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Madrid y Barcelona exigen lealtad al Estado frente a la contaminación y piden eliminar las ventajas fiscales al diesel

Europa Press.- Los ayuntamientos de Madrid y Barcelona han exigido «lealtad» al Estado y que emplee sus competencias para unirse en la lucha contra la contaminación con la revisión del impuesto especial sobre carburantes, eliminando las ventajas fiscales que favorezcan la compra de vehículos diesel, o el incremento de la financiación del transporte público de proximidad «alcanzando como mínimo los niveles de 2010».

La delegada madrileña de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y la concejala responsable en Barcelona de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, han presentado más de una decena de exigencias dirigidas al Gobierno central. Sabanés y Sanz han coincido en que la contaminación es un «problema de Estado», razón por la que ambas ediles han exigido «el máximo nivel de lealtad y que cada cual cumpla con su obligación».

Las exigencias planteadas al Gobierno central incluyen la modificación del impuesto de matriculación para priorizar los menos contaminantes, especialmente los Cero y ECO; la obligatoriedad de la identificación mediante el etiquetado establecido por la DGT en función del potencial contaminante, así como su perfeccionamiento con las etiquetas para motocicletas, ciclomotores no eléctricos y vehículos industriales hibridados de bajas emisiones; o el desarrollo de programas PIVE para incentivar la renovación de los vehículos profesionales y turismos más contaminantes en NO2 y PM y que la ayuda tenga en cuenta criterios sociales.

Las dos ciudades plantean la aplicación de descuentos en función de la etiqueta ambiental de la DGT en los peajes de competencia estatal; la priorización de inversiones vinculadas a las infraestructuras ferroviarias; la habilitación de BUS VAO; y modificar la Ley de tráfico para incluir como infracción grave o muy grave el incumplimiento de las medidas especiales de ordenación de la circulación por razones medioambientales.

También proponen modificar el Reglamento de Circulación para prever medidas de ordenación de la circulación por razones ambientales; la revisión de la fiscalidad y tasas portuarias y aeroportuarias con el fin de permitir una mayor diferenciación en función del nivel de contaminación y promover medidas de competencia autonómica que tengan impacto en la mejora de la calidad del aire, como el control de calderas, legislación autonómica de movilidad sostenible aplicable a empresas o una mejora de los controles de las emisiones contaminantes en las ITV.

Revisar la fiscalidad del diesel

Inés Sabanés, por su parte, ha defendido que los planes municipales de lucha contra la contaminación, como el Plan A, «requieren la coordinación con el resto de administraciones porque hay cuestiones que las ciudades no pueden resolver» como, por ejemplo, la afección en los aeropuertos, los carriles Bus VAO o medidas relacionadas con la fiscalidad de los coches diésel, asunto que ha calificado de nuclear.

Janet Sanz puso el foco en que la contaminación es «un problema de Estado» y de salud pública que genera 24.000 muertes al año en España según un estudio ambiental de la Unión Europea. El Ayuntamiento de Barcelona, a su vez, ha elaborado un estudio que cuantifica las muertes prematuras en 600/700 al año, unidas al incremento de ingresos hospitalarios. «La inacción no es alternativa porque está en juego la salud de la gente», esgrime.

La edil ha cargado con el «sin sentido» de que haya incentivos fiscales para la compra de vehículos diésel por parte del Estado cuando las ciudades limitan el acceso de este tipo de coches en determinados episodios contaminantes. Además, Madrid y Barcelona han defendido el transporte público exigiendo que el Gobierno central no sólo no siga recortando en esto sino que aumente su contribución, como hacen los ayuntamientos. La concejala de Barcelona también se ha referido al coste que le supone al municipio la recarga de vehículos eléctricos, unos 4.000 euros al año el kw/h.

Polémica de Madrid con Tejerina

Por otro lado, Sabanés ha defendido la coordinación de su cartera con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente en materia de contaminación y ha asegurado que las nuevas medidas de su plan, que restringen el uso del coche privado en Madrid, estaban «más que anunciadas«. Así, Sabanés respondió a la ministra del ramo, Isabel García Tejerina, que admitió que le «chocó» que el Ayuntamiento de Madrid no les informara de sus nuevas medidas anticontaminación, en relación a la prohibición de los vehículos más contaminantes, de cara a defender su actuación ante la Unión Europea.

