Europa Press / EFE.- La demanda de Iberdrola contra Bankia parece no haber cambiado la estrategia de las grandes compañías como Mutua Madrileña, Mapfre o Banco Santander, reacias a iniciar litigios contra la entidad pese a que suscribieron acciones en este tramo. Pero la compañía eléctrica sí que ha acudido a los Juzgados de Primera Instancia de Madrid por las pérdidas que sufrió por su participación en la oferta pública de suscripción (OPS) de la entidad financiera para salir a Bolsa en julio de 2011, según fuentes del grupo energético.

En concreto, la compañía decidió acudir a la OPS de Bankia mediante la suscripción de títulos por valor de casi 70 millones de euros, de los que se desprendió posteriormente. Iberdrola reclama una cuantía de 12,4 millones de euros, equivalente a las pérdidas sufridas tras deshacerse de los títulos de Bankia a un precio inferior al que fueron adquiridos debido a la evolución bursátil a la baja de la entidad financiera. Iberdrola tomó la decisión de participar en la salida a Bolsa tras analizar la única documentación dispuesta por Bankia para ello, el folleto informativo registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En mayo de 2012, Bankia procedió a reformular sus cuentas, aflorando unas pérdidas de 2.977 millones de euros en 2011, frente a un beneficio anunciado de 309 millones de euros, reflejando así que la situación de la entidad era “bien distinta” a la que contenía el folleto con el que realizó su OPS. Posteriormente aconteció el rescate de la entidad financiera, cuyo principal accionista es el Estado, y el cambio en su cúpula directiva.Por tanto, Iberdrola argumenta que se basó en una “representación errónea de la situación económica y financiera” de Bankia y, en consecuencia, “de los riesgos de su inversión y de sus previsiones de rentabilidad”, según indicó.

Según El Confidencial, Iberdrola, como otros inversores institucionales, tomó la decisión de demandar al banco tras la sentencia 23/2016 del Supremo, en la que se pone de manifiesto que «el folleto publicitó una situación de solvencia y de existencia de beneficios que resultaron no ser reales». El pasado mes de febrero, Mapfre también aseguró que no descartaba reclamar por su inversión realizada en la salida a Bolsa de Bankia en 2011. Por su parte, Mutua Madrileña, uno de los inversores mayoristas que apostaron por el debut bursátil del banco en 2011, muestra ahora cautela al considerar que no les compensa embarcarse en una aventura judicial. La aseguradora alega que la pérdida fue muy reducida al haber vendido pronto sus acciones.

Bankia ha dado a los accionistas particulares la opción de recuperar la inversión a cambio de renunciar a emprender acciones judiciales. La Sala Civil del Supremo ya consideró que el folleto de la salida a bolsa de la entidad indujo a error a los pequeños inversores, que carecían de «los medios necesarios» para acceder a datos económicos relevantes sobre el estado de la entidad en el momento de su debut bursátil. Unos medios, según matizó el Alto Tribunal, de los que sí habrían dispuesto los grandes inversores o accionistas institucionales, de cara a poder contrastar mejor la información que ofreció la entidad sobre sus cuentas.

Unas conclusiones que propiciaron veredictos favorables al banco, como el fallo del juzgado de Primera Instancia número 12 de Las Palmas de Gran Canaria, que hace unas semanas libraba a Bankia de devolver un millón de euros invertidos por la cadena hotelera Lopesan al haber participado «activamente en la fase previa de valoración de la sociedad«. Por ello, Mutua descarta demandar, aunque afirman que se mantendrán al tanto de la evolución de los procesos ya interpuestos en los juzgados españoles por si la situación cambiase y la jurisdicción acabara de posicionarse del lado del mayorista.

Banco de España y CNMV

Por su parte, la asociación de usuarios de banca Adicae cree que si prospera la demanda interpuesta por Iberdrola por la salida a bolsa de Bankia, se debería extender la responsabilidad al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que avalaron la operación. Para el presidente de Adicae, Manuel Pardos, en el caso de que un juez admita que las irregularidades afectaron no sólo a los pequeños inversores, tal y como admitió el Tribunal Supremo el pasado febrero, sino también a los inversores institucionales, «se debería declarar fraude toda la operación». Y es que Iberdrola «no fue engañada» con la campaña publicitaria, según Pardos.