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El Congreso debate este martes un bono social de gas que iría ligado a la renta

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EFE.- El pleno del Congreso debate este martes la propuesta del PSOE de aprobar por Ley un bono social del gas, similar al eléctrico, que contemple descuentos para consumidores vulnerables y que esté ligado a la renta.

El Congreso votará la proposición de Ley presentada por el grupo parlamentario socialista que persigue proteger a los colectivos vulnerables que no pueden afrontar la factura del gas natural o de otros gases combustibles por canalización debido a la subida de los precios energéticos.

La iniciativa incide en que el incremento de la energía tiene un mayor impacto en los presupuestos de los hogares con menores rentas y recuerda que según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE de 2015, los hogares con ingresos mensuales netos inferiores a 999 euros dedican el 42% de su gasto a la vivienda, agua, electricidad y gas, frente al 32% de media del total de hogares.

El bono social del gas que solicitan los socialistas sería financiado por las empresas comercializadoras y por las Comunidades Autónomas al tiempo que la nueva Ley también impediría cortes de esta energía a los consumidores vulnerables severos durante todo el año así como períodos temporales para los vulnerables no severos y que no requieran de la atención de los servicios sociales de las Administraciones Públicas competentes.

Este nuevo bono de descuentos estaría referenciado al indicador del IPREM de renta per cápita familiar y unido al consumidor que tiene la tarifa de último recurso.

Sería aprobado con un Real Decreto y en su posterior desarrollo reglamentario se establecerían los requisitos para poder solicitarlo ya que se centrarían en la renta y en los diferentes tipos de consumidores energéticos vulnerables

El PSOE cree que con este nuevo bono sumado al bono de la electricidad se cubriría el 90% del suministro energético, ya que el 64% de los gastos del presupuesto familiar están vinculados a la electricidad y el 26% al gas, según la Encuesta del INE sobre las condiciones de vida.

La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) pide elevar el consumo bonificado del bono social según el número de hijos

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Europa Press.- La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha pedido al Gobierno que eleve los límites de consumo que el proyecto de decreto presentado por el Ministerio de Energía ha fijado para la aplicación del bono social. Así, la FEFN propone que se incremente hasta los 5.600 kWh al año el consumo en el caso de las familias de categoría especial, frente al tope actual establecido de 3.600 kWh al año, según ha indicado la organización.

Según FEFN, la propuesta de poner un tope se hizo, en palabras del propio ministro de Energía, Álvaro Nadal, «para no bonificar lujos» sino el consumo normal de una familia media. Este límite de consumo supone que el 25% de descuento que supone el bono social en la factura de la luz se aplicará hasta ese máximo de consumo y no sobre el total. A partir de ahí, se facturaría con la tarifa del PVPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor).

En función de los hijos

La FEFN insiste en la necesidad de que estos límites de consumo sean progresivos, en función del número de hijos, y ha solicitado al Ministerio que, en el caso de las familias numerosas de categoría especial, asciendan a 5.600 kWh al año. Según la presidenta de FEFN, Eva Holgado, la norma «no se tendría que haber quedado ahí» sino que se debería «haber seguido estableciendo un porcentaje de descuento o una determinada cantidad de kilowatios por cada hijo de más».

Por otro lado, la FEFN ha remitido a FACUA un escrito en el que manifiesta sus argumentos en favor del mantenimiento del bono social para las familias numerosas, y recuerda que el colectivo está contemplado como «consumidores vulnerables», por lo que, al margen de sus ingresos, pueden acogerse al bono social y beneficiarse del 25% de descuento en la tarifa de la electricidad. Además, aquellas familias numerosas cuyos ingresos no excedan dos veces el IPREM serán contempladas como consumidores con vulnerabilidad severa y se les aplicará un descuento del 40%.

Facua denuncia que la propuesta del Gobierno veta el bono social de electricidad para los consumidores con ingresos reducidos

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Servimedia / Europa Press.- Facua denuncia que el «insolidario» modelo de bono social diseñado por el Gobierno «llega al extremo de que familias adineradas podrán acceder a él por el único hecho de ser numerosas, pero estará vetado para familias con muy reducidos ingresos y cuya renta disponible les provoque una situación de asfixia económica«.

La asociación mostró su «absoluto rechazo» a los proyectos de real decreto y su orden de desarrollo presentados por el Gobierno, por los que se regularán la figura del consumidor vulnerable y el bono social. Energía abrió el trámite obligatorio de exposición pública del proyecto de orden en pleno mes de agosto, con el consiguiente plazo para presentar alegaciones, lo que para Facua pone de manifiesto cómo la regulación llega a ser una «disparatada pantomima».