La edil de Ahora Madrid ha defendido que desde el Consistorio de la capital han hecho «todos los esfuerzos de coordinación con el Gobierno y la Comunidad». Asimismo, Sabanés señaló que la reunión con la Comisión Europea trataba fundamentalmente de medidas «que va a tomar y que debe tomar» el Gobierno de España, y no de planes anticontaminación municipales, que asegura que ya han sido presentados a la Unión Europea.

Tejerina admite que le «chocó» que Madrid no le informara de nuevas medidas anticontaminación para defenderlas ante la Unión Europea

Europa Press.- La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, admitió que les sorprendió «mucho» que el Ayuntamiento de Madrid no informara al Ministerio de sus nuevas medidas anticontaminación, en relación a la prohibición de los vehículos más contaminantes, de cara a defender su actuación ante Bruselas.

«Nos sorprendió mucho porque después de estar reunidos con el Ayuntamiento de Madrid, no oculto que nos chocó un poco que mientras teníamos la reunión en Bruselas con su información, contaran a la prensa unas nuevas medidas que no nos habían facilitado para defender su actuación ante Bruselas», ha declarado la ministra, que ha recalcado que “lo más serio” no es “lo que cuento a la prensa sino cómo cuido la salud de los ciudadanos sobre los que tengo una responsabilidad porque gestiono la calidad de su aire», ha indicado la ministra en relación a las nuevas medidas que plantea el Consistorio de la capital.

Respecto a la calidad del aire en España y el incumplimiento de la normativa europea, la ministra defiende que la calidad del aire «mejora» desde el año 2001 y que si en 2010 el país tenía 10 infracciones, en la actualidad se han reducido a 5. García Tejerina ha afirmado que no hay un problema generalizado de calidad del aire, sino que se concentra en Madrid y Barcelona donde, sin embargo hay «mucha» población afectada. Ante esta preocupación, Tejerina ha esgrimido que en la pasada legislatura se aprobó el Plan Aire y ahora se ha aprobado el Plan Aire 2.

Incentivos a la movilidad alternativa

Sobre esta temática, ha reconocido que les «preocupa» en cuanto al medio ambiente y a la salud de los ciudadanos y que por ello han diseñado dos planes, que, entre otras cosas, contemplan la renovación de la flota de vehículos. En este sentido, ha asegurado que en España seguirá habiendo un «incentivo importante» a los vehículos impulsados con motores alternativos, con el fin de mejorar la calidad del aire. Tejerina ha recordado que ya habido ayudas a la adquisición de vehículos impulsados con energías alternativas que se agotaron «rapidísimo», por lo que confirmó que el Gobierno seguirá apoyando estas tecnologías con nuevos planes de incentivo.

«Me consta que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, tiene encima de la mesa muchas propuestas que iremos viendo porque, efectivamente, el problema no solo es medioambiental sino también para la salud de las personas», ha añadido. En esta línea, la ministra ha resaltado que hay que seguir trabajando en el campo del coche eléctrico, aunque también en el apoyo a otros vehículos «más limpios», como los impulsados con gas.

Tejerina recordó que, a través de los planes PIVE, se destinaron cerca de 1.200 millones de euros a la renovación del parque automovilístico español, e indicó que gran parte de estos fondos fueron a parar a modelos con motores «no convencionales«. Finalmente, ha resaltado que todavía «quedan muchas cosas por hacer» a la hora de mejorar la calidad del aire y subrayó que al final son los ciudadanos los que deciden si utilizan el transporte público u otras soluciones de movilidad, como las motos y coches eléctricos compartidos que existen en la ciudad de Madrid.

Arias Cañete urge a Madrid y Barcelona a cumplir al 100% sus planes de mejora de calidad del aire

Europa Press.- El comisario europeo responsable de Acción por el Clima y Energía, Miguel Ángel Arias Cañete, insistió en que son Madrid y Barcelona los que concentran en España los principales problemas en materia de calidad del aire y urgió a sus ayuntamientos a cumplir «al 100%» sus planes para mejorar esta situación.

Cañete se une así a las críticas que la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, realizó en sede parlamentaria a los gobiernos de Manuela Carmena y de Ada Colau, a quienes les pidió «responsabilidad» ante este problema «importante». Aún así, el comisario ha reconocido que en toda Europa son los «grandes ayuntamientos y las aglomeraciones urbanas» las que concentran los problemas «localizados» en materia de calidad del aire y, es por eso, que el comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, se reunió hace semanas con los representantes de los países más atrasados en este tema «para decirles que había que cumplir los objetivos y poner en marcha medidas potentes«.

