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Pedro Sánchez garantiza que habrá una transición energética «justa» con las cuencas mineras asturianas del carbón

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Europa Press.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió un mensaje de tranquilidad a la sociedad asturiana y a la zona de las cuencas mineras asegurando que la transición energética se hará con «justicia social» y que su Ejecutivo dará una respuesta «integral» a este reto.

Durante el Pleno de debate sobre su programa de Gobierno, Sánchez ha respondido a las dudas del portavoz de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, quien ha expresado su preocupación por las consecuencias que «el giro copernicano» de la política energética nacional pueda suponer para las cuencas mineras, de las que dependen «decenas de miles de puestos de trabajo». «La ley de cambio climático va a dar una respuesta integral e integrada a estas realidades complejas, y vamos a garantizar esa transición justa», replicó el presidente del Gobierno al diputado asturiano.

La CNMC da su visto bueno al cierre de la central térmica de Anllares (León), propiedad de Naturgy y Endesa

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) otorgó su visto bueno a la petición de cierre definitivo formulada en mayo del año pasado por la central térmica de Anllares (León), propiedad de la Comunidad de Bienes Central Térmica de Anllares, sociedad participada en un 66,67% por Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa) y en un 33,33% por Endesa.

En su informe, la CNMC señala que el operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE), considera que el cierre de Anllares «no tendría incidencia en la seguridad del sistema ni en la garantía de suministro eléctrico durante los próximos años«. REE, en su calidad de operador del sistema y gestor de la red de transporte, emitió el 21 de julio de 2017 un informe respecto a la viabilidad del cierre de la central. En este informe, REE realiza una evaluación del impacto del cierre de la central de Anllares en la cobertura global del sistema eléctrico en el medio plazo considerando que no es relevante la reducción de potencia disponible en el sistema que provocaría el cierre de Anllares.

En lo que se refiere al largo plazo, en el análisis de cobertura de la demanda eléctrica peninsular, el informe indica que en todos los escenarios de crecimiento de demanda, bajo la hipótesis de la retirada de servicio adicional de 4.000 megavatios (MW) en centrales de carbón a partir de 2019 y sin considerar la incorporación de nueva generación térmica ni de bombeo, se evalúa un margen suficiente para cubrir la demanda punta prevista más una reserva de operación de 2.000 MW hasta 2022, por lo que el cierre de Anllares no tendría ningún impacto.

Anllares, puesta en servicio en 1982, cuenta con una potencia máxima neta de 346,8 megavatios (MW) y no dispone de las instalaciones de desulfuración, encontrándose acogida a la denominada excepción por vida útil limitada de la Directiva 2010/75 de la Unión Europea de Emisiones Industriales. En este sentido, el Ministerio para la Transición Ecológica prepara ya los permisos de cierre para esta central de Anllares.

Iberdrola también solicitó en octubre al entonces Ministerio de Energía la autorización de cierre de las centrales térmicas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia), plantas que suman una potencia de 874 MW y que suponen las únicas de carbón del grupo en el mundo. En comparecencia en el Congreso de los Diputados, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya vaticinó el cierre de 7 de las actuales 15 centrales térmicas de carbón en 2020, ya que no han llevado a cabo las inversiones ambientales necesarias para prolongar su funcionamiento.

El Gobierno confirma el cierre de las térmicas sin modernizar para 2020 y de las nucleares a los 40 años

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asumido el cierre en 2020 de 7 de las 15 centrales térmicas existentes que no han realizado ninguna inversión, y ha condicionado a diferentes circunstancias la supervivencia de las otras 8 que sí que han invertido para continuar funcionando. Asimismo, la ministra confirmó la voluntad del Gobierno de cerrar el parque nuclear español a medida que las centrales nucleares cumplan los 40 años de funcionamiento, plazo que se cumple en 2028.

Ribera ha expresado su «convicción clara respecto a la voluntad de cumplir con lo establecido en el programa del PSOE: tomar como referencia el plazo de vida útil desde el inicio de la explotación comercial de la central«. A este respecto, ha admitido las posiciones diferentes de los grupos parlamentarios respecto a la postura sobre la referencia a tener en cuenta para establecer el cierre o continuidad del parque nuclear, ya que algunos entienden que la referencia a la vida de diseño de las centrales es la fecha que active el cierre de las centrales y otros consideran que se debe aplazar el funcionamiento «más allá del plazo tecnológicamente previsto».

