento puntual en el mercado de ajuste del sistema eléctrico, que junto a condiciones climatológicas «adversas» produjo un incremento del precio de la electricidad «atípico» en esta época del año.

Marín Quemada señaló que el precio máximo de la electricidad registrado es «atípico» en esta época del año, si bien se debe a las condiciones climatológicas «adversas» actuales ya que «hay poca agua». Marín Quemada indicó que esa «escasez» de energía producida con origen «barato» da lugar a que sea necesaria la entrada de energías más caras, como los ciclos combinados que hacen uso del gas, lo que conlleva a un incremento «atípico» y a «un precio alto en esta época del año«, que situó el precio de la electricidad en una media de 61,7 euros por megavatio hora (MWh).

A esto se suma otra factor que desde Competencia están analizando «con atención», como es el encarecimiento en el mercado de ajuste de la reserva de «potencia a subir». «Se trata de llamar a la potencia en un instante determinado en el que falta. Normalmente siempre es alto, pero durante dos horas se produjo un repunte que es lo que estamos mirando«, ha explicado Quemada.

Asimismo, sobre el hecho de que el Ministerio de Energía se encargue de la fijación de peajes, Quemada ha recordado que a nivel europeo se inició hace tiempo un procedimiento sobre España y que ahora está sobre la mesa del comisario de Energía. En todo caso, espera que las competencias de la CNMC sean «parecidas» a las del resto de agencias europeas ya que «es lo que nos parece normal».

«Modelo que fomenta la especulación»

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción y la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) han criticado que el pico puntual registrado en el precio de la electricidad es fruto de «un modelo que fomenta la especulación» y han reclamado al Ministerio de Energía que «ponga los medios para modificar el sistema eléctrico de nuestro país«. Facua critica que el Gobierno «siga sin proteger» a los consumidores y permita que las eléctricas «puedan continuar subiendo» los precios de la tarifa que tienen contratada mayoritariamente los hogares españoles, el PVPC. Para la asociación, el actual marco regulatorio «solo favorece a las empresas» y el mercado de ajustes es «la fórmula a la que se acogen las eléctricas para inflar el precio coyunturalmente».

Por su parte, CECU considera que debería dialogarse con todos los sectores implicados, incluyendo a los consumidores, «para articular una reforma energética que fomente la transparencia en el sector, impida las constantes subidas de precios, ponga en su centro los intereses de los usuarios, acabe con las situaciones en las que la pobreza impide a los usuarios el acceso a una electricidad básica y apueste decididamente por las energías renovables«.

“Consumo moderado de la energía”

El precio de la electricidad alcanzó su nivel más elevado en lo que va de año, con un valor de 182,54 euros por megavatio hora (MWh) entre las 19.00 y 20.00 horas del 23 de octubre. CECU calificó este hecho de «poco común» ya que, en un periodo del año marcado por un consumo moderado de la energía, se registró un máximo en el precio de la electricidad que «sólo es equiparable a otros momentos en plena ola de frío en el mes de enero«.

Para la asociación, el actual sistema energético en España es de tal «complejidad y opacidad» que resulta casi imposible conocer los motivos que desencadenaron esa subida de la reserva de potencia, «así como por qué se tuvo que echar mano de la misma para dar servicio a la población en un día de octubre en el que se vivieron unas temperaturas moderadamente altas para la época y en el que, por tanto, raramente los usuarios tuvieron que usar la climatización».

La Alianza por el Autoconsumo pide al comisario Arias Cañete su mediación para lograr una regulación más favorable en España

Europa Press.- La Alianza por el Autoconsumo, conformada por 40 organizaciones sociales, ha reclamado al comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, que medie ante el Gobierno español para propiciar un cambio regulatorio más favorable para el autoconsumo y para que deje de oponerse a que la Unión Europea asuma medidas efectivas para garantizar el ejercicio del derecho de la ciudadanía de estar en el centro del sistema energético.

La organización, conformada por asociaciones como APPA, Anpier, CECU, COAG, CCOO, Adicae o Amigos de la Tierra, entre otras, señala que ha remitido a Arias Cañete una carta en la que piden que interceda ante el Ejecutivo de España para que solucione con urgencia «las barreras artificiales que la regulación actual impone al desarrollo del autoconsumo«. Asimismo, traslada al comisario europeo su preocupación por la posición contraria al autoconsumo y a la participación ciudadana en la energía que está mostrando el Gobierno de España en las negociaciones europeas sobre la política energética comunitaria a 2030.

