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La patronal renovable APPA pide en la Ley de Transición Energética una fiscalidad que penalice a las tecnologías más contaminantes

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Europa Press / EFE.– Mientras el Grupo Español para el Crecimiento Verde propone un decálogo para la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) considera necesario que la futura legislación introduzca una fiscalidad que penalice las tecnologías más contaminantes y beneficie a la generación renovable. La patronal considera que, hasta el momento, la fiscalidad energética recae en mayor parte sobre las tecnologías renovables «con una finalidad recaudatoria y no dirigida a favorecer la transición energética».

Esta petición está recogida en la contribución que presentó APPA a la consulta pública de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. «Las externalidades de las energías han de ser tenidas en cuenta, hasta ahora no se han dado señales de precio ni fiscales que reflejen cuál es el impacto real de las tecnologías contaminantes más perjudiciales para el medioambiente», indicó el director general de APPA Renovables, José María González Moya, quien subrayó que «si se hubiera establecido una fiscalidad que recogiese el principio de que quien contamina, paga, el desarrollo de las renovables habría sido una consecuencia directa de los propios mercados».

Por otra parte, APPA considera que la normativa debe establecer un marco regulatorio «estable y predecible» que permita acometer la transición energética y pide que se contemple un escenario de protección para las inversiones en renovables «para que no se repitan errores del pasado y los cambios legislativos retroactivos». En este sentido, la entidad considera que «se deben abordar los sectores difusos», estableciendo metas vinculantes, ambiciosas y alcanzables en climatización y transporte, «para que no se vuelquen todos los objetivos en el sector eléctrico», pues consideran que los esfuerzos deben ser distribuidos «de forma proporcional» entre los diferentes sectores económicos «para no perjudicar a ninguno«.

Por ello, APPA ha solicitado una planificación energética vinculante que contemple la entrada de nueva generación renovable y un calendario de cierre de centrales que sea compatible con los objetivos de reducción de emisiones. La asociación también ha resaltado la necesidad de que la futura ley produzca una armonización territorial y de las administraciones públicas «que evite la doble imposición y que existan diferentes situaciones según las distintas comunidades autónomas». La consulta previa de la Ley tiene el objetivo de que la preparación de esta norma recoja el mayor número de propuestas de los diferentes sectores de la sociedad para la elaboración de la legislación.

Un decálogo para la Ley

La descarbonización de la economía española en el horizonte de 2050 o la mejora de la eficiencia de los sistemas de transporte son algunas de las propuestas que el Grupo Español para el Crecimiento Verde (GECV) ha presentado en su decálogo para la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Así, las empresas que componen la entidad han reclamado la creación de un órgano de la Administración que se encargue de coordinar todo el proceso de elaboración de esta Ley.

Además, el GECV ha solicitado un reequilibrio del marco fiscal basado en el principio de quien contamina, paga, que promueva la acción climática de forma eficiente al mínimo coste y que contribuya, a través de la recaudación, a financiar el cumplimiento de los objetivos propuestos. En este sentido, el grupo ha solicitado que se aplique «un gravamen relacionado directamente con el nivel de emisiones de dióxido de carbono», para así asegurar «un reparto equilibrado del esfuerzo en materia de mitigación de manera viable y proporcionada».

De igual forma, considera indispensable la mejora de la eficiencia de los sistemas de transporte, el fomento del uso de vehículos menos contaminantes con un aumento de la electrificación del los vehículos, con energía de origen renovable y un mayor uso de combustibles alternativos de bajas emisiones. Asimismo, «la Ley deberá incorporar la creciente concienciación de los mercados financieros internacionales sobre riesgos asociados al cambio climático por su impacto sobre los estados financieros» y por la necesidad de «mayor transparencia y dinamismo» en este ámbito.

En sus propuestas el GECV también ha subrayado que la transición energética requiere de «un marco estable y predecible» para la inversión privada, «necesario para incentivar el esfuerzo inversor para el proceso de descarbonización«. Por ello la entidad se presenta como interlocutor de referencia del sector empresarial con las administraciones públicas, así como con las asociaciones empresariales y profesionales, ya que «las oportunidades económicas y de inversión deben pasar por la participación de los agentes implicados, para generar alianzas público-privadas».

Greenpeace asegura que la electricidad más barata en 2030 será la de origen renovable

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Europa Press.– Greenpeace ha publicado un estudio en el que asegura que las fuentes renovables serán la forma «más barata de generación eléctrica» en todos los países del G20 para el año 2030. Además, la organización ecologista ha advertido a gobiernos y empresas que la energía no renovable, «además de perjudicial para el planeta, dejará de ser competitiva».