La voluntad expresada por la ministra llevará al apagón nuclear a 2028, cuando la central nuclear de Trillo (Guadalajara) eche el cierre. Si bien, la ministra añadió que es preciso abordar las «obligaciones» relacionadas con ese final y que se deberán acometer igualmente, ya sea el cierre adelantado o postergado, tales como las necesidades técnicas y de ingeniería o la gestión de los residuos peligrosos.

Así, indicó que «no se ha encontrado» al llegar al Gobierno un plan nacional de seguridad de los residuos, por lo que España está «incumpliendo una obligación» europea, y también expuso que en la actualidad se desconocen aspectos tales como el coste de la gestión de los residuos nucleares e incluso la cantidad de residuos existente. En definitiva, cree que es un «tema crítico fundamental» que necesita un análisis «más profundo» así como entender los escenarios económicos y financieros. Sin embargo, ha afeado al anterior Ejecutivo que de estas cuestiones se ha encontrado «más bien poco», salvo algunas disposiciones normativas importantes, con un calendario de fechas «que se echan encima».

En este contexto, considera que es una «ventaja» la capacidad de generación «tan grande» del sistema eléctrico a la hora de acompasar la salida de ciertas tecnologías y dar entrada a lo que deberá llegar después, de forma que se minimice el impacto en la seguridad de suministro y la estabilidad o previsibilidad de cara a inversores y costes. «No podemos actuar con el capricho del ministro de turno», concluyó.

Cierre de las centrales térmicas

Respecto a las circunstancias a exigir a las centrales térmicas que han invertido para seguir funcionando, la ministra ha mencionado la evolución de los precios de la materia prima, la fiscalidad respecto al CO2 y «los avances y los costes del resto de los operadores del sistema«, tal y como ha explicado ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso.

«Las otras 7 centrales, que no han hecho ninguna inversión, no tienen mucho margen para pensar en cómo poder seguir funcionando cuando el marco comunitario les obliga a cerrar», ha señalado Ribera, puntualizando que «los plazos de cierre vienen dados» por la propia Comisión Europea. «Creo que pretender que en un mes es posible cambiar lo que ya existe con fecha de pasado mañana es una cosa un poco rara», apostilló, al tiempo que también invitó a los grupos a proponer medidas para «incentivar o facilitar el proceso de transición» para «modular» esta «salida de las centrales, antes o después».

Respecto al gas, la ministra ha llamado a «evaluar y ponderar» si las instalaciones actuales son suficientes o si es necesario aumentar la capacidad pero, en todo caso, siendo «extraordinariamente cautelosos con respecto a delirios de grandeza en un impulso o crecimiento» de un recurso del que, recalcó, carece España y que además «no tiene una larga vida por delante».

«Cautela, por tanto, con respecto al gas, y eso aplica a prácticamente todas las cuestiones que tienen que ver con la generación y con las infraestructuras de gas», ha apuntado Ribera, sin hacer referencia a ningún proyecto concreto, a pesar de que una de las grandes inversiones proyectadas y prioritarias para el anterior Gobierno era la interconexión gasística del MidCat, que conectaría España con Francia a través de los Pirineos. En todo caso, ha diferenciado estas inversiones con el empleo de esta energía «como materia prima en procesos industriales o cualquier otra combinación tecnológica que permita su utilización para fabricar polímeros y facilite más allá de 2050 las emisiones negativas».

Por otro lado, Ribera se ha referido a las subvenciones que pudieran apoyar la generación de energía a través de combustibles fósiles, y ha señalado que hasta ahora no se ha realizado «un diagnóstico» de este sistema en España. Así, ha reconocido que existen «distintas versiones de qué son subvenciones» y cuestionó si hay ayudas «encubiertas» a través de un tratamiento fiscal diferenciado, por lo que ha pedido hacer «un análisis serio» al respecto. En este análisis, apostó por un calendario de eliminación de esas subvenciones, pues considera que «no solo es necesario, sino que es una recomendación del G-20 que no se aplica con todo el rigor que corresponde».

Las emisiones de CO2 crecen un 7% al descender la energía hidroeléctrica y aumentar la generada con carbón, según BP

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Europa Press.- La histórica sequía que se registró en España el año pasado produjo un desplome del consumo de energía hidroeléctrica de un 49% y un aumento del consumo de carbón del 29%, lo que ocasionó un incremento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del 7% en 2017, el aumento más alto desde el 2012.

