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El corredor de cetáceos del Mediterráneo será declarado como Zepim en diciembre y evitará de esta forma las prospecciones petrolíferas

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Europa Press.- El corredor de migración de cetáceos será declarado Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (Zepim) en la cumbre del Convenio de Barcelona de diciembre de 2017, según indicó la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a Alianza Mar Blava.

Según ha explicado Alianza Mar Blava, la Dirección General prevé que en unos 6 meses esté aprobada la Orden Ministerial que establecerá un régimen de protección preventiva en la zona frente a las prospecciones de hidrocarburos. Los responsables de la Dirección General estatal, que han valorado el importante número de declaraciones institucionales y de entidades científicas y de ONG recibidas a favor de la protección de este corredor, han explicado a los interlocutores de la Alianza el estado del proceso.

Por un lado, se está trabajando en la Orden Ministerial que establecerá un régimen de protección preventiva en todo el Corredor de Migración de Cetáceos frente a las prospecciones de hidrocarburos y otras actividades lesivas para los cetáceos, como las campañas de adquisición sísmica (sondeos acústicos), grandes productoras de ruido submarino. Según el Ministerio, en marzo o abril, se abrirá un plazo de audiencia pública sobre la Orden, la cual se prevé estaría ya en vigor dentro de 6 meses.

Por otro lado, los trámites con respecto al Convenio de Barcelona «van a buen ritmo«, de tal modo que en mayo se presentará en la reunión del Centro de Acción Regional de Áreas Marinas Protegidas (SPA/RAC) del Convenio, y en la Conferencia de las Partes (COP) que se celebrará en Tirana (Albania) en diciembre de este año, momento en el que se efectuará la declaración oficial de esta Zepim. La Alianza ha animado a los responsables del Ministerio «a seguir con el buen trabajo» para «aumentar la protección de la fauna marina del Mediterráneo y evitar la amenaza que suponen las prospecciones de hidrocarburos al medio ambiente y a la economía de las comunidades ribereñas».

Todos los grupos del Parlamento de Baleares piden al Congreso una ley que declare al Mediterráneo libre de prospecciones petrolíferas

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Europa Press.- Todos los grupos parlamentarios del Parlamento balear presentaron una proposición de ley que se llevará al Congreso de los Diputados en la que se reclama la protección del mar Mediterráneo de los daños que pueda producir la explotación, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales. La iniciativa pide la aprobación de una ley específica que sea de aplicación en aquellas solicitudes de explotación de hidrocarburos o adquisiciones sísmicas contempladas en dicha normativa y que no hayan sido resueltas.

La proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios PSOE, PP, Podemos, Més per Mallorca, Més per Menorca y Mixto con Ciudadanos y Gent per Formentera, detalla que la Constitución establece que son bienes de dominio público estatal la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. Ante ello, en la iniciativa se apunta a que la ley «tendrá que proteger el mar Mediterráneo bajo jurisdicción española del posible deterioro que pueda producir al medio marino las actividades de explotación, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales».

La diputada del Gent per Formentera, Silvia Tur, ha recordado que, hasta ahora, ha habido «victorias parciales», fruto de la protesta ciudadana y de agrupaciones como es la Alianza Mar Blava. «Sabemos que este trabajo es fruto de reivindicaciones que se vienen haciendo de muchos años atrás, sobre todo de dos o tres años, y que no han acabado de dar frutos, porque en realidad los frutos se darán el día que el Estado acabe una ley que impida, de una vez por todas, el fracking, las prospecciones petroleras y cualquier tipo de proyecto de adquisiciones sísmicas«, ha aseverado Tur.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares tumba la atención obligatoria en las gasolineras desatendidas

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Europa Press.- El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha estimado un recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el decreto balear que obliga a contar con un empleado siempre en las estaciones de servicio desatendidas, conocidas también como fantasmas por la ausencia de personal en la instalación.