Además, la Alianza por el Autoconsumo destaca la «preocupante parálisis» del sector, que está perjudicando el desarrollo de instalaciones de autoconsumo, tanto en viviendas como en empresas, debido a las barreras administrativas, técnicas y económicas establecidas por parte del Gobierno. Asimismo, subraya la importancia del autoconsumo como elemento clave para el cambio hacia un nuevo modelo energético y para el cumplimiento de la legislación europea.

La CECU cita el déficit de tarifa y la subida de la parte fija entre los «grandes errores» del sector

Europa Press.- La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha publicado una lista con los «grandes errores de los gobiernos en el sector eléctrico», entre los que cita el déficit de tarifa de 30.000 millones de euros o la subida del término de potencia. Estos errores, cometidos por «los diferentes Gobiernos de diverso signo político» en los últimos años han contribuido a que los usuarios «acaben pagando una de las energías más caras de Europa«, por lo que es necesario «exigir responsabilidades».

Otros “errores” serían el incremento del IVA al 21% y los problemas con la fijación del precio de la energía que se apreciaron primero en las «opacas» subastas para la fijación de la TUR y, posteriormente, en el nuevo PVPC, en el que el precio se calcula por horas y que todavía genera «dudas». CECU también ve un error en la supresión de la tarifa nocturna, en las reclamaciones de las renovables tras los recortes retributivos sufridos, en la «imposible» comparación de tarifas y en las malas decisiones de los Gobiernos, que acaban en sentencias del Tribunal Supremo y refacturaciones.

La OCU pide que las «malas prácticas comerciales» de las compañías energéticas queden expresamente prohibidas

Europa Press.- Mientras la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) reclama «medidas contundentes» frente a los “abusos” de los comerciales de las compañías energéticas, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya anunciado la imposición a varias de ellas de una sanción total de 155.000 euros, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) exige que “las malas prácticas comerciales” de algunas empresas eléctricas queden expresamente prohibidas hasta que no se garantice una correcta información y control por parte de las compañías.

El organismo considera que las sanciones a Endesa, Iberdrola, Gas Natural y Viesgo por parte de la CNMC por realizar contratos sin el consentimiento del cliente «son pequeñas y probablemente serán recurridas», aunque reconoce que esta decisión del organismo de competencia «pone el foco en el grave problema de las prácticas comerciales abusivas«, una «constante» en el sector que OCU lleva años denunciando. Según la organización, la confusión entre comercializadoras y distribuidoras es el caldo de cultivo idóneo para estas malas prácticas, que se ven alentadas por la información poco transparente del sector y la dificultad para distinguir entre ofertas del mercado libre y regulado.

Denuncia así que las comercializadoras provocan la confusión con la utilización de teléfonos de atención, haciendo que muchos clientes pasen del mercado regulado al libre sin saberlo, dentro de compañías del mismo grupo. Según explica OCU, los comerciales que actúan puerta a puerta para estos propósitos activan contratos sin el consentimiento del cliente o con información incompleta o directamente falta. «El resultado es que el consumidor no tiene claro qué tarifa ha contratado, no es consciente de haber cambiado de un mercado regulado al mercado libre, o de una oferta a otra* no sabe qué paga, ni a quién», lamenta. Por ello, reclama una solución urgente para que estas prácticas comerciales sean «desterradas» del sector energético y queden expresamente prohibidas.

CECU: frenar a los comerciales

En este sentido, la CECU señala que, «por desgracia», los consumidores conocen «sobradamente» la existencia de comerciales que, «de forma abusiva y sin el consentimiento de los usuarios, les cambian de compañía comercializadora de luz y de gas«. Para la organización, esta práctica resulta «muy preocupante», más aun en un sector «esencial y estratégico» como el energético, por lo que reclama a la Administración que «tome cartas en el asunto» y que investigue la actividad comercial de las empresas. Además, aprovecha para animar a los usuarios a que denuncien las posibles prácticas abusivas que detecten y les aconseja que eviten contratar las ofertas telefónicas o las recibidas en la puerta de sus casas sin haber comparado previamente las distintas opciones.

CECU exige al Gobierno medidas urgentes contra la pobreza energética

Europa Press.- La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha exigido a las diferentes administraciones implicadas en el sector energético y al Gobierno que tomen «medidas urgentes» para evitar las situaciones de pobreza energética.

CECU señala que los problemas energéticos españoles afectan cada vez más directamente a los ciudadanos y lo hacen no sólo en su bolsillo sino también sobre la salud de personas que no pueden permitirse encender la calefacción por su elevado coste.