Según un informe realizado por la petrolera BP, el consumo total de energía en España se incrementó en 2017 un 1,8%, continuando así con la tendencia alcista iniciada en 2015. El petróleo acabó copando el 46,7% del mercado, seguido del gas natural, con un 19,8%; de las energías renovables, con un 11,3%; del carbón, con un 9,7%; de la nuclear, con un 9,5%; y de la hidroeléctrica, con solo un 3%. La fuente de energía que más incrementó su consumo fue el carbón (+29%), seguido del gas natural (+10,2%), de las renovables (+2,2%) y del petróleo (+1,2%). Por el contrario, la nuclear disminuyó un 0,6% y la hidroeléctrica un 49%.

Por su parte, el cambio en los patrones de consumo influyó en los modelos de generación eléctrica. Mientras que la hidroeléctrica pasó de representar el 13,2% del año anterior al 6,7%, la del carbón pasó del 13,6% al 16,6% y la del gas natural pasó del 19,6% al 22,9%. El resto de energías se mantuvieron estables. El presidente de BP en España ve necesario «no decaer en los esfuerzos para seguir impulsando una energía limpia y avanzar en la economía baja en carbono, a pesar de que 2017 ha sido un año en el que las emisiones han vuelto a crecer, fruto de los cambios coyunturales en el mix energético».

En el conjunto del mundo, la demanda global de energía creció un 2,2%, acompañada de un incremento de las emisiones de CO2 del 1,6%. No obstante, las renovables crecieron un 17%, seguidas del gas natural, que aumentó un 3%. La energía nuclear creció un 1,1%, sobre todo en China y Japón; la hidroeléctrica aumentó un 0,9%, lastrada por la caída registrada en Europa; el carbón creció un 1%, su primer incremento desde 2013; el petróleo, un 1,8%. De esta forma, el mix energético estuvo formado por petróleo (34%); carbón (27%); gas natural (23%); energías no fósiles (15%); hidroeléctrica (7%); renovable (3,6%) y un 4,4% nuclear.

España aumentó un 4,4% sus emisiones de CO2 en 2017 al usar más carbón y menos hidráulica para generar electricidad

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Europa Press.– Las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) aumentaron en un 4,4% en 2017 en España respecto a 2016, lo que supone el mayor incremento interanual desde 2002, según datos del Avance del Inventario de Emisiones de GEI del Ministerio para la Transición Ecológica, que señala que España emitió 338,8 millones de toneladas de CO2 equivalente.

El inventario, que será remitido a la Comisión Europea, expone que la principal razón de este aumento se encuentra en las emisiones procedentes de la generación de electricidad, que suponen un 21% del total de emisiones y crecieron un 18,8% durante 2017 ya que hubo una mayor producción de las centrales térmicas de carbón, en un 20,6%, y de los ciclos combinados de gas, en un 27,5%, al mismo tiempo que la producción de las centrales hidroeléctricas cayó un 49% a consecuencia de la pertinaz sequía en un año hidrológicamente muy seco y que tuvo unos niveles similares de producción eólica, que aumentó un 0,4%..

Para el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el balance es «negativo» y por ello ve necesaria una mayor penetración de las fuentes renovables en el mix energético ya que considera que «España no puede seguir fiando los buenos o malos resultados de la trayectoria de emisiones a las condiciones climatológicas«. “Es preciso definir una hoja de ruta para mantener unos resultados óptimos, aun cuando las condiciones climatológicas sean adversas, y desacoplar cuanto antes el crecimiento económico de las emisiones de gases de efecto invernadero», afirma Hugo Morán.

Los datos apuntan que todos los sectores emisores experimentaron un aumento de las emisiones, en un año en el que el Producto Interior Bruto (PIB) en España creció un 3,1% y que fue hidrológicamente «malo» ya que fue «el más cálido y el segundo más seco desde 1965». Así, la principal subida se debió a la generación de electricidad, cuyas emisiones aumentaron un 18,8%; el sector industrial, 3,2%; transporte por carretera, 2,5% o de la agricultura, 2,9%. También se han registrado descensos, especialmente en los gases fluorados, cuyas emisiones cayeron un 17,2% y el sector residencial, con un 2,8% menos.

De este modo, con datos preliminares de 2017, el nivel de emisiones globales se situaría un 17,8% por encima del año 1990 y un 23% por debajo de las emisiones de 2005. Según indicó el Ministerio para la Transición Ecológica, el objetivo es elevar la ambición en la lucha contra el cambio climático de España, planteando una reducción de alrededor de un 20% sobre el nivel de 1990 para 2030, que traducido a las cifras actuales significaría un descenso de algo más de un 45%.