En el fallo, el tribunal estima la pretensión principal de la demanda, presentada por Autonet & Oil, miembro fundador de Aesae (Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas), al declarar nulo el artículo 7, que establece la obligación de toda gasolinera de mantener un responsable siempre que esté abierta al público. Así, el tribunal considera que este artículo de la normativa balear representa un impedimento a la implantación de gasolineras desatendidas, tal como prevé la legislación estatal, imposibilitando esa actividad y vulnerando la libre competencia.

Para la magistrada, la exigencia de que en todas las instalaciones de venta al público de gasolinas, mientras permanezcan abiertas y estén en servicio, haya al menos una persona responsable, «entra en colisión directa con la modalidad de estación de servicio desatendida, que, como instalación permitida por la normativa sectorial, regulación que corresponde al Estado de conformidad con la ley de Hidrocarburos, no contempla la existencia de ningún personal empleado en sus instalaciones, por tratarse de una instalación exclusivamente automatizada».

Normativa autonómica sobre la estatal

Además, subraya que no es posible que a través de la normativa reguladora de consumidores y usuarios autonómica se convierta «en inviable y se derogue de facto» uno de los modelos permitidos de venta al público de gasolinas y gasóleos permitidos a nivel estatal y que «su particular característica es precisamente su total automatismo con ausencia absoluta de personal». Contra la sentencia cabe la posibilidad de interponer recurso, aunque el demandante puede solicitar la ejecución de la misma y reanudar el servicio las 24 horas.

En agosto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) defendió, en un informe, el modelo de estaciones de servicio desatendidas, al considerar que su implantación aumentaba la competencia efectiva en el mercado y presiona a la baja los precios de los carburantes, «aumentando el bienestar de los consumidores finales». Este modelo de estaciones de servicio han sido prohibidas o están en proceso de ser reguladas en comunidades autónomas como Madrid, Navarra, Asturias, Baleares, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia o la Comunidad Valenciana.

El Consejo Insular de Menorca pedirá la rebaja del peaje por producción de energía para autoconsumo

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EFE.- El Consejo Insular de Menorca solicitará al Gobierno central la revisión y reducción del peaje por producción de energía para autoconsumo en aquellos territorios que apuesten por las fuentes renovables y especialmente en zonas declaradas Reserva de la Biosfera como Menorca. La institución señaló que la petición se recoge en una propuesta de acuerdo, que fue aprobada por unanimidad.

La administración insular pedirá Madrid la revisión de cualquier modificación al alza del peaje sobre las energías renovables de autoconsumo en los casos de Baleares. Asimismo, exigirá al Gobierno central el cumplimiento de la estrategia 202020 en materia energética, aplicando incentivos y bonificaciones tributarias a las energías renovables de autoconsumo. En Baleares hay actualmente entre 300 y 400 instalaciones de autoconsumo y la mayoría de ellas en edificios públicos de la administración autonómica o insular.

El Gobierno de Baleares consensuará con los municipios más pequeños de Mallorca la expansión del gas natural

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EFE.- La Consejería de Territorio, Energía y Movilidad del Gobierno balear consensuará con los municipios llevar el gas natural a toda Mallorca, ya que actualmente sólo disponen de esta fuente de energía los municipios con más población y mayor actividad turística. El consejero de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, explicó que actualmente disponen de gas una docena de municipios de la isla, principalmente los turísticos y de mayor población, como Palma, Calvià, Marratxí, Inca y Alcúdia.

Sin embargo, hay 40 municipios que todavía no disponen de gas natural y algunos que únicamente tienen en algunas zonas. Por ello, el Ejecutivo autonómico prevé licitar la instalación del gas por zonas, de manera que cada zona incluya tanto municipios grandes o con actividad económica fuerte y otros pequeños, y que las empresas tengan que asumir también municipios sin tanta rentabilidad económica para ellas.

En este sentido, el consejero ha destacado que se tiene que garantizar el acceso al gas natural a todos aquellos municipios que lo quieran, con independencia de su peso económico. El consejero ha insistido también en los beneficios del gas natural, tanto medioambientales como económicos, ya que se puede reducir hasta en un 30% el coste de la factura energética.

