EFE.- El Gobierno alemán defendió ante el Tribunal Constitucional su decisión de acelerar el apagón de todas las centrales nucleares para 2022, en el proceso por una demanda presentada por los consorcios energéticos alemanes E.On y RWE y el sueco Vattenfall. «Precisamente también por las décadas de controvertido debate social como trasfondo, no era factible continuar de la misma manera», declaró durante el juicio la titular de Medio Ambiente alemana, Barbara Hendricks.

En ese sentido, se mostró convencida de que determinar por ley una fecha definitiva para el apagón nuclear contribuye a aplacar la controversia de décadas en torno a la energía atómica. «Entre tanto existe un amplio consenso social respecto a que en un futuro las necesidades energéticas se cubran en la medida de lo posible con energías renovables», agregó. De hecho, recordó que ya en 2002 se había acordado el apagón definitivo y subrayó que la ley de 2011 hace referencia a este consenso. «El hecho de que se avanzara en el apagón nuclear no es ninguna circunstancia nueva», sentenció.

En tanto, los consorcios energéticos E.On, RWE y Vattenfall subrayaron su derecho a una indemnización ante el cambio radical de la política energética del Gobierno alemán tras la tragedia de Fukushima, que equiparan a una expropiación. El cuarto gran suministrador energético, EnBW, comparte esta interpretación jurídica pero no participa en la demanda, pues más del 98% pertenece a manos públicas.

En opinión del presidente de la junta directiva de E.On, Johannes Teyssen, esta decisión política debe ser sostenida de forma solidaria por toda la sociedad, pues de lo que se trata en definitiva es de una «compensación justa«. En tanto, el presidente de la junta directiva de RWE Power AG, Matthias Hartung, subrayó que los legisladores pueden por supuesto llevar a cabo una nueva evaluación de la energía atómica, pero señaló que esto debe ocurrir siempre en el marco constitucional.

La coalición de gobierno entre la CDU de la canciller, Angela Merkel, y los liberales del FDP, decidió en 2011 tras la tragedia nuclear de Fukushima dar marcha atrás al plan energético para prolongar la vida de las centrales atómicas aprobado el año antes. El Gobierno alemán estableció por ley un calendario de cierres gradual de las entonces 17 nucleares todavía en funcionamiento, las últimos a más tardar en 2022.

Paralelamente, los consorcios están negociando con el Gobierno el reparto de la enorme carga económica y de riesgos que supondrá el desmantelamiento de las centrales nucleares y el almacenamiento de los residuos atómicos. Berlín reclama para hacer concesiones la retirada de todas las demandas, por lo que no queda descartado que Gobierno y consorcios energéticos lleguen a un acuerdo extrajudicial.