El Ministerio pretende plasmar esta ambición en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que espera someter a información pública antes del mes de agosto y que fijará la senda para cumplir con los objetivos de recorte de emisiones marcada por el Acuerdo de París. Las emisiones procedentes de los sectores sujetos al régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (ETS), un 40% del total, aumentaron un 10,3%, mientras que las emisiones de los sectores difusos (residencial, comercial e institucional; transporte; agrícola y ganadero; gases fluorados, e industria no sujeta al comercio de emisiones) lo hicieron un 0,6%.

El sector con más peso es el transporte (26%), seguido de la generación de electricidad (21%), las actividades industriales (19%) y la agricultura (10%). Por gases, el CO2 supone el 81% de las emisiones totales de GEI, seguido del metano (11%). En cuanto a los sumideros de carbono, las emisiones absorbidas han descendido un 4,8%, en gran parte debido a la disminución del efecto de las repoblaciones sobre el incremento de biomasa forestal y a un notable aumento en las emisiones derivadas de incendios forestales.

Los datos del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de 2017 expone que las emisiones del transporte aumentaron un 2,6% respecto a 2016, sobre todo por el transporte en carretera (25% del total con un aumento del 2,5%) y del transporte aéreo nacional (0,8% del total de las emisiones con un crecimiento interanual del 6,2%). Por su parte, aunque con un menor peso en el global del sector, el transporte por ferrocarril y la navegación doméstica aumentaron sus emisiones (+3,9% y +0,6% respectivamente).

En cuanto a la industria, se estima que en 2017 las emisiones de la combustión en los sectores industriales creció un 4,2%, ligado al incremento de estas emisiones en el régimen ETS. Asimismo, las emisiones de los procesos industriales registraron variaciones interanuales al alza, del 1,4% en el conjunto de minerales no metálicos (cemento, cal, vidrio y cerámica); del 0,3% en la industria química; y del 1,2% en la metalurgia.

El Gobierno estudia el borrador de la Ley de Cambio Climático de Tejerina y presentará una norma para completarlo

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado en el Congreso que está trabajando en una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que quiere presentar, en una primera versión, antes del verano. Para ello, está estudiando el borrador que ha dejado la exministra popular Isabel García Tejerina, aunque ha apuntado que este texto era «insuficiente» y propone mejoras.

Ribera explicó que se trata de una norma en la que ha trabajado parte del equipo del anterior Ministerio de Medio Ambiente y que su contenido coincide «bastante» con la ley sobre esta materia que registró en la Cámara Baja el PP. Sin embargo, la titular de Transición Ecológica ha calificado el contenido de insuficiente y ha apuntado la necesidad de fortalecer objetivos y reforzar algo que, a su juicio, está «ausente» en la actualidad y que es «la voluntad de participación» y de que la norma pueda someterse «a crítica y análisis externo por parte de la comunidad científica».

Para la ministra es «fundamental» llevar a cabo este proceso porque, según ha defendido, el cambio climático no puede «sustraerse del debate público» y de las garantías procedimentales a la hora de aprobar normas. «No se debe venir con un texto sin haberlo trabajado antes, cuando el Gobierno tiene la ocasión de abrir este debate respetando a las instituciones y a la sociedad», ha apuntado Ribera, que respondía así al portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos, el diputado de Equo Juan López de Uralde.

Uralde llamó a la ministra a incluir objetivos ambiciosos en materia de reducción de emisiones y no quedarse en los que son obligación por parte de la Unión Europea, objetivos también en renovables y eficiencia energética. Además, le pide un plan de cierre de centrales nucleares y carbón, con una transición «justa» para que no se pierdan empleos en este proceso. «Apostamos por la recuperación, por parte de la Administración Pública, de las centrales hidráulicas en cuando las concesiones caduquen», añadió el diputado, quien también aboga por una reforma del mercado eléctrico y la democratización de este mercado, así como medidas contra la pobreza energética.

Ribera, por su parte, acogió estas ideas con agradecimiento y ha asegurado que tratará estos temas con Uralde y otros grupos para lograr el mayor consenso posible en esta materia. En este sentido, apuntó que espera contar con la colaboración de todos los partidos y que estos sientan «el mismo entusiasmo y necesidad por este asunto», algo que no duda después «de que el PP haya mostrado su interés» por el cambio climático con la presentación reciente de su ley.