Con carácter general, para tener derecho al bono social, el Gobierno plantea que las familias sin hijos menores deben ingresar una renta no superior a 1,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que está actualmente en 537,84 mensuales. Si en un hogar entran más de 807 euros al mes no podrá accederse al bono si en él vive una persona, una pareja sin niños menores o una con hijos de más de 18 años. Además, de acceder al bono social sólo afectará a los primeros 1.200 kWh que consuma al año.

Si en la familia hay un menor de edad, sólo se podrá acceder al bono social si los ingresos no superan el doble del Iprem (1.076 euros mensuales). Si hay dos o más menores, el bono estará restringido para las familias que ingresen no más de 2,5 veces el Iprem (1.345 euros). En cuanto a los pensionistas, el bono sólo podrá solicitarse si todos los miembros de la familia perciben la cuantía mínima vigente por jubilación o incapacidad permanente. Además, ya no será accesible para los usuarios que contraten una potencia inferior a 3 kilovatios.

Otro de los «recortes» del Gobierno que denuncia Facua es que si el bono vigente representa un descuento del 25% sobre el importe de la factura eléctrica, el nuevo supondría la misma reducción, pero con un límite en los kWh consumidos. Así, una unidad familiar sin menores sólo tendría bonificados los primeros 1.200 kWh que consumiese al año (100 kWh mensuales), frente los 366 kWh que consume el usuario medio en España, según Facua. En este contexto, la asociación denuncia la «aberración» que supone que familias numerosas con elevado nivel adquisitivo, solo por ser numerosas, se beneficiarán de «descuentos vetados para familias con pocos recursos».

Además de criticar los «excesivos límites de ingresos» establecidos para acceder al bono, la asociación de consumidores apunta a la falta de garantías de los usuarios a la hora de solicitarlo, ya que se tienen en consideración los ingresos brutos pero no la renta disponible tras hacer frente a los pagos esenciales, como la vivienda o el suministro de agua. Asimismo, se opone a que el Iprem sea el índice de referencia y no el salario mínimo interprofesional (707,70 euros al mes), pues el primero «hace años que no se utiliza», y a que las familias deban poner facilitar a las compañías eléctricas datos protegidos como la declaración del IRPF.

El PSOE insta al Gobierno a que las personas con electrodependencia sean beneficiarias del bono social de electricidad

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Servimedia / EFE.- El grupo socialista registró en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a establecer medidas de apoyo a las familias que cuenten entre sus miembros con personas con electrodependencia por razón de salud, entre las que destacan incluir a estas personas como beneficiarias del bono social eléctrico.

Esta proposición, que será debatida en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, pretende defender a las personas con electrodependencia por razón de salud que hay en España, es decir, aquellas que dependen de una máquina conectada a la red eléctrica que los mantiene con vida. El PSOE critica que aún «no existen ayudas para estas personas, a pesar del elevado precio de la electricidad y de los fuertes incrementos producidos en los últimos años».

En este sentido, la propuesta pide que se incluya a estas personas como beneficiarias del bono social eléctrico; garantizar que tengan la consideración de suministros esenciales para que, en ningún caso, se les pueda suspender el suministro de energía y que, en caso de cortes imprevistos, tengan la máxima prioridad para su restablecimiento; e instalar en sus domicilios, de manera gratuita, un sistema de alimentación ininterrumpida para que, en caso de cortes imprevistos, puedan contar con unas horas de electricidad.

El PSOE reclama también que las ambulancias de transporte no urgente, que se utilizan para trasladar a los pacientes con electrodependencia, tengan habilitados los enchufes, y que los traslados de estos pacientes tengan la máxima prioridad. La diputada socialista María del Sol Pérez reivindicó que «es necesario garantizar que no se pueda suspender el suministro de energía eléctrica en los casos de personas electrodependientes, pues su vida depende de ello«.

La Fundación Gas Natural Fenosa y Cáritas se alían para «luchar contra la vulnerabilidad energética»

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Europa Press.- La Fundación Gas Natural Fenosa y Cáritas han firmado un acuerdo para asesorar a los colectivos afectados por la pobreza energética e impulsar la mejora de la eficiencia energética de los hogares más vulnerables. El acuerdo, que establece distintas líneas de acción relacionadas con hábitos de consumo y eficiencia, ha sido suscrito por el director general de comunicación y relaciones institucionales de Gas Natural Fenosa, Jordi García; el director general de la Fundación de la entidad, Martí Solà, y el presidente de Cáritas, Manuel Bretón.