El estudio, titulado Comparativa de los costes de producción eléctrica renovable, nuclear y fósil en los países del G20, calcula cómo serán los costes de generación de electricidad en todos los países del G-20 desde 2015 al 2030. Según sus conclusiones, los parques eólicos generarán la electricidad más barata en gran parte de Europa, América del Sur, Estados Unidos, China y Australia. El informe, que fue encargado por Greenpeace a la universidad finlandesa TheFinnish Lappeenranta University of Technology, asegura que en 2030 la energía solar será «tan económica o incluso más que la eólica».

Por ello, la responsable de energía de la organización ecologista, Raquel Montón, ha declarado que cualquier país que siga invirtiendo en plantas de carbón y energía nuclear «echará a perder su dinero en una tecnología que no será competitiva». Asimismo, Montón reclama al G-20 que mande «una señal clara» al resto del mundo para dar «el salto a las energías limpias». Para la responsable ecologista, «no es solo necesario para el clima, sino también para sus economías». Según Naciones Unidas, en 2016 se invirtió en energías renovables el doble que en fuentes convencionales de energía.

Frente a las cifras del estudio de Greenpeace, la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) calculó que las desviaciones en las estimaciones del precio de la electricidad en el mercado, a partir de las cuales se fija la retribución regulada de estas tecnologías, pueden provocar pérdidas de 1.238 millones al sector en seis años. Según los datos de APPA, el sector de las renovables ha dejado de ingresar 930 millones en el periodo comprendido entre 2014 y 2016, si bien de este importe la legislación solo reconoce 356 millones.

APPA advierte al Gobierno de que la subasta de renovables de julio puede provocar «una burbuja de instalaciones»

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Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) ha considerado que la próxima subasta verde, que se celebrará en julio, es una muestra más de «la precipitación y falta de planificación» en el sector energético y ha afirmado que puede provocar «una burbuja de instalaciones».

La patronal señala que la nueva subasta producirá una acumulación de potencia renovable a instalar, con 6.000 megavatios (MW) en solo dos años y medio, «potencia que podría ampliarse sin límite si el coste para el sistema es inferior al que el Gobierno establecerá en la cláusula de confidencialidad de la convocatoria de la subasta». Para APPA, estos 6.000 MW nuevos, que tendrán que instalarse antes de 2020, suponen «una carga excesiva» para un sector que ha estado 5 años «paralizado por decreto» y encarecerán la ejecución de los proyectos.

Además, considera que el hecho de que el Gobierno desconociera a comienzos de año la capacidad renovable que iba a subastar «constata la improvisación y falta de planificación en la incorporación de energías renovables al sistema eléctrico peninsular«. Así, el presidente de APPA, José Miguel Villarig, cree que el que se adjudiquen «3.000, 6.000 o 10.000 MW al máximo descuento no es motivo de celebración». «Cuando estos proyectos estén instalados, estén vertiendo electricidad limpia a nuestro mix y su rentabilidad permita mantener industria y generar empleo de calidad y estable, entonces hablaremos de éxito«, concluyó.

La nueva subasta renovable, acogida de forma desigual, mantiene el criterio de desempate entre eólica y fotovoltaica

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Europa Press / EFE.- La nueva subasta de 3.000 megavatios (MW) de potencia renovable, anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha sido acogida de forma desigual en el sector, pues mientras la industria eólica cree que es una buena noticia, a las asociaciones de fotovoltaica les suscita dudas. La subasta mantendrá los criterios de desempate en función de las horas de producción establecidos en la puja celebrada este mes, según consta en el borrador y en la memoria económica del decreto.

Este criterio de desempate recibió críticas de las asociaciones fotovoltaicas de referencia, UNEF y Anpier, que ven en su aplicación un trato de favor a la eólica y que destacan la capacidad de la solar para competir en igualdad de condiciones. La segunda de estas asociaciones denunció la subasta de mayo ante el Tribunal Supremo precisamente por encontrarla discriminatoria. En el borrador del real decreto, Energía señala que el procedimiento de la subasta celebrada en mayo, en la que la eólica se llevó el 99% de la potencia ofrecida, ha sido «muy satisfactorio», por lo que serán de aplicación las reglas anteriores, incluidas en la orden ministerial ETU/315/2017 y en la resolución del 10 de abril que desarrolló su contenido.