El SOMA-UGT rechaza la transición energética rápida del Gobierno mientras el líder de los socialistas asturianos exige que sea justa

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EFE.- El secretario general del PSOE de Asturias, Adrián Barbón, ha afirmado que desde su cargo va a pedir «exactamente lo mismo» que reclamaba cuando presidía la Asociación de Comarcas Mineras (ACOM), una transición energética «justa». Sin embargo, el secretario general de SOMA-Fitag-UGT, José Luis Alperi, ha defendido la continuidad en el uso del carbón autóctono para producir electricidad y ha rechazado el desarrollo de una transformación energética «muy rápida» como la defendida por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Además, Alperi ha evitado, no obstante, pronunciarse sobre las afirmaciones de Ribera en las que aseguraba que el carbón no tiene futuro hasta que no se reúnan. «Del dicho al hecho hay mucho trecho», apuntó el dirigente del sindicato minero, que ha considerado quela ministra puede tener la idea de hacer políticas «en pos de una transición energética muy rápida», pero que ahora mismo España no tiene energías renovables tan desarrolladas para atender la demanda energética de la industria.

El PSOE defenderá al carbón

«Mi historia está ahí y ésa es la posición política del PSOE de Asturias», ha asegurado Barbón, que admitió que sabe que «flota en el ambiente» la preocupación por la transición energética tras los planteamientos realizados desde el nuevo Gobierno central. El dirigente socialista hizo estas afirmaciones durante su intervención en la apertura del congreso del Soma-Fitag-UGT que reeligió como secretario general a José Luis Alperi, uno de los principales dirigentes junto a Barbón que respaldaron en las primarias socialistas la candidatura de Pedro Sánchez.

Además, se ha mostrado sorprendido de que haya actores que ahora se acuerdan de que hay un conflicto con la transición energética y que hablen de carbón «sin ponerle apellido» ya que, a su juicio, la prioridad debe ser el autóctono. En un congreso tras meses de negociaciones para el futuro del SOMA-FITAG-UGT, Barbón señaló que es «motivo de alegría» que se hayan mantenido las siglas del sindicato minero «por lo que representan en la historia y para el futuro».

Incrementar precio de la energía

Por su parte, el secretario de Organización de UGT Asturias, Abel Suárez, que ha afirmado que las declaraciones de la ministra Teresa Ribera sobre el futuro del carbón no le gustan «ni gota», ha abogado por hablar de carbón autóctono y de un mix energético que permita contar con una industria competitiva. «Nos encontraréis en esa lucha mano a mano porque ayuda a la cohesión de la región y porque las cuencas no merecen más que una transición justa y no es momento de incrementar el precio de la energía», ha advertido el dirigente ugetista.

Javier Fernández buscará una posición común en Asturias sobre el carbón y las térmicas antes de reunirse con Pedro Sánchez

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EFE.- El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, comparecerá en la Junta General en julio durante un pleno extraordinario de la Cámara autonómica para explicar la postura del Gobierno y buscar una posición común ante el riesgo de cierre de las centrales térmicas y el futuro del sector del carbón.

La comparecencia fue solicitada por PP, Izquierda Unida y Foro después de que no fuese posible sacar adelante la declaración institucional propuesta por el PP en defensa de la presencia del carbón en el mix energético nacional y de la continuidad de las centrales térmicas. Previsiblemente, la comparecencia se llevaría a cabo antes de que Fernández mantenga su primer encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dentro de la ronda de reuniones con todos los jefes de Ejecutivos autonómicos.

Para el diputado y secretario general del PP, Luis Venta, aunque Fernández ha expresado ya su criterio contrario a la postura defendida por el nuevo Gobierno, el objetivo debe ser «que lo diga y lo pelee» dado que la postura «radicalmente ecológica» del nuevo gabinete conllevaría un adelanto del cierre de las térmicas. «Es el Gobierno socialista y no vale con decir que Pedro Sánchez conoce muy bien Asturias y que ponga a ministros para cerrar las térmicas», ha apuntado tras reiterar sus críticas a Podemos, y en especial a Ciudadanos, por impedir la aprobación de una declaración institucional conjunta.

Según el portavoz de Podemos, Emilio León, en este asunto y en todo lo relacionado con el sector minero el PP y el PSOE «juegan a la cerilla» de forma que los socialistas pensaban que se la quedaría los populares y viceversa «y la cerilla es cada vez más corta«. A su juicio, el PP ni siquiera ha aportado las cantidades previstas en el último Plan de la Minería para afrontar la situación de un sector cuya desaparición paulatina requiere previamente de «un plan de choque» que genere empleos alternativos.