En los próximos tres meses se mantendrán reuniones con cada uno de los municipios que todavía no disponen de gas natural con el fin de consensuar con ellos sus necesidades. Una vez completado este proceso de consulta con todos los ayuntamientos interesados, se aprobarán los pliegos para la licitación de la implantación en las distintas zonas. La previsión es que la adjudicación tenga lugar durante 2017 y que las obras puedan empezar a finales de 2017 o principios de 2018.

Mar Blava considera que 2017 será un «año clave» para la protección legal del Mediterráneo frente a las prospecciones

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Europa Press / EFE.- La Alianza Mar Blava ha afirmado que 2017 será un «año clave» para lograr la protección legal del Mediterráneo frente a las prospecciones de hidrocarburos. En este sentido, desde la Alianza han destacado que se ha concluido la redacción de una proposición de Ley para la declaración de las aguas jurisdiccionales españolas del Mediterráneo como zona libre de prospecciones de hidrocarburos.

La Alianza también ha resaltado que en 2016, tras una larga lucha jurídica contra la tramitación irregular del proyecto de Services Petroliers Schlumberger en el golfo de León, el pasado 8 de julio la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) emitió una Resolución de “terminación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental” de este proyecto. El 25 de octubre, han recordado, el BOE publicó la Resolución de 20 de septiembre de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria por la que se declaraba concluido el procedimiento de autorización del proyecto y se archivaron las actuaciones realizadas.

Por otra parte, en julio se logró que el proyecto MedSalt-2, promovido por el Instituto Nazionale de Oceanografía e Geofisica Sperimentale de Trieste (Italia) en aguas de Mallorca, Ibiza y Formentera, no obtuviera la declaración de impacto ambiental simplificada que había solicitado. De esta manera, el promotor tendría que volver a iniciar el proceso y pasar por un procedimiento de evaluación ambiental ordinario. La entidad ha señalado que si bien aún persiste la amenaza de las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo, considera que el balance de 2016 es «muy positivo» en la lucha contra los proyectos de exploración de hidrocarburos.

Retos para el año 2017

El mayor reto al que se enfrenta la Alianza en 2017 es conseguir que la proposición de Ley sea discutida y aprobada, primero en el Parlamento balear y luego en el Congreso de los Diputados. Además, según indicaron, la Alianza seguirá trabajando para lograr el archivo definitivo de los proyectos de prospecciones petrolíferas actualmente en tramitación, como el proyecto de Spectrum Geo Limited en el mar balear; el de perforación de pozos de Repsol en el área Casablanca y el permiso Medusa, ambos frente a las costas de Tarragona; los 12 permisos de investigación de hidrocarburos solicitados por Cairn Energy en el golfo de León.

El Gobierno de Baleares promueve una ley para declarar el Mediterráneo «libre de prospecciones» mientras Mar Blava denuncia al Ministerio

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EFE / Europa Press.- El Defensor del Pueblo ha aceptado a trámite la denuncia interpuesta por la plataforma contra las prospecciones petrolíferas Alianza Mar Blava contra el Ministerio de Energía ya que rechaza reconocer al colectivo como parte interesada en los expedientes de los permisos de investigación de hidrocarburos. Por su parte, el Gobierno de Baleares ha acordado presentar al Parlamento autonómico una proposición de ley para defender en el Congreso de los Diputados una iniciativa que declare el Mediterráneo español «libre de prospecciones».

Según explicó el consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, el objetivo es que el Parlamento envíe a tres diputados baleares al Congreso para que defiendan la iniciativa. De esta forma, el Gobierno autonómico pretende llevar al Congreso la oposición de Baleares a las prospecciones, puesto que es competencia estatal pero la iniciativa legislativa de proponer leyes al Congreso corresponde al Parlamento balear. El consejero Vidal ha criticado que Madrid «no está haciendo su trabajo» y ha reiterado el rechazo de Baleares a las oposiciones, un asunto recogido en los Acords pel Canvi.