En estas disposiciones se indica que, en caso de empate, ha de tomarse el proyecto que genere más megavatios hora por cada megavatio instalado, conforme al número de horas de funcionamiento. Además, se establecen unos porcentajes máximos de abaratamiento de las ofertas diferentes en función de cada tecnología. «Lo que pedimos es que la definición final de la subasta permita a todos los agentes del mercado ejercer su competitividad», indicó el director general de UNEF, José Donoso, tras conocerse el contenido del borrador del decreto.

Conforme a las reglas de la subasta, para cada tramo de oferta se calcula la retribución a la inversión y el cociente entre dicha retribución y el número de horas estándares de funcionamiento de la instalación. Como las horas estándares fijadas para la eólica son superiores a las de la fotovoltaica, esta tecnología gana opciones para la adjudicación. El borrador del real decreto limita como novedad el alcance de la subasta a estas dos tecnologías. En concreto, indica que será de aplicación a instalaciones de los subgrupos b.1.1. y b.2, que corresponden a la fotovoltaica y a la eólica, respectivamente.

Como en la anterior ocasión, la convocatoria se limita a los territorios peninsulares y, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de renovables de España ante la Unión Europea para 2020, excluye instalaciones cuya construcción suponga el cierre o la reducción de potencia de otra de la misma tecnología e instalaciones constituidas por equipos principales que no sean nuevos o que hayan tenido uso previo.

En la memoria, Energía repite los cálculos utilizados para la anterior subasta y confía en que el coste para el sistema de los nuevos proyectos sea «nulo». Este coste nulo se produce para el consumidor en los escenarios medios de precios de la electricidad tomados como referencia por el Gobierno. Si se produjese un abaratamiento en el pool con respecto a la previsión, a partir de 2019 las instalaciones podrían recuperar la diferencia a modo de coste regulado del sistema.

Energía señala que, tomando como hipótesis que la rebaja obtenida en la subasta es de 0% y que la potencia adjudicada por tecnología se distribuyera a partes iguales entre fotovoltaica y eólica, el coste máximo para el sistema ascendería a 123 millones de euros anuales a partir de 2019. En todo caso, asegura que, «a la vista del resultado de la subasta anterior, es de esperar que el coste sea muy inferior a 123 millones de euros o incluso nulo como sucedió en dicha subasta».

Diversa acogida en el sector

La Asociación Empresarial Eólica (AEE), que representa a más del 90% del sector en España, considera la nueva subasta de hasta 3.000 megavatios de capacidad una «buena noticia para todo el sector» de las renovables.Según la asociación, con esa nueva potencia España se acercará al objetivo europeo de que en 2020 las energías renovables supongan el 20% del consumo, lo que unido a la futura Ley de Cambio Climático, constituye un paso más dentro del proceso de transición energética.

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que representa a empresas que suponen aproximadamente más del 85% del sector en España, también ve positivo que se convoque una nueva subasta, aunque cree que hay que reformar su diseño para que sea «verdaderamente competitiva» y para abaratar los precios al consumidor. Por eso, esta asociación, que recurrió ante el Supremo la normativa de la anterior, reclama una reducción en el suelo del descuento máximo y un modelo en el que cada agente interesado oferte un precio por kilovatio hora para que el más competitivo reciba la remuneración ofertada.

La Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos, Anpier, que agrupa a 5.000 socios que son pequeños productores e inversores, ha dicho que esta nueva subasta es «más de lo mismo». Su presidente, Miguel Ángel Martínez-Aroca, vaticina que si la subasta se celebra con las mismas reglas que la anterior, como está previsto en el decreto del Gobierno, «de nuevo arrasará la eólica«, en la que ha recordado «dominan» las grandes eléctricas.

Por su parte, el director general de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), José María González Moya, ha expresado su sorpresa por el anuncio de una nueva subasta renovable, más cuando apenas se acaba de celebrar la anterior, también de 3.000 MW. González Moya, cuya organización agrupa a empresas y entidades de todo tipo de energías limpias, ha manifestado que esta nueva convocatoria «es otra improvisación» del Gobierno.

Ha reiterado que es necesaria una planificación a largo plazo de las subastas, ya que las empresas y los inversores necesitan conocer cuando se convocarán para organizar sus inversiones, y ha criticado que en esta nueva subasta se vuelva a «enfrentar» a las diferentes tecnologías. Por eso, González Moya demanda que las subastas vuelvan a tener cupos por tecnologías (solar, eólica y otras) y ha afirmado que el mecanismo de adjudicación «sigue perjudicando a la energía fotovoltaica», que sólo logró un megavatio en la anterior convocatoria por el sistema para deshacer los empates en las ofertas, que era el mayor número de horas de funcionamiento.