Para la diputada de Izquierda Unida, Concha Masa, la comparecencia de Fernández debería servir para fijar una posición común y que pueda defenderla ante el Gobierno central mientras que Ciudadanos reprocha a PSOE y PP «lanzarse la pelota» mutuamente en torno al futuro del carbón dada la «imparable» transición ecológica del sector energético que requiere de un pacto de Estado.

Lambán (Aragón) cree que el futuro del carbón depende de un gran acuerdo y los sindicatos piden reunirse con Ribera

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EFE / Europa Press.- Mientras los sindicatos UGT y CCOO piden una reunión a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para tratar el futuro del carbón, el presidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, considera que la solución para la amenaza de cierre de las centrales térmicas, como la de Andorra, debe producirse en un marco de «grandes acuerdos» entre sindicatos y empresas de la minería con el Gobierno de España y sin que el Ejecutivo aragonés «escurra el bulto».

Lambán respondió así al portavoz del PAR, Arturo Aliaga, sobre las acciones que va a llevar a cabo su Ejecutivo para defender la térmica de Andorra tras el cambio de dos escenarios. Uno, el del Gobierno en España, con el nuevo ministerio de Transición Ecológica cuya titular, Teresa Ribero, ha afirmado recientemente que el «proceso de caída paulatina» del peso del carbón «no puede dejar a nadie atrás en el camino», por lo que es necesario ver cómo se activa el empleo y se ofrecen alternativas en las comarcas que dependen de las centrales térmicas. Y el otro cambio, ha recordado Aliaga, el objetivo de que para 2030 el 32% de la energía deberá ser renovable en la Unión Europea.

En esta coyuntura, el presidente aragonés ha señalado que mantendrá la «alianza férrea» que tiene con las comunidades de Asturias y Castilla y León, también afectadas por esta amenaza, y que seguirá apoyando la proposición de ley del exministro Álvaro Nadal para impedir su cierre, así como las políticas del nuevo Gobierno «si consideran que son justas y siempre en el marco de los acuerdos que se adopten con los sindicados y las empresas mineras».

Lambán subrayó que el acuerdo de la Unión Europea alcanzado tiene «un componente preocupante» que hace extremar la alerta respecto a lo que pueda ocurrir en las cuencas mineras y que obliga a ponerse a trabajar «sin perder un minuto«. Reconoció la necesidad de aceptar «la inevitable e ineludible» transición energética hacia las renovables, pero también la de plantearle al Gobierno central que tiene que ser justa, «sin quebrantos en las cuencas mineras», en términos de despoblación y desempleo, «ni en el sistema energético español».

En este sentido, añadió que sin un mix energético en el que el carbón tenga un 5% o 6% de participación, el precio de la energía «se dispararía» en determinadas épocas del año y esa «falla de competitividad» que tiene la industria española respecto a la europea con el precio de la energía «aumentaría todavía más». Por ello, ha insistido en que el Gobierno central debe buscar mecanismos «efectivos» para evitar el cierre de las centrales, que no sean rebatibles en los tribunales por razones de interés general, o mejor todavía si es mediante negociaciones, y que impere la reindustrialización de las cuencas mineras y la búsqueda de economías alternativas.

Lambán ha destacado que el propio sector minero «ya está buscando soluciones», como Samca, que está empezando a convertir el carbón en fertilizante. El presidente insistió en que su Gobierno seguirá aplicando las acciones que ha desarrollado hasta ahora en este asunto «pero intensificando la dedicación» al mismo dado que «se echa encima» tras el anuncio de la Unión Europea.

Ante la consideración hecha por Aliaga de que el anterior Ministerio, del PP, tenía «una hoja de ruta» trazada sobre este asunto, Lambán ha estimado que era «benévolo» con él, dado que en casi 7 años el Gobierno de Mariano Rajoy «no resolvió el problema de las térmicas» y el Plan Miner se ha reducido a la mitad «y se ha empezado a ejecutar tarde». Aliaga, por su parte, pidió a Lambán que retome las negociaciones con Endesa para lograr una solución transitoria, con menores inversiones, para la térmica de Andorra, y ha apuntado que «queda recorrido en Europa», donde hay otros países también afectados.

Los sindicatos piden una reunión

Por su parte, las federaciones de industria de UGT y CCOO han enviado una carta a la ministra para la Transición Ecológica en la que le piden una reunión «a la mayor brevedad» para exponerle su preocupación por el futuro del carbón y las comarcas mineras. Asimismo, la Federación de Industria Construcción y Afines de UGT (UGT-FICA) demanda que se evite condenar a un sector y unos territorios «al paro, la pobreza y la desolación».

