Servimedia / EFE.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, considera, en relación con la pobreza energética, que «la situación de vulnerabilidad de las personas debe ser abordada de forma nacional» y que debería hacerse desde el nuevo Ministerio de Energía. «Hay que buscar soluciones a lo que ha sucedido», afirmó Bogas, quien lamentó la muerte de la mujer de Reus como consecuencia de un incendio provocado por una vela que utilizaba para iluminarse porque se le cortó el suministro eléctrico desde hacía dos meses.

«La situación de vulnerabilidad de las personas debe ser abordada de forma homogénea a nivel nacional con la colaboración de ayuntamientos y autonomías, con las peculiaridades de cada territorio y la colaboración de todos», continuó el ejecutivo de Endesa, quien agregó que «hay que definir bien esta situación y hay que reglarla bien». A este respecto, advirtió de que «las continuas discusiones, las descoordinaciones, los protocolos, la falta de disposiciones organizativas coherentes, las diferencias entre comunidades autónomas y el bono social no ayudan absolutamente a nada». «Se debería unificar, revisar, definir al cliente vulnerable y buscar una solución que, de una vez por todas, prevenga este tipo de situaciones», señaló.

En cuanto al bono social de electricidad, defendió que tiene que ser reformado para que sea efectivo basándose en criterios como la renta y el conocimiento de los Servicios Sociales sobre la verdadera situación de las familias o las personas. «El Gobierno es consciente de esto, que tiene que ajustar estos criterios y que tiene que hacerlo con una regla nacional con el apoyo de comunidades autónomas y ayuntamientos», concluyó Bogas, que se ha mostrado convencido de que es una de las prioridades que tiene el Gobierno sobre la mesa.

Las eléctricas, explicó, han firmado «múltiples convenios de colaboración» con servicios sociales y ayuntamientos, «pero la falta de una reglamentación puede llevar a lamentables sucesos» como el ocurrido. Lo cierto es que Endesa ya planteó la necesidad de «rediseñar» el bono social, una rebaja del 25% en la factura a la que pueden acogerse algunos colectivos, y crear un fondo para luchar contra la pobreza energética. La eléctrica apuntó que debían asignarse recursos a financiar un Fondo centrado en asegurar el suministro a las familias que no pueden pagar la factura ni con descuento y que deberá identificar cada Ayuntamiento.