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Podemos propone abaratar la factura de la luz reduciendo el coste fijo y el IVA de los consumidores vulnerables

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Europa Press.- El grupo parlamentario de Unidos Podemos registró una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados con un paquete de 13 medidas encaminadas a reducir la factura de la luz, entre las que incluye una reducción del coste de la parte fija del recibo, una bajada del IVA para los consumidores vulnerables y una reforma del bono social eléctrico, junto con la creación de un bono social gasista cuyo único criterio de adjudicación sea la renta del hogar.

La citada PNL será debatida en la comisión de Transición Ecológica y expone que el coste energético para la industria española ha tenido el mayor crecimiento acumulado en la última década respecto de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia.

Recuerdan que también la evolución de las tarifas eléctricas para una persona consumidora de electricidad con un perfil medio de 366 kilowatios hora mensuales de consumo han pasado de los 48,95 euros al mes del año 2007 a los 75,52 euros al mes del año 2017. Lo que supone, según recuerda el partido morado, una subida de un 50% con respecto a la tarifa de hace 10 años.

En este sentido, exponen que los incrementos de precio tienen «como principal motor» además de la subida de los peajes y la presión impositiva, «el componente de energía cuyo precio se fija en el mercado mayorista«. Así, exponen que el sistema por el que se fijan los precios determina que el precio del megavatio hora pueda ser igual para la hidroeléctrica que para una central térmica «a costa de las personas consumidoras y del tejido productivo español».

Por ello, plantean como «ineludible» la necesidad de «intervenir y modificar la formación de los precios de la energía en España» ya que consideran que con el actual sistema se ha producido una reducción del margen de actividad para las pymes, una desprotección de los consumidores y un aumento de las reclamaciones convirtiendo así a los ciudadanos y al tejido empresarial en «rehenes del mercado eléctrico».

Para hacer frente a esta situación, el Grupo de Unidos Podemos propone 13 medidas encaminadas a reducir la factura de la luz. Así, plantea una reforma de la factura eléctrica reduciendo el coste de la parte fija, reduciendo los pagos por capacidad que reciben determinadas centrales solo por el hecho de estar disponibles.

Recuerdan que la reforma del bono social de octubre de 2017 puede dejar en riesgo de pobreza energética a 1,7 millones de personas por el complicado proceso de solicitarlo. Por ello, plantean una reforma del bono social eléctrico y crear un bono social gasista para que, en ambos casos, su solicitud sea automática, que el único criterio de adjudicación sea la renta del hogar y que sea suficientemente progresivo como para garantizar que cualquier hogar tiene acceso a un suministro esencial.

A estas medidas se suma la propuesta de reducir el IVA de la electricidad a los consumidores vulnerables. «Una reforma así, garantizaría un abaratamiento de la factura para gran parte de la ciudadanía en su residencia habitual», apostillan en el texto.

Junto con estas propuestas, proponen recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas permitiendo que los usos del agua operen en favor del interés general, facilitando una transición hacia un modelo 100% renovable.

Además, plantean reformar el mercado eléctrico, del tal forma que se apruebe un gravamen sobre el exceso de retribución que reciben en el mercado centrales ya amortizadas, con el fin de «acabar con los beneficios caídos del cielo«.

También piden ajustar la retribución del transporte y la distribución eléctrica, de acuerdo con los recientes informes del organismo regulador y modificar los requisitos, reglas y convocatorias de las subastas para la asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable.

El partido morado quiere que se impongan nuevas obligaciones a las empresas para facilitar el acceso a la información, la toma de medidas de eficiencia y ahorro energético de los consumidores; que se apoyen reformas normativas para eliminar las trabas al autoconsumo, derogando el «nefasto» Real Decreto 900/2015, que recoge el llamado impuesto al sol e implantar un plan público para fomentar la eficiencia energética y promover techos solares.

A todo ello, añaden una propuesta para desarrollar los certificados de ahorro energético para que las empresas puedan descontarse dichas cantidades de la cantidad que les corresponda aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que actualmente están repercutiendo en factura a los consumidores.

Para Podemos es importante también introducir modificaciones normativas encaminadas al aumento de control y lucha contra la corrupción, que impidan las puertas giratorias desde la gestión pública hacia las empresas energéticas y también realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico nacional. De esta forma se podrían determinar los costes reales de producción de la electricidad con cada tecnología así como los costes asociados a los servicios de transporte y distribución, así como una auditoría específica del déficit de tarifa.

Finalmente, proponen realizar una «reforma de calado» que permita alcanzar un sistema fiscal que fomente la lucha contra el cambio climático y la transición energética. «Dicha reforma debería buscar incrementar la recaudación asociada a la fiscalidad ambiental en varios puntos porcentuales del PIB, en línea con la media europea, al mismos tiempo que incremente la progresividad fiscal».

