Redacción / Agencias.- La preocupación crece en torno a Abengoa. El propio ministro de Industria, José Manuel Soria, indicó que el anuncio de preconcurso de acreedores de Abengoa «no es una buena noticia» pero mostró sus esperanzas de que aún se pudiera llegar a un acuerdo con la banca para la «salvación» de la empresa, un extremo que horas después descartó Gestamp, que asegura que su renuncia a entrar en Abengoa es «definitiva».

Hace dos semanas Abengoa anunció unas pérdidas de 194 millones de euros en los primeros nueve meses del año, acompañadas de una nota de Deloitte en la que planteaba sus dudas sobre la viabilidad de la compañía. Asimismo, Abengoa comunicó que llevaría a cabo una ampliación de capital por 650 millones de euros y la primera parte de esa ampliación, de una cantidad de 250 millones, sería íntegramente suscrita por Gestamp, que aportaría otros 100 millones en una segunda fase.

Soria subrayó la importancia de Abengoa para la economía española en general y, particularmente, para en el sector de las energías renovables. Preguntado sobre si la dimensión del preconcurso podría llevar al Gobierno a acometer alguna acción, Soria prefirió «no adelantar acontecimientos», e insistió en esperar a que pueda haber algún acuerdo con la banca para salvar a esta empresa.

Báñez espera una «buena solución»

Por su parte, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, se mostró confiada en que se pueda alcanzar una «buena solución» para los problemas financieros de Abengoa y que la empresa «siga creando riqueza y manteniendo el empleo». La responsable de Empleo quiso, en nombre del Gobierno, «transmitir un mensaje de tranquilidad», además de destacar la necesidad de «diálogo y negociación» entre los agentes implicados para que «entre todos se busque una buena solución, que sea que sigamos teniendo una gran multinacional española que siga creando riqueza y que se siga manteniendo el empleo«.  «Nos preocupan, por supuestos, los trabajadores y estoy segura de que entre todos se buscará una solución», dijo Bañez.

Rosell (CEOE): todo se resolverá

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, aseveró respecto a la situación de Abengoa que, por la información que tiene pero que no quiso precisar, «al final las cosas se resolverán«.  Rosell indicó que le preocupa «cualquier situación en que una empresa lo esté pasado mal o esté en un proceso de reestructuración y tenga las dificultades que está teniendo Abengoa». El presidente de la patronal aseguró que está «esperanzado en que el tema se solucione». Preguntado por la posibilidad de que aún se puedan ver situaciones como la de Abengoa en grandes empresas españolas como consecuencia de la crisis, lo descartó y consideró que éste es un caso «puntual».

El Gobierno andaluz está preocupado

Desde la Junta de Andalucía, el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, indicó que existe «gran preocupación en los ambientes políticos, económicos y sociales» de España y Andalucía por la situación de la empresa de ingeniera y energía Abengoa. Sánchez Maldonado recordó que Abengoa «es una de las grandes empresas españolas, con más de 30.000 empleos en el mundo y 6.000 en España» y ha añadido que sigue «muy atento» cualquier novedad. «Esperamos que el proceso de ampliación de capital tenga un resultado favorable», añadió el consejero, que consideró que «sería una malísima noticia» si no hubiera final positivo ya que se estaría ante uno de los ERES más grandes de España.

UGT pide soluciones para Abengoa

Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, expresó su «enorme preocupación» por la solicitud de preconcurso de acreedores en Abengoa y pidió que se busquen alternativas para «preservar el empleo». Méndez recordó que Abengoa tiene un empleo directo de 6.000 trabajadores, pero «genera mucho trabajo inducido y tiene una gran capacidad de innovación tecnológica». Por ello, Méndez consideró que la petición de preconcurso «debe ir en la dirección» de asegurar el empleo y su capacidad tecnológica. Por último, el secretario general de UGT manifestó que, aunque se trata de una empresa privada, «las administraciones públicas deben estar muy pendientes de esta situación».