Ambos sindicatos han reprochado a Ribera la «rapidez» con que el Ministerio propone llevar a efecto «con gran urgencia medidas dirigidas a unos sectores pertenecientes al grupo de emisiones de gases de efecto invernadero y a sus comarcas mineras, sin una valoración previa con los agentes sociales» sobre lo que se pretende ejecutar y que la ministra «llama transición justa».

UGT y CCOO resaltaron que vienen trabajando y negociando con los diferentes gobiernos planes que mantuvieron una parte importante del sector, aunque no ha ocurrido lo mismo con la recuperación industrial de las comarcas mineras. Han añadido que una «transición justa» es la que «no destruye ninguno de los empleos existentes» y que, «sin perjudicar a ningún sector de la sociedad, crea puestos de trabajo antes de destruirlos» y, sobre todo, la que no genera más paro ni «desasosiego» en unos territorios que ya tienen unas cifras «insostenibles» de desempleo.

UGT y CCOO, que reconocen que se debe «caminar hacia una transición y disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero «, consideran que para ello es necesario observar «siempre tres factores importantes: medio ambiente, precio y seguridad de suministro». Así, piden la búsqueda de soluciones y proyectos de captura y almacenamiento de CO2, «paralizados por el anterior Gobierno», que permitan lograr durante el periodo de transición energética «una combustión más limpia de las centrales térmicas existentes«. De esta manera, reclaman «dar una solución urgente y coherente que, en definitiva, clarifique el futuro del sector y las comarcas mineras» pues de lo contrario se les estará condenando «al paro, la pobreza y la desolación».

Ribera califica el objetivo de renovables del 32% de «buena noticia para España y su industria» tras defender un 34%

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Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha calificado el acuerdo alcanzado en Bruselas entre los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento para fijar un objetivo de energías renovables del 32% para 2030 de «fantástica noticia», ya que supone una «muy buena noticia para España y su industria«. Ribera subrayó que el acuerdo recoge «facilidades importantes» y destaca «el peso que deben tener los sistemas de autoconsumo en la contribución y constitución de un modelo energético diferente».

Los Gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo para fijar ese objetivo vinculante de energías renovables del 32% para 2030 e incluir una cláusula de revisión al alza en 2023, aunque no han conseguido establecer una meta en el caso de las eficiencia energética. Así, la ministra de Transición Ecológica se mostró confiada en que España está preparada para cumplir con esos objetivos a 2030, aunque añadió que para ello «hay que repasar al detalle dónde estamos en este momento» y las «lagunas» que hay que cubrir en un plazo «relativamente corto» para poder cumplir con los objetivos a 2020.

Además, consideró que hay que ser «lo suficientemente inteligentes» para plantear las premisas que permitan alcanzar esos objetivos a 2030 de renovables en la energía final consumida y mirar más allá, con un reto a 2050 de «un sistema energético eficiente, inteligente y 100% renovable«. A este respecto, Ribera destacó “el entusiasmo» y la dedicación de la industria, de los emprendedores, de los trabajadores o de los innovadores, «que han estado dedicándose a explorar nuevas vías fuera de España en los momentos más duras de la crisis, en la recesión antirrenovables, pero que saben hacer y entienden que se abre antes ellos una gran oportunidad».

UNEF: un 35% en 2023

Por su parte, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera muy positivo el acuerdo pero espera que se alcance el 35% que proponía el Parlamento Europeo cuando se efectúe la revisión prevista del objetivo en 2023. En este sentido, el director general de UNEF, José Donoso, expresó la satisfacción de su organización por ese acuerdo teniendo en cuenta que los países de la Unión Europea pedían inicialmente que el objetivo para 2023 fuera de un 27%. Donoso ha dicho que también se alegran de la participación española en esa elevación de la cuota de renovables a partir de la defensa próxima al 35% que hizo la ministra para la Transición Ecológica.

Ha subrayado el protagonismo que cobra así España en el ámbito de las renovables y ha mostrado la satisfacción de UNEF de que el acuerdo afirme el principio de que hay que respetar el autoconsumo, y considera una victoria que se reconozca el derecho de los ciudadanos a generar y consumir energía limpia sin cargos hasta 2026 con la eliminación del denominado impuesto al sol.