«Este Gobierno, desde el minuto cero, ha manifestado su oposición frontal a cualquier prospección» petrolífera «por el impacto ambiental y económico que podría generar», ha destacado Vidal. El consejero ha recordado que el propio Parlamento, el Gobierno autonómico, los consejos insulares y todos los grupos parlamentarios se han pronunciado contra las prospecciones y los proyectos de extracción de hidrocarburos en el entorno marino de Baleares. Vidal ha recordado que en los últimos meses se ha logrado el archivo de varios proyectos petrolíferos en el mar Mediterráneo, pero ha hecho un símil futbolístico diciendo que eso no es más que «parar penaltis» y que lo que hace falta es una ley que elimine definitivamente la amenaza.

Denuncia al Ministerio de Energía

Por otro lado, la Alianza Mar Blava asegura que se ha quejado al Defensor del Pueblo de la situación de «indefensión» ante el Ministerio, que ha rechazado reconocer al colectivo como parte interesada en los expedientes de los permisos de investigación de hidrocarburos. «A fecha de hoy, tras más de nueve meses de actuaciones al respecto de la Alianza, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital aún no ha permitido su personación en el expediente, ni ha dado acceso a la información solicitada ni ha resuelto expresamente el recurso de alzada presentado por la Alianza contra la desestimación de su solicitud», apuntó la plataforma.

Los departamentos denunciados por la Alianza por incurrir en una mala administración son la Subdirección General de Hidrocarburos de la Dirección General de Política Energética y Minas (DGPEM) de la Secretaría de Estado de Energía, y la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de Justicia de la Secretaría General Técnica de la Subsecretaría de Industria, Energía y Turismo. Según la Alianza Mar Blava, el Ministerio está tramitando actualmente solicitudes de 12 permisos de investigación de hidrocarburos.

Energía rebajará un 9% en enero los cargos fijos a los autoconsumidores domésticos de electricidad

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Europa Press.- El Ministerio de Energía aplicará para el ejercicio 2017 una rebaja del 9% en los cargos fijos que afrontan los autoconsumidores domésticos de electricidad, esto es, los que disponen de una potencia contratada de menos de 10 kilovatios (kW). Estos autoconsumidores pagarán 8,144 euros por kW a partir de enero para sufragar los cargos fijos, según consta en el borrador de la orden ministerial de peajes eléctricos. Esta cifra contrasta con los 8,898 euros recogidos en el real decreto 900/2015.

Este decreto, de octubre de 2015, exime de forma transitoria a los autoconsumidores domésticos de abonar los cargos variables, que se aplican en función de los kilovatios hora producidos. Aún así, tanto el decreto como la nueva orden ministerial siguen recogiendo un coste para estos cargos variables, pese a su inaplicación temporal. A partir de enero, los cargos variables ascenderán a 0,0431 euros por kilovatio hora (kWh), un 7% menos que los 0,0467 euros recogidos en el real decreto 900/2015. En este epígrafe se recogen diversos costes del sistema eléctrico entre los que no figuran el transporte y la distribución, imputados a la parte fija.

El vicepresidente de la Fundación Renovables, Jorge Morales de Labra, advirtió de que el Gobierno no justifica adecuadamente en el borrador ni la bajada en el cargo variable ni en el fijo de los autoconsumidores, lo que no hace sino «incrementar la incertidumbre y desincentivar cualquier inversión a largo plazo«, afirma. Morales de Labra cita informes en los que se alude a que la amortización de una instalación domésticos lleva entre 12 y 18 años, si bien resulta «muy grave» que se estén cambiando los números y que el inversor carezca de cualquier certeza. «No te pueden estar cambiando continuamente los números. En un año ya lo han hecho tres veces. Resultan graves estos cambios al impuesto al sol«, asegura.

Morales de Labra también constata, tras el análisis del borrador de la orden ministerial de peajes, que los cargos que se aplican a las empresas que autoconsuman en 2017 en Mallorca y Menorca serán superiores a los del mismo perfil en la Península. Esta circunstancia responde a que a estos autoconsumidores se les imputarán en la parte de cargos variables los costes de las redes eléctricas, lo que no ocurre en la Península. Un cambio que aporta más incertidumbre, critica.