Esta iniciativa también prevé realizar intervenciones en viviendas para reducir el consumo energético, así como mejorar la instalación eléctrica de los domicilios, el aislamiento de los edificios, la climatización y cerramientos de las viviendas. «En este acuerdo también será muy importante la participación de los empleados de Gas Natural Fenosa, a través del voluntariado corporativo que ha impulsado la compañía para ayudar a las familias vulnerables, y que se enmarca dentro del Plan de Vulnerabilidad Energética», ha señalado Jordi García.

Además, con este acuerdo, la Fundación Gas Natural Fenosa pone a disposición de Cáritas su escuela de energía y su teléfono gratuito 900444000 de atención a entidades del tercer sector, en el que se podrán realizar consultas sobre gestiones y trámites para la obtención del bono social, la certificación de vulnerabilidad o títulos equivalentes para colectivos vulnerables. El Plan de Vulnerabilidad Energética de la compañía es el primero desarrollado por una energética española y contempla más de 20 medidas, que tienen como objetivo reforzar y sistematizar la gestión de los clientes vulnerables y fortalecer la colaboración con las entidades del tercer sector y la comunicación con los servicios sociales. En total, supone una inversión de 4,5 millones de euros anuales.

El PP y el PSOE se comprometen a que las autonomías puedan aumentar la protección del bono social de electricidad

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Europa Press.- El PP y el PSOE se han comprometido con la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) a permitir que las comunidades autónomas puedan aumentar los supuestos y el alcance de la protección de los consumidores vulnerables en materia de pobreza energética en el marco de la reforma del bono social.

Así lo ha anunciado la portavoz de APE, María Campuzano, tras reunirse en el Congreso con el portavoz de Energía del PP, Guillermo Mariscal, y la del PSOE, Pilar Lucio, a quienes ha presentado las alegaciones de la organización al proyecto de real decreto que regula el bono social, define el concepto de consumidor vulnerable y la paralización de los cortes de suministro, acordado entre ambas formaciones el pasado diciembre.

Campuzano explicó que ambos grupos parlamentarios se han comprometido a que la reforma del bono social no vaya en perjuicio de que otras legislaciones autonómicas puedan ser «más ambiciosas» en la protección de los consumidores vulnerables. De esta forma, ambas formaciones estarían dispuestas a incluir una disposición adicional y otra final propuestas por APE en la que se establece que la norma asegura una garantía mínima de protección pero «no implicará la prohibición de que los entes autonómicos puedan aumentar los supuestos y el alcance de la protección a los consumidores vulnerables en materia de pobreza energética». También establece que se aplicaría de manera «supletoria» cuando no se haya aprobado una normativa autonómica al respecto.

Asimismo, Campuzano ha explicado que han pedido al PSOE, que se comprometió a incluir todas las alegaciones de APE en las que presentarán los socialistas, una mayor implicación para que ejerza una «mayor presión» sobre el PP, ya que ambas formaciones fueron las que pactaron la reforma del bono social. Por su parte, el PP solo se ha comprometido de momento al punto referido a que las comunidades autónomas puedan ir más allá de la ley del bono social en la protección de consumidores vulnerables.

La portavoz de APE ha criticado que el proyecto de real decreto «no responde a las situaciones de pobreza energética actuales», ya que la definición de vulnerabilidad contempla criterios de renta que «dejan a la mayoría de la población fuera». En esta línea, alertó de que las medidas solo se circunscriben a los consumidores del mercado regulado, cuando hay 14 millones de usuarios en el mercado libre, más de la mitad del total, que «no estarán protegidos ni tendrán descuentos (del 25% al 40%)». Por ello, APE pide que se amplíe al mercado libre o que el paso al mercado regulado sea «automático», así como incluir el principio de precaución.

Podemos pide librar a los hogares vulnerables de la refacturación de la tarifa regulada para corregir el margen de comercialización

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Europa Press.- Podemos En Comú criticó que el Gobierno haya autorizado a las compañías eléctricas la refacturación en un solo recibo de las tarifas que, a lo largo de tres años, se aplicaron erróneamente porque el Gobierno no calculó correctamente el coste de la comercialización de la energía eléctrica de la tarifa semirregulada (PVPC), y pide fraccionar el pago y que se exima a los hogares vulnerables.

La refacturación se sustenta en tres sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en las que se obliga al Gobierno a elaborar una nueva metodología para calcular el margen de comercialización del PVPC. A partir de ello, el Gobierno aprobó un modelo de comunicación que las compañías deben remitir a los usuarios para informarles de los motivos del reajuste en el cobro en el que, lamenta Podemos, «les ha dado libertad para decidir si lo aplican a lo largo de varios recibos o en uno solo».