«La calidad del aire afecta a la salud de 400.000 europeos al año», ha indicado el exministro a su llegada a la Comisión para el estudio del Cambio Climático del Congreso. En este sentido, Cañete ha sugerido a los grupos parlamentarios que pidan la comparecencia de Vella en la Cámara Baja como responsable directo de esta materia. Según ha explicado, él podrá detallar mejor cuáles son los problemas que se pueden registrar en ciudades como Madrid y Barcelona y los conocimientos que tiene de los planes que allí se están poniendo en marcha y que, a su juicio, si se cumplieran «tendrían un impacto» en materia de calidad del aire.

Sí que es competencia del comisario la lucha contra el cambio climático, una materia que, según ha apuntado, es el «mayor reto con el que se enfrenta el planeta en la actualidad». El exministro, que ha calificado la situación de «extremadamente preocupante«, ha señalado que desde 2011 se han vivido 16 de los 17 años más calurosos de la Tierra desde que se tienen registros y que la suya es «la primera generación que experimenta los efectos del calentamiento global”.

«Urge actuar contra el calentamiento por debajo de los 2ºC y sería mejor por debajo del 1,5ºC», reconoció. En este sentido, ha garantizado su compromiso para que la Unión Europea «avance en una economía baja en emisiones de carbono». Parte de la descarbonización de la economía depende de las renovables y Cañete ha explicado que España «está cumpliendo los objetivos que se trazaron a 2020» y que, incluso, «está por encima de la senda de cumplimiento». En concreto, el país tenía que cumplir el desarrollo de un 20% de renovables y, en 2016 este porcentaje estaba «por encima del 17%». «Hay otros países con más dificultades para cumplir» ha reconocido.

Pero, en general, cree que la Unión Europea está en buen camino. «Está trabajando para estar lista en 2020 y ahora en el Parlamento estamos discutiendo los objetivos de 2030, que son más ambiciosos», señaló. A su juicio, Europa tiene «un liderazgo muy claro» en esta materia, así como «seriedad para cumplir los objetivos» con una «legislación suficiente» para ello. «Ahora mismo estamos discutiendo las directivas de renovables, de eficiencia energética en edificios y hemos puesto en marcha nuestro sistema europeo de carbono y de derechos de emisión», ha declarado, para señalar que se trata de «una legislación muy potente».

Estas palabras no han calado entre los portavoces de la oposición, que criticaron el optimismo presente en el discurso del comisario. Así, el socialista Marc Lamuà y el morado Juan López de Uralde, han denunciado la «inacción» del Gobierno en esta materia y la «falta de liderazgo» que España necesita para «el ambicioso avance» al que se ha comprometido. «Algo falla en el análisis cuando España se sigue hundiendo en los rankings de lucha contra el cambio climático», apuntó Lamuà.

Para el portavoz de Ciudadanos, José María Martínez, la credibilidad del Gobierno está en entredicho ya que Tejerina aporta unos datos y unos objetivos que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, no apoya. «Hay mensajes confusos», apunta el diputado, que ha preguntado a Cañete sobre su visión al respecto. «Viajen por Europa y verán lo que pasa con la discordancia de ministerios», respondió el exministro, quien ha defendido la «buena coordinación» entre políticas energéticas y de clima para obtener resultados. Según explicó, esa es su misión: «conseguir que los planes que presenten los estados miembro integren energía y clima, con medidas definidas». «Son fundamentales», insistió.

Uno de estos planes conjuntos en los que deberían estar trabajando los países es en el cambio del parque automovilístico, para dejar atrás los actuales coches para pasar a los vehículos eléctricos menos contaminantes. La formación naranja ha cuestionado por este tema también al comisario, quien reconoció que la Unión Europea no es, precisamente, un referente. Cañete explicó que sólo en China hay una variedad de hasta 400 vehículos eléctricos a disposición de los usuarios, mientras que en Europa no cree ni que haya 20.

Finalmente, preguntado por el representante de Compromís, Enric Bataller, sobre las prospecciones de gas y petróleo en las costas españolas, el exministro señaló que la directiva que regula la seguridad de estas prácticas exige que antes de que empiece la exploración se lleven a cabo informes de riesgo y sobre los medios necesarios; además de obligar a que los países aseguraren que las compañías responsables tengan experiencia técnica suficiente para llevarla a cabo. Del mismo modo, se pide verificar, a través de expedientes externos, que se garantiza la protección medioambiental. A su juicio, esta materia está bien controlada desde Bruselas.