Extremadura pide oportunidad para fotovoltaica

Por su parte, el consejero extremeño de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, ha asegurado que la nueva subasta de energías renovables será satisfactoria para Extremadura si la energía fotovoltaica tiene posibilidades reales y aseguró que «estaremos muy pendientes de que esta vez no perjudique a Extremadura«. Además, ha recordado que con la anterior subasta se hicieron muchas esperanzas porque conocían que había muchas empresas extremeñas interesadas en presentarse pero, por la “preferencia” que se daba a la energía eólica, «no entraron los proyectos extremeños». El consejero ha aseverado que desde la Junta han insistido a todos los niveles en la necesidad de una nueva subasta y «afortunadamente parece que esta petición ha sido recibida».

Por último, se ha referido también a la posibilidad de que una de las empresas adjudicatarias de la anterior subasta de energías renovables pudiera construir un parque eólico en el norte de Extremadura para cumplir los compromisos adquiridos en la subasta. En este sentido, se limitó a señalar que «es prematuro decirlo» porque las empresas tienen 6 meses para concretar los proyectos con los que van a cumplir sus compromisos.

El sector eólico prevé inversiones de más de 3.000 millones y 30.000 empleos por los proyectos adjudicados en la subasta

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Europa Press.- Mientras APPA denuncia que la neutralidad tecnológica de la subasta renovable «era falsa y deja fuera a otras tecnologías necesarias», desde el sector eólico prevén que la instalaciones de los proyectos adjudicados en la subasta, que se saldó con la adjudicación de 2.979 megavatios (MW) a esta tecnología, representen unas inversiones superiores a los 3.000 millones de euros, así como la creación de más de 30.000 empleos (directos e indirectos) en el periodo de instalación.

En este sentido, la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que representa al 90% del sector eólico español, asegura que el resultado de la subasta «da esperanza al sector en España, tras varios años de letargo«. Así, subraya que el resultado de la subasta muestra que la eólica es en la actualidad «la tecnología que puede lograr un mayor cumplimiento de los objetivos para 2020 a un menor coste para el sistema«. No obstante, AEE reclama una planificación energética para los próximos años que tenga en cuenta las necesidades energéticas y de descarbonización del país a largo plazo y garantice un mix equilibrado entre las diferentes tecnologías.

Para ello, considera necesario un calendario de subastas que, «más allá incluso de los objetivos europeos a 2020», tenga en cuenta tanto los compromisos internacionales en materia medioambiental (el Acuerdo de París y los objetivos climáticos para 2030) como los hitos necesarios de cara a una ordenada transición energética. Además, señala que la eficacia real de la subasta se conocerá en diciembre de 2019, cuando todos los proyectos adjudicados estén funcionando y contribuyendo a cumplir los objetivos europeos para 2020.

Así, la AEE confía en que todos los actores implicados en el proceso, como los promotores, fabricantes, entidades financieras y administraciones, «pondrán todo de su parte para ello». La patronal recuerda también que el hecho de que los parques adjudicados en la subasta vayan a instalarse sin incentivos «no quiere decir que los que se construyeron en el pasado no los necesiten», por lo que pide que se respeten los incentivos hasta el final de su vida útil regulatoria, lo que pasa «necesariamente» por no modificar la rentabilidad razonable de los proyectos cada 6 años.

La neutralidad tecnológica era «falsa»

Por su parte, la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) considera que el resultado de la subasta de renovables, con la práctica totalidad de los proyectos adjudicados a la eólica, constata que su neutralidad tecnológica «era falsa y deja fuera a otras tecnologías necesarias». Al respecto, la asociación considera que la fotovoltaica «ha visto bloqueado» su desarrollo, al igual que ocurrió en la subasta anterior en la que ni siguiera se contemplaba esta tecnología.

Además, denuncia que el Ministerio de Energía «juega con la incertidumbre», dado que se han subastado solo 3.000 megavatios (MW) de los 8.500 que el Gobierno considera necesarios, en vez de planificar un escenario previsible de desarrollo y transición energética. Así, APPA espera que, en las nuevas subastas, se corrijan «los defectos denunciados por el sector renovable» y tengan cabida otras tecnologías limpias que, sin subastas específicas, «están condenadas a la parálisis indefinida». «Tecnologías necesarias como la biomasa o la minihidráulica, sufren una moratoria encubierta al considerar solo el coste y no la gestionabilidad o la seguridad de suministro», añade.