El Gobierno se plantea ampliar el bono social de la luz a otros suministros como el agua o el gas

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, desveló la voluntad del Gobierno de abrir un «debate social» para ampliar el bono social de la luz para paliar la pobreza energética a otros suministros como el agua o el gas.

Durante su primera comparecencia ante la Comisión de Transición Ecológica en la que ha expuesto las prioridades de su Ministerio, Ribera ha explicado que desde la Administración hay que «impulsar» un proceso estratégico en torno a la lucha contra la pobreza energética en la que se impliquen todos los agentes para lograr un debate social en el que se coordinen las distintas medidas. De hecho, ha asegurado que desde el Gobierno impulsará el agua como un derecho humano, según reconoce la ONU, porque se deben garantizar los derechos fundamentales como el agua y la energía.

A su juicio, del mismo modo que con la electricidad, ningún hogar debería ser privado de un bien básico para la vida como es el agua, y señala que los poderes públicos deberán velar para «garantizar» que no se vea vulnerado este derecho fundamental. En este contexto, la ministra recordó que en 2016 el 15% de la población fue considerada como vulnerable y que sufre pobreza energética, ya que no pudo mantener la temperatura de su hogar o tuvo que dejar de pagar algún recibo.

Por eso, la ministra expuso que se debe «hacer frente» a esta necesidad de cubrir las necesidades inmediatas y fomentar la eficiencia energética de los edificios y, al mismo tiempo, favorecer a la población más vulnerable e impulsar otras medidas de acción básica desde la Administración. «El bono social eléctrico aborda solo el problema de forma parcial y debe ser mejorado para facilitar el suministro a todos los hogares», manifestó.

Críticas a Ribera por Castor

Por otro lado, la oposición criticó a Ribera porque consideran que no ha asumido responsabilidades después de firmar la declaración de impacto ambiental que permitió la construcción del almacén de gas submarino Castor, frente a Vinaroz (Castellón), por descansar la responsabilidad en los funcionarios y negar que haya generado algún daño patrimonial. Sobre este tema la ministra ha asegurado que es «extraordinariamente respetuosa con la ley» y que en «el lío de Castor» se limitó, en su función de secretaria de Estado de Medio Ambiente del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a firmar una declaración de impacto ambiental al tener una «confianza inmensa» en los funcionarios de su departamento.

En respuesta a la oposición, Ribera ha negado su responsabilidad en el cierre posterior del proyecto de almacén de gas porque entonces le pareció «importante cumplir a rajatabla lo que decía la ley y firmar declaraciones de impacto ambiental». Si bien, ha destacado que «el lío de Castor tiene muy poco que ver con una declaración de impacto ambiental que, evidentemente, fue favorable con arreglo a la información de la que se disponía en ese momento». Ha recordado que en su tramitación la propuesta de resolución se compartió con ayuntamientos, comunidades autónomas e instituciones que habían participado en el proceso.

En todo caso, se instaló un sistema para generar alertas tempranas si se producía algún tipo de incidente, como ocurrió. Además, la ministra ha añadido que el informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) confirmó el año pasado que habría sido «imposible» hacer más de lo que se hizo en aquel momento. Sin embargo, ha señalado que años después los «disgustos y las lecciones hay que tomarlas en otros frentes» y ha asegurado que no hubo «ningún daño ambiental y no hay ningún daño patrimonial» más allá de la gestión de una infraestructura «enormemente costosa».

«Planteémonos si no queremos activar un marco de restricciones mucho más importante a este tipo de actividades offshore, algo que quizá tiene todo el sentido del mundo y dificulte de raíz la posibilidad de que ocurran episodios de este tipo», ha instado. En todo caso, se ha comprometido a presentar las distintas opciones y propuestas para dar una salida a Castor, tanto desmantelamiento como hibernación definitiva, en cuanto disponga de ellas porque de momento, según criticó, le está costando encontrar información relativa a «todos los asuntos relacionados con política energética en las unidades del Ministerio».

La cuestión del almacén de gas, cuya DIA firmó Teresa Ribera hace ahora 10 años, ha sido uno de los asuntos que ha generado más polémica. Así, el diputado de ERC, Joan Capdevilla, ha criticado a Ribera al negar daño patrimonial del almacén Castor, porque a él le ha hecho «realmente daño en el bolsillo» en cada «puñetera factura» del gas y ha añadido que «parece que va a seguir habiéndolo», porque las lecciones a extraer es que ese daño patrimonial lo paga cualquier ciudadano.

En la misma línea, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, también se ha sentido «dolida» y ha recordado a Ribera que el dinero público «es de todos» y que en cada factura del gas se precisa la carga del sistema gasista precisamente por el caso Castor. «Me ha dolido enormemente porque es el dinero de todos nuestros ciudadanos”, ha reclamado.

