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El transporte público pide 500 millones de euros al Ministerio de Transición Ecológica y acelerar la Ley de Cambio Climático

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Europa Press.– El sector del transporte público reclama al Ministerio para la Transición Ecológica que acelere la Ley de Cambio Climático y que ésta incluya al menos 500 millones de euros para el sector después del avance del Inventario español de emisiones de CO2 que revela que en el último año las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) aumentaron un 4,4%, el mayor incremento desde 2012.

La Asociación del Transporte Público (ATUC) recuerda que el tráfico rodado provoca en torno a la mitad de las emisiones de GEI en las ciudades y, de éstas, más del 90% son de coches. En concreto, las emisiones del transporte crecieron en el último año un 2,6%, según los datos publicados por el Gobierno que ahora remitirá a Bruselas para su validación. En este contexto, reclama que el texto de la futura ley recoja un espacio propio para el transporte público como alternativa al vehículo privado, sobre todo teniendo en cuenta las futuras prohibiciones al acceso y aparcamiento en el centro en ciudades como Madrid.

Un parque móvil “muy dieselizado”

Además, justifica la petición también en el hecho de que el parque móvil está «muy dieselizado» pese a que estos vehículos emiten un 15% más de dióxido de carbono por litro de carburante que los gasolina. La ATUC propone que de los 2.100 millones de euros que se ingresarán tras equiparar los impuestos a los carburantes, como mínimo 500 millones se dirijan al sistema de transporte público, tanto para contribuir a su financiación como para inversiones con las que mejorar los servicios y reducir el número de coches en circulación.

En esta línea, la asociación opina que la contribución del transporte público para reducir las emisiones «justifica de por sí» medidas encaminadas a un nuevo modelo de movilidad consensuado entre todas las administraciones competentes en la materia. Entre sus recomendaciones para la Ley de Cambio Climático, la ATUC pide de forma explícita que la futura norma inste al desarrollo de una Ley de Financiación del Transporte Público, de la que España carece actualmente siendo una excepción en toda Europa; así como una financiación estable y compartida entre las distintas administraciones.

Entre sus propuestas también sugiere por el desarrollo de un Plan Nacional de Movilidad Urbana que siente las bases de la movilidad sostenible en las ciudades. Para el secretario general de ATUC, Jesús Herrero, «no se entendería que la futura ley no reservara un espacio específico para el transporte público, que es la solución más efectiva contra los altos niveles de contaminación en las ciudades y contra las congestiones de tráfico que tantos problemas originan».

Fenasdismer alerta del impacto en las exportaciones de la posible subida del impuesto al gasóleo para equipararlo con la gasolina

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Europa Press.- La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha advertido de que una subida del impuesto sobre los carburantes afectaría negativamente a las exportaciones españolas, en respuesta al posible incremento del impuesto de hidrocarburos que estudia el Gobierno.

La organización ha expresado su rechazo a la propuesta del Gobierno de equiparar la fiscalidad del gasóleo a la de la gasolina, lo que supondría una subida de casi 10 céntimos por litro, que se sumarían a los 4,8 céntimos de incremento previstos para 2019 por la armonización del impuesto autonómico sobre los carburantes en su nivel máximo. Fenadismer considera que esta medida repercutiría «muy negativamente» en las exportaciones españolas, ya que el destino «principal» de las mercancías son los países europeos, que representan el 66,3% del total, las cuales son transportadas «principalmente» por carretera.

De esta manera, Fenadismer ha destacado que cualquier aumento en el precio final del carburante repercutirá de forma «importante» en el valor final de los productos españoles destinados a la exportación, «por lo que perderían competitividad en los mercados europeos». Por su parte, si el Gobierno finalmente introduce esta medida «recaudatoria«, la asociación exigirá que la subida del impuesto no se aplique al sector del transporte por carretera, a través del mecanismo de devolución del gasóleo profesional, aunque ello solo paliaría «parcialmente» el impacto, ya que a dicho régimen no se pueden acoger los vehículos de transporte de menos de 7,5 toneladas. Por ello, Fenadismer también exigirá la inclusión de este segmento en el régimen.