La eólica, el 99,3% subastado

De los 3.000 MW que se ponían en juego, la subasta adjudicó 2.979 megavatios (MW), el 99,3% del total, a la eólica, al ser la tecnología que más energía produce por unidad de potencia instalada; 1 MW a la fotovoltaica, el 0,03%; y 20 MW al resto de tecnologías, el 0,66%, según indicó el Ministerio de Energía. El gabinete dirigido por Álvaro Nadal destacó que la subasta, en la que se adjudicó el máximo previsto, se saldó con el máximo descuento posible, «lo que supone la introducción de energía renovable en el sistema eléctrico sin necesidad de primas que supongan un coste para el consumidor».

Las solicitudes presentadas superaron en más de tres veces la potencia adjudicada, “confirmando así el interés de los inversores por el sector de las renovables en España”, añadió el Ministerio, que subrayó que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como entidad supervisora de la subasta, validó sus resultados y confirmó que el proceso «ha sido objetivo, transparente y no discriminatorio y que la subasta se ha desarrollado de forma competitiva, lo que ha permitido adjudicar aquellas instalaciones más eficientes y al menor coste para el consumidor».

Esta nueva potencia renovable, que deberá estar en funcionamiento antes de 2020, contribuirá a mejorar la competencia en el mercado eléctrico y reducir la dependencia energética del exterior y supone un paso decisivo para conseguir un 20% de renovables en el 2020, añade Energía. España se encuentra actualmente por encima de la senda prevista de penetración de renovables, al alcanzar en 2015 un 17,3%, por encima del 13.8% previsto para ese año. El Grupo Forestalia, Gas Natural Fenosa, Endesa y Gamesa fueron los grandes vencedores de la subasta al adjudicarse más de 2.600 megavatios (MW).

40 organizaciones lanzan la Alianza por el Autoconsumo para reclamar la producción propia de energía renovable sin barreras ni tasas

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Europa Press.- Más de 40 organizaciones han presentado el manifiesto Con el autoconsumo ganamos todos en el que reclaman el derecho de los ciudadanos a producir su propia energía con un marco estable y sin peajes. Por ello han constituido la Alianza por el Autoconsumo, que está integrada por asociaciones de consumidores, sindicatos, asociaciones ecologistas y empresariales para reclamar al Gobierno «un marco regulatorio estable, que impida cualquier medida retroactiva, y en el que no se impongan barreras técnicas, administrativas ni económicas».

Compuesta por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), así como por los sindicatos UGT-FICA y Comisiones Obreras (CC.OO), la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Asociación General de Consumidores (ASGECO) y la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU); y las asociaciones ecologistas Amigos de la Tierra, WWF España o Greenpeace, entre otros, la Alianza reclama una regulación que permita «garantizar el desarrollo del autoconsumo y su reconocimiento como un derecho ciudadano». El objetivo es “que la sociedad disfrute de los beneficios ambientales, económicos y sociales de esta forma de generación distributiva», indicaron.

Asimismo, la Alianza reclama que se reconozca el derecho a autoconsumir energía eléctrica «sin ningún tipo de cargo o peaje sobre la energía consumida; que se habilite la posibilidad de que varios consumidores compartan instalación de autoconsumo; que se adopte el régimen sancionador en función del verdadero impacto del autoconsumo en el sistema eléctrico y que se defina una tramitación administrativa simplificada y adecuada a las características de las instalaciones». Además, subraya que el autoconsumo permitiría una generación limpia y distribuida, implicando a la ciudadanía en el cambio de modelo energético y haciendo a particulares, administraciones y empresas «más conscientes de su propio consumo energético».

En ese contexto, aseguran que las tecnologías para la generación de electricidad con energía renovable han avanzado hasta permitir a cada individuo, comunidad o empresa abastecerse con su propia energía limpia facilitando el ejercicio del derecho ciudadano a participar activamente en el mundo de la energía. Las organizaciones destacan que la Directiva 2009/28/CE establece la necesidad de promover un cambio en el modelo energético, que no termina en los objetivos para 2020, sino que continuará con el conocido como Paquete de invierno y la propuesta de revisión de la Directiva Europea de Renovables. Así, consideran que España debe favorecer la integración de energías renovables en el sistema energético durante las tres próximas décadas para alcanzar los objetivos actuales y futuros.