Del mismo modo, el diputado del PP, Guillermo Mariscal, ha indicado a Ribera que el decreto de 2008 firmado por el expresidente Zapatero y el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, fue «claramente lesivo para la sociedad española» porque estimaba que aún si la empresa concesionaria incurría en negligencia se pagarían los costes de la operación, por lo que cree que habría sido «más sencillo» para la ministra admitir «el error que Zapatero ya admitió».

Sobre la cuestión, la también diputada del PP, María Teresa de Lara, ha afeado a la ministra que eluda su responsabilidad en la cuestión y que firmase una DIA favorable para culpar ahora a los funcionarios, al tiempo que ha recordado que también está la firma de Ribera en la DIA del proyecto de gas en Doñana. «No puede descargarse en ellos. No se tuvo en cuenta en aquel momento el riesgo sísmico en evaluación de impacto ambiental» ha criticado De Lara que ha defendido que fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que, precisamente, introdujo la obligatoriedad de contemplar el riesgo sísmico para que «esto no vuelva a suceder».

Por último, la ministra ha pedido disculpas en su réplica por haberse expresado mal y ha asegurado que no pretendía herir la sensibilidad de nadie y admitió que en el caso de Castor hay «lecciones importantes que extraer de cosas que no deben volver a ocurrir». «Cuando hablaba de patrimonio estaba pensando en patrimonio natural y en daños materiales en infraestructuras edificadas. Es evidente que hay un perjuicio patrimonial para el conjunto del sistema y de los contribuyentes y es evidente que tenemos por delante el desafío sobre cómo resolver técnicamente algo que está allí y que tiene que gestionarse con plena seguridad», ha concluido.

El pleno del Congreso acepta tramitar la ley del PSOE para extender el bono social al consumo de gas natural

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Europa Press / Servimedia.- El pleno del Congreso ha aceptado tramitar la proposición de ley del PSOE para extender el bono social de la electricidad a los consumidores de gas natural u otros combustibles gaseosos por canalización, que sería cofinanciado por las empresas comercializadoras y las administraciones autonómicas. La iniciativa de los socialistas fue respaldada por Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra Republicana, PDeCAT, Compromís y Foro Asturias, mientras PP, PNV y UPN se abstuvieron. Ningún partido se posicionó en contra de su admisión a trámite.

La propuesta pasa por financiar este bono en los mismos términos que el bono social de la electricidad, recordando que varias administraciones autonómicas y ayuntamientos dedican partidas a costear el suministro energético. Asimismo, la proposición de ley recoge el impedimento del corte del suministro del gas entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, y nunca a aquellos servicios considerados esenciales o personas consideradas como consumidores vulnerables severos. Además, el PSOE propone ampliar de 2 a 4 meses el plazo para cortar el suministro a otros hogares vulnerables.

Deberá ser el Gobierno, en todo caso, el que determine qué es un consumidor vulnerable a través del desarrollo reglamentario posterior aunque, según señalan desde el PSOE, su propuesta es que se considere como tal a toda persona que tenga ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM. El bono social recogido en la proposición socialista cubriría la diferencia entre la tarifa de último recurso y el valor base que establezca el Gobierno para los consumidores reconocidos como vulnerables, pudiendo ser distinta esta cobertura en función del consumidor. Los porcentajes de financiación que deberá asumir cada suministradora serían calculados anualmente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En su defensa de la iniciativa, la portavoz de los socialistas de Energía, Pilar Lucio, defendió su importancia porque «la situación económica de las familias españolas no está para grandes fiestas, ya que nada ha mejorado para las familias con mayores dificultades económicas». A este respecto, denunció que entre 2007 y 2014 el precio del gas se ha encarecido un 67%, que España es el tercer país europeo con el precio del gas más caro, y que, en la actualidad, un 11% de los hogares no puede mantener su casa a una temperatura adecuada. Además, recordó que entre los consumidores de gas natural hay muchos pensionistas, viviendas de protección oficial y familias con hijos pequeños.

Asimismo, ha recordado que la Unión Europea obliga a través de su directiva a la protección de los clientes vulnerables como un servicio público, directiva que, ha dicho, «el Gobierno sigue desoyéndola pese a estas dificultades». Por último, ha recordado que el Ejecutivo se comprometió a desarrollar en 3 meses el reglamento del bono social, donde debería definir el perfil de consumidor vulnerable. «Han pasado 10 meses desde la publicación de decreto ley. Se acerca el invierno y no sabemos ni cuándo ni cómo se va a articular», ha lamentado.

