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La Junta de Andalucía y Equo «no entienden» la retribución al almacén gasista de Doñana mientras el Gobierno la justifica

Europa Press / EFE.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, asegura que la retribución a Gas Natural Fenosa de 6,34 millones de euros por costes de operación y mantenimiento por el almacén subterráneo de Doñana «no la entiende nadie», toda vez que exige al Gobierno central que «escuche el clamor social que existe en Andalucía y haga una evaluación conjunta de las consecuencias que puede tener este proyecto para Doñana y para su entorno».

Fiscal asegura que la retribución que el Gobierno concede a Gas Natural por el proyecto de Doñana «más allá de que esté recogido en la norma; no lo entiende nadie», y en cualquier caso, añade, «el impacto hubiese sido mucho menor si, tal y como le pide la sociedad andaluza en su conjunto, partidos políticos, ONG y ayuntamientos, hubiese evaluado este proyecto conjuntamente y no parcelado en cuatro subproyectos». Por tanto, Fiscal señala que la Junta, por su parte, «ha emitido autorizaciones ambientales negativas, blindando el Espacio Natural de Doñana».

Precisamente, Fiscal señala que de esta tema tratará el 19 de enero con el comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca de la Unión Europea, Karmenu Vella, al que trasladará la realidad de Doñana, «haciendo hincapié en este proyecto para que, dado que la Unión Europea es una administración con los ojos puestos en el Espacio Natural, exija al Gobierno central que haga una evaluación conjunta de forma que conozcamos las sinergias así como los efectos que el proyecto puede tener para una joya natural como ésta», toda vez que asegura que la Junta «va a impedir por todos los medios este o cualquier otro proyecto que pueda poner en riesgo el espacio».

Por tanto, Fiscal reitera su petición al Gobierno central para que haga una evaluación conjunta de un proyecto sobre el que considera que el Gobierno del PP “ha dado un acelerón que solamente la Junta ha conseguido frenar». Por último, y cuestionado sobre si las autoridades europeas tendrían capacidad de frenar este proyecto, Fiscal cree que por «lo menos tendrían capacidad de influir en el Gobierno, que es de quien depende sustantivamente el proyecto del gas, para que se analizaran las consecuencias del conjunto del proyecto y Doñana no se viera en ningún caso perjudicada».

«Retribución del Gobierno de Zapatero”

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, negó que los 6,34 millones de euros reconocidos a Gas Natural «sean una subvención» y ha explicado que se trata «del cumplimiento de una retribución ordinaria del Estado por almacenamiento de gas en las marismas que fue establecida por el Gobierno anterior«. Sanz ha recordado que el almacén «fue planificado por el Gobierno en 2008, cuando gobernaban los que exigen responsabilidades por esta materia», con lo que considera «muy extraño que no lo sepan los que están pidiendo explicaciones».

Además, Sanz apunta que «cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Estado, pero también de la Junta», por lo que «sorprende que la actuación de la Junta sea criticar esta actuación». Por tanto, el delegado del Gobierno pide «un poco de coherencia y responsabilidad, y menos confrontación y demagogia» porque, añade, «sería deseable que en esta materia se sea responsable con lo que se hace, y cuando se deja el Gobierno, al menos se reconozca que la responsabilidad no la tiene el actual».

Equo pide explicaciones al Gobierno

Por su parte, Equo exige explicaciones al Gobierno tras conocer la retribución a Gas Natural Fenosa y ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas en la que cuestiona al Ejecutivo sobre esta partida y sobre su justificación para reconocerla. En el documento, firmado por el diputado Juan López de Uralde, Equo insiste en la posibilidad de que este proyecto acabe paralizado este año. El partido destaca la «enorme oposición» que existe en torno al depósito por parte de colectivos sociales, ecologistas y vecinales, que alertan del riesgo del proyecto de Gas Natural. «Ha sido denunciado en instancias europeas y nacionales por el peligro del mismo para el medio ambiente», sentencia.

Tejerina dice que corresponde a la Junta de Andalucía decidir sobre el almacén gasista de Gas Natural Fenosa en Doñana

Europa Press.- La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, indicó que la decisión sobre el Proyecto de Almacenamientos Subterráneos que Gas Natural Fenosa promueve en el valle del Guadalquivir «corresponde íntegramente» a la Junta de Andalucía y remarcó que los técnicos del departamento ministerial emitieron una declaración de impacto ambiental favorable «sobre la base de los informes favorables» de la propia Junta. «Fue la Junta de Andalucía quién informó favorablemente en 2008», recordó.

La ministra del ramo aseguró que corresponde a la Administración autonómica «culminar el proceso» y consideró que, en este punto, el Ministerio «nada tiene que decir». «Corresponde a la Junta firmar y acordar el impacto, la evaluación integral medioambiental, porque el Ministerio ya se pronunció sobre los informes favorables de la Junta», insistió. Cabe recordar que Gas Natural Fenosa presentará alegaciones contra la propuesta, «aún provisional», de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de emitir una Autorización Ambiental Unificada (AAU) negativa a parte del Proyecto de Almacenamientos Subterráneos naturales que la compañía promueve en el valle del Guadalquivir y que forma parte de la planificación urgente aprobada por el Consejo de Ministros.

Gas Natural Fenosa advierte de que el trazado del proyecto «no entra en el Parque Nacional de Doñana en ninguno de sus puntos y en las zonas del Espacio Natural de Doñana, la antigua zona de Pre-Parque, no representa afectaciones significativas ni incompatibles con la protección del espacio natural, según ratificó por escrito la propia Dirección General que ahora emite un dictamen opuesto». Además, la compañía está estudiando las acciones legales adecuadas tanto contra «el retraso injustificado, de más de dos años, en el procedimiento, como por el cambio de criterio que representa el contenido de este nuevo informe frente al presentado en 2011 durante el trámite de Evaluación Ambiental«.

Ven «sospechosa» a la Junta

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, tildó de «sospechosa» la emisión por parte de la Junta de Andalucía de un dictamen desfavorable respecto al proyecto de Gas Natural en Doñana, iniciativa que no admite atendiendo a criterios de protección del espacio y al cumplimiento de garantías medioambientales, «después de no haber presentado alegaciones». En este sentido, Sanz remarcó que «si no se presentan alegaciones no cabe luego cambiar de actitud«. «Me parece sospechoso este cambio de la Junta; viene ahora con un cambio de posición y es la única que lo ha hecho, exigiendo lo que nunca había exigido«, dijo.

En este sentido, recordó que la Junta, «hasta ahora e incluso desde el principio, había estado a favor del proyecto, conocía la realización de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) en las tres partes y no se dirigió al Gobierno para pedir que fuera un único estudio de impacto ambiental, ni presentó alegaciones y, si no lo hizo, ahora no vale cambiar de posición«. Por tanto, cree que la Junta debe dar explicaciones al respecto, y le pidió «rigor, sensatez y que aplique el sentido común» porque los estudios de impacto ambiental, incidió, «no son caprichosos, ni faltos de rigor, tienen un carácter muy exhaustivo y contemplan las medidas compensatorias necesarias para salvaguardar este espacio natural tan único y privilegiado».