Por otro lado, subrayan los «claros» beneficios ambientales de esta fórmula porque se emitirían emisiones de gases de efecto invernadero y se mejoraría la calidad del aire, al tiempo que se evitarían las pérdidas del sistema que se producen entre la instalación de generación y el punto de consumo. A nivel económico, España depende de las importaciones energéticas en un 70%, más de 20 puntos por encima de la media de la Unión Europea por lo que la Alianza por el Autoconsumo estima que esto contribuiría a reducir la importación de combustibles fósiles y rebaja el precio de la electricidad y la factura de la luz ya que se generaría competencia en el sistema eléctrico.

El Supremo admite a trámite el recurso de APPA contra la orden que revisa los parámetros retributivos a las renovables

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Europa Press / EFE.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) contra la orden ministerial de actualización de los parámetros retributivos de las instalaciones de energías renovables para el semiperiodo regulatorio 2017-2019, que comenzó el 1 de enero, por considerar que reduce los ingresos que deberían percibir. La Sala de lo Contencioso-Administrativo admitió el recurso, presentado por la firma Holtrop SLP Transaction & Business Law, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Ley del Sector Eléctrico establece periodos regulatorios de seis años, tras los cuales se pueden revisar diferentes parámetros retributivos, pero también semiperiodos de tres años, el primero de los cuales finalizó en 2017, al término de los cuales se revisan las previsiones de ingresos por la venta de energía en el mercado. Esa primera revisión al cumplirse los primeros tres años la llevó a cabo el Ministerio de Energía en febrero de este año, para lo cual fijó unos precios esperados para los años 2017, 2018 y 2019 de entre 41 y 43 euros el megavatio hora (MWh), que luego para 2020 en adelante sitúa en 52 euros, un 25% más que los estimados para antes de esa fecha.

En el cálculo de la retribución que perciben como complemento a los precios las instalaciones de energías renovables, para las que la Ley del Sector Eléctrico garantiza una rentabilidad razonable del 7,4%, se tiene en cuenta el precio de mercado previsto, que se basa en los futuros de OMIP. Si los precios previstos son más altos que los reales, la retribución que reciben las instalaciones será menor lo que, según el director general de APPA, José María García-Moya, hará que el sector deje de percibir 600 millones de euros sobre lo que considera que les correspondería en el semiperiodo 2017-2019.

García-Moya explica que ello se debe a que cómo la estimación que recoge la orden es que a partir de 2020 cobrarán 52 euros por MWh, en el semiperiodo de tres años, en que los ingresos previstos son de 42,84 euros/MWh en 2017; 41,54 euros/MWh en 2018 y 41,87 euros/MWh en 2019, no hay que retribuirles para complementar el precio, ya que en el futuro aumentarán sus ingresos. De hecho APPA subraya que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya denunció esta distorsión, remarcando la «inconsistencia» y la «abierta contradicción» que supone incrementar el precio previsto del mercado a partir del año 2020 en más de un 24% respecto a las estimaciones consideradas en otras órdenes.

APPA destaca que el recurso tiene «una importancia capital» para la viabilidad de las empresas del sector renovable, que en el primer semiperiodo regulatorio ya dejaron de ingresar 930 millones de euros, de los cuales 574 millones «los han perdido de forma definitiva». La asociación considera que esto supone quitarles a las renovables lo que tenían reconocido y les detrae ingresos, al tiempo que reclama un sistema que dé a la industria renovable mayor certidumbre y que las revisiones sean «más armonizadas». Sin embargo, el Ministerio de Energía esgrimió que la revisión de los parámetros supondría un incremento de la retribución para estas instalaciones de unos 600 millones al año.

La patronal APPA ve un «grave error» de Energía al «enfrentar a las diferentes tecnologías renovables en la subasta»

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Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) considera «un grave error» del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital «enfrentar las tecnologías renovables en la subasta» e «ignorar la complementariedad que existe entre las distintas energías renovables». APPA denuncia la «precipitación, ausencia de consenso y falta de planificación» de la subasta renovable, y considera que el diseño de la licitación «perpetúa la inseguridad jurídica incluso para los proyectos que aún no se han presentado».

Achacan esta inseguridad jurídica a que «la rentabilidad razonable no tendrá un valor fijo a lo largo de la vida útil» de los proyectos. «La variabilidad de un parámetro tan importante viene a sumarse a la innecesaria complejidad de la subasta», afirma. Además, critica que el proceso se lance sin consenso con el sector, lo que supone «desoír la experiencia del sector renovable y apostar por una subasta que exclusivamente valora el coste para el sistema independientemente de la tecnología, creando de esta manera una falsa sensación de neutralidad tecnológica».