Cargos al autoconsumo en 2027

El texto también recoge que a partir de 2027 los Estados miembro podrán revisar este aspecto solamente en el caso de que puedan demostrar, con un análisis coste-beneficio, el impacto negativo en el sistema eléctrico de la exención de los peajes. A este respecto, Donoso destacó que esta posible futura revisión no afectará a las instalaciones de autoconsumo de menos de 25 kW, que seguirán exentas de peajes, por lo que este blindaje «permite establecer una senda de crecimiento sostenido».

Por ello, UNEF, espera que el desarrollo del autoconsumo, «que supone el abaratamiento del coste de la energía para todos los consumidores y la generación de empleo y riqueza, unido a la progresiva reducción de los costes de la tecnología fotovoltaica, anime al Gobierno en ese momento a seguir apoyando el sector como motor clave del desarrollo de nuestra economía y de la transición energética».

Además, UNEF considera un paso adelante que el texto final de la directiva establezca los principios de seguridad jurídica y de no retroactividad, pues dará un marco estable para las inversiones e impedirá que se apliquen medidas de recorte retroactivas en las retribuciones de las instalaciones, como las sufridas en España. Por ello, Donoso cree que este cambio representa «un paso adelante en la normalización del sector y demuestra un claro reconocimiento de su importancia». Donoso espera que esta revisión se produzca «para que a nivel europeo se pueda seguir impulsando la descarbonización y avanzar, en este sentido, en el cumplimiento de los objetivos acordados en el Acuerdo de París».

Recelo en los sindicatos mineros

Por otro lado, los sindicatos CCOO y UGT en Teruel recibieron con recelo el acuerdo de la Unión Europea porque supone un varapalo más para el futuro del sector del carbón y con él, el de las zonas mineras. Para el secretario general de UGT en Teruel, Alejo Galve, no es una buena noticia, pero al tratarse de una tasa global dependerá de la «conciencia política» de los gobernantes de cada país dar más o menos peso a las renovables en el mix energético nacional.

Sobre los fondos anunciados para la reconversión de las zonas mineras, teme que «si llegan en 2020 o 2025 puede ser tarde» si, como en el caso de Teruel, la central térmica de Andorra cierra por falta de inversiones para adecuarse a la normativa ambiental, porque hasta ahora «no ha llegado absolutamente nada» que haga pensar en su continuidad. De producirse esta situación, el líder sindical y trabajador de la central vaticina una drástica bajada de población en la comarca.

La llegada de la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no genera buenas expectativas en el sector del carbón. Según Alejo: «esperábamos todos que entrase un partido de izquierdas» para que se produjeran cambios positivos. Pero no creen que serán buenos para el sector minero, ya que la ministra «habla de transición energética, pero no habla hasta qué años», ha dicho. En ese sentido, ha criticado que se ponga de fecha de fin al carbón en la Unión Europea entre 2030 y 2035 pero que haya países como Alemania que han firmado el futuro del sector hasta 2050.

El delegado de CCOO en la central térmica de Andorra, Antonio Planas, ha dicho que este anuncio de la Unión Europea se enmarca en una «crónica de una muerte anunciada», y critica que no se hayan puesto remedios. «Queremos una transición justa», ha señalado, pero hasta ahora han recibido «palmadas en la espalda» pero no soluciones en forma de empresas que creen trabajo y eviten el éxodo de la población de las zonas mineras. Andorra, capital minera de la provincia de Teruel, cuenta ahora solamente con la central térmica. «Endesa lleva 60 años en Andorra y se ha llevado muchos beneficios», recuerda Planas, quien cree que «algo tiene que revertir».

Optimismo en Castilla y León

Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha considerado que es positivo el acuerdo de la Unión Europea para apoyar a las renovables y la creación de un fondo para dar salida a las cuencas mineras del carbón. La consejera ha pedido a la nueva ministra «menos prisa» en llevar a cabo la transición de la minería de carbón a otro tipo de energía al fijar como tiempo límite el 2025, cuando la Unión Europea ha concedido hasta el 2030. Pilar del Olmo ha indicado que la transición a otras fuentes de energía debe ser «justa y ordenada».

Por eso, ha afirmado que es «positivo» la creación de un fondo para una transición ordenada y ha señalado que la Junta quiere fondos para proyectos vinculados a la biomasa, tras lo que ha recordado que ya apoya a una empresa que lleva a cabo la construcción de una central de biomasa en Cubillos del Sil, en la provincia de León. Del Olmo ha recordado que ha pedido una entrevista con la ministra de Transición Ecológica ante lo que ha considerado «una precipitación» al fijar 2025 como el tope para dar una salida a la minería del carbón, y espera que «pronto» tengan una reunión.