Tejerina invita a Podemos a trabajar por el aire de Madrid y Barcelona tras el toque de atención de Bruselas

Europa Press.- La Comisión Europea ha pedido a España y otros 8 países de la Unión Europea que presenten medidas que garanticen el cumplimiento de la legislación comunitaria en materia de contaminación atmosférica. En este sentido, la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, invitó a Unidos Podemos a «asumir sus responsabilidades» en materia de calidad del aire y trabajar por reducir la contaminación en Madrid y Barcelona, los dos únicos problemas que, a su juicio, tiene España en cuanto a emisiones.

«Está en manos de su partido arreglar el problema», ha respondido Tejerina en la Comisión de Cambio Climático del Congreso a las críticas del portavoz de la formación morada, Juan López de Uralde, sobre la posición de España dentro de Europa en materia de calidad del aire. La ministra ha asegurado que se «sonroja» ante la posibilidad de que Unidos Podemos le hable de esta cuestión porque, aunque ha reconocido que «España tiene problemas» con la calidad del aire, ha precisado que estos son «puntuales» y corresponden a Madrid y Barcelona, en donde gobiernan confluencias de la formación morada. «Hable con su partido y tómeselo en serio. Son muchos los millones de ciudadanos afectados en estas dos ciudades», ha insistido.

Tras su intervención en la Cámara Baja, Tejerina ha aclarado que la labor del Gobierno en este tema es la de ayudar a las administraciones locales a que cumplan con sus competencias, a través del segundo Plan del Aire aprobado el pasado mes de diciembre, y con una financiación «de más 275 millones de euros». Del mismo modo, ha recordado que existen otras medidas como los 1.200 millones invertidos para renovar el parque automovilístico del país o medidas de mejora energética en las viviendas, con las que el Ejecutivo está aportando soluciones para los municipios.

Estas iniciativas han sido trasladadas a la Unión Europea en una reunión ministerial a la que España ha sido citada, junto a otros países, para explicar sus incumplimientos en materia de calidad del aire. Tras la reunión, la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, ha confiado en que la Comisión Europea tenga en cuenta las medidas adoptadas a nivel nacional, así como las mejoras logradas y «las mejoras que las administraciones responsables prevén conseguir a corto plazo«. García indicó además que el Ministerio informará por escrito al Ejecutivo comunitario del material que ha recibido por parte de las comunidades autónomas y ayuntamientos afectados.

En cualquier caso, la secretaria de Estado subrayó que en España no existe «un problema generalizado» de contaminación, sino que se trata de un problema «en determinadas zonas geográficas bien acotadas». En concreto, ha indicado que se trata de Avilés (Asturias) y Villanueva del Arzobispo (Jaén), ambos municipios afectados por contaminación de partículas finas (PM10) y de la ciudad de Madrid y conurbación de Barcelona, con altos niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2).

García también ha señalado que durante la reunión ha trasladado a Bruselas «todas las medidas en las que las que todas las administraciones vienen trabajando desde hace mucho tiempo». Asimismo, ha aprovechado la reunión para pedir a la Comisión reforzar el trabajo conjunto mediante visitas sobre el terreno para «conocer de cerca qué problemas hay y qué medidas se están poniendo en marcha», por ejemplo, por la administración asturiana para reducir en la zona de Avilés la contaminación por partículas en suspensión y la procedente del manejo de graneles en el puerto de esta localidad.

Hay 5 incidencias en España

También se ha referido al incumplimiento de material particulado que se ha registrado en Villanueva del Arzobispo (Jaén), en la que se han establecido mejoras en la planta de biomasa e implantado restricciones de funcionamiento a las industrias de la zona para solucionar esta situación. «La calidad del aire en España mejora respecto al año 2001, cuando tenía 8 incumplimientos. Ahora tiene 5″, explica Tejerina sobre este tema, para aclarar que dos de estas incidencias corresponden a «medidas incorrectas» en Avilés y otra a Villanueva de Arzobispo. «Sí, hay dos problemas en los que hay que abordar la situación en mayor profundidad, que son Madrid y Barcelona, y ahí es donde tienen que poner el acento los ayuntamientos», ha insistido.

