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El Tribunal Supremo obliga al Gobierno a cambiar en cuatro meses los parámetros de retribución a los purines

Europa Press / EFE.- El Tribunal Supremo ha anulado dos anexos de la orden ministerial 1045/2014 en los que se recogen los parámetros retributivos de las plantas de producción de electricidad a partir de purines y ha obligado al Gobierno a aprobar en el plazo de cuatro meses una regulación sustitutiva.

En concreto, el tribunal ha declarado la nulidad de los anexos II y VIII de la orden ministerial en la parte referida a las instalaciones de tratamiento y reducción del purín en cuanto a los valores y parámetros relativos a costes de inversión y de explotación, así como en la ponderación de otros ingresos de explotación y del autoconsumo. Con esta decisión, el tribunal da la razón a la empresa Energyworks San Millán en varias de sus pretensiones y reconoce además su derecho a recibir una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la aplicación de los parámetros retributivos de la orden ministerial, que desarrolla la denominada reforma eléctrica.

La indemnización a Energyworks, que tiene una planta de tratamiento de purines (residuos orgánicos) en la localidad leonesa de San Millán de los Caballeros, indica el Supremo en el fallo publicado en el BOE, se fijará durante el proceso de ejecución de la sentencia conforme a la diferencia entre la retribución específica derivada de la aplicación de los parámetros que se declaran nulos y la que resulte de aplicar los nuevos. El importe de la indemnización también recogerá el interés legal computado desde la fecha en que comenzaron a aplicarse los parámetros de la orden ministerial recurrida, esto es, el 16 de junio de 2014.

El Supremo también ha anulado el artículo 49.1.m) del real decreto 413/2014, referido a los motivos para la cancelación de la inscripción en el registro de régimen retributivo específico en estado de explotación. Además, decidió admitir el recurso presentado por la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental del Purín (ADAP) sobre la misma materia, lo que abre la posibilidad de que sean más las empresas con derecho a indemnización.

El Supremo rechaza la orden de la reforma energética que redujo la prima a las plantas de cogeneración con purines

Europa Press / EFE.- El Tribunal Supremo ha rechazado la orden ministerial de 2014 que recortaba las primas de la energía eléctrica producida en las plantas de tratamiento y reducción de purines mediante la cogeneración y que forzó el cierre de las plantas de tratamiento de purines, según la organización agraria COAG, que aplaude la sentencia y espera que con esta decisión se recupere la actividad en las instalaciones.

En concreto, el alto tribunal ha estimado el recurso de la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental del Purín (ADAP) en contra del recorte de más del 40% en la prima de la energía eléctrica producida por cogeneración. Desde la organización agraria se aplaude la sentencia y se espera “que permita reabrir las plantas de cogeneración de tratamiento de purines que todavía continúan activas, de forma que las explotaciones ganaderas puedan volver a gestionar sus excedentes”. La orden ministerial, con efectos retroactivos desde julio de 2013, supuso el cierre de 29 instalaciones como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo régimen retributivo, que, según COAG, supuso su quiebra.

El responsable sectorial del porcino de COAG, Jaume Bernis, subrayó que, después del anuncio, las plantas pararon su actividad y las explotaciones tuvieron que recurrir a “nuevas técnicas de gestión que suponían inversiones, más costes para los ganaderos y una pérdida de competitividad”. Con el nuevo panorama que se plantea tras la sentencia del Supremo, COAG espera que las plantas todavía no desmanteladas recuperen la actividad y ayuden de nuevo a los ganaderos en la tarea de gestionar las deyecciones.

Las 29 plantas de purines existentes gestionaban alrededor de 2,5 millones de metros cúbicos de purines procedentes de más de 2.000 explotaciones de porcino. El sector porcino es el principal motor económico de muchas comarcas, representa más del 14% del PIB industrial y genera más de 2,5 millones de empleos, de los que cerca de 200.000 son puestos de trabajo directos y con un volumen de negocio de más de 6.000 millones de euros anuales.