Más inversión en transporte público

Por su parte, la asociación del transporte urbano colectivo ATUC pide que al menos una cuarta parte de lo que se recaude al equiparar la fiscalidad del diésel y la gasolina se destine al sistema de transporte público, tanto para su financiación como para inversiones. En este sentido, ATUC reclamó que más de 500 millones de euros se inviertan en el sistema de transporte público, teniendo en cuenta que desde el Ministerio para la Transición Ecológica estiman que igualar ambos impuestos se traduciría en aumentar los ingresos en 2.100 millones.

La asociación recalcó que, de esta manera, se contribuiría a que cada vez más usuarios opten por el transporte público para sus desplazamientos diarios y a reducir el número de coches en circulación, disminuyendo así la contaminación. «El tráfico rodado origina el 50% de las emisiones contaminantes en los centros urbanos y, de ellas, más del 90% corresponden al tránsito de coches», subrayó. Según ATUC, la financiación del sistema de transporte público cuesta unos 5.000 millones de euros anuales, de los que aproximadamente la mitad se cubre con los ingresos por billete y la otra se sufraga con recursos públicos.

«La fiscalidad puede ser un instrumento de enorme ayuda para forzar el cambio en los hábitos de desplazamiento. Aumentar la fiscalidad al diésel y equipararla con la de la gasolina ayudará a reducir la contaminación, puesto que debido a la menor carga fiscal que soporta el gasóleo, tenemos un parque automovilístico dieselizado, pese a que los coches diésel emiten aproximadamente un 15% más de dióxido de carbono por litro de carburante que uno con motor de gasolina«, señaló el secretario general de ATUC, Jesús Herrero.

Representantes del transporte público piden que parte de los impuestos que se paga por hidrocarburos se inviertan en movilidad verde

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Europa Press. – La Asociación del Transporte Urbano Colectivo (ATUC) ha pedido a las administraciones que destinen a financiar e invertir en el transporte público una parte de los 500 millones de euros anuales que aporta en impuestos de hidrocarburos en la revisión de los impuestos medioambientales.

El colectivo del transporte público se erige como «una de las soluciones más efectivas para luchar contra el cambio climático» y lograr así el objetivo de reducir en 2050 las emisiones de gases de efecto invernadero en un 90% y, con ese objetivo, ha elaborado un documento de acciones prioritarias.

Así, señala que el impuesto no solo debe penalizar al vehículo privado, sino también ayudar a su solución, el transporte urbano colectivo y también, una parte de este impuesto debería destinarse a la inversión tanto para renovar la flota como para mejorar la calidad en la prestación del servicio, especialmente la frecuencia y los tiempos de espera y de viaje.

En España la velocidad comercial media de un autobús es de 15 kilómetros pero en ciudades como Helsinki, Oslo o Amsterdam oscila entre 23 y 28 kilómetros de media, en torno a uno 60 por ciento. La ATUC señala que esta es precisamente una de las claves para propiciar el cambio modal y que millones de españoles dejen el coche y utilicen el transporte público en sus desplazamientos habituales.

El segundo eje de actuación que propone la ATUC es la Ley de Cambio Climático en la que pide un apartado dedicado «íntegramente» al transporte público, su desarrollo y a la financiación que lo hará posible.

La ley debería incluir un artículo para asegurar la financiación estable del transporte público por parte del Estado a partir de impuestos de hidrocarburos. Esta vía de financiación, según añaden se usa ya en otros países, como Alemania, que cuenta con un céntimo verde que grava el consumo de productos petrolíferos para financiar el transporte público.

El tercer eje de la propuesta de ATUC son los planes de movilidad urbanos, sobre todo para las grandes ciudades, ya sea en los planes en vigor como en sus revisiones. Hay una desproporción entre el uso que se da al coche que en las grandes ciudades no llega al 25 por ciento en el reparto modal de los desplazamientos y el espacio urbano asignado a este que es el 90%.

En ese sentido, propone aumentar el peso de la financiación del Estado y de las comunidades hasta el 30% y en el que los ayuntamientos se responsabilizarían del 25% y los ingresos tarifarios del 45%.

«La culminación de toda esta batería de medidas sería la puesta en marcha de un Ministerio de Movilidad que sustituiría al de Fomento, una palabra que se asocia más al modelo de hormigón. De hecho, ya existe un precedente en Francia pues el Gobierno de Macron ha creado un Ministerio de Transportes y la ministra procede de la RATP, el transporte público de París», ha manifestado el secretario general de ATUC, Jesús Herrero.