En relación a las dos grandes ciudades, Medio Ambiente ha trasladado a la Unión Europea que desde la Generalitat se puso en marcha en 2014 un Plan de Actuación y el Ayuntamiento de Barcelona está implantando un Plan de mejora y un Programa de medidas. Además, el pasado año, se firmó un acuerdo entre Cataluña y 40 entidades locales de la conurbación de la Ciudad Condal con actuaciones adicionales al Plan de Actuación Horizonte 2020.

«Como resultado de todo ello, la situación en cuanto a partículas en suspensión en Barcelona y alrededores ha mejorado sensiblemente desde 2010 hasta 2016, en los que ya no se superan los valores límites de este contaminante y, en cuanto al dióxido de nitrógeno (NO2), se prevé que en 2020 se garantice el cumplimiento de los objetivos», explica el Ministerio.

También destaca que en Madrid el Ayuntamiento ha implantado, desde el 2017, un protocolo que se aplica de forma gradual cuando se producen episodios de alta contaminación por este contaminante. El Plan prevé una inversión de 543,9 millones y, de acuerdo con las estimaciones del Ayuntamiento, permitirá una reducción en la concentración media anual de dióxido de nitrógeno del 23%, alcanzando el cumplimiento en 2020.

Toque de atención a España

«Insto a todos los Estados miembros a abordar este problema con la urgencia que merece. La inacción tiene consecuencias y los Estados miembros tienen la responsabilidad de actuar. La inacción también tiene consecuencias legales para los Estados miembros», ha advertido el comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, antes de tomar la decisión sobre una eventual denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) contra los países a los que el Ejecutivo comunitario ha abierto expediente por la calidad del aire de algunas áreas, que son España, República Checa, Alemania, Francia, Italia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Reino Unido.

Vella ha señalado que se han presentado «algunas sugerencias positivas», aunque también ha subrayado que «a primera vista no son suficiente sustanciales para cambiar la imagen completa». «Sin medidas nuevas y efectivas, en muchos casos los estándares de calidad del aire seguirán superándose durante meses y años«, auguró. El comisario ha remarcado una vez más que cada año mueren de forma prematura 400.000 personas en la Unión Europea por la contaminación atmosférica, mientras que otros muchos sufren enfermedades relacionadas con la mala calidad del aire.

«Estoy seguro de que los presentes en la reunión comparten mi frustración», indicó Vella, aunque posteriormente reconoció que ese «sentido de urgencia» no siempre es «evidente» entre Estados miembros, a los que ha reclamado «adoptar todas las medidas posibles sin retrasos». Además, Vella ha insistido en que Bruselas denunciará a los países si no adoptan estas medidas para atajar el problema. «Lo único que puede evitar que la Comisión vaya al TUE) es que las medidas y acciones que los países pongan sobre la mesa sean suficientes para alcanzar nuestras metas sin retrasos», ha garantizado.

Endesa traslada de Barcelona a Madrid el domicilio social de Endesa Red, su filial de gestión de la red eléctrica

Europa Press.– Endesa Red, la gestora de red eléctrica de Endesa, ha trasladado su domicilio social de Barcelona a Madrid, según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme). En concreto, se ha mudado al número 60 de la calle Ribera del Loira (Madrid), donde la compañía matriz tiene su sede social. Este negocio facturó 700,5 millones de euros en 2016 y obtuvo un beneficio neto de 658,2 millones de euros.

A lo largo de 2017, un total de 2.536 sociedades trasladaron su sede social fuera de Cataluña, lo que supone un 40,9% del total, a distancia de Madrid, con 1.279 salidas, el 20,6% del total. En el balance entre las empresas que llegaron y las que se fueron, la región catalana registró unas pérdidas de sede social de 1.988 empresas, según datos del Colegio de Registradores. Solo entre el 2 de octubre y el 29 de diciembre solicitaron 3.208 el traslado de sede social en Cataluña, coincidiendo con el desafío independentista, si bien una parte de las mismas se encuentra aún inmersa en el proceso de cambio de domicilio social. 

Los tranvías del área metropolitana de Barcelona recibirán energía 100% verde suministrada por Endesa

Europa Press.- Los tranvías, las instalaciones, los vehículos eléctricos y todos los equipamientos que dependen de Tram, operador de las redes de tranvía que circulan por el área metropolitana de Barcelona, recibirán energía 100% verde este año debido a la renovación del acuerdo de suministro con la empresa eléctrica Endesa. Según Tram, el origen renovable se garantiza a través de un certificado oficial que asegura que el consumo energético proviene de fuentes hidráulicas, plantas fotovoltaicas, energía geotérmica y de cogeneración de alta eficiencia.