«Al no contemplar las diferentes características de las fuentes renovables y no establecer subastas específicas por tecnologías, el Ministerio obvia importantes beneficios de un mix renovable diversificado como pueden ser la seguridad de suministro, la gestionabilidad de la producción o el desarrollo armonizado del sector renovable», señala. APPA insiste en la incertidumbre que genera una rentabilidad razonable que no se mantiene fija a lo largo del tiempo. «No se pide una rentabilidad mayor o menor, lo que se pide es que clarifiquen cuál va a ser esa rentabilidad para que las empresas puedan tomar la decisión correspondiente y ejecutar las inversiones con la información más completa posible», indica el presidente de APPA, José Miguel Villarig.

Prado subraya que las renovables necesitan una regulación «adecuada» mientras el sector eólico advierte de la «complejidad» de la subasta

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Europa Press.- El director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan Virgilio Márquez, ha advertido de que la «complejidad» del sistema establecido para la próxima subasta de renovables puede abocar a procesos judiciales. En este sentido, el presidente de Endesa y Enerclub, Borja Prado, indicó que para incentivar el desarrollo de las energías renovables necesarias para que España cumpla con los objetivos marcados en la cumbre de París se necesita contar con un marco regulatorio «adecuado».

Prado subrayó el papel «cada vez más relevante» de las renovables en el mundo, convirtiéndose en 2016 en la fuente con mayor potencia instalada en el mundo, «tras superar al carbón», a lo que contribuye el «respaldo político y económico» al desarrollo de estas tecnologías, especialmente en países como China, Estados Unidos o México. Sin embargo, aseguró que para alcanzar los objetivos de descarbonización marcados en París, el papel de las renovables debe ser «aún más relevante», tanto en el sector eléctrico como en el del transporte y la edificación.

Prado destacó que las renovables continuarán siendo la fuente de generación de «mayor crecimiento» en los próximos años, después de haberse vuelto competitivas en los últimos años, como demuestra el hecho de que la eólica haya reducido sus costes de generación en un tercio entre 2011 y 2016 o la fotovoltaica lo haya hecho en dos tercios. Asimismo, el presidente de Endesa valoró la ambición de Europa de ser «líder mundial en estas tecnologías», algo rubricado en los objetivos marcados en el llamado paquete de invierno de la Unión Europea.

AEE advierte de procesos judiciales

Por su parte, en relación con la próxima subasta de energías renovables, Juan Virgilio Márquez defendió un sistema de subasta con cupos a las tecnologías, frente a la neutralidad establecida finalmente, ya que así se habrían «evitado ciertas interpretaciones que pueden llevar a procesos judiciales» y se habría garantizado una «mayor igualdad». Así, el directivo de la patronal reconoció tener «sentimientos encontrados» con esta nueva subasta, tras la realizada en 2016, ya que «es una buena noticia y genera esperanza, pero hay una visión cortoplacista».

«Está diseñada sin un diálogo previo con los actores implicados, no se ha tenido en consideración a la industria eólica, que somos un player importante a nivel internacional y queremos seguir jugando en ese nivel», subrayó. Asimismo, lamentó que no se trate de un modelo de subasta que «genere confianza y atraiga la inversión», como ocurre en otros países, y subrayó que la variabilidad de la rentabilidad razonable «preocupa a los inversores». «Preocupa el marco regulatorio en el que se integra esta subasta. Según nuestra opinión, no tiene lógica», añadió.

En este sentido coincidió el director general de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), José María González Moya, que advirtió que es «un gran error» llevar a cabo una subasta que enfrenta a las distintas tecnologías, por lo que espera que no sirva para «abrir una guerra» entre las distintas tecnologías, ya que son «complementarias y susceptibles de combinarse«. Para González, existe «una falta» de planificación energética por parte del Gobierno y consideró «una lástima» que se base la subasta en los costes. «Al final, como país y sector, se paga caro», dijo.

El sector eléctrico reclama para las renovables una rentabilidad fija, no revisable, mientras la CNMC pide cambios en la subasta

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propone modificar varios aspectos de la próxima subasta de renovables, que se celebrará finalmente el 17 de mayo, y en la que se adjudicará hasta un máximo de potencia de 3.000 megavatios (MW), con el fin de que sea más competitiva y transparente. Asimismo, varias asociaciones empresariales solicitan que la próxima subasta garantice a los adjudicatarios una rentabilidad razonable fija.