En nombre del PP, Guillermo Mariscal, mostró su apoyo a un mecanismo que refuerce la posición de los consumidores, aunque ha instado a abandonar la política a corto plazo en cuestiones energéticas y ha afeado los «graves errores técnicos» de los que, a su juicio, adolece la ley.  Por ello, ha llamado a evitar «medidas de este tipo buscando únicamente el populismo» y a tener en cuenta la sostenibilidad financiera de cada medida propuesta, un extremo que, ha defendido, su bancada lleva «en el ADN». «Lo que aprobemos, que se pueda pagar. No traslademos la deuda al futuro», ha aseverado.

Pese al apoyo manifestado, la iniciativa ha despertado duros reproches desde Unidos Podemos y ERC. Así, la portavoz deEn Marea, Yolanda Díaz, criticó que se encargue al Gobierno en un desarrollo la definición de consumidor vulnerable para el gas, lo que considera «un cheque en blanco» y «absolutamente cómodo para el PP«.  «No sé cómo se fían cuando llevamos 10 meses sin reglamento», aseveró. En este sentido, ha desmentido que los ayuntamientos hayan contado con financiación complementaria para abordar la pobreza energética, tal y como prometió el Ministerio, y pidió «intervenir en el precio de la energía sin cortarse». «O estamos de lado de las multinacionales o de lado de los derechos fundamentales«, sentenció.

Mientras, Joan Capdevila, de Esquerra Republicana de Cataluña, ha lamentado que la propuesta se quede «muy lejos» de la legislación catalana, suspendida por el Tribunal Constitucional, y que no se haya apostado por un modelo energético renovable y más democratizado, que favorezca a productores más modestos. «Votaremos a favor, pero esperando no enmendar, ya que si gana el Sí en el referéndum, la Ley energética volverá a estar en vigor manteniendo una mínima dignidad a las víctimas de sus políticas energéticas y sociales», ha dicho.

Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, acusó al PSOE de oportunista por lanzar esta iniciativa que ya fue aprobada en Comisión a propuesta de Ciudadanos y que no fue tenida en cuenta por el PSOE al negociar el bono social eléctrico, por lo que ha manifestado no saber si los socialistas están interesados en resolver la pobreza energética o en convertir esta cuestión en «propaganda política». En sus intervenciones también anunciaron su voto favorable el PDECat y Foro Asturias. Por parte del PDeCAT, Miriam Nogueras también ha recordado la legislación catalana, que ya recogía las medidas contenidas, mientras que desde Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca ha calificado de «razonable dotar de amparo legislativo a familias que están sumidas en la pobreza energética».

Idoia Sagastizabal, del PNV, tachó la propuesta socialista de «parches» y ha recordado que en el País Vasco existe un compromiso de las compañías para no suspender el suministro y que se articulan medidas entre diferentes instituciones. «Reconocemos esta realidad y no queremos dejar a nadie atrás», ha dicho, avanzando su abstención, pues ha justificado que los ayuntamientos ya se ocupan de estas medidas y que en la mesa de transición energética se abordan igualmente.

El Congreso debate este martes un bono social de gas que iría ligado a la renta

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EFE.- El pleno del Congreso debate este martes la propuesta del PSOE de aprobar por Ley un bono social del gas, similar al eléctrico, que contemple descuentos para consumidores vulnerables y que esté ligado a la renta.

El Congreso votará la proposición de Ley presentada por el grupo parlamentario socialista que persigue proteger a los colectivos vulnerables que no pueden afrontar la factura del gas natural o de otros gases combustibles por canalización debido a la subida de los precios energéticos.

La iniciativa incide en que el incremento de la energía tiene un mayor impacto en los presupuestos de los hogares con menores rentas y recuerda que según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE de 2015, los hogares con ingresos mensuales netos inferiores a 999 euros dedican el 42% de su gasto a la vivienda, agua, electricidad y gas, frente al 32% de media del total de hogares.

El bono social del gas que solicitan los socialistas sería financiado por las empresas comercializadoras y por las Comunidades Autónomas al tiempo que la nueva Ley también impediría cortes de esta energía a los consumidores vulnerables severos durante todo el año así como períodos temporales para los vulnerables no severos y que no requieran de la atención de los servicios sociales de las Administraciones Públicas competentes.

Este nuevo bono de descuentos estaría referenciado al indicador del IPREM de renta per cápita familiar y unido al consumidor que tiene la tarifa de último recurso.

Sería aprobado con un Real Decreto y en su posterior desarrollo reglamentario se establecerían los requisitos para poder solicitarlo ya que se centrarían en la renta y en los diferentes tipos de consumidores energéticos vulnerables

El PSOE cree que con este nuevo bono sumado al bono de la electricidad se cubriría el 90% del suministro energético, ya que el 64% de los gastos del presupuesto familiar están vinculados a la electricidad y el 26% al gas, según la Encuesta del INE sobre las condiciones de vida.