En un año, desde Tram necesitan la energía equivalente al consumo anual de unos 4.200 hogares de Cataluña. Sin embargo, al tratarse de un vehículo de tracción eléctrica total, contribuye a la mejora de la calidad de vida de las personas ya que no contamina como lo hace cualquier otro vehículo con motor de combustión. El Estudio de Satisfacción de Viajeros, realizado por Tram a lo largo del 2017, constata que la mayoría de los usuarios responden que el transporte público tiene un impacto positivo en el medio ambiente. En general, en un 84,9%, los viajeros están preocupados por la contaminación y el medio ambiente.

El Ayuntamiento de Barcelona recurre al Supremo el decreto que regula el bono social para los consumidores vulnerables de electricidad

Europa Press.- El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Decreto 897/2017 que regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y medidas de protección a los consumidores domésticos de energía eléctrica por considerarlo contrario a la Constitución y a las directivas europeas que regulan el mercado eléctrico.

La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, señaló que la normativa estatal también vulnera las competencias exclusivas en materia de servicios sociales de la Generalitat de Catalunya y del mismo Ayuntamiento de Barcelona: «Se ha hecho de espaldas a la soberanía de los catalanes, que tienen una ley propia, la Ley 24/2015, que protege los derechos de las personas vulnerables en materia energética».

Ortiz ha señalado que, según el decreto, los descuentos en las facturas a consumidores vulnerables sólo se podrían aplicar a aquellas personas que han sido previamente atendidas por los servicios sociales autonómicos o municipales: «Garantizar el acceso a un servicio básico como el suministro eléctrico no puede estar sujeto a la atención de los servicios sociales», ha asegurado la concejal.

Coste: 1,67 millones de euros

En este sentido, ha recordado que el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) estima que el 43% de los 10.000 hogares que Barcelona ha atendido por cuestiones de pobreza energética quedarían desprotegidos en caso de aplicarse el decreto, y también ha cifrado en 1,67 millones de euros el coste mínimo anual para las administraciones para cubrir el coste de la factura de los hogares vulnerables sólo en la capital catalana.

Ortiz cree que las personas vulnerables no deben ir de ventanilla en ventanilla «demostrando su vulnerabilidad y pobreza» y considera que sería suficiente con conocer el nivel de renta en estos hogares. Por ello, insistió en que el bono social no responde a los intereses de las clases populares y de las personas que están en riesgo de exclusión social.

También ha explicado que el consistorio ha notificado tres propuestas de resolución que incluyen sanciones a Endesa por valor de 70.000 euros cada una, todas ellas motivadas por realizar cortes de suministro eléctrico sin pedir el informe de exclusión social preceptivo a Servicios Sociales. Ortiz ha afirmado que todos los cortes se produjeron una vez aprobada la Ley 24/2015 y que todas las viviendas estaban ocupadas por personas vulnerables. «Detectamos estos casos a través de los Puntos de Asesoramiento Energético (PAE)», y detalló que la sanción se ha fijado en base a lo que dispone el Código de Consumo catalán, aunque se aprecia como atenuante que la compañía restableció el servicio tras notificarse los casos.

El consumo de energía en el hogar descendería dos tercios tras una reforma exprés en eficiencia, según Gas Natural Fenosa

Europa Press.- El consumo de energía en un hogar español, sin incluir los gastos fijos, podría descender cerca del 70% después de aplicar una serie de reformas a las viviendas en las que actualmente existe pobreza energética, según un estudio de la Fundación de Gas Natural Fenosa.

En el marco del Plan de Vulnerabilidad que ha lanzado la eléctrica, con un coste de 4,5 millones de euros, su Fundación ha querido trasmitir la importancia de ejecutar reformas en aquellos hogares vulnerables. Actualmente, hasta un 90% del parque de viviendas español no cumple con los requisitos impuestos en el último Código Técnico. Además, teniendo en cuenta que hasta un 23% de los hogares en Madrid o un 15% en Cataluña están bajo una situación de pobreza energética, la reducción del consumo es vital para que estas familias puedan mantener su vivienda en unas buenas condiciones para su habitabilidad.