Así, ha echo referencia al índice AROPE, que detalla que más de 13 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza y muchos de ellos no tendrán este invierno en casa una temperatura adecuada, condiciones que acentúan la proliferación de enfermedades relacionadas con el frío.

La confederación ha señalado que es consciente de «los esfuerzos» que hacen algunos ayuntamientos y comunidades autónomas para paliar estas circunstancias aunque las ayudas son limitadas, complejas o afectan únicamente a las situaciones de pobreza extrema, «dejando fuera a miles de familias que tienen que elegir entre comer o calentarse».

Asimismo, indica que tal y como está configurado el bono social no está solucionando estos problemas, ya que contempla criterios muy excluyentes, dejando fuera a una «gran parte» de la población española que ahora se encuentra en el umbral de la pobreza, incluso con trabajo.

En definitiva, CECU ha echo un llamamiento a la coordinación de todas las administraciones, en base a nuestra Constitución y a la Declaración de Derechos Humanos, para asegurar a sus ciudadanos una vivienda y condiciones de vida dignas. Por ello, considera importante impedir los cortes de luz en invierno y evitar que se produzcan desahucios por causas económicas durante el periodo invernal.

«Una sociedad avanzada no puede permitirse que continúen produciéndose casos como el sucedido ayer, en el que una anciana con la luz cortada falleció al utilizar velas para iluminarse. No podemos permanecer impasibles mientras condenamos a miles de personas a un inverno de frío y enfermedad», subraya la confederación.

IU pide impuestos a las compañías eléctricas para financiar el bono social mientras CCOO las culpa de la pobreza energética

Redacción / Agencias.- CCOO lamentó que la sentencia del Tribunal Supremo que declara inaplicable el régimen de financiación del bono social de la luz “exime a las grandes eléctricas”, con «beneficios multimillonarios», de asumir la pobreza energética que el «alto coste de sus tarifas provoca en uno de cada tres hogares españoles”. En este sentido, Izquierda Unida aboga por sufragar el coste del bono social a través de los Presupuestos con impuestos que provengan de los beneficios que tienen las empresas del sector.

El responsable federal de Políticas Económicas de Izquierda Unida (IU), Carlos Sánchez, considera que la sentencia del Tribunal Supremo supone un «golpe definitivo» a la reforma eléctrica aprobada por el Gobierno del PP en 2013. De este modo recuerda que, según la sentencia, las empresas eléctricas podrían recibir una compensación de más de 500 millones de euros y afirma que «se echa de nuevo una mano al oligopolio eléctrico«. El responsable económico de IU reitera que «una vez más, las grandes empresas ganan» y plantea que el descuento del 25% del bono social se sufrague vía impuestos a través de los Presupuestos Generales del Estado.

El Tribunal Supremo declaró inaplicable el régimen de financiación del bono social, que se aplica a los consumidores de energía eléctrica considerados más vulnerables, al entender que es incompatible con la normativa comunitaria. En dos sentencias, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima los recursos interpuestos por E.ON España y Endesa, y reconoce el derecho a cobrar una indemnización por las cantidades aportadas en concepto de bono social por la aplicación del decreto “inaplicable” de 2014.

CCOO culpa a las eléctricas

Por su parte, el sindicato CCOO culpó a las compañías eléctricas de causar la pobreza energética con “el alto coste de sus tarifas”, una pobreza energética “que crece a pasos agigantados en amplias capas sociales». Además, el sindicato sostiene que «un mercado viciado y una estructura tarifaria eléctrica ineficiente, unida al elevado coste de la energía, son las causantes esta situación». Por ello, cree que es necesario modificar la actual regulación del mercado eléctrico y eliminar el modelo de mercado a coste marginal por un mercado donde el precio de la energía sea más acorde con sus costes de generación y sus tipos de consumo.

CECU pide actuar al Gobierno

Por su parte, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) reclama al Gobierno que actúe para responder a la sentencia del Tribunal Supremo que anula la forma de financiar el bono social y que garantice las familias vulnerables “no queden desprotegidas hasta que se elabore un nuevo texto normativo». En este sentido, la asociación considera que la decisión del Supremo genera dudas sobre cómo se van a devolver los importes y subraya que «no sería tolerable que fueran los beneficiarios del bono social los que se hicieran cargo, ni que se financiara con una nueva subida de la electricidad que afectaría a todos los usuarios».

