Redacción / Agencias.- El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, aseguró que prefiere «no imaginar» lo que ocurriría si no se habilita un sistema que garantice el consumo de carbón nacional en las centrales térmicas ante lo que considera la «desidia» del Gobierno, que no renuncia a lograr un mecanismo para incentivar la quema de carbón nacional en centrales eléctricas que sea aceptado por la Comisión Europea, indicó el Ministerio de Industria.

Industria asegura que el Gobierno «sigue trabajando por el sector del carbón» y que el ministro José Manuel Soria se reunió la semana pasada con la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, para abordar la posibilidad de que Bruselas «acepte algún tipo de mecanismo de ayudas para garantizar la quema de carbón nacional». Industria argumenta que la caída del precio internacional del carbón está provocando «un cierre abrupto de las minas en lugar de un cierre ordenado hasta el 2018», tal y como prevé la Decisión de la Unión Europea.

El Gobierno también apela a la necesidad de poner en marcha un mecanismo sobre la base de la necesidad de garantizar la seguridad de suministro energético del país. Vestager se mostró «comprensiva con los argumentos españoles», si bien supeditó cualquier tipo de ayuda a que sea compatible con el régimen europeo, para lo cual siguen trabajando equipos técnicos de la Comisión Europea y de Industria.

El ministro argumentó que, «a pesar de los avances en la legislatura anterior», España es un país «con muy pocas interconexiones *con el resto de Europa», de modo que es «vulnerable» de cara a la seguridad de suministro y precisa fuentes autóctonas. La Comisión Europea no se opone a este tipo de ayudas, siempre y cuando se hagan dentro de la legalidad europea, indica Industria. «El compromiso comunitario es por tanto estudiar la posibilidad de una vía legal que permita a España cierta compensación a la quema del carbón nacional hasta el año 2018″, añade.

Asturias critica desidia del Gobierno

El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, aseguró que prefiere «no imaginar» lo que ocurriría si no se habilita un sistema que garantice el consumo de carbón nacional en las centrales térmicas, lo que llevaría a la minería a una situación crítica por la «desidia» del Gobierno. «Debemos estar a tiempo de disponer de un sistema pese al tiempo que se ha perdido y que es achacable al Gobierno de España y, en particular, al Ministerio de Industria», apuntó Fernández después de que la Unión Europea haya cuestionado el modelo propuesto por el Ejecutivo.

El presidente asturiano denunció también que la situación del sector carbonero «no tiene que ver con el hecho de que el Gobierno esté en funciones sino con la desidia de un Gobierno que ha intentado condenar a la minería». En relación con este asunto el ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, indicó que la Comisión Europea «no ha cerrado la puerta» a la puesta en marcha en España de un nuevo incentivo al consumo de carbón nacional, pero que es necesario estudiar su encaje en la normativa europea.

El Parlamento respalda al carbón

Asimismo, el Parlamento asturiano aprobó una iniciativa de Izquierda Unida que muestra su respaldo al futuro de la minería del carbón que ha salido adelante por unanimidad aunque durante el debate se ha producido un duro intercambio de acusaciones entre el PSOE, el PP y Podemos. La iniciativa plantea promover desde Asturias junto a sindicatos, partidos y ayuntamientos una posición común que permita revertir en el seno de la Unión Europea, y en colaboración con otras comunidades autónomas y con el Gobierno central, la decisión adoptada en 2010 de suprimir a partir de 2018 todas las ayudas a explotaciones deficitarias.

La Cámara asturiana se compromete con la defensa del carbón y de su explotación como recurso natural de forma sostenida y sostenible «como un derecho irrenunciable y fundamental para Asturias» y exige del Gobierno central que habilite, tal y como prevé el vigente Plan del Carbón, los mecanismos que garanticen el consumo de hulla nacional. La ausencia de dicha regulación, a cuya renovación Bruselas sigue poniendo obstáculos, favorece según el diputado de Izquierda Unida Ovidio Zapico, el uso de hulla importada con cuyo coste el carbón nacional «no puede competir».

Para el portavoz socialista, Jesús Gutiérrez, en el frente común que plantea la iniciativa aprobada «no puede estar el PP porque es meter al zorro donde usted quiera» dado que incumple sus compromisos con el sector y alberga «al igual que Podemos, gente que siente desprecio por la minería». Previamente el parlamentario de la formación morada, Héctor Piernavieja, había criticado que el plan de cierre del sector fue «firmado y sellado» por PSOE y PP en las últimas décadas en las que además «dilapidaron el dinero que debía servir para construir un tejido económico alternativo».

PP se suma al compromiso

Por su parte, la portavoz adjunta del PP, Emma Ramos, recordó que su partido fue el «único» que luchó contra el cierre de las minas en la década de los años noventa y logró que Bruselas ampliara hasta 2018 el plazo para seguir subvencionando la producción, una decisión que ha considerado «difícil» de revertir por la Unión Europea. Para el diputado de Foro, Pedro Leal, si España deja de producir hulla se «dispararía» el precio de la importada de Colombia, China o Sudáfrica mientras que Armando Fernández, de Ciudadanos, ha emplazado al Gobierno a cumplir lo pactado en el Plan del Carbón, pero abogó por «no volver la cabeza a un pasado que no volverá».

La minería del carbón genera aún en Asturias entre empleos públicos y privados más de 3.000 puestos de trabajo directos y constituye la principal actividad económica de comarcas como la suroccidental donde operan empresas amenazadas de cierre si no se recupera la garantía de suministro para producir electricidad. El vigente Plan del Carbón contemplaba que el único recurso energético fósil de que dispone España supusiera el 7,5% de la producción eléctrica en el mix energético nacional y la hulla es la segunda fuente de generación en España tras las centrales nucleares tras consumir en los últimos años una media de 21 millones de toneladas de las que 18 son importadas.

Castilla y León también reivindica

La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, confía en poder convencer a la Unión Europea por la vía de la «garantía de suministro» e insistió en que la puerta de las ayudas a la minería «no está cerrada«. Tras recordar que la orden del carbón que había preparado el Ministerio de Industria también fue informada desfavorablemente por la CNMC, al considerar que se trataba de ayudas de Estado contrarias a la normativa europea, Del Olmo ha defendido el «nuevo planteamiento» del ministro José Manuel Soria a la Comisión Europea.