La Fundación Gas Natural Fenosa ha estimado que, de media, el coste para realizar una reforma exprés en este tipo de viviendas tomando todas las medidas básicas sería de entre 5.000 y 6.000 euros y permitiría reducir en dos tercios el consumo de energía. Además, en el caso concreto de Madrid, gracias a estas medidas los días de bienestar en un hogar sin consumir energía podrían aumentar en un 22%, evitando las temperaturas por debajo de los 10 grados en invierno y reduciendo el número de días por encima de los 29 grados en verano.

Entre las medidas a tomar, la principal sería el aislamiento de los muros, lo que en una vivienda de unos 100 metros cuadrados tendría un coste de 1.000 euros. Por su parte, el cambio de los vidrios en las ventanas implicaría un gasto de 800 euros. Gracias a este tipo de reformas, los españoles se ahorrarían entre 300 y 650 euros anuales, dependiendo del tipo de medidas incluidas en su reforma exprés. Un 8% de los hogares de Madrid presenta una situación «mala» o «deficiente», inferior al 14% de Barcelona.

Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, Badalona, Alcalá de Henares y Fuenlabrada promueven un manifiesto contra el cambio climático

Europa Press.- Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza y los municipios de Badalona (Barcelona), Alcalá de Henares y Fuenlabrada (Comunidad de Madrid) han promovido el Manifiesto por la acción climática que denuncia la «inacción y las trabas» del Gobierno central, según indicó el Ayuntamiento de Barcelona. El texto se someterá a la Red de Ciudades del Clima para que se adhieran nuevos integrantes, y las ciudades se han mostrado dispuestas a intensificar sus propuestas actuales para disminuir los efectos del cambio climático.

Los firmantes han lamentado que el Gobierno central dificulta la autogeneración y la promoción de las energías renovables; continúa apoyando la producción de carbón; no ve «prioritaria» la lucha contra la pobreza energética y frena el avance hacia la soberanía energética. El manifiesto exige desarrollar una estrategia integral ante el cambio climático con «compromisos progresivos» para alcanzar escenarios de descarbonización antes de mitad de siglo. Asimismo, ha reclamado impulsar una ley de cambio climático que reconozca que existen razones físicas y técnicas para sustituir los combustibles fósiles por energías renovables, y un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en un plazo de 10 años.

Barcelona y 11 grandes ciudades se comprometen a comprar solo autobuses ecológicos a partir de 2025 para reducir las emisiones

Europa Press.– 12 grandes ciudades, incluida Barcelona, se han comprometido a comprar exclusivamente autobuses ecológicos a partir del año 2025 con el fin de reducir las emisiones de combustibles fósiles y proteger el Medio Ambiente de cara a 2030. Las 12 ciudades, entre las que están incluidas Londres, París, Los Ángeles, Barcelona, Copenhague, Quito, Vancouver, Ciudad de México y Ciudad del Cabo, alcanzan una población conjunta de casi 80 millones de personas y promoverán una política de «calles libres de combustible fósil».

Los alcaldes, algunos de los cuales forman parte del grupo C40, buscan frenar así el calentamiento global y han asegurado que «a partir de 2025 comprarán solamente autobuses sin emisiones y garantizarán que las principales áreas de sus ciudades tengan contaminación cero para 2030». Los ayuntamientos de muchas ciudades están estableciendo objetivos ambientales más estrictos que los impuestos por los Gobiernos de sus respectivos países, con el propósito de reducir la contaminación del aire y alcanzar las metas establecidas en el acuerdo de París 2015, con el que se pretende frenar las emisiones de gas que provocan el efecto invernadero.

Uso exclusivo de vehículos eléctricos

Caroline Watson, una experta en vehículos de baja emisión en el C40, ha asegurado que el acuerdo implica «un compromiso claro por escrito para que el sector privado fomente inversiones más ecológicas en las ciudades». Las zonas libres de emisión pueden derivar en más parques, áreas peatonales o carreteras de uso exclusivo de vehículos eléctricos o impulsados por hidrógeno, de forma que las ciudades sean lugares más atractivos para vivir.

«La contaminación del aire, producida por los vehículos de gasolina, está matando a millones de personas en ciudades de todo el mundo», ha declarado la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, quien ha recordado que «estas mismas emisiones han provocado el cambio climático». La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, desveló que pretendía generar unas 165 hectáreas de espacio verde en los próximos años, aumentar los carriles para bicicletas y reducir el uso de los vehículos privados.