El Gobierno de la Comunidad Valenciana se suma a la petición de Baleares de una Ley contra las prospecciones petrolíferas

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EFE / Europa Press.- El Gobierno valenciano se sumará a la iniciativa del Gobierno balear contra las prospecciones petrolíferas y a la petición de que las Cortes Generales aprueben por Ley que las aguas bajo jurisdicción española del Mediterráneo sean declaradas zonas libres de este tipo de actividades. Así lo manifestó la consejera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático, Elena Cebrián, al reunirse con su homólogo en el Gobierno balear, Vicenç Vidal, y el coordinador de la plataforma cívica Alianza Mar Blava, Carlos Bravo.

Cebrián recordó que el Gobierno valenciano ya ha aprobado varias resoluciones en el parlamento autonómico en contra de la fractura hidráulica y otras técnicas similares de prospección. Por ello, apuntó que «por coherencia» se sumará a la petición del Gobierno balear y de Alianza Mar Blava, a la que se ha adherido ya el Gobierno catalán mientras que el andaluz ha manifestado también su apoyo.

Cebrián mostró su respaldo a iniciativas de este tipo y se ha comprometido a trabajar con la Alianza Mar Blava en el mismo camino. «Con Mar Blava la consejería y la Generalitat iremos de la mano. Estaremos ahí para proteger el Mediterráneo», indicó, al tiempo que destacó que con Mar Blava comparten líneas de trabajo, tanto desde el punto de vista técnico como político. Igualmente, la consejera resaltó la colaboración con el gobierno balear, que sí que forma parte de esta agrupación, en materia de medio ambiente y se ha referido a la declaración institucional sobre el Mar Mediterráneo y el Cambio Climático firmada con los ejecutivos catalán y andaluz.

La consejera ha indicado que ésta es «una declaración paraguas que cubre todos los aspectos de conservación del Mediterráneo y los impactos que está sufriendo». A pesar de haberse conseguido el archivo de los proyectos de prospecciones petrolíferas en el Golfo de Valencia, la consejera ha expresado su respaldo a las peticiones de otros gobiernos autónomos de moratorias sobre permisos de investigación, exploración y explotación de hidrocarburos en el Mediterráneo.

La consejera ha calificado de un «acierto» esta iniciativa, que pretende “aunar la voz de las comunidades autónomas” para exigir al Ministerio que adopte medidas contra los “riesgos e impactos que suponen las prospecciones en el ecosistema”, que recuerda además que suponen una «contradicción» con los acuerdos de París para mitigar los impactos en el Mediterráneo. «Estas actuaciones no pueden llevarse a cabo sin que las comunidades autónomas tengamos una voz conjunta y muy clara en ese sentido», sentenció Cebrián.

Por su parte, el consejero balear de Medio Ambiente, Vicenç Vidal, explicó que la Alianza Mar Blava es «una unión social que ha salido en las Islas Baleares para decir no claro a las prospecciones en el mar Mediterráneo”. Por ello subrayó que su Gobierno apuesta por el cambio de modelo energético y se opone a las prospecciones petrolíferas porque suponen una «amenaza» para el Medio Ambiente y el turismo. Por ello Vidal lamenta que el Ministerio no tenga en cuenta la opinión de las autonomías sobre estos proyectos y esgrime que «si las empresas privadas intentan establecer alianzas contra el medio ambiente, las administraciones públicas han de tejer alianzas en contra de estas amenazas».

Por su parte, el representante de la Alianza Mar Blava, Carlos Bravo, ha señalado que actualmente hay 12 solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos, como el Spectrum Geo Limited en la costa de las Baleares, el de sondeos exploratorios y perforación de pozos de Repsol frente a la costa de Tarragona, y los permisos de investigación de hidrocarburos por Cairn Energy en el golfo de León. «Proyectos en tramitación que con una moratoria podrían paralizarse», indicó Bravo, quien ha señalado que la aprobación de una ley en las Cortes Generales permitiría prohibir la presentación de nuevos proyectos y la declaración del Mediterráneo como zona libre de prospecciones de hidrocarburos.

Industria advierte a Baleares de que no puede seguir en el horario de verano porque la normativa es europea

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Europa Press.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo aseguró que Baleares «no puede modificar o mantener de forma unilateral el horario» y quedarse en el horario de verano (GMT+2) porque el cambio de hora está regulado a nivel europeo en una Directiva de la Unión Europea que afecta a todos los miembros.