Por todo esto, la formación catalana, a través de su portavoz de Energía en el Congreso, Josep Vendrell, registró en la Cámara Baja una batería de preguntas para comprobar si el Gobierno conoce los efectos de cargar en una sola factura esta desviación en el cálculo de la factura y para saber las razones por las que el Ejecutivo no excluyó de esta decisión a los beneficiarios del bono social.

Para Vendrell, esta decisión «refleja una nula sensibilidad con aquellos consumidores que atraviesan una grave situación económica y que habitualmente ya tienen dificultades para hacer frente a los recibos». «Ni siquiera se han tenido en consideración a los beneficiarios del bono social, a los que el cobro de las cantidades también se les estaría aplicando íntegramente», lamenta el diputado catalán.

La refacturación del recibo eléctrico medio será de 5,67 euros tras la sentencia del Supremo sobre el margen de comercialización

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Europa Press / EFE.- La refacturación del recibo de la luz que aplicarán las compañías eléctricas encargadas de suministrar la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el objetivo de cubrir el margen de comercialización no imputado en los últimos años será de 5,67 euros para un hogar medio, según indicaron fuentes de Endesa, para así regularizar los cobros después del cambio en los márgenes de comercialización.

Esta refacturación, aprobada por el Gobierno en un decreto con el objeto de cumplir las sentencias del Tribunal Supremo en contra de decisiones regulatorias del propio Ejecutivo, ha de aplicarse hasta el 30 de septiembre y las comercializadoras tienen la opción de hacerlo de una vez o en varios recibos. En el caso de Endesa, el proceso se realizará en una sola factura y el importe medio que se regularizará será de 2,2 euros por cliente, aunque la dispersión es amplia. Para una potencia de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo de 3.000 kilovatio hora (kWh) al año, la regularización total, que abarca casi tres años, será de 5,67 euros.

Otras fuentes del sector eléctrico explican que no todos los usuarios verán incrementada la factura y que con consumos pequeños saldrá a devolver. La nueva metodología, en contra de lo que ocurría con el sistema anterior, tiene en cuenta el consumo realizado. La refacturación es fruto de varias sentencias del Supremo en las que se considera insuficiente el margen de comercialización que desde 2014 el Gobierno reconoció a las eléctricas encargadas de suministrar el PVPC. Desde 2014, este margen se vinculaba únicamente a la parte fija del recibo y ascendía a 4 euros anuales por kilovatio contratado. El Supremo falló que este importe es insuficiente para cubrir los costes de comercialización y obligó al Gobierno a fijar una nueva metodología.

Tras las resoluciones judiciales, el Gobierno publicó un real decreto en el que fija el margen de comercialización en 3,11 euros al año por kilovatio contratado, más una parte que varía en función del consumo realizado. Esta revisión implica a efectos prácticos un aumento del recibo medio final de apenas el 0,02%, aproximadamente 0,25 euros al año. La norma también recoge una refacturación para repercutir al cliente las cantidades no cobradas desde 2014, que es de donde proceden los 5,67 euros que ahora deberá pagar el hogar medio. En todo caso, si el cliente ha tenido un consumo pequeño, es posible que se vea beneficiado con la revisión, al vincularse el importe a la demanda.

La refacturación, que afectará a 13 millones de consumidores, se aplica a los usuarios que durante todo o una parte del periodo comprendido entre abril de 2014 y diciembre de 2016 tuviesen el PVPC, incluidos los consumidores vulnerables acogidos al bono social. Si cambiaron de comercializadora o se dieron de baja, será la empresa que cobró las cantidades en esas fechas la que ahora les pase uno o varios recibos con la regularización. La refacturación vendrá acompañada de una carta explicativa redactada por el Gobierno cuyos términos el Supremo obligó a modificar, al considerar que se daba a entender que la responsabilidad de la misma era de las empresas, cuando en realidad responde a decisiones del Ejecutivo con retribuciones insuficientes.

Denuncian la refacturación de golpe

Por su parte, Facua ha denunciado la autorización del Gobierno a las compañías eléctricas para que cobren, en mayo y de una sola vez, las tarifas que, durante 3 años, se aplicaron “incorrectamente porque el Ministerio de Energía no calculó bien el coste de la comercialización de la electricidad que forma parte de la tarifa regulada”.Una medida que, según advierte Facua, puede llegar a inflar más de un 50% el recibo de la luz en mayo, y que ha propiciado que las eléctricas tengan libertad para decidir si lo aplican a lo largo de varios recibos o “de golpe”, como está haciendo Endesa, según apunta la organización, este mes.