La revisión del margen de comercialización de la luz podría elevar la factura hasta 10 euros al año

Europa Press / EFE.- La propuesta de revisión elaborada por el organismo regulador Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) del margen de comercialización incluido en los contratos de electricidad con precio regulado puede elevar el recibo entre 4 y 10 euros al año con respecto a los niveles actuales. Esta conclusión es la que extrae la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), que hace referencia así a la revisión pendiente de este margen que pagan 15 millones de usuarios del PVPC desde 2014.

En la actualidad, las eléctricas repercuten 4 euros por kilovatio (kW) al año a los clientes con el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) en concepto de margen de comercialización, si bien el Tribunal Supremo ha considerado insuficiente este coste y ha obligado al Gobierno a revisarlo, lo que aún no se ha producido. CECU indica que, con la propuesta de la CNMC, el nuevo margen anual de comercialización ascendería a 5,24 euros por kWh para los peajes 2.0 A, así como a 4,93 euros para los 2.0 DHA con discriminación horaria y a 6,46 euros para los 2.0 DHS.

Para una potencia de 4,4 kW, correspondiente a un consumidor medio, el coste anual por el margen de comercialización asciende a 17,6 euros en la actualidad, mientras que con la aplicación de la propuesta del regulador oscilaría entre los 21,6 y 28,42 euros, de modo que la subida sería de entre 4 y 10 euros al cabo de un año.

El Supremo había declarado nulo el actual coste de comercialización, recogido en el real decreto 216/2014, por no venir acompañado de una metodología para determinar tanto los costes de comercialización como la remuneración razonable de las empresas. La resolución del Supremo fue consecuencia de sendos recursos interpuestos por Gas Natural Fenosa e Iberdrola contra esta disposición adicional por considerar que el margen de comercialización propuesto por el Gobierno era insuficiente para cubrir los gastos en que incurren las empresas que deben ofrecer la tarifa regulada.

La CNMC considera que en los costes de comercialización deberían incluirse costes de captación y fidelización de clientes, costes de contratación, coste de facturación y cobro, costes de atención al cliente, costes financieros y costes de estructura, así como impuestos y retribución por la actividad. El diario Cinco Días publica que el Ministerio de Industria ya suma tres meses de incumplimiento de la ejecución de sentencia que el tribunal le impuso en junio. La medida implica una refacturación para cerca de 15 millones de consumidores.

Unión de Consumidores también alerta

Por su parte, la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana ha advertido sobre la posible revisión al alza del margen de comercialización al tiempo que manifiesta su preocupación por la tardanza en solucionar esta cuestión, que va a provocar que a 15 millones de usuarios le revisen el margen de comercialización que viene pagando desde 2014 y que tengan que abonar la diferencia entre lo que fijó el Ministerio como margen de comercialización y el que se ha calculado con la nueva metodología, que es más elevado y que está pendiente aún de resolver, tras casi un año desde la sentencia del Tribunal Supremo.

No obstante, independientemente del cálculo del margen de comercialización, «es evidente que la factura eléctrica desincentiva el ahorro energético, en tanto que la parte de consumo representa una mínima parte del gasto final. Por lo tanto, tratándose de un suministro básico y esencial para los ciudadanos, es necesario establecer mecanismos encaminados a reducir el importe final de la factura eléctrica, como la reducción de los impuestos que se aplican en la factura, evitando la pobreza energética y que este suministro básico sea más asequible para los ciudadanos», indicaron. Por ello, la Unión de Consumidores reclamó a Industria que se revisen los conceptos e impuestos que se aplican en la factura.

Los consumidores acogen con desconfianza la bajada de la luz y del gas

EFE.- Varias organizaciones de consumidores han acogido con escepticismo la próxima bajada de la luz y del gas anunciada por el Gobierno, y alguna, como la OCU, ha llegado a considerarla «ridícula».

La electricidad y el gas bajarán una media del 0,7 % y del 3 %, respectivamente, a partir del mes de enero, según los cálculos del Gobierno en virtud de las órdenes de peajes de acceso para estos sectores, autorizadas ayer por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos.

Según un estudio propio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la reducción anunciada se refiere solo a la parte regulada, de modo que la factura final de un hogar medio bajará un 0,4 % (2,92 euros al año), lo que es un «chiste», dice su portavoz, Ileana Izverniceanu.

En el caso del gas, se debe a que el petróleo está «por los suelos», argumenta la OCU, y el ahorro medio será de 19 euros, que «no va a suponer un desahogo económico familiar».

La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) recibe la bajada con «mucho pesimismo», ha dicho su portavoz, Antonio López. «Esperemos que no sea un anuncio provocado por las elecciones generales -ha explicado-. Si fuera de verdad, por supuesto que estaríamos encantados, ¡ya era hora!». A continuación se ha preguntado si el nuevo gobierno mantendrá la reducción y ha constatado que los precios del petróleo están cayendo ahora, pero ya se verá qué ocurre más adelante.