Esta inquietud responde en buena parte a la incertidumbre que viene acompañando al marco retributivo de las renovables y aparece recogida en las alegaciones al borrador de resolución con los detalles de la subasta presentadas por las asociaciones ante el Consejo Consultivo de Electricidad de la CNMC. En su informe sobre la subasta, el regulador explica que ha recibido alegaciones de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), de la Asociación Eólica de Galicia (EGA), de la asociación de empresas termosolares Protermosolar, de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa).

Las asociaciones solicitan que se modifique la propuesta de decreto y orden ministerial, de modo que «la rentabilidad razonable tenga un valor fijo no modificable a lo largo de la vida útil de las instalaciones, tanto para la existentes, a las que ya se las sometió a una revisión de la rentabilidad una vez realizadas las inversiones, como para las futuras«. Algunas alegaciones van más allá y piden que todos los parámetros de las instalaciones, que se utilizan para elaborar las ofertas de la subasta, no puedan sufrir modificaciones a lo largo de toda la vida útil de la instalación.

Otro aspecto que genera controversia en el sector es el de la neutralidad tecnológica. Sobre ellas, las alegaciones van desde la petición de cupos específicos por tecnología a la denuncia, como hace UNEF, de una falsa neutralidad tecnológica que favorece a la eólica. Las propuestas también incluyen la reducción de 6 a 3 meses en el periodo de identificación de las plantas ganadoras, con el objetivo de garantizar que solo proyectos maduros sean los adjudicatarios.

Varias alegaciones consideran que la decisión del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de subastar 2.000 MW y reservarse la posibilidad de elevar esta capacidad en 1.000 más conforme a unos criterios recogidos en un anexo confidencial «no está justificada», según las alegaciones presentadas a la CNMC. Este anexo, según algunas alegaciones, «reduce la transparencia de la subasta». De ampliarse la puja hasta 3.000 MW, consideran que deberían fijarse nuevas fechas y volúmenes de potencia adicional para su subasta.

CNMC: más competitiva y transparente

En concreto, el regulador, que ha emitido dos informes sobre las propuestas del Ministerio de Energía para la subasta, solicita que el volumen por el que las empresas de energías renovables presentarán sus ofertas «sea vinculante respecto al valor de referencia fijado por el Ministerio» para cada tipo de tecnología renovable. Según el organismo presidido por José María Marín Quemada, esta medida posibilitaría tener certidumbre sobre la presión competitiva que existe por parte de las empresas antes de la subasta.

Asimismo, recomienda que la cantidad de potencia adjudicada finalmente en la subasta no sea inferior a la potencia a subastar. Para el regulador, este supuestos podría darse si las empresas de renovables que acuden a la subasta ofertasen un volumen de potencia superior, por ejemplo, a la hora de pujar por determinados bloques de energía que son indivisibles y superaran el monto ofertado. Además, la CNMC considera que a la hora de ordenar las ofertas para adjudicar los distintos bloques subastados, en caso de indeterminación o empate, se elimine el criterio del número de horas equivalentes de funcionamiento de las distintas instalaciones de energía renovables.

Por otra parte, afirma que antes de que se celebre la subasta, la entidad administradora (OMIE) debe proponer a la Secretaría de Estado de Energía los criterios por los que la subasta podría aplazarse. Para el regulador, también se debería evitar que las empresas que resulten asignatarias deban presentar garantías (efectivo, avales y seguros de caución) por duplicado. Concretamente, señala que este supuesto afectará a las empresas que se adjudiquen alguno de los bloques subastados porque deberán presentar una serie de garantías antes de participar en la subasta (garantías de participación), y otras posteriormente, cuando se inscriban en el registro empresas de régimen retributivo específico.

En cuanto a la resolución que establece la convocatoria de la próxima subasta de renovables, la CNMC propone como principal recomendación que no se establezcan límites a los descuentos (valores máximos del porcentaje de reducción) que las empresas renovables ofrecerán en su puja con respecto al valor estándar que ofrece el Ministerio. Todo ello, con el fin de que «no se reduzca la presión competitiva en la subasta, y de no restringir la horquilla de descuentos dentro de la cual las ofertas pueden ordenarse sin necesidad de recurrir a criterios de desempate más discutibles». Finalmente, la CNMC subraya que desconoce la propuesta de anexo confidencial.