Asimismo, Facua lamenta la “nula sensibilidad que han tenido tanto el Gobierno como las compañías con la grave situación económica de multitud de consumidores, ya que tenían de plazo para imponer la refacturación, previo aviso a los usuarios de los motivos del reajuste, hasta el 30 de septiembre y lo cobrarán de una sola vez”.De hecho, critican que ni siquiera se tiene en consideración a los beneficiarios del bono social, a los que el cobro de las cantidades también se les está aplicando íntegramente.

El Gobierno no prevé bono social para el gas natural porque hay alternativas y ya hay precio máximo al butano

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Europa Press.– El Gobierno no contempla extender al gas el bono social pues considera que el gas natural no es un producto «indispensable», no se consume en todo el país y la alternativa, la bombona del butano, ya tiene un precio máximo regulado que «garantiza» que sea «accesible al cliente socialmente vulnerable». Así ha respondido al portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, que había pedido saber si el Ejecutivo tenía previsto impulsar medidas «para paliar la pobreza energética vinculada al consumo de gas».

En su contestación, el Gobierno justifica que el gas natural «no es un producto indispensable en el entorno doméstico como lo es la electricidad», pues aduce que existen «otros productos sustitutivos», poniendo el ejemplo del butano, y además subraya que «no está implantado en todo el territorio nacional». Asimismo, apunta que los consumidores de gas natural «se han beneficiado de la congelación de la parte regulada del recibo durante los últimos tres años, además de reducciones en el coste del gas durante 2015 y 2016».

Además, añade que con el fin de «contribuir a la protección de consumidores que concurren en circunstancias de vulnerabilidad, se ha mantenido un precio máximo regulado de la bombona de butano» que, sostiene, «es inferior al del resto de países de la Unión Europea». En este sentido, el Ejecutivo defiende que esta medida «actúa de facto como una protección de estos consumidores frente a variaciones bruscas en los mercados internacionales, y garantiza que es accesible al cliente socialmente vulnerable», lo que le permite afirmar que «desde esta perspectiva, se puede asemejar a un bono social«.

Precisamente, el tope máximo del butano fue cuestionado por los socialistas por considerarlo insuficiente, ya que denunciaron que el precio máximo de venta de la bombona de butano se había incrementado en un 20% desde julio de 2016. Así, según advertían, la bombona de butano cuesta 13,52 euros, un 4,89% más que el anterior precio. En este sentido, lamentaban que la subida fuera la cuarta revisión bimestral consecutiva al alza. Por ello, el PSOE preguntó al Gobierno por las causas que sustentan este incremento acumulado de la bombona de butano y también si tenía previsto aprobar un bono social para la bombona de butano con el fin de garantizar el acceso a esta fuente de energía a los colectivos desfavorecidos.

El PSOE reclama al Gobierno un bono social para el butano tras encarecerse un 20% en menos de un año

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Europa Press.- El PSOE ha reclamado al Gobierno un bono social para abaratar el precio que las personas con menos recursos abonan por el butano que, tras la última subida acumula, apuntan los socialistas, un incremento del 20% desde julio de 2016.

Según los nuevos precios máximos de venta recogidos en el BOE, la bombona de butano puede llegar a costar 13,52 euros, lo que supone una subida del 4,89% respecto al anterior precio. Esta subida es la cuarta revisión bimestral consecutiva al alza y supone un 20,2% más que el precio máximo estipulado hace menos de un año. Por ello, el PSOE registró en el Congreso una batería de preguntas dirigidos al Ejecutivo para conocer las causas que sustentan este incremento acumulado de la bombona de butano y le cuestionan por las medidas previstas a corto y medio plazo para evitar que este precio siga aumentando.

Asimismo, preguntan al Gobierno si tiene previsto aprobar un bono social para la bombona de butano con el fin de garantizar el acceso a esta fuente de energía a los colectivos más desfavorecidos. Según recuerdan los socialistas, «el Gobierno se comprometió hace dos años a crear un bono social del gas para las familias más vulnerables que contaba con el acuerdo del sector del butano». «La Comisión Europea ha exigido en reiteradas ocasiones al Gobierno de España que atendiera los problemas que generaba su política energética para amplios colectivos que sufren de pobreza energética», apostillan.

El autor de esta iniciativa, el secretario general del PSOE en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, ha reclamado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, «que actúe ya y no retrase más la adopción de estas medidas» y que «explique a los jubilados y familias con pocos ingresos «cómo llegar a fin de mes con la constante subida generalizada de precios en los recursos básicos, personas a las que el Gobierno se niega a ayudar para salir de la vulnerabilidad a la que le han conducido sus políticas antisociales?», ha cuestionado.