La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) recuerda que es una bajada coyuntural por el precio del crudo, pero hay un problema de fondo, matiza, sin resolver de raíz. Su responsable de energía, Fernando López Romano, ha explicado que la luz ha subido un 5 % entre 2014 y 2015, porque las compañías no facturan por el coste real que supone para ellas el suministro, donde el precio de la energía es un factor más.

Por todo ello, pide sacar conclusiones sobre la evolución de los precios de la luz y el gas a medio y largo plazo, no por datos de un trimestre. «La manera de conseguir estabilidad para que no haya bajadas y subidas según el precio de la energía es atacar de una vez el gran problema: los márgenes de comercialización y los costes reales en que incurren cada uno en el mercado mayorista«, ha subrayado.

Los consumidores ven «insuficiente» y «electoralista» la bajada de la luz

Redacción / Agencias.- Diversas organizaciones de consumidores como CECU (Confederación de Consumidores y Usuarios), Facua-Consumidores en Acción y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) consideran que la bajada del recibo eléctrico del 2,2% para los consumidores domésticos anunciada por el Gobierno es «insuficiente» e incluso «electoralista» tras varios años de subidas.

«Sea bienvenida cualquier tipo de rebaja, pero los consumidores necesitamos más, necesitamos planes, algo que nos dé la sensación de que está cambiando algo en el sector eléctrico, que necesita una reforma en mayor profundidad, dotarlo de mayor competencia», indicó David Hurtado, portavoz de CECU. Esa reducción «no es suficiente», apuntó, a la vista del encarecimiento de los últimos años. Por ello reivindicó que la liberalización del sector, que tuvo lugar hace muchos años, tiene que funcionar para que el ciudadano se vea beneficiado por una situación de «competencia real«.

El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, destacó que se trata de una medida con «tintes electoralistas». Además, para Sánchez es «una tomadura de pelo» para el consumidor doméstico, ya que la reducción anunciada va a ser «ínfima«. Asimismo, criticó también que tal anuncio del Gobierno se produzca después de una legislatura en la que se multiplicó por dos la parte fija de la factura de la luz. «Se trata de una bajada absolutamente insignificante, intentando tomar el pelo al electorado al vender como medida positiva algo que no va a tener incidencia en lo que pagamos de electricidad», afirmó Sánchez.

Sánchez insistió en tachar de «absolutamente ridícula» la bajada de la luz. Así, sostuvo que la rebaja «no va a provocar una reducción significativa en el recibo ni muchísimo menos», coincidiendo además con un precio del kilovatio-hora (kWh) un 3,8% más caro en lo que va de mes respecto a junio. El portavoz de Facua reclamó una intervención del sector eléctrico y fijar la tarifa aplicando una bajada «drástica» ante los beneficios «desproporcionados» obtenidos por las compañías eléctricas con el «injusto» precio de la energía.

Por su parte, la OCU advirtió de que la bajada de la parte regulada del recibo de la luz anunciada por el Gobierno repercutirá «muy poco» en el recibo y el efecto positivo será «mínimo». Así lo señaló la portavoz de OCU, Ileana Izverniceanu, quien calificó de «muy pequeñita» la bajada de la luz si se tiene en cuenta el incremento de la factura de los últimos años. Izverniceanu recordó que se ha encarecido en la presente legislatura tanto en la parte regulada como en la de la luz, y sostuvo que la medida anunciada «va a repercutir muy poco».

«Todo lo que sean bajadas se acoge de buen grado, pero va a ser insignificante en el coste que asume el consumidor», apuntó tras recalcar que el efecto positivo «se va a diluir» en la factura. Además, la portavoz lamentó que el Gobierno no se decante por incentivar «e incluso presionar a las eléctricas» para que se instalen más contadores inteligentes para disponer de estos aparatos ante la nueva facturación ya que disponer de estos contadores permite adaptar los consumos a los horarios con los precios más bajos, lo que sí supone una «rebaja real».

En cuanto a la disminución de las cargas administrativas para el autoconsumo eléctrico, Izverniceanu opinó que desde Industria «deberían de aclararse», tras la fijación de un canon y la decisión de suavizar ahora la penalización al autoconsumo. En cualquier caso, dijo ver «interesante» la medida, aunque abogó por «potenciar mucho más» el autoconsumo y por una «verdadera política energética» en España, el tercer país europeo con la energía más cara.