Todos los grupos políticos del Parlamento de Baleares aprobaron una declaración institucional para permanecer en el horario de verano porque la comunidad autónoma es la «más afectada» por el cambio de hora, al ser el primer lugar de España donde amanece y anochece. Según fuentes de Industria, aún se desconocen las consecuencias que tendría la propuesta insular de seguir con el horario de verano a partir del próximo 30 de octubre, cuando a las 3.00 horas volverán a ser las 2.00 horas, de modo que comenzará el horario de invierno.

En la misma línea, las Cortes de la Comunidad Valenciana acordaron instar al Gobierno central a que abra el debate social sobre el mantenimiento del horario de verano en el país ante los beneficios sociales y económicos que comportaría, sumándose así a la propuesta lanzada por el parlamento de Baleares. Por el contrario, el Ejecutivo catalán resaltó el ahorro económico que supone el cambio horario.

En todo caso, Industria recuerda que este cambio horario, motivado para favorecer el ahorro energético, está regulado en toda Europa, por lo que difícilmente ninguna autonomía podría ir en contra. Se trata de la Novena Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión, que desde 2001 se aplica indefinidamente para favorecer la planificación. La Directiva se incorporó a la normativa española mediante el Real Decreto 236/2002. Así, el cambio de hora se produce el último domingo de marzo y el último de octubre.

El cambio de hora y la vuelta al horario de invierno comenzó a generalizarse, aunque de manera desigual, a partir de 1974, cuando se produjo la primera crisis del petróleo y algunos países decidieron adelantar sus relojes para poder aprovechar mejor la luz solar y consumir así menos electricidad en iluminación. Se aplica como directiva desde 1981 y ha sido renovada sucesivamente cada cuatro años.

300 millones de ahorro energético

El horario de verano, que se ha aplicado entre marzo y octubre y que concluirá este fin de semana, ha permitido ahorrar energía por valor de 300 millones de euros, o lo equivalente a un 5% del consumo, según cálculos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Industria indicó que este ahorro procede de iluminación y que, de la cifra total, 90 millones corresponden a los hogares españoles, lo que supone un ahorro de 6 euros por hogar. Los otros 210 millones proceden de los edificios del sector terciario y de la industria.

En todo caso, Industria advierte de que estas cifras son potenciales, ya que para alcanzarlas es necesario llevar a cabo un comportamiento racional en el hogar a la hora de prescindir de la iluminación artificial cuando no es necesaria, así como usar tecnologías de ahorro en iluminación por aprovechamiento de la luz natural, en edificios del terciario y en industrias.

El Código Técnico de la Edificación hace ya obligatoria en edificios de nueva construcción la instalación de fotocélulas o sensores de luz que apagan o regulan la iluminación en función de las necesidades. Además, Industria recuerda que el Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, aprobado por el Gobierno, posibilita ayudas para reformar la iluminación en los edificios del sector terciario.

La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE) reivindica desde hace años que España regrese al meridiano de Greenwich, que es el que, a su juicio, le corresponde. Según ARHOE, el desfase horario comenzó desde 1942, cuando se adaptó el horario español al de Berlín (Hora Europea Central) en alineación con el régimen nazi y nunca se recuperó el horario en correspondencia con la hora solar. La asociación considera que España tiene que adoptar la hora oficial del Reino Unido, Portugal, Marruecos y Canarias (Hora Europea Occidental), que es la que le corresponde geográficamente y abandonar la Hora Europea Central, que corresponde a países más al este.

A raíz de esta polémica, el presidente de ARHOE, José Luis Casero, reclamó a Baleares «no territorializar» el cambio horario tras la decisión del Parlamento balear. «No deja de ser un gesto cara a la galería porque lo que hay es una Directiva Europea que se tiene cumplir y que afecta a todos sus Estados miembro, por lo que el Gobierno no tiene potestad», indicó Casero, al tiempo que reiteró que la solución pasa por regresar al meridiano de Greenwich.